Desde que en julio el Gobierno de Starmer ilegalizara a Palestine Action como grupo terrorista, casi 3.000 personas han sido detenidas en manifestaciones de apoyo. Los tribunales decidirán sobre la legalidad de la medida.
Al menos 2.717 personas han sido detenidas por participar en manifestaciones pacíficas en distintas ciudades británicas desde que el pasado 5 de julio el colectivo activista Palestine Action fue ilegalizado por el Ministerio del Interior británico bajo la acusación de ser una organización terrorista. Médicos, profesores, magistrados, escritores u oficinistas, muchos de avanzada edad y algunos con discapacidades físicas, fueron desalojados de plazas, parques o aceras y trasladados en volandas, uno tras otro, a furgones policiales. Afrontan cargos bajo la legislación antiterrorista, con penas de hasta 14 años en prisión, por exhibir un cartel en el que escribieron dos frases: “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”.
“El Gobierno británico ha convertido en terrorista al que defiende el derecho democrático de protestar contra el genocidio y contra el uso indebido de la legislación antiterrorista. El Reino Unido se consideraba hasta hace poco un país donde se valora y protege la libertad de expresión, pero si no se puede hablar tranquilamente contra el genocidio, entonces no tenemos libertad de expresión en absoluto”, denuncia Tim Crosland, abogado cofundador de Defend our Juries (Defiende nuestros jurados), organización impulsora de la campaña en apoyo de los miembros y los objetivos de Palestine Action.
La doctora Elizabeth atiende con paciencia y resignación las indicaciones de la agente de policía encargada de su arresto en el centro de Londres. “Hace su trabajo. Un trabajo infructuoso, una pérdida de tiempo. Yo estoy orgullosa, contenta no, desde luego, pero esto es lo mínimo que puedo hacer para apoyar a los gazatíes y los que luchan por Gaza”, explica un mediodía de viento y frío tras participar en la sentada ante el Ministerio de Justicia. Está furiosa con el sindicato del sector médico británico que se ha declarado neutral y “no hace nada”, pese a que los trabajadores sanitarios de Gaza son a menudo objetivo de los ataques israelíes. “Es vergonzoso”, remarca antes de tachar de “autoritario” al primer ministro Keir Starmer. “Esto no es democracia”, dice.
Presionar al sistema judicial
La cadena de protestas busca colapsar el sistema judicial de Inglaterra y agotar el presupuesto de los servicios regionales de policía del Reino Unido. La ola de desobediencia civil se ha constituido en el frente más visible del movimiento contra la ilegalización de Palestine Action, el recorte de libertades y la complicidad del Gobierno con el régimen de Benjamin Netanyahu en el cruel asedio a Gaza. Es un apoyo social de fuerte resonancia dramática, que complementa la estrategia de la cofundadora del colectivo, Huda Ammori, que ha denunciado la ilegalización ante el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales.
“Es un caso fundamental para el movimiento palestino, pero también lo es para todo el concepto de disidencia contra el Gobierno. La represión de la causa palestina se ha utilizado como punta de lanza y el Gobierno seguirá adelante con sus planes de prohibir más organizaciones, limitar aún más la libertad de expresión y socavar aún más los fundamentos de la democracia en este país”, sostiene Saeed Taji Farouky, cineasta palestino-británico, tras escuchar la sesión pública en la que el Alto Tribunal revisó la ilegalización del colectivo en el Palacio de Justicia de Londres. En la filmografía de Farouky destacan el documental The Runner, sobre la lucha del corredor saharaui Salah Hmatou Ameidan para competir representando al Sahara Occidental –se proyectó en el festival de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián– y el más reciente A Thousand Fires, centrado en una “explotación artesanal” de petróleo en Myanmar. Ahora teme que su nuevo proyecto sea guillotinado antes de ver la luz. “Se trata de un documental sobre protestas en el Reino Unido rodado con exactivistas de Palestine Action. Luego llegó el decreto de ilegalización y quedamos atrapados. Me preocupa que el filme también sea ilegal”, explica.
Contra la infraestructura del genocidio
Huda Ammori cuestiona la legalidad de la decisión tomada por la anterior ministra de Interior y actual jefa de la diplomacia británica, Yvette Cooper, de prohibir Palestine Action por su “vinculación con el terrorismo”. En la sala 5 del Alto Tribunal, el equipo legal de la activista británica, de 31 años, de madre iraquí y padre palestino, recordó que el grupo se presentaba en su página web, ya bloqueada, como “movimiento de acción directa comprometido con poner fin a la participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel” mediante “tácticas disruptivas contra corporaciones que facilitan el complejo militar-industrial israelí”. “Se inspira en una larga tradición de acción directa, desde las sufragistas al activismo contra el apartheid (sudafricano) o la guerra de Iraq”, remarcó su abogado Raza Housain.
El letrado expuso que la inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas se justifica “exclusivamente” en daños contra la propiedad, no en actos de violencia contra individuos, de acuerdo con los testimonios gubernamentales presentados ante el Tribunal. Tampoco hay evidencia en los documentos de que la policía investigara las alegaciones de crímenes de guerra que los activistas propalestinos atribuyen a los fabricantes de armamento y otros intereses corporativos de Israel en Reino Unido.
Aun así, el Gobierno alega que cuatro de las cerca de 500 acciones reivindicadas por Palestine Action superaron el umbral de sabotaje y encajan en la definición de terrorismo bajo la legislación británica, que expertos y organismos internacionales consideran “excesivamente amplia” y desmesurada. Agencias de la ONU, Amnistía Internacional y la ONG en defensa de los derechos humanos Liberty intervienen en el procedimiento judicial en contra del decreto de ilegalización.
“La decisión de ilegalizar”, sostuvo el abogado de la demandante, “es una injerencia sin precedentes y desproporcionada” en los derechos de libertad de pensamiento, de expresión y de asociación. Añadió que el Gobierno “ha impuesto medidas extremas contra un grupo de protesta que buscaba exponer y prevenir graves violaciones del derecho internacional por parte de Israel y denunciar la complicidad del Reino Unido”.
Presos en huelga de hambre
En testimonios presentados ante el tribunal, el equipo de Palestine Action resalta la enorme popularidad del colectivo, que ha sumado más de 413.000 seguidores en Instagram, 248.000 en X (antes Twitter) y 20.000 en TikTok en sus cinco años de existencia. En la actualidad, 33 activistas –incluidos cuatro miembros de un grupo afín– están en prisión provisional acusados de participar en las más notorias acciones del movimiento, incluida la incursión de una pareja de militantes en la base aérea Brize Norton, en Inglaterra, donde rociaron pintura en los motores de dos aviones de reabastecimiento y transporte estratégico Voyager. Además, siete personas del grupo de “presos políticos” están en huelga de hambre, la mayoría desde hace más de 25 días, de acuerdo con la asociación Presos por Palestina.
En el campo opuesto, el representante legal del Gobierno, sir James Eadie, argumenta que la ilegalización ha cumplido su propósito de “interrumpir la escalada” de acciones registrada en los últimos años y “no ha impedido las protestas a favor del pueblo palestino o contra las acciones de Israel en Gaza”. “La proscripción de Palestine Action fue y sigue siendo proporcionada”, defendió el veterano abogado ante el panel de tres jueces que preside el caso.
El cineasta Farouky difiere. Observa que “formas de protesta como los bloqueos o concentraciones ante fábricas de armas se han reducido casi a cero”. “La gente tiene miedo de caer en la ilegalidad”, afirma. La organización Palestine Solidarity Campaign sigue convocando marchas en Londres, pero las restricciones crecen. Se ha prohibido acudir a las manifestaciones con pucheros y cazuelas, que simbolizan la extendida hambruna en Gaza, porque las autoridades sostienen que son instrumentos idóneos para causar “molestia” sonora. También fuerzan alteraciones en el recorrido a fin de no “intimidar” a la minoría judía.
Lejos de revertir las leyes aprobadas por la anterior administración conservadora con el fin de limitar al extremo la capacidad de acción de los ecologistas de Extinction Rebellion y otros grupos, el Ejecutivo laborista proyecta endurecer la normativa. Starmer se propone vetar protestas que se repitan en el tiempo, como las de Solidaridad con Palestina, e impedir manifestaciones en la proximidad de sinagogas y templos de otras religiones. El abogado Raza Housain afirmó ante el Alto Tribunal que “nunca antes se había ilegalizado por terrorismo un colectivo de acción directa y desobediencia civil que no promoviera la violencia”.
La revisión judicial ha quedado lista para sentencia en una fecha aún por anunciar. Nadie se atreve a predecir el veredicto de un juicio que ha transcurrido en parte a puerta cerrada, en ausencia de la demandante, sus abogados o miembros de la prensa. Al mismo tiempo, la confianza en la Justicia del entorno de Palestine Action se quebró al conocerse que el juez señalado inicialmente para presidir el procedimiento, el mismo que dio luz verde a la revisión judicial en oposición al criterio de la ministra del Interior, había sido apartado del caso. No se ha explicado el motivo del reajuste ni de la opacidad que envuelve el procedimiento.
Ambas partes tienen la opción de apelar la decisión que acuerde el trío de jueces y es posible que el primer caso de proscripción por terrorismo de un grupo de desobediencia civil, al que solo se atribuyeron daños materiales, se decida en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.