Amnistía Internacional ha publicado este martes un informe sobre los casos de presunta sustracción de menores en España durante más de 50 España, desde la Guerra Civil hasta los años 90. La ONG concluye, tras investigar durante tres años sobre los llamados ‘bebés robados’, que miles de personas en nuestro país pudieron ser víctimas de “desaparición forzada” o de “sustracción y sustitución de identidades”.

Hace poco Pilar descubrió una historia familiar oculta. Su madre tenía un primo al que llamaba “Fernandito” que quería como a un hermano, ya que se habían criado juntos. Cada vez que ella le nombraba, las lágrimas la interrumpían. Al morir su madre, Pilar descubrió una caja donde se escondía un documento de la Cruz Roja que informaba de la muerte de Fernandito. El nombre de Fernando Salcedo apareció en la lista de españoles víctimas de los campos de concentración nazis que el Gobierno publicó hace año y medio. El joven tenía 22 años cuando se alistó para combatir por la República y, tras huir por Francia, fue detenido y trasladado a Gusen, el campo de concentración nazi llamado “el matadero” de Mauthausen. Cuando murió tenía solo 25 años. Pilar todavía se emociona cuando cuenta la historia.

Hace tiempo que los sanitarios llevan denunciando las carencias que sufre la Atención Primaria y repercuten en su salud y los pacientes durante la covid-19. El colectivo de médicos AP Se Mueve interpuso una demanda colectiva contra la Consejería de Sanidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad por sus condiciones de trabajo, que han empeorado con la pandemia del covid-19. El juicio se celebra este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la capital, mientras se registra el peor número de contagios desde que comenzó la pandemia.

Un 23 de enero de 1977 un comando ultraderechista asesinó a Arturo Ruiz en Madrid. Ocurrió en una manifestación que reclamaba la amnistía para los presos del franquismo. Al día siguiente, en una protesta convocada por este crimen, un bote de humo lanzado por la Policía mató a la estudiante Mari Luz Nájera. Unas horas más tarde se produjo la más conocida matanza en el despacio de los abogados laboralistas de Atocha, que dejó cinco víctimas mortales. Se trata de la “semana negra” de Madrid. Aquello de que la Transición fue un período pacífico en España queda en entredicho con estos asesinatos y otros crímenes en todo el país que ocurrieron durante años posteriores a la larga dictadura.

Varias asociaciones de memoria histórica y de víctimas del franquismo llevan este martes al Congreso de los Diputados sus conclusiones sobre la futura Ley de Memoria Democrática del Gobierno. Consideran que el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno no garantiza la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes del franquismo y, en consecuencia, reclaman que “se produzcan modificaciones necesarias para acabar con la impunidad”, indica a cuartopoder uno de sus portavoces, Arturo Peinado.

España ha regresado de nuevo al estado de alarma. Durante la primera oleada de la covid-19, ya utilizamos este precepto regulado por el artículo 116 de la Constitución. Los posibles errores o lagunas en su aplicación pudieron ser mitigados por la urgencia de tomar medidas drásticas para luchar contra la expansión del virus. Partíamos de un consenso generalizado en la necesidad de articular una respuesta pronta y efectiva. Siete meses después vuelve a plantearse esta medida con una duración mayor, seis meses, y las costuras del nuevo Real Decreto se analizan desde otra perspectiva más crítica

La gran mayoría de las inmobiliarias discriminan a las personas que buscan vivienda de alquiler en España si son migrantes. Siete de cada diez de las contactadas por la ONG Provivienda rechaza de forma explícita alquilar a estas personas, mientras una amplia mayoría de las inmobiliarias restantes acepta otras formas más sutiles de discriminación. El rechazo aumenta para las familias extranjeras con hijos, especialmente las monomarentales.

Una rápida búsqueda en Google arroja resultados poco alentadores con la regulación del alquiler. “Pablo Iglesias acecha al propietario con la regulación (…)” (Libremercado), “Los riesgos que se pueden derivar de una excesiva regulación” (Cope), “El Gobierno limitará el precio del alquiler con la oposición de organismos y expertos” (Idealista). Aunque hay una extensa literatura a favor y en contra de este control de precios, hay una férrea resistencia bien posicionada en Internet y algunos medios de comunicación. La medida forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos, y ya es realidad en Catalunya, donde en septiembre entró en vigor una ley para controlar el precio del alquiler en las zonas con más demanda de vivienda.