(Conferencia organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Nacional de la Universidad de Panamá (SITEN–UP), 23 de abril de 2021).
Hace 157 años, en abril de 1857, don Justo Arosemena, a raíz del Incidente de la Tajada de Sandía, advirtió que el Istmo podría ser absorbido por fuerzas exógenas o externas y que, ante tal reto, Panamá debía construir un Estado independiente bajo el amparo de las principales potencias.
Hoy nos toca trazar una visión de nuestro devenir a raíz de la Masacre — mal llamada invasión — de Panamá y de las consecuencias que tuvo y tiene para nuestro país. Para los antecedentes, recomendamos nuestra obra, El Monopolio del Canal y la Invasión de Panamá (Editora Chen, 2019), con prólogo del Dr.Juan Carlos Mas y comentarios del general Manuel Antonio Noriega y del ex canciller Juan Antonio Tack.
Para Washington, los objetivos a corto plazo de la invasión fueron cuatro: (A) abrogar los Tratados Torrijos-Carter; (B) remilitarizar a Panamá mediante los acuerdos post–invasión y (C) convertir a Panamá en una gran base, plataforma o sitio para operaciones de avanzada o “Forward Operating Location” (FOL). El cuarto objetivo fue y es convertir a Panamá en satélite, marioneta o títere de EE.UU.
A partir de estos cuatro objetivos, delinearemos los retos que enfrenta nuestro país para recuperar nuestra identidad e independencia nacional y declarar la neutralidad de Panamá.
I. OBJETIVOS DE LA MASACRE DE 1989:
(A) ABROGAR LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER.
Según el Memorándum Secreto-Sensitivo del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. (3 de marzo de 1986): “Nuestro objetivo es desestabilizar al país sin arriesgar nuestra presencia e influencia allí y al mismo tiempo TENER UNA BASE LEGÍTIMA PARA ABROGAR LOS TRATADOS TORRIJOS-CARTER. Nuestra política debe desarrollarse a lo largo de las siguientes líneas: una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar a Panamá, acusando…particularmente al General Noriega, de tráfico de drogas…y de estar vinculados a los servicios de inteligencia cubano y de EE.UU. Nada debemos hacer para refutar o negar estos cargos, pero al mismo tiempo debemos cuidar de que EE.UU. no aparezca involucrado en esta campaña.” (Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión, pág. 82, Editorial Chen, 2019).
Este Memorándum Secreto-Sensitivo retrata de cuerpo entero los manejos turbios y traicioneros de la política exterior de EE.UU.: engañaron a la mayor parte de la población, con la complicidad de la Cruzada Civilista, afirmando que el propósito era “acabar con la dictadura.” Este Memo Secreto-Sensitivo sostiene que la finalidad verdadera era abrogar los Tratados Torrijos-Carter. De este Memo Secreto-Sensitivo, solo se hicieron 7 copias.
La Masacre de Panamá (mal llamada invasión) violó los dos Tratados Torrijos-Carter.
(B) REMILITARIZAR A PANAMÁ CON LOS ACUERDOS POST-INVASIÓN.
EE.UU. debía abrogar de facto (no lo podía hacer legalmente sino con trampas) el Tratado de Neutralidad que les impedía reimplantar el control en y desde Panamá sobre Latinoamérica (Artículo V, que prohíbe presencia militar extranjera después del 2000).
La invasión tuvo el propósito de provocar un vuelco de 180 grados en la historia de Panamá para subyugarnos más que en el siglo XX con el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903. A pesar de la presión internacional a raíz de la invasión, no pudiendo abrogarlos, EE.UU. saboteó los Tratados Torrijos-Carter: primero, a través de enmiendas ilegales del Senado desde 1978; segundo, mediante dos procedimientos irregulares.
Los procedimientos irregulares se realizan, por un lado, a través de un conjunto de acuerdos y arreglos internacionales entre entidades y funcionarios subalternos del gobierno panameño (no autorizados para firmar) y funcionarios subalternos de la embajada de EE.UU. Algunos ejemplos son los canjes de notas entre Frederick Becker de la embajada de EE.UU. y la Autoridad del Canal de Panamá; verbigracia, el Canje de Notas Alemán Healy-Becker de 2001 y el Canje de Notas Alemán Zubieta-Becker de 2002, ambos bajo la presidenta Mireya Moscoso (1999-2004). La ACP no está facultada por la Constitución para firmar tratados, mucho menos EN INGLÉS EXCLUSIVAMENTE, como ocurrió con el Acuerdo Alemán Zubieta-Becker.
Por otro lado, EE.UU. también saboteó los Tratados del Canal mediante acuerdos y arreglos directos entre Washington e instituciones no facultadas para firmar tratados, como el Ministerio de Gobierno y Justicia; la Autoridad del Canal de Panamá; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Seguridad; la Policía el SENAN y el SENAFRONT.
Como ejemplo, mencionemos el Acuerdo Arias-Hinton de 18 de marzo de 1991, que permitió la libre navegación de nuestros mares territoriales por parte del Servicio de Guardacostas de EE.UU., firmado por el Ministro de Gobierno y vicepresidente de la República, Ricardo Arias Calderón; del cual se desprende el Arreglo Complementario Salas-Becker de 2 de febrero de 2002, suscrito igualmente por otro Ministro de Gobierno, Aníbal Salas.
Ambos acuerdos carecían y carecen de valor porque un país ocupado (y Panamá lo era) no podía celebrar tratados. ¿Por qué no lo firmó quien debió hacerlo: el canciller de la invasión, Julio Linares? Arias Calderón no estaba facultado para firmar tratados por la Constitución tampoco.
El Arreglo Complementario Salas-Becker es, a su vez, la fuente de la actual Coordinadora Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN), firmado por el Ministro de Seguridad Juan Pino, que tampoco estaba facultado para firmar acuerdos internacionales. Antes de Juan Pino, el Ministro de Seguridad, Jonathan Del Rosario también firmó acuerdos con EE.UU. Y así ocurre sucesivamente con más de 20 instrumentos de carácter militar entre Panamá y EE.UU., en su mayoría desconocidos por nuestro pueblo, que no pasaron por el tamiz de la Asamblea Nacional y que son secretos.
El conjunto de los acuerdos post invasión autoriza toda clase de actividades militares en y desde suelo panameño en Latinoamérica que contradicen el Tratado de Neutralidad y que superan con mucho esas mismas actividades de antes de 1977. Resumiendo: EE.UU, tiene muchos más derechos militares ahora en 2021 que con el Tratado de 1903, puesto que EE.UU. actuó entonces “como si fuera soberano” para todos los fines bajo protesta de Panamá.
Su Talón de Aquiles es su ilegalidad y nulidad ante el Derecho Internacional y la Constitución Nacional. Por eso, hemos dicho que EE.UU. debía abrogar de facto o fraudulentamente los tratados del Canal.
(C) CONVERTIR A PANAMÁ EN UNA GRAN BASE, PLATAFORMA O SITIO PARA OPERACIONES DE AVANZADA O “FORWARD OPERATING LOCATION (FOL)”.
El resultado inmediato de este proceso de prestidigitación fue y es convertir a Panamá en un portaaviones desde el cual lanzar ataques a países objetivos como trampolín directamente, utilizando a militares panameños como “carne de cañón” o fuerza cipaya contra pueblos hermanos. Lo anterior se posibilita con la existencia de Bases Aeronavales en ambos océanos y de conformidad con el “Plan Maestro contra Venezuela”, propuesto y expuesto el 18 de febrero de 2018, por el jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, que está siendo implementado en estos momentos (Julio Yao, “A propósito del CROAN – Las bases liliputienses de Panamá y el Plan Maestro contra Venezuela”, ALAI-AMLATINA, 31 de marzo de 2021).
Según este “Plan Maestro”, Panamá aportará el uso de los Aeropuertos de Tocumen, Howard, Albrook Field, Río Hato y el Centro Humanitario de la ONU, en Panamá Pacífico. También se usarán hangares, vehículos y otras facilidades de EE.UU. en la base aérea Mayor Salvador Córdoba, en Nicanor, provincia de Darién. Además, el Comando Sur obligará a Panamá a aportar más militares (que Panamá no tiene por mandato constitucional y que no pueden estar bajo el mando de militares extranjeros) (José Arcia, “EE.UU. y Panamá inauguran hangar en base aérea de Darién”, La Estrella de Panamá, 6 de febrero de 2019).
A este respecto, John Lindsay Poland, sostiene: “Argumentando que la policía panameña no está organizada ni dotada para controlar las incursiones de los insurgentes colombianos, el jefe del Comando Sur, General Charles Wilhelm, dijo en junio (2019) que la entidad ‘intensificaría nuestro compromiso’ con la policía panameña. Tenemos una responsabilidad bajo el Tratado de Neutralidad, y sabemos que tenemos la obligación de intervenir, o en cooperación con los panameños o unilateralmente«(https://www.envio.org.ni/articulo/989). Dicho de otro modo, EE.UU. está dispuesto a recuperar las viejas bases militares aún sin el consentimiento de Panamá. (Enmienda DeConcini y Enmienda Nunn).
Se trata, en efecto, de una operación a gran escala para derrocar al gobierno del presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que se utilizarán, aparte de Panamá, diversos FOLS en Martinica, Puerto Internacional de Reina Beatrix, y otros en el Caribe frente a Venezuela.
A partir de la invasión de 1989, EE.UU. planificó secretamente recuperar el control militar sobre Panamá y ampliar ilimitadamente sus derechos en nuestro país. Con ello, se ha revertido el proceso de desmilitarización previsto en el Tratado el Canal y la Declaración Tack Kissinger de 1974 – Declaración que tuve el honor de elaborar por encargo del Canciller y Jefe Negociador (hasta el 31 de diciembre de 1976), Juan Antonio Tack.
Dicha Declaración le puso fecha de terminación a la presencia militar extranjera, el 31 de diciembre de 1999, y no permitía ningún acuerdo a perpetuidad, tal como sucede en el presente. Los responsables del Tratado de Neutralidad, de su violación sistemática y de no denunciar las violaciones de EE.UU. recaen en Aristides Royo y Adolfo Ahumada. El primero fue presidente de la República y es el actual Presidente de la Junta Directiva de la ACP.
Sin embargo, la responsable principal de la remilitarización de Panamá fue la presidenta Mireya Moscoso, viuda del presidente Arnulfo Arias, quien aconsejó a sus seguidores más fieles no permitir que su esposa interviniera en política (no le hicieron caso al Fuehrer). Fue la presidenta Moscoso quien autorizó la remilitarización a través de los Fundamentos para la Seguridad Nacional de Panamá (FPPS).
II. RECOLONIZACIÓN DE PANAMÁ.
A la anterior remilitarización se suman diversos acuerdos entre EE.UU. y Panamá mediante los cuales se recoloniza a nuestro país. Entre éstos citamos solo los conocidos públicamente: el Memorándum de Entendimiento de 17 de agosto de 2018, suscrito por David Malpass, Subsecretario para Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, bajo el programa “América Crece”, que facilita la distribución de gas licuado para Centroamérica y el Caribe por parte de empresas estadounidenses. Dicho acuerdo apunta a bloquear la cooperación entre China y Panamá. Adviértase que David Malpass es funcionario subalterno de Washington.
Súmese a lo anterior el Memorándum de Entendimiento del 20 de agosto de 2019, entre Robert O’Brien, Consejero de Seguridad Nacional bajo el presidente Donald Trump, y el Ministro de Economía, Héctor Alexander, que no estaba facultado por la Constitución para firmar tratados. Este Memorándum de Entendimiento permite a empresas capitalistas estadounidenses monopolizar y explotar recursos energéticos y construir infraestructura (recursos hídricos, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, instalaciones logísticas, transmisión de electricidad). Este Memorándum de Entendimiento viola y contradice la Declaración Presidencial Varela-Xi, de diciembre de 2007, y obedece a la campaña “América Crece” que jefatura O’Brien contra China en Latinoamérica y el Caribe. Desconocemos si el presidente Biden la continuará o no.
Si sumamos a esto la ingerencia de la DEA y del FBI en asuntos judiciales, penales y bancarios de Panamá, observamos que nuestro país está totalmente arrodillado ante EE.UU., que carecemos de independencia nacional y que podríamos perder nuestra razón de ser internacional.
El resultado final de la remilitarización y la recolonización es embridar a Panamá nuevamente como satélite de EE.UU. e impedir que nuestro país acceda a la neutralidad plena de su territorio.
III. QUÉ SOMOS Y QUÉ QUEREMOS SER.
Si no frenamos la creciente dependencia y sujeción a los dictados de Washington, Panamá puede convertirse en un protectorado de EE.UU. El protectorado es un tipo de administración que permite el derecho internacional cuando un Estado no puede cumplir en totalidad con sus responsabilidades diplomáticas y de seguridad, por lo cual otorga a un Estado más fuerte estas competencias a cambio de una serie de beneficios preestablecidos (Wikipedia). ¿Cuáles son nuestras opciones?
(A) Defender el Estado Nacional, presionando al gobierno de Panamá para que cese su subordinación a Washington.
(B) Presionar al gobierno nacional (Ministerio de Relaciones Exteriores) para suspender la firma de tratados, acuerdos o arreglos internacionales con EE.UU. por parte de funcionarios subalternos de Panamá o de EE.UU. Solamente pueden suscribir tratados el Presidente de la República, el o la canciller o los negociadores especialmente facultados.
(C) Presionar para que la Asamblea Nacional publique y rechace las decenas de acuerdos post Invasión.
(D) Presionar para que la Asamblea Nacional se comprometa a rechazar los acuerdos y tratados internacionales, especialmente cuando rozan o estén en conflicto con nuestros intereses nacionales (soberanía, independencia política, integridad territorial, jurisdicción, Canal, plebiscito).
(E) Presionar para declarar la neutralidad total de Panamá a fin de alejarnos de conflictos y guerras ajenas y para mantener relaciones pacíficas de amistad y cooperación con todos los países del mundo.
IV. ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Para los anteriores fines, es necesario influir en el Gobierno Nacional o construir uno nuevo que satisfaga nuestras necesidades sociales y salvaguarde la neutralidad y la paz. En cualquiera de los dos casos, es urgente crear un Movimiento Nacional que integre a las más importantes organizaciones del país para que enarbole la independencia nacional como única bandera.
Si no lo intentamos, Panamá se convertirá en un Estado satélite, Estado marioneta o gobierno títere (Wikipedia) del imperio más perverso de la historia. (Julio Yao, “EE.UU., el imperio más perverso de la historia”, La Estrella de Panamá, 3 de marzo de 2020).
Si, a raíz del Incidente de la Tajada de Sandía, don Justo Arosemena advirtió contra la posible absorción del Istmo por fuerzas extranjeras y propuso (1857) la conformación en Panamá de un Estado soberano y hanseático bajo la protección de las grandes potencias de la época, nosotros proponemos, desde la Universidad de Panamá, que luchemos por recuperar nuestra soberanía mediante la eliminación de los Acuerdos post-invasión o Salas-Becker; declarar la neutralidad de Panamá sin el padrinazgo de las grandes potencias y de la instauración de un orden multilateral que ponga fin al unilateralismo y la opresión internacional.
Éste el reto que hoy lanzamos al país.
Julio Yao. Exagente ante la Corte Internacional de Justicia, Analista Internacional, ex Asesor de Política Exterior, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP).