La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall del Partido Liberal (aunque se dice que no representa al candidato Salvador Nasralla), ha manifestado que la declaración emitida por dicho Consejo acera de los resultados de los comicios electorales del 30 de noviembre, donde fue electo presidente Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, es ley, aunque este incompleta, es decir, con votos pendientes de contar (más de 1.500.000 votos dicen candidatos de oposición) [1] e impugnaciones que resolver, la declaración debe ser aceptada como sentencia definitiva.
El Congreso de la República a través de la Comisión Permanente en funciones y diputados sesionantes (más de la mayoría simple), aprobaron que se realice el conteo de todos los votos para dar certeza al ciudadano que las nuevas autoridades son las que quieren para que los gobiernen, no solo en el poder ejecutivo, sino también legislativo, judicial y corporaciones municipales. Se exige al CNE que proceda a realizar dicho conteo, pero Ana Paola Hall dice que es ilegal, ya que la sesión de diputados fue incompleta, y más bien, los diputados de oposición exigen encarcelar al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por violación de la norma constitucional y legislación complementaria.
La presidenta Xiomara Castro se muestra a favor de dicho conteo, y ha autorizado que se publique el decreto en el diario oficial la Gaceta (Decreto 58-2026 del 19 de enero de 2026) y proceda con el mismo en el menor tiempo posible, aun cuando el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Héctor Valerio, mantiene custodiado el material electoral y, al parecer, se muestra en contra de realizar el mismo en tanto ya existe una declaratoria de elecciones y un ganador, aunque todavía miles de votos no se conocen. El argumento de fondo a favor de lo actuado por el Congreso, es que una declaratoria de elecciones “trunca”, aceptada como válida, es violatoria de cualquier norma constitucional vigente y su aceptación sentará las bases para que, a futuro, se decida por decreto quien ganó la elección con votos sin contar.
Los diputados del Partido Nacional al Congreso Nacional y parte de los diputados del Partido Liberal rechazan dicho conteo de voto por voto y están poniéndose de acuerdo para elegir al nuevo presidente del Congreso Nacional, donde aventaja el abogado Tomás Zambrano del Partido Nacional, en tanto se considera que dicho partido debe tener también el control de este poder del Estado para garantizar la estabilidad política, económica y social del país , ya que, de lo contrario, Honduras camina a la ingobernabilidad.
El grupo de diputados liberales que han mantenido su apoyo al candidato Salvador Nasralla son del criterio que el Congreso Nacional debe ser dirigido por uno de sus miembros, especialmente, la diputada Irosrka Elvir, diputada por Francisco Morazán o, en su defecto, por Yuri Sabas, diputado por la Zona Sur, ya que los otros son afines al liderazgo de Roberto Contreras, reelecto alcalde de San Pedro Sula, ciudad industrial del país, y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal.
Como se sabe, las bases teóricas y filosóficas del Partido Liberal son contrarías a la promoción de la concentración del poder en una sola fuerza o líder cuando el mandato del pueblo dice lo contrario. Si se aceptan como validos los votos escrutados por el CNE que dieron como ganador al Partido Nacional y su candidato, ambos partidos tienen 40% de cuota de poder, pero si se suman la cuota de Libertad y Refundación (LIBRE), la oposición tiene mayoría simple en el Congreso Nacional. Las preguntas que surgen son: a) ¿Cuál es el interés de ciertos diputados del Partido Liberal y de su presidente para que la presidencia del Congreso Nacional la ejerza el Partido Nacional?; b) Por qué no se apoya a Irorka Elvir como candidata a la presidencia del Congreso Nacional?; c) Porqué tanto miedo a LIBRE, si lo que se busca es un balance de poder?; d) ¿Acaso los nuevos dirigentes del partido liberal no se ha dado cuenta que tienen una nueva oportunidad para gobernar en favor del pueblo?.
El Partido Liberal ha cometido varios errores que le han costado caros. El primero fue no admitir públicamente que lo sucedido con Manuel Zelaya Rosales en junio de 2029 fue un golpe de Estado y no una sucesión presidencial, ya que todos los poderes quedaron funcionando. El segundo hacer cogobierno con el Partido Nacional entre 2010 y 2025, conformándose los diputados con puestos secundarios en la junta directiva del Congreso, recursos (sobornos), chambas públicas y ejecución de proyectos. Pero el más visible es no poder comprender que el Partido Nacional pocas veces negocia el poder y hoy no es una de ellas. Las decisiones que tome el Partido Liberal pueden tener repercusiones insospechables para el futuro, y lo pueden hacer de nuevo invisible quince años o más operando como partido de apoyo al Partido Nacional.
Ya han empezado a definirse las áreas y sectores de intervención que serán prioridad para el nuevo Gobierno. Se habla de infraestructura, seguridad, salud, educación, descentralización, relaciones internacionales y comercio. Pero las voces que más se escuchan son recorte del gasto público (léase cierre de instituciones), restablecer relaciones con Taiwán, privatización de la ENEE, salario por hora, restablecer la legislación a favor de las ZEDES, retiro de la ley de justicia tributaria, juicio político al Fiscal General y nueva Corte Suprema de Justicia, eliminación y mayor focalización de subsidios, aceptación de migrantes y operativa como país “seguro”, entre otras.
Estas acciones corresponden a un modelo de neoliberalismo “bastardo”, donde la institucionalidad pública es la enemiga para el desarrollo, no la pobreza, hambre, desigualdad, corrupción, impunidad y narcotráfico. Ello aun cuando funcionarios del Gobierno hablan de lograr el sueño de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una promesa de campaña del Gobierno de Xiomara Castro que no se pudo cumplir, pero que los que corrieron la Misión de Apoyo con la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) tampoco lo podrán hacer.
Es poco probable que el conteo voto por voto se lleve a cabo, incluso al ser sancionado favorablemente el decreto por la presidenta de la República. No solo mostraría el tamaño del fraude, sino que también dejaría a muchos países y organismos (ejemplo la Unión Europea) seguidores de la política de Donald Trump, como poco confiables en la garantía de validar procesos electorales y resultados habidos en países que, como Honduras, muestran un gran rezago en términos de ejercicio del sufragio y democracia tutelada.
Nota:
[1] “Según el documento publicado en La Gaceta, quedaron sin contar 306 actas en el nivel presidencial (1.6 %), 2,620 en el nivel de diputados (13.21 %) y 1,848 en el nivel de corporaciones municipales (9.65 %), lo que representa una carga electoral superior a 1.5 millones de ciudadanos” .Ver la prensa.hn, 10 de enero de 2026.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.