“Imagine que un pendejo por allí dice que nadie puede venir a invertir aquí porque estorbamos los garífunas por estar en las playas. Hace cuántos años estamos en esas playas y las cuidamos, compañeros” (Miriam Miranda, dirigente garífuna y presidenta de OFRANEH)
El neoliberalismo se institucionaliza en gobiernos latinoamericanos de izquierda y derecha, no solo por haberse ganado una elección a causa de una crisis monetaria y fiscal, donde el mayor endeudamiento, déficit fiscal, inflación, devaluación, pérdida de reservas monetarias y caída del PIB se usan como factores causales. También adquiere vigencia en respuesta a los efectos negativos de un fenómeno natural y a la llegada al poder de un gobierno producto de un golpe de Estado o de un fraude electoral.
En el caso de Honduras hay evidencia que en las elecciones de noviembre de 2025, donde salió electo Nasry Asfura, hubo fraude en contra del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, pero también en contra de Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). En el caso de Nasralla, la manifestación más visible fue la falta de conteo y reconteo de votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado además de ser amigo de Manuel Zelaya como coordinar de un partido de tendencia socialista según dirigentes del Partido Nacional y prensa mediática.
A Rixi Moncada, además de las amenazas de Donald Trump de deportaciones masivas y congelamiento de apoyo al gobierno en caso de que saliera electa y la marcha de las iglesias, le afectó la poca incidencia en las decisiones del Consejo Electoral y demás órganos, donde LIBRE estimaba sacar más del millón de votos.
No obstante, a lo interno de los partidos son pocas las valoraciones que se hacen de la pérdida. En el caso del Partido Liberal la evidencia demuestra que el llamado“lado oscuro” conspiró contra el triunfo de Nasralla en aras de captar cuotas de poder en los tres poderes del Estado, sumado a la débil capacidadde organización del Partido, donde no hubo tiempo para responder al CNE y prensa mediática sobre tenencia de número de votantes y papeletas a nivel nacional válidas.
También fue evidente en el caso del Partido Nacional, donde la movilización de sus dirigentes, incluyendo su candidato a la presidencia Nasry Asfura, por capturar rápidamente el 100% de las actas y conformar el censo de votantes por mesa, partido(s) y municipio, dio soporte y seguridad de triunfo, igual los retrasos en el primer informe del conteo por el CNE con resultados a su favor, cuando las encuestas a boca de urna daban como ganador a Nasralla.
Se puede decir que la dinámica cachureca le ganó la iniciativa al Partido Liberal y, sobre todo, a asesores como Tomás Lozano, llamado el ajedrecista político y “delfín” del expresidente Carlos Flores Facussé, en tanto fueron evidentes retrasos en la seguridad de posesión del 100% de las actas y resultados a favor.
Los resultados del fraude electoral, no reconocido por la Embajada estadounidense y la Unión Europea, aceptando el triunfo de Nasry Asfura, son más perjudiciales que el fraude mismo. Estos resultados refieren a compromisos de candidatos con grupos económicos, narcotraficantes y dirigentes políticos, pero también de prácticas antidemocráticas para hacerlas valer a futuro, o sea, un nuevo fraude electoral en proceso para las elecciones de noviembre de 2029.
Se empezó por enterrar la ilusión de Salvador Nasralla y su grupo para controlar la directiva del Congreso Nacional, especialmente la Presidencia. Se barajaron nombres como Iroska Elvir y Yuri Sabas; sin embargo, el “lado oscuro” del partido liberal con Jorge Cálix a la cabeza y visible, ya había negociado con el Partido Nacional dicho cargo, recayendo en el diputado Tomás Zambrano, exjefe de bancada. Más de 20 diputados liberales, muchos de ellos con juramento fiel a Salvador Nasralla, se dieron vuelta (dicen que hubo “moje”, o sea, compra de votos a favor de Zambrano en un hotel capitalino) y enterraron este espacio de control y poder político a su favor.
El bipartidismo con Jorge Cálix a la cabeza y soporte de Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, ciudad industrial del país, y presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, avalaron la aprobación en el Congreso de la República de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, el juicio político de exrrepresentantes de LIBRE en los órganos electorales, la destitución del Fiscal General de la República, y la sustitución de la presidenta de la Corte Suprema de Justica para poner un abogado militante del Partido Liberal como sustituto.
Se enterraron los espacios de la reforma agraria como vía para acceder a un pedazo de tierra productiva y servicios de apoyo a la producción para campesinos sin tierra o en posesión precaria de ésta, especialmente mujeres campesinas. Se complementa con el despojo de las tierras ancestrales de las comunidades étnicas y afrodescendientes, arguyendo proyectos de inversión y respeto a una propiedad privada ilegal.
Este entierro refiere, en la actualidad, a la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas (Decreto N, 107-2026 del 26 de junio de 2026). En primer lugar, borra, como dice el diputado Hugo Pino, la reforma agraria, pero más que eso, sentencias y resoluciones de juzgados sobre posesión de tierras a favor de grupos campesinos y pueblos originarios.[1]
Un caso vigente es el de la comunidad de San Juan, en Tela, Atlántida, habitada por pobladores de la etnia garífuna, donde en el marco de la Ley anterior, se autorizó el desalojo de los pobladores, cuando la documentación evidencia que dicha comunidad tiene reconocimiento jurídico desde 1887 y fundamento social y jurídico desde 1902. En la actualidad, los llamados nuevos dueños “inversores” de parte de las tierras, argumentan que tienen legítima propiedad sobre parte de las mismas, desconociendo la sentencia internacional sobre derechos adquiridos ya juzgados.
Hay suficiente fundamento jurídico-técnico para exigir que los invasores de las tierras de los pueblos garífunas salgan y desistan de sus demandas. Uno de ellos es la vigencia de un mapa geográfico de la Corte Internacional donde, en aplicación de la sentencia, se delimita la posesión de las tierras de las comunidades en la zona de San Juan. Lo segundo son los títulos ilegales emitidos a favor de terceros y contra derechos de propiedad comunal de las tierras. Pero lo más importante es el sentido de pertenenciay prácticas agrícolas y culturales de las comunidades en sus tierras, que pasan de generación en generación, lo cual es muy difícil de borrar, a menos que los maten.
Es claro que el gobierno con la aplicación de la Ley anterior, en el caso particular de las comunidades étnicas, quiere hacer valer, por la fuerza, títulos de propiedad ilegales en contra de la propiedad originaria de las comunidades, lo cual es extensivo a grupos y cooperativas de la reforma agraria. Ya no interesan resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en contra, lo que interesa es la propiedad privada de tierras a toda costa, supuestamente para atraer inversión externa, aumentar exportaciones, empleo y PIB.
Las comunidades étnicas han llamado a conformar campamentos de ciudadanos en todos las áreas y zonas donde se quiere concretar el despojo vía desalojo ilegal por sentencia jurídica local, al margen de las sentencias internacionales y contra violaciones de derechos humanos. Los abogados que han seguido de cerca y denunciado estas prácticas ilegales y explicado a los pobladores la forma y mecanismos para el otorgamiento de títulos o documentos ilegales a particulares, han introducido -a solicitud de organizaciones étnicas y campesinas- en la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus para proteger 217 territorios y la vida de los pobladores, exigiendo el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para derogar la Ley Agroindustrial por inconstitucional y la aplicación del Mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), está en pie de lucha por la defensa de sus territorios y culturas, haciendo un llamado en las aldeas, municipios y departamentos del país para que otras organizaciones y pobladores se sumen a la lucha, ya que la escalada seguirá. El llamado abarca también a la oposición política, incluso el lado menos oscuro del partido liberal, y la Academia para que pueda desmentir que el despojo no necesariamente conlleva desarrollo económico y social, más cuando el gobierno de corte neoliberal es producto de un fraude electoral, ni que la llamada coinversión de contrato (el inversionista pone el capital y las comunidades los territorios, saberes y trabajo), es una opción alternativa de desarrollo cuando el control administrativo y financiero del negocio lo lleva el socio capitalista.
Nota:
[1] La Ley habla que los desalojos y el despojo de tierras no aplica a las comunidades étnicas protegidas con convenios internacionales y sin plena vigencia de la Consulta Previa, Libre e Informada, pero no ha sido impedimento para acusar a los pobladores de delincuentes y terroristas, y encarcelarlos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.