Lo primero que hizo Berlusconi al llegar al poder en 2001 fue reformar la ley que castigaba la contabilidad falsa en las empresas, delito del que casualmente él estaba imputado. El ponente de la reforma fue su abogado defensor en esa causa, el diputado Gaetano Pecorella. Su otro abogado, Niccolò Ghedini, aportó también su granito […]
Lo primero que hizo Berlusconi al llegar al poder en 2001 fue reformar la ley que castigaba la contabilidad falsa en las empresas, delito del que casualmente él estaba imputado. El ponente de la reforma fue su abogado defensor en esa causa, el diputado Gaetano Pecorella. Su otro abogado, Niccolò Ghedini, aportó también su granito de arena con varias enmiendas. Resultado: el delito prescribió, lo que al primer ministro italiano le consoló bastante del hecho de que la poco izquierdista publicación «The Economist» dijera que de esa ley «se avergonzaría hasta una república bananera».
¿Errores del pasado? No tanto. En el decreto ley dirigido en teoría a mejorar la seguridad y expulsar a los sin papeles que Berlusconi aprobará hoy aquí en Nápoles, hay dos normas- hasta ahora mantenidas en secreto-que podrían llevar a la prescripción al proceso en curso contra el primer ministro por haber sobornado con 500.000 euros al abogado David Mills para que cometiera perjurio en su favor.
¿Y quién es el cerebro de este decreto ley supuestamente dirigido a acabar con la inseguridad en Italia? Niccolò Ghedini, el abogado de Berlusconi en el caso Mills.
Los dos puntos que podrían ahorrarle al primer ministro italiano una probable condena fueron revelados este martes por el diario La Repubblica, uno de los pocos fuera de su férula.
El primero de los cambios es el que prevé que los delitos contra la seguridad pública sean juzgados antes que el resto. Como explica la abogada napolitana, Francesca Saudino, «un ladronzuelo que comete un hurto llegará al tribunal antes que Berlusconi». Alargar el juicio es fundamental para él dado que gracias a otra de las leyes cortadas a su medida, la ley Cirielli, los plazos de prescripción son ahora más cortos en Italia.
El segundo punto introduce la novedad de que, incluso en la fase final de los juicios penales, como ocurre con el caso Mills, los acusados podrán negociar un acuerdo, que los jueces podrán evaluar durante dos meses. Como ya estamos cerca del parón judicial del verano, si el primer ministro se acoge a esta norma, se retrasaría la sentencia hasta septiembre, lo que le daría tiempo para encontrar otro modo de prolongar el juicio, probablemente con una nueva ley. Como ha denunciado indignado Antonio Di Pietro, ex juez del caso anticorrupción Manos Limpias y líder del partido de la oposición Italia de los Valores, todo esto no «tiene nada que ver» con la seguridad ni con la inmigración; se trata de una «ley puente a la que luego se añadirá otra» con un objetivo: la impunidad.
Este propósito oculto de Berlusconi podría explicar también la prisa que se ha dado el nuevo Ejecutivo italiano en aprobar este cambio legal a través del procedimiento en principio extraordinario del decreto ley, con el objetivo de que la reforma entre en vigor antes de julio, tal y como prometió hace unos días el ministro de Interior, Roberto Maroni.