El 2 de enero cumplieron 20 años de apertura al público los archivos de la policía secreta, o Stasi, de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Es aniversario de un hecho clave para el desarrollo del debate público y la conciencia histórica moderna. Por eso está siendo observado todo este mes con exposiciones, y ciclos […]
El 2 de enero cumplieron 20 años de apertura al público los archivos de la policía secreta, o Stasi, de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Es aniversario de un hecho clave para el desarrollo del debate público y la conciencia histórica moderna. Por eso está siendo observado todo este mes con exposiciones, y ciclos de conferencias. El fin de semana pasado visité las antiguas instalaciones de la Stasi, que son hoy museo y archivo, un complejo gigantesco de bloques de la vieja arquitectura estalinista.
La Stasi fue una de las la policías secretas más grandes que jamás haya tenido país alguno. El cuerpo de policía secreta tenía 97 mil empleados de tiempo completo en una población de 17 millones. Para darse una idea de lo que eso significa, en tiempo de los nazis, la Gestapo tuvo 32 mil empleados, para una población de 80 millones. A esa cifra hay que agregar la de los 170 mil informantes regulares (con contrato firmado). Si se considera que cada año se retiraba 10 por ciento de esos informantes para agregar otros tantos nuevos, que la GDR existió durante 40 años, y que se pedían informes con bastante libertad a los 2 millones de miembros del Partido Comunista, queda claro que una proporción significativa de la población adulta tuvo alguna vez la experiencia de ser informante confidencial de la policía secreta.
Seis millones de alemanes eran objeto de informes confidenciales. Se puede decir que la sociedad entera estaba infiltrada. Esto no quiere decir que todo mundo era un delator, ni que todos los ‘delatores’ dijeran siempre la verdad. De ninguna manera. Significa, sencillamente, que cada vez que un individuo recibía alguna ventaja en el trabajo, o que quería viajar, o que hubiera cometido alguna infracción, podía ser presionado para dar información sobre compañeros, amigos o parientes. A esto hay que agregar el sinnúmero de teléfonos intervenidos, cateos, intervención de correos, registro paquetería, uso de médicos como informantes, etcétera. Cuando la policía quería informes de una persona renuente, recurría al chantaje, a alimentar a su víctima con información falsa, o a amenazar con repercusiones a sus hijos, para nombrar sólo algunas técnicas rutinarias.
A la caída el Muro de Berlín, pasaron meses antes de que se sacara a la Stasi de su edificio. La agencia los aprovechó para triturar expedientes. Las máquinas trituradoras de papel trabajaron 24 horas al día, siete días por semana. Pero era demasiado papel: habían más de 180 kilómetros lineales de expedientes. Se habían llenado 15 mil 587 sacos de papel rasgado cuando, el 15 de enero de 1990, un grupo de ciudadanos de la RDA, dirigidos por el valiente Joachim Gauck, tomó el edificio y detuvo la destrucción de la documentación.
Con la unificación alemana vino, al principio, la idea de mantener cerrados estos archivos, o de permitir la consulta de expedientes sólo a discreción de las autoridades, y con nombres de agentes y delatores censurados, como se hizo en los demás países comunistas de Europa oriental. Esta cerrazón hubiera implicado la posibilidad de seguir usando los expedientes por parte de la policía, o de otras agencias de inteligencia internacionales. Pero gracias al movimiento ciudadano -y a las peculiaridades de la situación alemana, que mezclaba el reto de la unificación con el tema tan sensible de la verdad histórica en el país del nazismo y del Holocausto- se optó por abrir los archivos. Hoy laboran mil 700 archivistas e investigadores en la restitución de archivos triturados, y la unificación de la información para la consulta.
La fórmula de apertura fue novedosa. Los ciudadanos tienen derecho de ver sólo sus propios expedientes -pero completitos, incluido los nombres reales de quienes los espiaron y delataron- y se permite también investigación social y judicial con base en los expedientes, bajo ciertos criterios y restricciones, para el fin de hacer una valoración pública sobre la actividad de la policía secreta.
El resultado de esta política fue, de una parte, bastante traumático. Conozco a personas que han optado por no pedir su expediente, para no saber quiénes los delataron. Hay demasiados ejemplos de esposos que dieron informaciones sobre sus cónyuges, por ejemplo. Varios héroes de la cultura de la RDA tuvieron que explicar por qué fueron informantes de la policía, y cuál el sentido de sus actos. Hubo casos de personas que habían dado información falsa para proteger a sus seres queridos, y que aparecían simplemente como delatores. Mucha dificultad. Mucho dolor. Pero, con todo, la fórmula de apertura ha sido ejemplar para la discusión mexicana de leyes de archivos, y ofrece el mejor caso para entender por qué la información personal y los derechos civiles deben ser protegidos. En la época actual, donde existen bases de datos amplísimas que se compran y se venden sin que uno siquiera se entere, vale la pena reflexionar sobre esta siniestra historia orwelliana.
* Universidad Columbia
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/opinion/023a2pol