El 6 de abril de 1996, ocho activistas saboteaban con una acción pacífica, pública y no violenta las obras del embalse de Itoiz, en Navarra, una de las mayores acciones de desobediencia civil en el Estado español de todos los tiempos.

El tercer casero privado de España incluye cláusulas abusivas en contratos de 8.000 hogares. Casi mil de ellos se niegan a pagar aumentos que superan el 20%, burlando las leyes de alquileres y vivienda.

Crecen los partidos de derecha radical que vinculan una crisis de acceso a la vivienda generalizada en toda la región con discursos anti inmigración.

Medios de derechas y de izquierda españoles ceden a dos empresas israelíes que defienden el genocidio en Gaza la recomendación de noticias y anuncios a sus lectores.

El gasto militar se duplica en 20 años. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha incrementado el gasto militar, según datos del Centre Delás. El último Consejo de Ministros aprobó cerca de 1.200 millones de gasto bélico.

Por segundo año consecutivo, el movimiento de vivienda catalán boicotea la apertura de The District, el gran encuentro mundial de los fondos de inversión, bancos y empresas con intereses inmobiliarios.

Una investigación de Civio, en la que ha colaborado El Salto, pone nombre a los grandes tenedores de la Comunidad de Madrid. Los fondos de inversión en el mercado del alquiler utilizan mecanismos de ingeniería fiscal para no tributar en España.

Cada vez hay más personas que alquilan en Barcelona, un modelo de relación con la vivienda plagado de precariedad, aumentos de precio y desahucios invisibles.

Los hogares que poseen pisos en alquiler ganan tres veces más que los hogares que alquilan y han triplicado su número en los últimos 20 años. Estas son algunas de las concusión del último informe de Future Policy Lab sobre el mercado de la vivienda.

Con casi cuatro años de retraso, la Ley de Vivienda no solo tiene un texto sino apoyos para ser aprobada en el Congreso. En la tarde del 13 de abril, el PSOE y Unidas Podemos llegaban a un acuerdo con ERC y EH Bildu, socios habituales y necesarios para aprobar la primera ley de vivienda de la democracia.