Colombia es record amargo en presos políticos: con 7.500 presos políticos, de los cuales al menos 7.000 son civiles encarcelados bajo montajes judiciales: sindicalistas, maestros, estudiantes, académicos, campesinos, abogados, defensores de DDHH, ambientalistas, sociólogos, documentalistas, artistas… todo aquel o aquella que reivindique por justicia social y que adelante un pensamiento crítico es expuesto a padecer la represión del régimen colombiano, y a ser judicializado bajo montajes judiciales con ordenadores «mágicos» o testigos pagados por el DAS. Todos lo presos y presas políticos están expuestos a sufrir tortura, tratos degradantes y denegación de asistencia médica. Un estudio en centros de reclusión de presos políticos ha revelado que la comida contiene materia fecal de manera sistemática. La privación de agua hasta por tres días seguidos es una práctica reiterada en centros de reclusión como el de Valledupar, al interior del cual las temperaturas rondan los 35- 40 grados; varios presos y presas han fallecido debido al agua infectada. En los centros de Bogotá y de lugares más fríos, una de las prácticas lesivas para la salud de los presos es bañarlos con agua helada, y obligarlos a permanecer así desnudos en patios con temperaturas que pueden rondar los 5 grados, como lo denuncian los presos del centro ERON cuyas prácticas son inspiradas del modelo carcelario estadounidense que se impone a Colombia. Los presos políticos son empujados a la muerte por enfermedades e infecciones provocadas por la alimentación adulterada y las condiciones de insalubridad que padecen en las cárceles: en estados avanzados de enfermedad se les niega la asistencia médica. Sólo en el 2011 han fallecido 5 presos políticos en las cárceles colombianas como consecuencia de torturas. La solidaridad internacional con los y las 7.500 presos políticos colombianos es una cuestión urgente.