Alí Rodríguez es un personaje importante en la transición posneoliberal en América Latina. Fue Ministro de Economía y el responsable de PDVSA durante la era de Chávez, luego fue Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y, posteriormente, Secretario General de la UNASUR. De alguna manera, representa el momento histórico y político que vive la región, […]
Alí Rodríguez es un personaje importante en la transición posneoliberal en América Latina. Fue Ministro de Economía y el responsable de PDVSA durante la era de Chávez, luego fue Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y, posteriormente, Secretario General de la UNASUR. De alguna manera, representa el momento histórico y político que vive la región, de ahí que sus declaraciones den cuenta de la forma que asumen los discursos y la praxis política de los responsables de la transición posneoliberal, al menos en América del Sur.
En un documento publicado por la revista electrónica ALAI («Recursos naturales como eje dinámico de la estrategia de UNASUR», 2014-03-24, www.alainet.org ), Rodríguez expone punto por punto los argumentos del discurso extractivista. Esos argumentos señalan, desde una pretendida posición objetiva, que América Latina en general y Suramérica en particular, no se caracterizan por ser potencias tecnológicas ni financieras y que su mayor riqueza está en sus recursos naturales y en su gente, y que es el momento de utilizar esos recursos naturales para financiar tareas urgentes tanto del desarrollo, como el crecimiento económico, cuanto de la redistribución del ingreso, como la salud y educación.
Este discurso se sintoniza con lo que han expresado y propuesto varios líderes políticos de la región, por ejemplo, la metáfora del presidente ecuatoriano Rafael Correa de que no se podía ser como el mendigo sentado sobre un saco de oro para justificar la privatización de los territorios a las corporaciones petroleras y mineras; el texto «Geopolítica de la Amazonía» del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para justificar el extractivismo en su país, la «Ley de Semillas» (también conocida como «Ley Monsanto») para permitir el mercado de agrotóxicos y transgénicos, por parte de Cristina Kirchner en Argentina, los argumentos del Programa de aceleración del crecimiento (PAC), del PT en Brasil, etc.
En realidad, no se trata de un discurso novedoso, de hecho, fue parte fundamental del debate económico y político que atravesó América Latina desde fines de la segunda guerra mundial y que tendría a la Comisión Económica Para América Latina, CEPAL, como el principal referente teórico y político.
Los teóricos de la CEPAL acuñarían la expresión de «estructuralismo» para comprender las dinámicas y las formas que había asumido la modernización y el desarrollo del capitalismo de la región. Al interior del estructuralismo latinoamericano emergerían posiciones radicales, como aquellas de la Teoría de la dependencia, mientras que la corriente de pensadores marxistas latinoamericanos criticarían al estructuralismo de la CEPAL por no considerar al imperialismo y al capitalismo como las verdaderas trabas a cualquier estrategia de desarrollo.
Sería célebre la expresión de uno de ellos que en condiciones de capitalismo lo único que podría desarrollarse en América Latina era el propio subdesarrollo (Cfr. André Gunder Frank). Al interior de este debate, se consideraba casi de manera unánime que la especialización de América Latina en exportar bienes primarios, como minerales, petróleo, productos agrícolas, maderas, riqueza ictiológica, entre otros, lo único que produciría en la región sería una fuerte dependencia de los centros imperialistas de poder mundial y condenaría a la región a la pobreza.
Hasta los teóricos más alejados de cualquier posición crítica y radical creían que América Latina tenía que salir de la trampa impuesta por las injustas relaciones entre centro y periferia de especializarse en productos primarios. Se veía en la exportación de productos primarios una continuación de los mecanismos de colonización y explotación económica que pervivían desde la época colonial.
Ninguno de ellos consideraba que la renta que podía provenir de la exportación de recursos naturales podía provocar ni crecimiento económico ni redistribución del ingreso; por el contrario, consideraban que, habida cuenta de la estructura de la tenencia de la tierra y la forma que habían asumido los regímenes políticos, la renta de la exportación de productos primarios lo que haría es consolidar a las oligarquías locales y convertir al Estado-nación en un Estado oligárquico y feudal.
De ahí que casi todos ellos hayan coincidido en la necesidad de la industrialización, es decir, la creación de valor agregado a la producción pensando en términos más de mercado interno que del mercado mundial al que siempre lo consideraron, y con razón, como una amenaza. Por ello, propusieron cambios importantes en la tenencia de la tierra, como por ejemplo la reforma agraria, cambios en la política laboral como por ejemplo los incrementos de salarios mínimos y el fortalecimiento de la capacidad sindical de los trabajadores, también propusieron reformas educativas que garanticen el libre ingreso a la universidad y mayor movilidad social, reformas tributarias orientadas hacia los impuestos progresivos, políticas de integración subregional y un control estricto a la inversión extranjera directa, entre otras propuestas.
Todas esas iniciativas se perdieron con el neoliberalismo. El FMI y el Banco Mundial arrasaron con cualquier política de redistribución y de crecimiento endógeno. Impusieron la reprimarización de la economía y se aseguraron que la renta extractiva se utilice exclusivamente para el pago de la deuda externa mediante el dispositivo de las «reglas macrofiscales», amén de que impusieron una agresiva política de privatizaciones, desregulación, apertura total de las economías y flexibilización a los mercados de trabajo y de capitales.
Los pueblos de América Latina vieron perder sus derechos más importantes al tiempo que la economía se hundió y la pobreza se extendió. Cuando los movimientos sociales del continente se movilizaron contra el neoliberalismo y, finalmente, lo derrotaron, su propuesta política y económica tenía como horizonte la soberanía, la redistribución del ingreso y la recuperación de un Estado social diferenciándolo radicalmente del Estado neoliberal.
Por ello, extraña la retórica de que América Latina debería nuevamente especializarse en la exportación de bienes primarios, porque retrotrae el debate y esconde sus verdaderas intenciones. En efecto, el discurso de que la renta de los recursos naturales financiará el crecimiento económico y la redistribución del ingreso es neoliberalismo puro y duro, edulcorado por la presencia de gobiernos «progresistas» que proponen que esas tareas sean realizadas por empresas nacionales.
En realidad, es el discurso de las transnacionales de los commodities, porque son ellas quienes manejan el mercado mundial de su distribución y su conexión con los mercados financieros de futuros, swaps, options, y derivados, independientemente que la producción o extracción de commodities lo haga una empresa nacional o transnacional.
Además, se trata de un discurso manipulador porque la renta de los recursos naturales jamás ha financiado ninguna estrategia de desarrollo y menos aún la redistribución del ingreso, y ahí consta la historia latinoamericana para demostrarlo así como el rico y profundo debate teórico del estructuralismo latinoamericano.
La propuesta de Rodríguez, inter alia, en verdad es el discurso que amplía la frontera del extractivismo tratando de conseguir el consenso necesario en la población para que piense que las rentas que podrían provenir del extractivismo podrían ayudarlos a salir de la pobreza, pero en realidad la ampliación del extractivismo producirá más pobreza, y vulnerará a los más pobres, a la vez que destruirá la naturaleza, las fuentes de agua, la biodiversidad, las culturas ancestrales, y provocará pasivos ambientales y externalidades económicas irremediables.
La expansión del extractivismo privatiza los territorios y hace de la renta extractiva una apuesta geopolítica. ¿Por qué, entonces, los gobiernos de la región apuestan al extractivismo con el falso argumento que éste financiará el crecimiento y la redistribución del ingreso? Porque este discurso encubre el hecho de que ninguno de estos gobiernos hayan realizado una reforma agraria que devuelva la tierra a los indígenas y campesinos, y no lo van a hacer porque esas tierras son, precisamente, el objeto de disputa con las transnacionales del extractivismo; tampoco ninguno de esos gobiernos ha devuelto a los trabajadores la capacidad sindical de luchar por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, todo lo contrario, en la dialéctica del capital siempre han preferido a éste bajo el argumento de que la inversión privada crea empleo y crecimiento.
Estos gobiernos tampoco han llevado adelante una política tributaria progresiva que recaude impuestos desde los grupos económicos más poderosos y sus empresas, de tal manera que los recursos de la tributación directa sean alternativos a la renta extractiva, todo lo contrario, la carga impositiva sigue sobre las espaldas de los más pobres y del conjunto de la población.
¿Alternativas a la renta extractiva? Por supuesto que las hay, pero de la misma manera que el discurso neoliberal establecía la doxa de que «no hay alternativas» (expresión de Margaret Thatcher), asimismo el discurso extractivista cierra el debate para las alternativas. La primera de ellas está a la vista y es la utilización de la política monetaria para financiar tanto al desarrollo cuanto a la redistribución del ingreso.
Pero hay un miedo a utilizar la política monetaria en beneficio de la población y esto se debe a la colonización tanto teórica como práctica que sobre la moneda han realizado el FMI y la episteme neoliberal. Se teme utilizar a la moneda por los efectos inflacionarios que pueda provocar su utilización y se otorga a los bancos privados el manejo de la política monetaria.
El ejemplo quizá más revelador sea el caso del gobierno de Evo Morales quien a fines del 2010 decidió aplicar un ajuste económico elevando los precios de la gasolina para compensar el déficit fiscal (Decreto Supremo No. 748 de diciembre del 2010), mientras tenía reservas monetarias internacionales de 9.73 mil millones de USD que correspondían a más de la quinta parte del producto interior bruto boliviano de ese mismo periodo. No solo ello, sino que posteriormente se enfrentó contra la policía de ese país que reclamaba incrementos modestos en su remuneración básica (solicitaban un salario mínimo de 2000 bolivianos que para la época representaba alrededor de 250 USD), que bien podrían haber sido financiados con una pequeña parte de lo que el gobierno boliviano tenía en reservas monetarias internacionales.
Otro caso paradigmático es el gobierno de Brasil y su política de tasas de interés y de liberalización del mercado de capitales. Los diferentes gobiernos del Partido de Trabajadores (PT), en ese sentido, se mostraron tan neoliberales y ortodoxos como sus antecesores, y respetaron el manejo de la política monetaria que hacían los bancos privados así como de las tasas de interés, consideradas entre las más altas del mundo.
Se teme también aplicar una política tributaria de redistribución que afecte a los grupos de poder y, en ese sentido, quizá el mejor ejemplo sea el caso del gobierno ecuatoriano de Rafael Correa. Durante el periodo de su gobierno, 2007-2013, los grupos económicos ecuatorianos obtuvieron un total de ingresos por cerca de 150 mil millones de USD y pagaron apenas el 2% de impuestos directos sobre esos ingresos. De hecho, para el año 2013 ya controlaban cerca de la mitad del PIB de ese país. Una política tributaria progresiva demostraría que la destrucción de la reserva natural Yasuní, única en el mundo por su biodiversidad, era más una estrategia destinada a proteger los intereses de los grandes grupos económicos y de las corporaciones del extractivismo que una apuesta por redistribuir el ingreso y financiar al desarrollo como trataba de justificar el Presidente ecuatoriano.
No obstante, quizá la alternativa real no sea tanto el financiamiento al desarrollo y la redistribución del ingreso sino incluso la misma noción de desarrollo. Lo que los pueblos de América Latina quieren este momento no es tanto el desarrollo sino más bien salir de él. El modelo de desarrollo es más un constructo ideológico para las elites y las clases medias de la región que para los pueblos que lo sufren. Es un pretexto para apoderarse de los recursos naturales en el festín de los commodities. Para los sectores organizados y los movimientos sociales, el discurso actual no es el desarrollo sino el Buen Vivir y éste, de las declaraciones hechas por las organizaciones sociales del continente, al parecer, nada tiene que ver ni con el desarrollo ni con el crecimiento económico.
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