Desde la llegada al gobierno del clan familiar Bukele en 2019, El Salvador ha experimentado un preocupante retroceso democrático caracterizado por la concentración de poder, el debilitamiento de las instituciones, el uso político de las fuerzas armadas y la restricción de libertades fundamentales. Este contexto autoritario esta tenidos efectos particularmente graves sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, quienes enfrentan una creciente invisibilización, criminalización y exclusión en las políticas públicas.
I. Contexto político actual en El Salvador: concentración de poder, autoritarismo y militarismo
El gobierno encabezado por Nayib Bukele ha impulsado un modelo de gobernanza basado en la concentración del poder y la subordinación de toda la institucionalidad del Estado. El inicio de este proceso lo constituyó la destitución y reemplazo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República el 1 de mayo de 2021. Estos hechos fueron posibles gracias a la mayoría calificada obtenida por el partido oficial en las elecciones legislativas de marzo de 2021.
A partir de este momento, la nueva Sala de lo Constitucional procedió a la reinterpretación de las disposiciones constitucionales que impedían la reelección presidencial inmediata, con lo cual se abrió paso a la candidatura presidencial de Bukele en el año 2024. Luego, en julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó de forma exprés una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía el período presidencial a seis años, anulando la segunda vuelta electoral. Este paquete de reformas constitucionales se aprobó sin ningún tipo de debate público, gracias al control legislativo del partido oficial y partidos satélites que ocupan 57 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa.
La lógica centralizadora y autoritaria del actual gobierno ha sido reforzada con la reducción del número de municipios de 262 a únicamente 44, a la manipulación del Tribunal Supremo Electoral para favorecer al partido oficial y a la eliminación de financiamiento público a los partidos políticos opositores, reduciendo aún más el pluralismo y la competencia democrática, y sentado las bases para la instauración de un partido político único. Observadores internacionales —incluida la OEA — han documentado la cooptación de los mecanismos electorales, la erosión de la independencia judicial y la reducción del espacio cívico, señalando que El Salvador transita hacia un régimen autoritario.
El 27 de marzo de 2022 se decretó el régimen de excepción, suspendiendo derechos constitucionales que protegen las libertades individuales de la ciudadanía (habeas corpus, privacidad de comunicaciones, libertad de asociación y reunión, etc.) bajo el pretexto de combatir la criminalidad de las pandillas. El régimen ha sido prorrogado más de treinta veces, convirtiéndose en el marco ordinario de gobernabilidad y dando lugar a más de 85,000 detenciones, muchas de carácter arbitrario, con cientos de muertes bajo custodia estatal, casos de tortura y desapariciones forzadas.
La política de “mano dura” y el control militar sobre la seguridad ciudadana se extiende también al control del orden público, el cierre de espacios de protesta y la vigilancia masiva. La policía y el ejército son responsables de detenciones masivas, hechos de violencia sexual y represión de la protesta con total impunidad. La militarización se refuerza con la participación activa de fuerzas armadas en operativos de desalojo, patrullaje de barrios y represión de manifestaciones pacíficas, desplazando la función civil de la policía y debilitando los controles democráticos necesarios para el respeto de los derechos fundamentales.
El presente autoritario salvadoreño revitaliza estrategias de negación y distorsión de la memoria histórica, invisibilizando el sufrimiento de las víctimas del conflicto armado de la década de los ochenta y actualizando narrativas de impunidad y olvido. Los archivos militares y policiales siguen bloqueados al acceso público, no existe una ley de justicia transicional efectiva, y los mecanismos oficiales de búsqueda y reparación para víctimas son limitados o subordinados al Ejecutivo. Esta negación institucional alimenta una cultura de impunidad y silencia los reclamos legítimos de justicia, particularmente de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ.
II. Impactos diferenciados sobre derechos de las mujeres: violencia, exclusión y empobrecimiento
Las mujeres en El Salvador han enfrentado una histórica exclusión de derechos civiles, políticos y sociales. Solo en el siglo XXI, tras largas luchas feministas, se lograron hitos legislativos, como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), y la conformación del ISDEMU como mecanismo estatal de género. Este proceso, sin embargo, resultó tardío e insuficiente frente a la magnitud de la desigualdad y la violencia estructural contra las mujeres.
A partir de 2019, se viene llevado a cabo una especie de “reset patriarcal” es decir, una restauración simbólica y real de la opresión patriarcal, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, mediante el desmantelamiento de institucionalidades especializadas, la judicialización selectiva de defensores y defensoras de derechos humanos y el silenciamiento de narrativas y de conceptos que suenen a igualdad de género, feminismo, nuevas masculinidades, y/o diversidad de género. La eliminación de comisiones legislativas relacionadas con el avance en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, la reducción del presupuesto público destinado a partidas etiquetadas para el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia de las Mujeres y para la Ley de Igualdad y No discriminación de género así como la eliminación de la participación de las organizaciones de mujeres en el Instituto Salvadoreño para la Mujer I(SDEMU) y el desplazamiento de agendas feministas del debate público, forman parte de una ofensiva que trata de relegar nuevamente a las mujeres a desempeñar rol materno y reproductivo y diluye los abordajes de derechos humanos diferenciados.
El régimen de excepción y el modelo de seguridad estatal han tenido consecuencias devastadoras y específicas sobre la vida de las mujeres:
Esta situación se entrelaza con la reducción sistemática de recursos y servicios para la atención de mujeres en situación de violencia, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes enfrentan detenciones arbitrarias y condiciones extremas de privación de libertad. El acceso limitado a la justicia y la ausencia de mecanismos de protección especializados refuerzan la segregación y el riesgo de sufrir agresiones dentro de los centros de detención. A medida que el Estado centraliza y restringe la provisión de apoyo legal y social, las mujeres se ven cada vez más aisladas y desprovistas de herramientas para exigir reparación y defensa de sus derechos fundamentales, perpetuando un ciclo de empobrecimiento y exclusión que se refleja en el cierre de oficinas de atención y la disminución de personal especializado.
Este debilitamiento institucional no solo limita la disponibilidad de servicios de acompañamiento y protección, sino que también incrementa los riesgos para quienes buscan ayuda, ya que la falta de personal especializado y la concentración de recursos en manos de autoridades centrales dificultan la respuesta oportuna y efectiva ante casos de violencia. Como resultado, muchas mujeres se ven forzadas a enfrentar situaciones de peligro sin apoyo profesional, lo que amplifica el impacto negativo en sus vidas y refuerza patrones de marginación y vulnerabilidad estructural. Esta dinámica, lejos de atender el problema de raíz, perpetúa la desigualdad y la desprotección, dejando a las víctimas en un estado de indefensión frente a la violencia de género y las estructuras de poder que la sostienen, mientras la militarización de la seguridad comunitaria expone a familias enteras a escenarios de abuso de autoridad , represión y pérdida de sus medios de vida.
La imposición de medidas autoritarias, lejos de garantizar la seguridad ciudadana, ha desarticulado redes comunitarias de apoyo y debilitado los procesos de organización social, afectando especialmente a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, las posibilidades de acceso a justicia y reparación se han visto gravemente limitadas, generando nuevas formas de violencia y exclusión que perpetúan el ciclo de empobrecimiento y marginación.
El Observatorio de Violencia de ORMUSA apunta que durante el año 2024 se recibió un 15% más denuncias de violencia feminicida, sexual y patrimonial y alertó sobre el subregistro estatal de los casos de violencia y de discriminación de género debido a la falta de transparencia oficial en la documentación de feminicidios y agresiones. La mayoría de los feminicidios se producen en el ámbito de confianza —familia, pareja, expareja— y la impunidad prevalece. El acompañamiento a mujeres víctimas se ha resquebrajado, mientras que la criminalización y hostilidad hacia defensoras de derechos humanos aumenta (más de 34 casos reportados solo en 2024).
El incremento de la impunidad frente a los delitos sexuales cometidos por policías y militares es otro rasgo del deterioro de los derechos de las mujeres. Organizaciones como CRISTOSAL y el Socorro Jurídico Humanitario han documentado sendos casos de violaciones sexuales a niñas y mujeres cometidas por fuerzas militares en situación de detención o control territorial, muchas veces perpetrados con amenaza de criminalización bajo el régimen de excepción para silenciar a las víctimas. La respuesta estatal oscila entre el negacionismo y el encubrimiento; sólo en situaciones donde la presión social supera el cerco informativo oficial se han presentado acusaciones judiciales, en otros casos ni siquiera se les da curso legal.
Las niñas y mujeres víctimas sufren de una doble violencia: la violencia institucional y la estigmatización social, expuestas al descrédito, la revictimización y el ostracismo comunitario. La impunidad, la amenaza permanente y la falta de reparación agravan el clima generalizado de miedo y sometimiento de las mujeres a la autoridad militar y policial, profundizando la perspectiva patriarcal del Estado como organismo “protector” por encima de los derechos humanos individuales y colectivos.
Las medidas de austeridad fiscal- apoyadas por el FMI, han implicado el recorte de programas de inclusión laboral, salud sexual y reproductiva, educación con perspectiva de género y transferencias a mujeres en situación de vulnerabilidad. El acceso a datos oficiales y la transparencia en la adjudicación de recursos se ha visto drásticamente restringido, imposibilitando el monitoreo independiente y encubriendo la desprotección estatal hacia mujeres en condiciones de pobreza, discapacidad, ruralidad o migración forzada.
III. Impacto sobre la comunidad LGTBIQ: represión, invisibilidad y discurso de odio
El actual gobierno ha profundizado el retroceso de derechos de la población LGTBIQ mediante múltiples medidas.
La primera señal del retroceso en el reconocimiento de los derechos de la población LGTBIQ fue la eliminación en julio de 2019 de la Dirección de Diversidad Sexual que formaba parte de la Secretaría de Inclusión Social. Esta decisión ha dejado sin un órgano especializado que impulse políticas públicas inclusivas y supervise el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas diversas.
Por otro lado, se procedió a la derogación del Decreto Ejecutivo No 56, que prohibía la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y con ello se debilitaron los marcos legales que protegían a la comunidad LGTBIQ frente a actos discriminatorios en espacios públicos, laborales y educativos. La ausencia de esta prohibición fomenta un ambiente de vulnerabilidad y desprotección legal.
Asimismo, se han archivado algunas iniciativas legislativas que son claves para esta comunidad, tales como la Ley de Identidad de Género y la Ley por la Igualdad y No Discriminación, obstaculizando así la posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento legal y la garantía efectiva de los derechos de las personas LGTBIQ. La falta de voluntad política para aprobar estas leyes perpetúa la discriminación y limita el acceso a mecanismos de protección y reparación para quienes enfrentan violencia o exclusión por motivos de orientación sexual o identidad de género.
Esta ofensiva en contra de la diversidad sexual y de género se ha complementado con la imposición de una censura sistemática al uso de la perspectiva de género en el sector público, eliminando toda referencia a contenidos y a vocabularios sobre la diversidad sexual en planes, materiales y formularios de salud y educación y mediante la promoción de discursos de odio y anti derechos desde el Ejecutivo y la bancada legislativa, lo que se ha reforzado mediante alianzas gubernamentales con actores religiosos fundamentalistas y movimientos conservadores transnacionales, como la secta “La Luz del Mundo”, que cuenta con 6 diputados en la Asamblea Legislativa.
La censura abarca el cierre de espacios culturales y recreativos emblemáticos de la diversidad sexual y de género, así como despidos masivos en el sector cultural bajo la acusación de “promover agendas incompatibles con la visión del gobierno”. La organización de eventos queer, obras de teatro y las manifestaciones LGTBIQ han sido objeto de vigilancia, criminalización y represión por parte de la policía y el ejército.
El régimen de excepción no solo mantiene suspendidos los derechos generales de la población salvadoreña, sino que exacerba la vulnerabilidad de las personas LGTBIQ.
La represión ejercida por el régimen actual se manifiesta en diversas formas de violencia y exclusión contra la comunidad LGTBIQ. Las detenciones arbitrarias se producen a partir de perfiles, muchas veces motivadas por prejuicio y discriminación, tanto en la vía pública como en domicilios particulares o espacios de socialización. Estas acciones evidencian una sistemática vulneración de derechos, en la que la apariencia, orientación sexual o identidad de género son suficientes para justificar la intervención policial o militar.
La violencia institucional se expresa en hostigamiento constante, amenazas directas, acoso sexual y tratos degradantes por parte de fuerzas policiales y militares. Las mujeres trans y los jóvenes gay de barrios empobrecidos figuran entre los principales grupos afectados, enfrentando situaciones que van desde el abuso verbal hasta agresiones físicas y sexuales, profundizando su marginación y exponiéndoles a una doble vulnerabilidad: la social y la estatal.
Recientes informes de ASPIDH, Amate y COMCAVIS TRANS reportan que los abusos más frecuentes hacia la comunidad LGTBIQ incluyen discriminación (41%), amenazas/intimidación (18%) y acoso/hostigamiento (12%). Los lugares más frecuentes fueron la vía pública y los domicilios particulares, sumándose casos en centros penitenciarios y espacios laborales. En 2024, estas organizaciones registraron más de 450 denuncias formales por violaciones a derechos humanos de personas LGTBIQ.
Particularmente grave es la situación de las personas trans, quienes representan la mayor proporción de víctimas de violencia y exclusión. La negativa estatal a cumplir fallos judiciales que ordenan el reconocimiento legal del género refuerza la desprotección frente a la violencia estatal y social, catalizando desplazamientos internos, migraciones forzadas y una doble marginalidad estructural.
IV. Criminalización de la protesta y desfinanciamiento para la defensa de derechos humanos
Aprobada en mayo de 2025, la Ley de Agentes Extranjeros constituye un instrumento de restricción financiera, legal y política dirigido a organizaciones sociales, movimientos de mujeres y colectivos LGTBIQ que reciben financiamiento extranjero para actividades de defensa de derechos humanos, investigación social, atención psicosocial, apoyo humanitario y formación política. La normativa impone:
• Un impuesto del 30% a las transferencias internacionales, afectando la capacidad operativa de ONGs y proyectos asistenciales.
• La obligación de inscripción en un registro bajo la tutela del Ministerio de Gobernación, con la facultad de revocar personería jurídica, cancelar actividades y suspender cuentas a discreción del Ejecutivo.
• Sanciones de hasta US$250,000 por cualquier actividad considerada contraria al “orden público” o la “seguridad nacional”, conceptos definidos de manera discrecional y vaga.
Las similitudes con legislaciones represivas de Nicaragua y Rusia son evidentes y han sido destacadas por HRW y por la Unión Europea, organismos que denuncian que la ley busca silenciar las voces de denuncia, debilitar la cooperación internacional y condenar a las poblaciones más vulnerables al abandono institucional.
El régimen autoritario salvadoreño ha intensificado la detención arbitraria y la judicialización de defensores/as de derechos humanos, ambientalistas, líderes religiosos y periodistas críticos. Ejemplos recientes son los arrestos de Alejandro Henríquez, abogado ambientalista, y José Ángel Pérez, líder comunitario, acusados sin pruebas de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos” tras participar en protestas pacíficas —un patrón que se repite en la persecución de liderazgos feministas y defensores de la comunidad LGTBIQ.
La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) estima que al menos 34 defensoras y defensores encarcelados hasta la primera mitad de 2025; organizaciones locales elevan la cifra a más de 100 activistas y mencionan la existencia de listas negras de inminentes capturas contra críticos del régimen, que enfrentan procesos reservados, incomunicación y condiciones inhumanas en prisión.
V. Conclusiones
El escenario actual salvadoreño ilustra que la pérdida de la democracia y la extensión del autoritarismo tienen impactos desproporcionados y devastadores sobre los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ. El retroceso legislativo, la militarización de la vida cotidiana, la represión de la protesta y la criminalización de las organizaciones sociales fragmentan no solo el tejido institucional, sino el sustrato mismo de ciudadanía e igualdad. El silencio estadístico, la negación institucional, la destitución de agendas de género y diversidad, y la persecución explícita de la disidencia marcan el “nuevo orden” salvadoreño y ponen en entredicho cualquier posibilidad de desarrollo humano sostenible.
Frente a este panorama, las siguientes líneas de acción resultan impostergables:
• Restablecer la institucionalidad democrática y la división de poderes, derogando las reformas constitucionales antidemocráticas y los regímenes de excepción que institucionalizan la suspensión de derechos.
• Reactivar políticas públicas específicas de igualdad y no discriminación, reinstaurar organismos autónomos y fortalecer la participación efectiva de mujeres y diversidades en la elaboración, implementación y monitoreo de políticas estatales.
• Asegurar el respeto al derecho de protesta, la libertad asociativa y la protección especial de defensores/as de derechos humanos, periodistas y líderes sociales.
• Restituir el acceso a la información pública, actualizar y transparentar los datos sobre violencia de género y crímenes de odio y facilitar el monitoreo independiente de organizaciones nacionales e internacionales.
• Consolidar las alianzas internacionales y el acompañamiento solidario, particularmente en la labor de documentación, denuncia y visibilización de los abusos cometidos contra las mujeres, las personas LGTBIQ y movimientos sociales.
Frente a esta crisis, tanto la agenda feminista como la agenda LGTBIQ deben demostrar que la historia de resistencia es también una historia de reinvención política, de interpelación ética y de defensa cotidiana de la dignidad humana. La reacción internacional, el monitoreo independiente y la solidaridad transnacional serán vitales en la lucha contra el autoritarismo y en favor de los derechos de todas las personas en El Salvador.
Referencias bibliográficas:
• Amnistía Internacional. (2023). El Salvador: Régimen de excepción perpetuo. https://www.amnesty.org/es/
• COMCAVIS TRANS. (2023). Informe sobre vulneraciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción. https://comcavis.org
• Cruz, J. M. (2022). Autoritarismo y exclusión en El Salvador: Una mirada desde los derechos humanos. Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, 19(2), 45–68.
• Human Rights Watch. (2023). El Salvador: Concentración de poder y erosión democrática. https://www.hrw.org/es/news/
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