Silvio Berlusconi hizo adoptar ayer a su Gobierno un proyecto de ley que garantiza la inmunidad penal a los cuatro cargos más altos del Estado, decisión que suscitó la indignación de una parte de la oposición, que le acusa de buscar para sí mismo la «impunidad» ante los jueces.
El Gobierno de Italia aprobó ayer el proyecto de ley que dará inmunidad a los cuatro altos cargos del Estado, entre ellos al primer ministro, Silvio Berlusconi, al dejar en suspenso las causas judiciales pendientes. La norma tiene que lograr el visto bueno del Parlamento, donde Berlusconi cuenta con una sólida mayoría.
El proyecto prevé la «suspensión temporal» de los procesos judiciales contra el presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y el jefe del Gobierno. Esta suspensión, cuya duración es igual a la de sus mandatos, implica también la suspensión del plazo de prescripción.
En 2004, el Gobierno de Berlusconi logró aprobar una ley similar para garantizar la completa inmunidad de los cinco altos cargos del Estado, incluido el presidente del Tribunal Constitucional. Sin embargo, este tribunal anuló la ley por considerarla «inconstitucional».
Para evitar problemas de anticonstitucionalidad, la nueva norma, conocida como «salven al primer ministro», establece que las víctimas de los procesos contra esos altos cargos puedan continuar sus acciones por la vía civil, así como la posibilidad de renunciar a la inmunidad.
El primer ministro, que libra una lucha contra los fiscales del Estado a los que considera «parciales», quiere evitar posibles sentencias en su contra, particularmente en el marco de un caso de corrupción que se inició en Milán contra Berlusconi y su abogado británico David Mills. En este caso, el jefe del Gobierno está acusado de pagar en 1997 a Mills más de 380.000 euros procedentes de los «fondos secretos» del grupo Mediaset, su imperio mediático, para que no revelase ciertos detalles incriminatorios sobre sus negocios.
El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, señaló que la norma pretende garantizar el «desarrollo sereno» de las funciones de los altos cargos evitando que la actuación de los jueces sea una «distracción».
El juez anticorrupción y líder del partido Italia de los Valores, Antonio Di Pietro, afirmó que «nos opondremos a la solicitud de inmunidad e impunidad para los altos cargos».
El Gobierno adoptó recientemente un proyecto de ley, aprobado ya en el Senado, destinado a suspender decenas de miles de causas para dar prioridad a los asuntos graves, los que conlleven más de 10 años de cárcel.