La oposición habla de un traje hecho a la medida para que se suspenda el juicio que el primer ministro tiene pendiente en Milán, donde se le acusa de haber ordenado el pago de 600 mil dólares al abogado británico David Mills, a cambio de un falso testimonio en dos juicios a Berlusconi de los años 90.
El Senado italiano aprobó este miércoles la controvertida ley, bautizada por la oposición como «Salven al primer ministro», que allana el camino para que se suspenda el juicio por corrupción contra el jefe de gobierno, Silvio Berlusconi.
Esta ley, que forma parte de un paquete de medidas de seguridad, contó con 160 votos a favor y 11 en contra, así como el abandono del pleno de los principales partidos de centroizquierda en señal de protesta.
La medida fue presentada por los aliados conservadores de Berlusconi con el objetivo de despejar los juzgados saturados y a fin de que los magistrados se centren en los delitos más graves como los de la mafia o el terrorismo.
La medida aprobada prevé la suspensión durante un año de los juicios por supuestos delitos cometidos antes de mediados de junio de 2002 a excepción de los delitos de sangre, los relacionados con la mafia y aquellos que conlleven una condena de más de diez años de prisión.
No obstante, la oposición habla de un traje hecho a medida para que se suspenda el juicio que el primer ministro tiene pendiente en Milán, donde se le acusa de haber ordenado en 1997 el pago de 600 mil dólares a su codefendido el abogado británico David Mills, a cambio de un falso testimonio en dos juicios a Berlusconi de los años 90.
Tanto Berlusconi como el marido (ahora separado) de la ministra encargada de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Tessa Jowell, negaron los cargos.
Según los medios italianos, se está a punto de fallar el veredicto en los tribunales de Milán, que comenzó en marzo de 2007.
Berlusconi, un multimillonario con todo un imperio mediático, ha sido acusado en varias ocasiones de utilizar su cargo público (fue primer ministro en dos ocasiones entre 2001 y 2006) para proteger sus intereses privados.
El jefe de gobierno italiano, elegido en las urnas en abril, negó sin embargo estas acusaciones y esa semana recurrió de nuevo a su defensa estándar: magistrados de «extrema izquierda» han montado «juicios fanstasmas» contra él como parte de una «vendetta» política.
Además propuso reintroducir una ley de inmunidad que blindaría a los principales cargos del país de la persecución judicial.
Esta semana, el abogado de Berlusconi presentó formalmente una solicitud para retirar del proceso a la jueza Elisabetta Gandus. Los jueces indicaron que ella es parcial.