“Si alguien comete un acto que dañe a otros, hay motivo evidente para castigarlo con sanciones legales o, en el caso que sea incierta la aplicación, con la desaprobación general”. (John Stuart Mill)
Las elecciones generales en Honduras celebradas en 2017 y donde resultó electo presidente Juan Orlando Hernández (JOH), nuevo socio y testigo protegido de Donald Trump, fueron catalogadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y su presidente Luis Almagro, como fraudulentas y deberían repetirse. Los apagones del sistema y la interrupción en la trasmisión de resultados, como también el inusual aumento de votos rurales, especialmente en aquellos municipios de tradición de voto del Partido Nacional, como Lempira, Intibucá, La Paz, Olancho, incidieron en el cambio de la votación que favorecía al candidato de la Alianza Opositora contra la dictadura Salvador Nasralla.
Para Luis Almagro, ante «la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE (Tribunal Supremo Electoral) que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos». (Comunicado-18-12-2017). Este Tribunal había dado como ganador a JOH, con una diferencia de 1.71% entre ambos candidatos, siendo evidente no solo la contaminación del proceso, sino el inflamiento de votos en urnas rurales.
El involucramiento de la Embajada estadounidense y las presiones de Washington hicieron posible que se cambiara esta percepción y recomendación por la OEA y su presidente, por lo que los resultados fueron aceptados y el fraude consumado.
Al parecer esta historia se repite de nuevo y contra el mismo candidato, Salvador Nasralla, en las filas del Partido Liberal, donde varios de sus dirigentes más conspicuos y electos diputados y alcaldes de nuevo le están abandonando en la lucha para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorice contar voto por voto y poder reconocer que él fue ganador de las elecciones y, por tanto, nuevo presidente de la República. Lo mismo sucede con las nuevas autoridades del Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde su presidente, Roberto Contreras, da a entender que la lucha está perdida y Salvador Nasralla no debe buscar alianzas, caso del Partido LIBRE, para exigir dicho conteo y de una mayor cantidad de actas con inconsistencias.
Pero, “Pollo” Contreras, diría Iroshka Elvir, y si le asiste la razón a Salvador, acaso no está en su derecho de exigirlo; bendiciones compañero y vamos a pedir como ciudadana-con más fuerza- conteo voto por voto.
Recién el Jefe de la Misión de Observación Electoral, Eladio Loizaga, presentó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el informe sobre las elecciones celebradas en Honduras, donde destaca que el proceso trascurrió en forma normal y sin indicios de fraude electoral, sin mención de las presiones de Donald Trump a los electores para que votaran por el Ingeniero Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, y poca valorización de los antecedentes de fraude practicado con crecientes insuficiencias del Sistema de Trasmisión de Resultados e ineficiencia de empresa contratada.[1]
La Misión de Observación Electoral (MOE) “observó la circulación de narrativas de fraude a lo largo de todo el ciclo electoral provenientes del oficialismo, de la oposición, e incluso desde una de las autoridades electorales, las que le han hecho un gran daño a la institucionalidad democrática y al proceso electoral mismo. Misiones previas de la OEA ya habían observado situaciones similares y lamenta que el sistema electoral hondureño y sus principales actores no superen sus diferencias partidarias para construir una institucionalidad electoral autónoma, técnica y profesionalizada”. [2]
Para el Secretaria General de la OEA, Albert Ramdin, el proceso electoral hondureño deber ser creíble y aceptado por todos (no ha terminado aún), lo que supone que la declaración y firma del acta por las representantes de los Partidos Nacional y Liberal ante el CNE, será suficiente [3], aunque dejen por fuera una gran cantidad de actas y votos que, según la oposición política, deberían ser contados en escrutinio especial, lo que implica todas aquellas actas con inconsistencias visibles en el momento de la trasmisión y las detectadas al compararse las actas de cada partido con las manejadas por el CNE y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuya vocera visible declaró validos los resultados y ganador a Nasry Asfura.
Todavía no da inicio el escrutinio especial y se desconoce si el CNE en pleno aceptará la solicitud de partidos de oposición de contar voto por voto de todas las actas con inconsistencias, que son mayoría. La preocupación es que solo se cuenten un poco más de 1.000 actas y se declare ganador al candidato del Partido Nacional. El abrir la válvula para el conteo de la mayor cantidad de actas ha generado nerviosismo en la dirigencia del Partido Nacional y Consejeras del Partido Liberal y Partido Nacional, donde la oposición política piensa demostrar que hubo fraude electoral.
Mientras tanto, la palabra fraude empieza a sonar en todo el país, acompañado de protestas y tomas de carreteras. Hay candidatos, como el alcalde de la ciudad capital Jorge Aldana, que se ha instalado frente a las instalaciones de CNE con todas sus actas y un buen número de seguidores, para no permitir que le roben la reelección, siendo militante activo del Partido LIBRE. Diputados que se declaran ganadores, pero también están con las actas en mano, ya que sienten que pueden ser desplazados al falsificarse actas-incluso-ingresadas al CNE.
Ni la UE y la OEA han podido con ello, aunque se han destinado cuantiosos recursos para modernizar el sistema y fortalecer la institucionalidad, lo cual no se ha logrado. Se estima que el gasto total aprobado, entre elecciones primarias y generales, fue de 3.230 millones de lempiras, unos 123 millones de dólares (1 dólar igual 26,30 lempiras). Se habla de la macroeconomía del fraude, uno de los negocios más rentables para narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos. El Estado financia los procesos electorales, paga a los partidos por voto obtenido; los narcotraficantes y empresarios hacen lo mismo y usan las influencias de los políticos para hacer negocios con el Estado, y los diputados, alcaldes y funcionarios públicos se enriquecen con los impuestos de la población y los préstamos que deben ser pagados por la sociedad en su conjunto.
Y, como siempre, hay que convencer al Gobierno de EEUU que el candidato con mayoría de votos es su enemigo, de la ideología de libre mercado y de los principios y valores democráticos.
Notas:
[1] Para la MOE “la autoridad electoral debe tomar decisiones de forma expedita que permitan agilizar el proceso, pues, a estas alturas, resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora. La población necesita y merece certeza; de no actuar con la máxima celeridad, el Consejo Nacional Electoral estaría incumpliendo gravemente su responsabilidad con la ciudadanía” (Informe MOE, 15-12-2025). Prácticamente, para los miembros de la MOE, no existen culpables, y hay que ignorar la gran cantidad de actas “chuecas” reportadas por los partidos de oposición y que superan, según reportes de los partidos, las 2, 773 actas identificadas (deben ser revisadas por ley, voto por voto, es la exigencia).Igual, el tráfico de audios entre personeros del CNE y dirigentes de partidos políticos y Organizaciones de Sociedad Civil que contaminaron el proceso (Lo cual debe ser confirmado por peritos calificados).
[2] Ver Informe MOE ante el Consejo Permanente de la OEA. Washington DC, 15 de Diciembre de 2025.
[3] El Partido LIBRE ha desautorizado a su representante al CNE, Marlon Ochoa, para que firme el acta donde Nasry Asfura sea declarado presidente de la República.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.