El nuevo Senado peruano inició sus funciones en medio de una serie de controversias que marcaron el comienzo de la restaurada bicameralidad. La elección de sus autoridades mediante voto secreto, la anulación de una papeleta que resultó decisiva para definir la presidencia de la cámara, las restricciones al acceso de la prensa durante la sesión inaugural, los cuestionamientos formulados sobre algunos de sus integrantes y el debate acerca de la correspondencia entre respaldo electoral y representación parlamentaria situaron a la nueva institución en el centro de la discusión política desde su instalación.
Uno de los aspectos que más atención despertó fue el procedimiento utilizado para elegir a las mesas directivas del Congreso. Hasta donde ha podido comprobar este autor, el Perú constituye un caso singular entre las dieciocho repúblicas hispanoamericanas, ya que la elección de las máximas autoridades parlamentarias se realizó mediante voto secreto. En la mayoría de los sistemas presidenciales de la región, estas votaciones son públicas, lo que permite conocer el sentido del voto de cada legislador.
El voto secreto es un principio asociado a la protección de la libertad del elector cuando los ciudadanos eligen directamente a sus autoridades. En el ámbito parlamentario, sin embargo, suele prevalecer el principio de publicidad del voto como mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas de los representantes frente a sus electores.
La elección de la presidencia del Senado se resolvió por un margen mínimo. Una papeleta emitida a favor de la lista opositora fue declarada nula debido a una línea que sobrepasaba ligeramente la casilla correspondiente. Como consecuencia de esa decisión, Miky Torres, segundo vicepresidente de la República, fue elegido presidente de la cámara alta.
La sesión también generó debate por las condiciones en que se desarrolló. El acceso de la prensa al recinto fue restringido y la única señal disponible correspondió a la transmisión oficial del Congreso. Las imágenes disponibles fueron tomadas desde una distancia que no permitía observar con detalle cómo cada senador marcó su papeleta. En consecuencia, no existe un registro visual que permita establecer con certeza quién emitió el voto posteriormente declarado nulo.
En ese contexto surgieron distintas hipótesis sobre la identidad del parlamentario cuyo sufragio fue invalidado. Entre los nombres mencionados públicamente estuvo el de la congresista Silvana Robles, debido a que durante una de las votaciones no mostró su papeleta a las cámaras. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado evidencia concluyente que confirme esa atribución. Robles sostuvo que se trató de un descuido y, durante el Congreso anterior, mantuvo una trayectoria de oposición al fujimorismo, además de haber votado contra la vacancia del entonces presidente Pedro Castillo. La ausencia de elementos concluyentes ha hecho que el episodio permanezca abierto a distintas interpretaciones.
Las controversias también alcanzaron a algunos de los integrantes de la nueva cámara. La sesión inaugural fue presidida por Fernando Rospigliosi, cuya incorporación al Senado había sido objeto de cuestionamientos públicos relacionados con una condena judicial. Asimismo, Absalón Vásquez, exministro de Agricultura durante el gobierno de Alberto Fujimori, asumió un escaño tras el retiro del senador electo Rafael López Aliaga.
La decisión de López Aliaga de no asumir el cargo abrió otro frente de discusión. Elegido senador, optó por no jurar el escaño y anunció posteriormente su participación como primer regidor de Renovación Popular en las elecciones municipales de Lima. Explicó esa decisión señalando que las elecciones generales habían estado afectadas por un supuesto fraude que, según su posición, impidió su acceso a la segunda vuelta presidencial. Al mismo tiempo, los congresistas de Renovación Popular sí asumieron sus curules y posteriormente participaron, junto con otras bancadas, en la elección de las mesas directivas del Congreso. Esa secuencia dio lugar a un debate político sobre la coherencia entre las distintas decisiones adoptadas por el partido y su líder.
Otro aspecto discutido ha sido la relación entre el respaldo electoral obtenido por las organizaciones políticas y la distribución de escaños. En la elección al Senado por Distrito Electoral Único Nacional, Fuerza Popular obtuvo 2,227,962 votos, equivalentes al 15.06 % de los votos válidos, 11.03 % de los votos emitidos y 8.15 % del padrón electoral. Finalmente obtuvo 22 de los 60 escaños, equivalentes al 36.67 % de la cámara.
En la elección de la Cámara de Diputados, Fuerza Popular y Renovación Popular sumaron 3,707,430 votos (25.70 % de los votos válidos, 18.83 % de los votos emitidos y 13.57 % del padrón electoral). Por su parte, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y OBRAS alcanzaron 5,487,585 votos (38.05 %, 27.87 % y 20.08 %, respectivamente), una diferencia de 1,780,155 votos.
En la elección del Senado por Distrito Electoral Único Nacional, esos mismos bloques obtuvieron 3,861,072 votos (26.10 % de los votos válidos, 19.11 % de los votos emitidos y 14.10 % del padrón electoral) y 5,876,190 votos (39.73 %, 29.09 % y 21.46 %, respectivamente), con una diferencia de 2,015,118 votos. En la elección de senadores por distritos regionales, el segundo bloque obtuvo una ventaja de 1,539,898 votos.
La instalación del nuevo Senado también reavivó el debate sobre la reforma constitucional que restableció la bicameralidad. En el referéndum de 2018, la propuesta de restablecer el Senado fue rechazada por el 90.5 % de los votos válidos. Años después, el Congreso aprobó una reforma constitucional que restableció la bicameralidad sin una nueva consulta popular, decisión que ha sido objeto de interpretaciones contrapuestas en el debate público.
El contraste con el Reino Unido ha sido mencionado por diversos analistas. En 2016, la salida de ese país de la Unión Europea fue aprobada mediante un referéndum no vinculante por un margen inferior a cuatro puntos porcentuales y posteriormente fue implementada por los gobiernos británicos. En el caso peruano, el debate gira en torno a la relación entre el resultado del referéndum de 2018 y la posterior reforma constitucional.
Con la instalación de la nueva cámara alta, el debate sobre la transparencia de los procedimientos parlamentarios, la representatividad del sistema y el alcance de las reformas constitucionales ha adquirido un nuevo protagonismo. Esos temas probablemente seguirán ocupando un lugar central en la discusión institucional durante el actual período legislativo.
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