Ambientalistas e indígenas centroamericanos redoblan esfuerzos para evitar que gobiernos de la región participen en un programa impulsado por el Banco Mundial (BM) que busca incluir a esas naciones en el mercado de carbono, porque afirman que tendrá efectos negativos para el medio ambiente y para las personas. Organizaciones sociales han enviado cartas al Fondo […]
Ambientalistas e indígenas centroamericanos redoblan esfuerzos para evitar que gobiernos de la región participen en un programa impulsado por el Banco Mundial (BM) que busca incluir a esas naciones en el mercado de carbono, porque afirman que tendrá efectos negativos para el medio ambiente y para las personas.
Organizaciones sociales han enviado cartas al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), la instancia del BM que coordina el mencionado programa, exigiendo que sean rechazadas las peticiones de ingreso hechas por gobiernos del istmo o que se aclaren una serie de deficiencias e irregularidades detectadas.
«Hacemos un llamado a los gobiernos de Centroamérica (…) y al FCPF del BM a que revisen y corrijan sus actuaciones», reza la resolución del Encuentro Regional sobre Industrias Extractivas y Políticas Climáticas en Territorios Indígenas de Mesoamérica, celebrado el 17 de agosto en San Salvador, en el que participaron organizaciones indígenas de la región.
Varios gobiernos centroamericanos han iniciado ya el proceso para participar del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD, por sus siglas en inglés), coordinado por el FCPF. Una vez aprobados todos los requerimientos de ingreso, en manos del llamado Comité de Participantes, los países podrán ingresar al mercado de compraventa de carbono del FCPF, de US$215 millones.
El Salvador envió el 1 de junio al FCPF una nueva versión del documento con el que pretende ir cumpliendo con los requisitos para entrar a REDD en el proceso conocido como de preparación, que puede extenderse hasta finales de año. Los requisitos tienen que ver con el desarrollo de sistemas para monitorear, medir y verificar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que causan el calentamiento global. También incluyen la puesta en marcha de salvaguardas sociales y ambientales, las cuales no se están ejecutando, según las organizaciones demandantes. Honduras, Nicaragua y Panamá también se encuentran en el mismo proceso.
REDD es un complejo mecanismo de desarrollo limpio (MDL) incluido en el Protocolo de Kioto sobre cambio climático, aprobado en 1997, cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. Cada país que ha ratificado el Protocolo de Kioto tiene asignadas cuotas de emisión de GEI que no debe sobrepasar. Si un país o empresa ha sobrepasado esos límites y no cumple con sus cuotas de reducción de GEI, tiene la posibilidad de comprar créditos o bonos de carbono.
Un bono de carbono es el derecho a enviar a la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono (CO2), uno de los seis GEI. Esto quiere decir, por ejemplo, que si una empresa que tiene un límite de emisión de 100,000 TM de CO2 anuales, supera esa meta y emite 10,000 TM más, debe adquirir bonos de carbono equivalentes a ese exceso. A su vez, los proyectos que dejan de emitir GEI pueden obtener Certificados de Reducción de Emisiones (CER); cada CER representa una TM que se deja de emitir a la atmósfera y puede ser vendido en los mercados de bonos de carbono. A este sistema se le conoce como MDL y REDD tiene que ver con temas forestales, ya que la quema o tumba de bosques generan GEI.
Estos bonos se negocian en dos tipos de mercado: el oficial, regulado por el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que establece las certificaciones, y el voluntario no regulado, en el cual ciertas empresas compran bonos de mercados futuros, como si fuera una bolsa de valores.
Críticas a REDD
El programa es duramente cuestionado por organizaciones civiles centroamericanas e internacionales, porque advierten que esa es una forma de que los países ricos soslayen su responsabilidad de reducir sus emisiones de GEI.
«En lugar de implementar políticas que lleven a una reducción de sus emisiones, las naciones industrializadas quieren seguir con sus mismos patrones de consumo», dijo a Noticias Aliadas Yvette Aguilar, experta salvadoreña en cambio climático. «Y mejor pagan a los países pobres para que lo hagan por ellos».
En junio pasado, la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá se quejó en una carta dirigida a funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente y a la representante de las Naciones Unidas en Panamá, Kim Bolduc, por no destinar los recursos financieros prometidos para desarrollar proyectos sociales en los territorios indígenas.
En principio esos fondos estarían disponibles como parte del esfuerzo gubernamental para incluir a los pueblos autóctonos en el programa REDD que el gobierno está impulsando con el auspicio de las Naciones Unidas, conocido como UN-REDD.
«Nos sentimos utilizados en este proceso», dice la carta.
Poco antes, una veintena de organizaciones civiles salvadoreñas escribieron también al FCPF, rechazando el proceso de inclusión a REDD en el que se encuentra el gobierno, y demandando que esa petición sea vetada porque de aprobarse «habría graves implicaciones para la sociedad salvadoreña, aumentando su vulnerabilidad y la frecuencia de los desastres».
Eso, en la medida en que el programa no ataca el problema de fondo, como es el que las naciones que más contaminan, las industrializadas, hagan un esfuerzo serio por bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, dicen los expertos consultados.
Por su parte, la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) denunció en febrero pasado que el gobierno de ese país está dispuesto a llevar a cabo el proceso para participar del programa REDD sin consultar a esas comunidades indígenas y afrohondureñas.
«Es una violación a nuestros derechos, ya que como pueblos desconocemos el contenido y el alcance del programa, y tampoco se ha obtenido el consentimiento libre e informado como lo mandan las directrices del FCPF», señala la CONPAH en una carta dirigida al ministro de Recursos Naturales y Ambiente de ese país, Rigoberto Cuéllar.
La CONPAH exigió la suspensión de toda actividad relativa al REDD en los territorios indígenas y afrohondureños.
Reducción de emisiones
La experta salvadoreña Maritza Erazo dijo a Noticias Aliadas que esos programas REDD pueden implicar el desalojo de las comunidades que habitan en los bosques, pues se deben cumplir a cabalidad los contratos que obligan a mantener intactas las áreas boscosas, lo que implica que no se pueden realizar ningún tipo de actividades productivas.
«Cuando este mecanismo se aplique, eso puede afectar a las comunidades indígenas o campesinas que allí viven, porque puede cambiarles su forma de vida; ellas ya no podrían por ejemplo hacer uso de la madera, para viviendas o combustible, porque eso podría considerarse como degradación del bosque», dijo Erazo.
Los expertos consultados concordaron en que, además de los efectos para las comunidades y las personas, es el planeta el que está en juego, si no se reducen las emisiones de GEI. Y el programa REDD permite que las naciones industrializadas, las que más contaminan, no las reduzcan.
En las conferencias internacionales sobre cambio climático de Cancún, México, celebrada en noviembre del 2010, y la de Durban, Sudáfrica, en noviembre del 2011, las naciones industrializadas se desligaron de la obligación de bajar sus emisiones, como lo había establecido el Protocolo de Kioto, y en su lugar han ofrecido negociar en el 2015 una reducción que recién entrará en vigor en el 2020.
Ángel Ibarra, presidente de la no gubernamental Unidad Ecológica Salvadoreña, dijo a Noticias Aliadas que, así como está impactando el cambio climático, se necesita que las emisiones de gases de efecto invernadero bajen en un 50% hacia el 2020 para que el aumento de la temperatura del planeta no supere el 2°.
«De lo contrario, la temperatura subirá a 4°, con serias repercusiones para la vida», acotó.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.