El proceso abrupto de disminución de la calificación financiera de la República portuguesa ha sido sostenido por una presión sin precedente de las agencias de rating. Ésta es la presuposición que inaugura la acción judicial de algunos académicos y economistas de las izquierdas contra las tres agencias de notación financiera que detentan el 90% del mercado: Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s.