El 28 de junio de 2009 los sectores conservadores nacionales, apoyados por el gobierno de Estados Unidos dieron un golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya, suceso que impondría de facto a un nuevo presidente y que mandaba un claro mensaje: aquí no cambiará nada, Honduras seguirá sometido y subordinado a los intereses […]
El 28 de junio de 2009 los sectores conservadores nacionales, apoyados por el gobierno de Estados Unidos dieron un golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya, suceso que impondría de facto a un nuevo presidente y que mandaba un claro mensaje: aquí no cambiará nada, Honduras seguirá sometido y subordinado a los intereses de Washington, el pueblo no decide. 10 años han pasado de aquel atropello y hoy todo un pueblo se levanta, sale a las calles, resiste y lucha en contra del gobierno golpista, el cual ahora preside Juan Orlando Hernández (JOH); las movilizaciones masivas expresan un mensaje contundente: el pueblo hondureño no se ha ido, no ha sido derrotado y será él finalmente quien decidirá el rumbo de su propio camino. El pueblo manda.
¿Por qué el golpe en 2009?
El entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, un político liberal, terrateniente y empresario maderero, había logrado en tres años de mandato una notable reducción de la deuda externa y el aumento del salario mínimo; con su incorporación al ALBA, Honduras había mejorado significativamente en varios índices económicos y sociales. Zelaya se había propuesto reducir como nunca antes los alarmantes índices de pobreza del país. En el último año de su mandato, impulsó la realización de un referendo constitucional para el 28 de junio de 2009. Unos 400 mil hondureños habían firmado una solicitud de realización del referendo, argumentando que con la constitución vigente desde 1982 era imposible adoptar medidas que permitieran erradicar la miseria e inequidad imperantes en Honduras, donde 7 de cada 10 personas vivían en condiciones de pobreza.
En la noche del 23 de junio, cinco días antes de la fecha propuesta, el Congreso Nacional intentó hacer ilegal el referendo aprobando una Ley Especial que prohibía la realización de referendos o plebiscitos dentro del período de 180 días antes y 180 días después de elecciones generales. El presidente Zelaya desconoció esta decisión del poder legislativo, e insistió en continuar con la preparación del referendo constitucional.
En la madrugada del 28 de junio, la fecha en que se realizaría el referendo, unos 200 militares encapuchados ingresaron por la fuerza en la residencia presidencial y secuestraron al presidente Manuel Zelaya. Fue trasladado a una base de la Fuerza Aérea, para luego ser deportado a Costa Rica. Esta deportación violaba flagrantemente la constitución de Honduras en su artículo 102, en donde se indica que «Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.» La energía eléctrica fue interrumpida a nivel nacional, y todas las emisoras de radio y televisión fueron silenciadas; no hubo comunicaciones electrónicas hasta que el presidente fue deportado a Costa Rica.
Una falsa carta de renuncia de Zelaya, desmentida por este unas horas después, fue discutida en la sesión celebrada en el Palacio Legislativo de Tegucigalpa. En esta falsa misiva estaba dirigida al presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti, y argumentaba supuestos «problemas insuperables de salud» que forzaban a Zelaya a presentar su renuncia «junto con la del gabinete de Gobierno».
Bajo estos argumentos, el Congreso Nacional nombró a Micheletti como nuevo jefe del Estado, quien argumentó: «Llego a la presidencia como producto de un proceso de transición absolutamente legal […] en el estricto respeto y cumplimiento de la Constitución […] y con profunda convicción democrática.» Dentro de Honduras, Micheletti obtuvo el apoyo de la mayoría de empresarios, quienes evitaban hablar de golpe de Estado señalando que hubo una «transición democrática», y financiaron las marchas de la Unión Cívica Democrática, conjunto de organizaciones activistas hondureñas que apoyaban a las nuevas autoridades golpistas. También contó con el apoyo de la Iglesia católica, y los poderes legislativos y judicial.
Posteriormente, la Corte Suprema de Honduras asumió la responsabilidad de lo ocurrido al anunciar que había ordenado al Ejército la expulsión de Zelaya por su insistencia en realizar una consulta popular, declarada ilegal. Se decretó toque de queda en el país, suspendiendo las garantías individuales otorgadas por la constitución, con la intención de frenar la acción popular que exigía la restitución del orden legal del país y el retorno de quien denominaban «el presidente de los pobres». Diversas ONG de derechos humanos denunciaron hasta el día 5 de julio al menos 5 muertos, 70 heridos y más de 600 detenidos como consecuencia de las medidas de excepción decretadas por Micheletti.
Zelaya anunció en una rueda de prensa que volvería a Honduras el 5 de julio, acompañado por el secretario de la OEA, la presidenta argentina Cristina Fernández, el presidente de Ecuador Rafael Correa, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y otras personalidades. Esperaba que los militares se retractarían de su posición golpista, y a pesar de la gran concentración popular pacífica a la espera de su llegada, no le fue posible su entrada al país. Entre las primeras medidas económicas del gobierno de facto se encontraba una disminución del gasto público. También decretó el retiro de Honduras de Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA).
La desestabilización de la voluntad popular y la democracia en Honduras desde entonces ha tenido repercusiones en toda la vida pública del país. La cancelación de las medidas del gobierno de Zelaya para combatir la pobreza, han ido a la par con el aumento de la desigualdad y la corrupción generalizada. Existe un aumento sin precedentes en los índices de migración y de violencia en todo el país. En 2010 Honduras llega a ser el país sin guerra más violento del mundo.
El abogado Juan Orlando Hernández (JOH) resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2014, con una escasa participación ciudadana; su nombramiento se ha acompañado desde entonces de masivas protestas populares contra la corrupción. En 2016, gracias a polémicos cambios realizados a la Constitución el año anterior durante su gobierno, con el fin de legalizar la figura de la reelección presidencial, JOH fue el candidato oficial del Partido Nacional de Honduras para las elecciones generales en 2017, en las que resultó ganador por un estrecho margen.
Esta vez, sin referendo constitucional, sin la aprobación popular, la oligarquía nacional y los poderes corruptos sí celebraron esa modificación espuria de la Constitución. Desde entonces se permite la reelección presidencial sin regulación mediante polémico fallo del poder judicial.
Las manifestaciones de los movimientos sociales no se hicieron esperar, y desde estudiantes, hasta obreros y campesinos han organizado masivas protestas nacionales en contra del gobierno corrupto de Juan Orlando, quien ya había aumentado la desigualdad, la inseguridad y los índices de migración del país en su primer mandato. El gobierno ha respondido a las protestas con detenciones arbitrarias y represión en todo el país. La crisis se profundizó luego de que fueran cuestionadas en su transparencia y justicia por observadores internacionales, propiciando una crisis poselectoral.
Desde el golpe de Estado de 2009 se ha venido profundizando un modelo neoliberal que ha privatizado todos los servicios públicos, los recursos naturales y en este momento pretenden privatizar también la salud pública y la educación. La pobreza abarca al 70% de la población, la cifra más alta de la región, y se ha elevado el número de homicidios a 11 por día.
Situación actual
Por lo tanto, 10 años después del golpe de Estado, se han profundizado las desigualdades económicas y sociales, dando origen a un cúmulo de fenómenos de gran envergadura como es el aumento de la violencia, no sólo en su estilo clásico de agresión física, sino como un sector económico que conforma la trata de personas, el secuestro, el rapto de menores y demás actividades que fortalecen a pandillas y grupos criminales. Esto representa el fracaso del modelo, la putrefacción de la sociedad y lo precario de la vida en ese país para la gran mayoría de la población. Uno de los caminos que les ha quedado tomar a los sectores marginados del país hondureño ha sido la migración, pero en este punto hay que aclarar que no es migración a secas, sino que se trata de una migración forzada.
Desempleo, pobreza, precariedad y violencia creciente son pan de cada día de la gran mayoría de los hondureños, la vida para ellos y, lo más importante, para sus hijos no está asegurada si se quedan en su lugar de origen. «No tenemos miedo a las amenazas de Trump, pero a nuestro país sí que le tenemos miedo», aseguran varios migrantes pertenecientes a una de las caravanas recientes; «No nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza», dicen otros.
No es casual que en las recientes caravanas migrantes la mayoría sean hondureños, existe una conexión directa entre el golpe de Estado de 2009 y el éxodo de migrantes actual.
Cuando el gobierno de Estados Unidos, en su mayoría por boca de Trump, rechaza a los migrantes, es necesario recordar que fue debido al golpe de Estado que promovió y patrocinó el propio gobierno de EUA, que la situación de Honduras es tal como la conocemos hoy. Además, tanto el gobierno de Porfirio Lobo como de JOH han tenido el respaldo, apoyo y aval del gobierno norteamericano; por lo tanto, el principal culpable del éxodo de migrantes tiene que ver directamente con el gobierno de Estados Unidos y con su política intervencionista en el resto de Centroamérica, con la imposición de gobiernos lacayos y títeres al servicio de Washington.
Si Trump realmente no quiere más olas de migrantes, si quiere que su política de negar a las personas su derecho de migrar tenga éxito, si le aterra la «invasión» de migrantes, entonces debería ir al corazón del problema y no respaldar a un gobierno de facto, respetar la democracia en Centroamérica, restablecer en el poder al gobierno electo de Manuel Zelaya y dejar de someter económica y políticamente a los pueblos de la región. Es decir, la crisis migratoria es producto de la crisis económica-social profundizada a partir del golpe de Estado del 2009.
Hoy, a 10 años, el pueblo hondureño se ha levantado dignamente en contra del gobierno de su país, el cual está respaldado por EUA, y ha puesto en primer plano la cuestión fundamental: O son los de arriba, con el respaldo del gobierno norteamericano, o es el pueblo el que manda.
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