La historia se repite, pero nunca se repite igual decía Edelberto Torres Rivas, sociólogo guatemalteco. Este 30 de noviembre 2025 los hondureños estamos convocados nuevamente a las urnas para elegir un nuevo presidente o presidenta, diputados al Congreso Nacional y alcaldes municipales.
Que tiene de nuevo y que se repite en este proceso electoral. Concurren el viejo bipartidismo (Partido Liberal y Partido nacional de más de 100 años) y el más reciente partido LIBRE (que participa por primera vez en las elecciones de 2013) que entra en escena para romper con la dominación de los primeros y hacer competitivo el sistema que cuenta además con otros dos partidos pero que no son hasta ahora, electoralmente relevantes.
En las elecciones del 30 de noviembre compiten estos cinco partidos, pero solo los primeros tres tienen posibilidades de triunfo. El bipartidismo gobernó todo el tiempo atrás y el partido Libre solo lo consiguió hasta el 2021, luego de derrotar, en una alianza, al Partido Nacional con su candidato Juan Orlando Hernández.
1. La crisis política institucional.
Estas elecciones tienen lugar en medio de una crisis que se asemeja a la de 1985, pero principalmente a la más reciente de 2009 que se consumó en un golpe de Estado. En estas elecciones está en juego el choque de dos proyectos de sociedad, como en el 2009 solo que en aquel momento apenas se vislumbraba el horizonte y que posteriormente el curso de los acontecimientos le fueron dando forma. Hoy día se vive una crisis política institucional que inició el día de las elecciones primarias cuando aparecieron maletas electorales en transporte no adecuado y sin la vigilancia de las Fuerzas Armadas en una zona de Tegucigalpa. Debido a ello y como parte de la confusión generada tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula (tampoco llegaron a tiempo las maletas electorales) muchas urnas abrieron hasta horas de la noche. Después de las acusaciones de uno y otro lado y principalmente entre el CNE y las FFAA la situación hasta la fecha no ha sido aclarada. Luego se generó otro conflicto sobre sobre la adjudicación del TREP (transmisión de resultados electorales preliminares) y sobre la discrecionalidad de CNE para revisar determinadas actas sin que esto se contemple en la Ley Electoral. Toda esta situación movilizó a simpatizantes de Libre protestando y al parecer la cuestión solo se resolvió en negociones no publicas entre el gran líder Manuel Zelaya del Partido Libre y aparentemente Carlos Flores expresidente, empresario y hombre fuerte de la vieja guardia Liberal. El TREP fue adjudicado a otra empresa y se echó para atrás la pretendida discrecionalidad del CNE en la revisión de las actas. La crisis no paró ahí pues luego se sumó otro elemento con la pretendida inscripción como diputado de Jorge Calix quién perdiera las elecciones internas frente al candidato Liberal Salvador Nasralla. Mientras el Tribunal de Justicia Electoral (con dos de sus tres magistrados propietarios) aprueba su inscripción el CNE lo desaprueba. El Ministerio Público interviene con requerimiento fiscales contra los dos magistrados que aprobaron la inscripción.
A los anterior se suma la denuncia ante el Ministerio Publico por parte del Consejero Electoral perteneciente al partido Libre sobre unos audios que involucran al la Consejera del partido Nacional y al exjefe de bancada del mismo partido en un supuesto plan de fraude electoral. El Ministerio Publico difunde los audios y la reacción de la oposición fue que los audios no se obtuvieron de forma legal, que son falsos. Por tanto, no existe investigación al respecto con el agravante de que se acusa al Ministerio Publico de ser un órgano parcializado a favor del gobierno del partido Libre, no solo en este caso, sino también en el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y en todos aquellos otros que afectan al partido Libre.
De fondo también está el tema del Congreso Nacional dividido entre una Comisión Permanente que surgió con diputados de Libre después de que no fue posible continuar las sesiones ordinarias y aprobar los proyectos que este partido tenía en agenda y que para la oposición no deberían ser aprobados ya que estos proyectos serían usados para la campaña electoral. La oposición por su parte, con unos 70 diputados se autoconvocaron a una reunión para ampliar las sesiones ordinarias. De ahí la pregunta sobre quién tiene la legalidad.
Lo propio ocurrió con las Fuerzas Armadas principalmente después de lo ocurrido el 9 de marzo 2025 día de las elecciones primarias. Las relaciones con el CNE, es decir con la oposición representada en este organismo y con los propios partidos políticos, ha sido tensa. Acusadas en algún momento de hacer campaña para Libre (principalmente con la promoción Ley de Justicia Tributaria), llegaron a solicitar al CNE que se incluya a las fuerzas Armadas entre las instituciones que deberían recibir copias de actas del nivel presidencial el día de las elecciones, cuestión que fue calificada por la oposición como intromisión del estamento militar.
Y como si todo lo anterior fuera poco no ha faltado la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral. La Republicana María Elvira Salazar invita a votar contra el comunismo y el propio presidente Trump se decanta por el candidato del Partido Nacional y yendo más allá anuncia que pedirá indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández del mismo Partido Nacional, preso en Estados unidos por narcotráfico. No cabe duda que es una intromisión vergonzosa y repudiable en la vida interna del país y al mismo tiempo nos indica lo que está en juego en estas elecciones.
En fin, con todo ello se observa una aguda confrontación y polarización entre los principales contendientes: la oposición que, aunque divide su voto entre el partido Liberal y Partido Nacional, unifican su discurso anticomunista y su crítica al llamado familión del gobierno de Libre. Hay incertidumbre no solo por quién ganará las elecciones, si serán transparentes, masivas y por saber que tanto el perdedor aceptará los resultados, además con que medios y con que fuerza el perdedor los usará para reclamar su demanda. Que consecuencias traerá para el país lo que ocurra el 30 de noviembre es la gran pregunta.
2. Libre con mayores opciones de triunfo.
Libre llegó al gobierno después de intentarlo dos veces (2013 y 2017). El partido surgió de la resistencia contra el golpe de Estado de 2009 y aglutinó a liberales que luego de ese trágico suceso abandonaron al partido liberal y convergieron con muchos militantes y simpatizantes de la izquierda hondureña más otros tantos ciudadanos que se opusieron al golpe.
Libre asumió el gobierno en enero de 2022 y debe dejar el mismo o continuar en enero de 2026. Si bien el gobierno de Libre heredó un pasado reciente (después del golpe de Estado de 2009) con serios problemas estructurales y una institucionalidad muy precaria, los intentos por contribuir a erradicar los primeros como fortalecer la segunda ha sido un proceso con muchas dificultades. Ha sido un gobierno de partido con colectivos que a veces se creen dueños de lo público dice Ramón Romero. Le faltó capacidad estratégica para enfrentar los problemas estructurales como la desigualdad y sobre todo aquella asociada con el ingreso (mejores ingresos para los que tienen empleo precario e ingresos vía empleo para los que no lo tienen), el acceso a activos como la tierra, la vivienda (sin desconocer los esfuerzos de BANPROVI) como el acceso adecuado al crédito para fortalecer o crear emprendimientos o mejoras en la calidad de vida son también fundamentales. No se puede desconocer que el nivel de pobreza que según INE se reduce de 73% a un 60.1% lo que es importante pero todavía insuficiente. El coeficiente de Gini también descendió de 0.606 a 0.495 pero su descenso no parece ser tan significativo.
En relación a otros temas sensibles como la salud y la educación no parece que hubo avances significativos, en salud, aunque se construyó un nuevo hospital en Roatán y existe la promesa de otros, prevalecieron los mismos problemas de siempre. En educación al parecer hubo más estabilidad (reparación de unos cinco mil centros escolares, implementación de escuelas normales bilingües) sin saltos de calidad como parte de una estrategia en clave de desarrollo. La inseguridad y la violencia de 4249 en homicidios en 2020 se pasó a 1911 en 2024, es decir, los homicidios han bajado pero la tasa de homicidios sigue siendo alta en relación al promedio latinoamericano. Se cuestiona el estado de excepción (para zonas consideradas “peligrosas”) que el congreso paralelo de la oposición ha querido suspender sin que al parecer se haya podido logar. La corrupción por su parte sigue siendo un tema que deja muchos asuntos pendientes. Por mucho tiempo no se ha alcanzaron los indicadores asociados al tema que permitían acceder a la cuenta del milenio, hasta ahora, cinco días antes de las elecciones, con aparente cambio de reglas, se logra. Por otro lado, la CICIH no llegó. Además, el gobierno se ha visto afectado por el caso de SEDESOL y el narco video sin investigación hasta la fecha.
Hay que destacar la inversión en infraestructura principalmente carreteras y que según la Secretaría de Finanzas la inversión pública total del actual gobierno se estima en unos 350 mil millones de lempiras. Sin conocer detalles internos de la administración, hasta dónde hace falta mejorar la priorización, la articulación de los diferentes programas y proyectos de inversión pública, así como abrir mayores espacios de participación ciudadana en la ruta del cambio que desde una visión más colectivamente se requiere construir. Hay avances, pero también cuesta reconocer el cambio y mucha gente no ve que este llega hasta ellos. Puede pasar como decía Xabier Gorostiaga, que las estadísticas se la pasan bien en cambio la gente muy mal.
Por otro lado el paso de movimiento de resistencia a partido es también complejo en sus consecuencias, si bien el balance puede ser más positivo a corto plazo, a mediano y largo plazo se requiere su capacidad organizativa como apoyo critico al gobierno (sobre todo en caso de continuidad de Libre) sin disolverse y perder la autonomía, con capacidad movilizadora para defender derechos y promoverlos, así como asumir responsabilidades hacia un proyecto alternativo como el gran horizonte en este como en futuros gobiernos. Hay que decir que no hubo acercamiento del gobierno de Libre hacia el llamado movimiento popular ni tampoco de éste para con aquel. Sosa Iglesias (2025) destaca que Libre ha estado divorciado del movimiento popular pero que no se vio de parte de este último un apoyo por ejemplo a Ley de Justicia Tributaria.
Con todo y con lo difícil que es avanzar en un país donde el partido gobernante no cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional y con una cultura política de escasos valores democráticos (Salomon,2025) en general y de pocos consensos para fortalecer, más allá de las declaratorias, la democracia, la institucionalidad y ofrecer alternativas a los problemas estructurales, se puede decir que se ha intentado un buen gobierno con avances como los ya señalados sabiendo que aún queda mucho por hacer.
Mas allá del candidato, que muchos reconocen que Libre lleva ventaja, se valora en general los esfuerzos por un buen gobierno, que insistimos no siempre es fácil de reconocer. Cuando hay evaluación positiva (de suyo complejo por la diversidad de votantes) es probable que haya continuidad del partido en el gobierno. Además, en la guerra de encuestas sobre todo la valoración de una empresa de seguridad estadounidense destaca la mayor probabilidad de Libre por alzarse con el triunfo. Ahora bien, no siempre se cumple la correlación entre gobierno evaluado positivamente y apoyo al candidato oficial, en este sentido la contienda está abierta y además por la guerra mediática y de las redes sociales que tempranamente, que como dice Sosa Iglesias, el bipartidismo instaló para evitar que Libre continue en el gobierno.
3. La urgencia de un pacto social y político para la democratización y una sociedad incluyente.
No cabe duda que el cambio estructural es tarea compleja y difícilmente se logra en cuatro años y sin el concurso de otros sectores incluso de la oposición por ejemplo en temas de empleo, mejora de salarios, políticas públicas entre otros.
La experiencia de 2009 y la fractura social y política que el golpe de estado generó sigue estando presente y afecta toda posibilidad de construcción de alternativas democráticas y de desarrollo incluyente. El retorno del pacto de dominación oligárquica con su expresión bipartidista (Partido Liberal y Partido Nacional que dieron el golpe), mutatis mutandi, es una posibilidad. Si gana Libre no es suficiente con seguir haciendo mucho de lo mismo y mejorar algunos indicadores. Se requiere la apuesta por un pacto social y político que como visión colectiva ya no solo desde arriba sino también desde abajo, apunte hacia la mayor democratización social y política del país. Nuestro futuro, parafraseando a Torres Rivas y Henri Lefebvre, será democrático o no será.
Roque Castro Suárez. Profesor de sociología y coordinador de la Maestría en Sociología en la UNAH
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