Las políticas de contención del gasto público a ultranza, presentadas como saludables e ineludibles, deben ser impugnadas por sus devastadoras consecuencias económicas y sociales

«Es de sobra conocido que las grandes corporaciones tienen miles de grupos de presión cuyo objetivo es influir y condicionar la agenda de las instituciones comunitarias», escribe Fernando Luengo

Tanto la agenda de corto plazo como las políticas de mayor calado estructural, que necesariamente deben estar conectadas, tienen que inspirarse en el criterio de justicia social, en la redistribución de la renta, la riqueza y los recursos disponibles.

«Las únicas rentas que la CEOE contempla con preocupación son las de naturaleza salarial, mientras que calla sobre las escandalosas retribuciones que perciben las élites empresariales», analiza Fernando Luengo.

Se nos ha contado que el virus que ha ocasionado la pandemia de la COVID-19 era “democrático” porque afectaba a todo el mundo sin distinción de países ni clase social. Y, en efecto, era un cuento; como tantos otros cuentos que pasan por ser información acreditada e incuestionable. Lo cierto, por el contrario, es que la difusión de la enfermedad y, sobre todo, el tratamiento y la respuesta a la misma han conocido fronteras y, por supuesto, ha sido muy diferente dependiendo del estatus social de cada cual.

La pandemia ha abierto la posibilidad, yo diría que la necesidad, de reenfocar algunos de los postulados que la ortodoxia económica daba por incuestionables. Uno de ellos es el que concierne con las pretendidas ventajas de la “globalización”, término impreciso, un verdadero cajón de sastre, donde se ha instalado uno de los paradigmas sagrados del pensamiento conservador.

«Digan lo que digan, las transferencias procedentes de Europa sí son reembolsables, en absoluto son un regalo, tienen un coste, y no es pequeño», sostiene el economista Fernando Luengo