La universidad se mueve. Se habla de Bolonia y lo que con el pretexto de «Bolonia» se quiere colar de rondón. ¿Quiénes se oponen y por qué? Profesores inquietos, estudiantes movilizados. ¿Cambios inadecuados, miedo al cambio? ¿Los estudios universitarios se van a transformar en una formación profesional avanzada? ¿Es una ofensiva, otra más, del sector […]
La universidad se mueve. Se habla de Bolonia y lo que con el pretexto de «Bolonia» se quiere colar de rondón. ¿Quiénes se oponen y por qué? Profesores inquietos, estudiantes movilizados. ¿Cambios inadecuados, miedo al cambio? ¿Los estudios universitarios se van a transformar en una formación profesional avanzada? ¿Es una ofensiva, otra más, del sector privado para hacerse con el control de las Universidades públicas?
De todo ello hemos hablado con el profesor de la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) Joan Maria Miró Sans, que en los últimos meses ha intervenido en distintos foros sobre estos temas. Miró Sans es también uno de los promotores de un manifiesto universitario publicado muy recientemente: «Por una universidad pública al servicio de toda la sociedad. Contra una campaña para desprestigiarla y mercantilizarla».
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Cuando se habla de Bolonia, de la «lógica boloñesa» o del plan Bolonia, ¿de qué estamos hablando exactamente?
El contenido real de lo que se ha venido en llamar «Bolonia» se recoge en un conjunto de declaraciones, resultado de distintas reuniones de los ministros de los países de la Unión Europea con responsabilidades sobre los sistemas universitarios. Esas reuniones se han celebrado en la Sorbona (1998), Bolonia (1999), Praga (2001), Berlín (2003), Bergen (2005) y Londres (2007).
En ellas se fija el objetivo de la armonización de los sistemas europeos de educación superior, se definen los instrumentos para conseguirla y se hace un seguimiento de los avances que en esta dirección van realizando los distintos países.
En síntesis, esta armonización se pretende conseguir con una estructura común de las titulaciones en ciclos: el grado, con una duración mínima de tres años y con reconocimiento en el mercado laboral europeo, da paso al máster universitario y al doctorado; con el establecimiento del sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) como unidad de medida del sistema universitario basado en las horas de dedicación del o de la estudiante, frente al anterior que se fundamentaba en el número de horas lectivas recibidas; la adopción de un sistema de certificaciones y títulos de fácil comprensión y comparación que ha de favorecer la movilidad de estudiantes y profesionales; la inclusión plena en el sistema universitario de la formación a lo largo de la vida; la armonización de los sistemas de calidad que han de evaluar programas e instituciones y en los que se prevé la participación del colectivo estudiantil y, por último, la promoción de la dimensión europea en la enseñanza universitaria que se traduce en períodos de estudio en países distintos al de origen, el aprendizaje de idiomas, las titulaciones impartidas conjuntamente por universidades de distintos países y cualquier otra iniciativa en esta línea sin mas límite que su nivel de calidad contrastado por las agencias.
Pero tan importante como lo que «es» Bolonia es saber lo que «no es». En contra de lo que algunos pretenden, no es quitar la universidad del estado del bienestar e insertarla en el sistema productivo, no es exigir una formación de bajo vuelo que responda exclusivamente a las necesidades inmediatas de las empresas, ni es aumentar los precios de las matrículas hasta cubrir los costes reales, ni es que las universidades las deba gobernar un Consejo de Administración con capacidad para definir su política y para nombrar al rector o la rectora que sería responsable ante él y no ante la comunidad universitaria. Esto no es Bolonia sino las tesis de una fuerte campaña mediática que se inició hace unos meses.
Es evidente que con el pretexto de Bolonia algunos intentan llevar el agua a su molino.
¿Quiénes usan Bolonia como pretexto para defender sus intereses? ¿También en España?
Sí, sí, también en España y con mucha intensidad. Unos defendiendo sus intereses como el Círculo de Empresarios en un documento claro y contundente. También ciertos presidentes de Consejos Sociales de universidades públicas. El propio Conseller Huguet [Conseller de Universidades del gobierno de la Generalitat de Catalunya] y algún rector que aún no teniendo intereses directos han defendido alguna de las tesis que antes he agrupado bajo el nombre de «lo que no es Bolonia». Sin ningún rigor, se añaden a Bolonia lo que son ideas personales, que no figuran en ninguna de las declaraciones, para después acusar de inmovilistas y antiguos a los que se oponen. Es una vieja y bien conocida trampa.
Hablabas de niveles de calidad contrastados por agencias. ¿Qué agencias con esas?
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de ámbito español y en Catalunya la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Evalúan la docencia, la investigación y la gestión universitaria realizada por las personas y de las instituciones.
¿Por qué sindicatos o grupos estudiantiles se oponen al establecimiento de ese sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) basado en las horas de dedicación del o de la estudiante del que hablabas hace un momento?
Cada colectivo tendrá sus razones, pero personalmente opino que es un sistema mejor que el que rige actualmente basado en las horas lectivas. Todos sabemos que las clases pueden ser una banalidad o representar para el o la estudiante un trabajo ingente muy superior al que puede desarrollar, lo que lo aboca al fracaso académico y al desarrollo de estrategias útiles para aprobar pero no para aprender. Hay que asegurarse que lo que se exige es posible hacerlo. Por otra parte, se trata de un sistema que rompe con el esquema todavía hoy presente del profesor que una vez ha impartido su clase se despreocupa de qué y cómo aprende el alumno. Con el nuevo sistema habrá que proponer trabajos, evaluarlos, orientar a los y las estudiantes. En resumen, hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje.
Acabas también de señalar: «En contra de lo que algunos pretenden, no es quitar la universidad del estado del bienestar e insertarla en el sistema productivo, no es exigir una formación de bajo vuelo que responda exclusivamente a las necesidades inmediatas de las empresas…». Pero gentes que suelen estar muy informadas argumentan en ese sentido. Carlos Fernández Liria, por ejemplo, ha alertado en Público y en páginas de la red sobre el peligro que representa, digámoslo mal, Bolonia.
Conozco sus artículos en los que alerta de los peligros que representa la implantación del Espacio Europeo de la Educación Superior. Es evidente que cualquier reforma tiene riesgos pero también creo que es posible sortearlos. ¿Es que Bolonia impone una formación superficial y puramente instrumental?. Creo que no. Pero habrá que pensar y actuar para que no sea así y no va a ser fácil. Tendríamos que estar en pleno debate de los contenidos y metodologías de cara a los nuevos planes de estudio, analizando experiencias positivas, que las hay, pero el tiempo apremia y ciertas maquinarias burocráticas y poco participativas, también dentro de la universidad, se han puesto en marcha.
¿No son, pues, las orientaciones o directrices de estas reuniones normas obligado cumplimiento? ¿Cada gobierno de la Unión puede hacer entonces lo que crea mas conveniente? Si fuera así, ¿cómo se alcanzaría la homogeneidad (mejor dicho, la armonización) en los estudios universitarios europeos que, según decías, es una de sus grandes finalidades?
Los ministros llegan a acuerdos y se comprometen a aplicarlos en sus países. Con todo, quedan muchos grados de libertad para los gobiernos de los estados, los autonómicos y los de las universidades. Por ejemplo, la duración del grado que en muchos países es de tres años y en otros, entre ellos el nuestro, de cuatro (Una decisión, por cierto, decisión que puede crear problemas a la hora de seguir estudios en otros países). Además, en España, después de fracasar los múltiples intentos de definir un catálogo de titulaciones, el gobierno ha decidido que, a excepción de aquellas que confieren competencias profesionales, las propongan las universidades sin más límite que el nivel de calidad acreditado por la agencia de evaluación. Frente a otras reformas en las que se fijaba el nombre y gran parte de los contenidos de las titulaciones, puede afirmarse que en esta ocasión el grado de autonomía de las universidades es superior y, a la vista de algunas de las propuestas ya realizadas, quizás excesivo.
Pensemos que no se pretende la homogeneidad sino la armonización para que los estudios realizados en un país puedan ser reconocidos por otro mediante la información detallada que las universidades deben suministrar a cada uno sus estudiantes y titulados o tituladas.
Se sugiere, se estimula, pero no se impone.
Y ese grado de autonomía universitaria al que haces referencia, en este caso, ¿es positivo o negativo?
Puede ser excesivo. Por ejemplo, se podría haber hecho el catálogo de titulaciones con lo que se habrían evitado propuestas de dudoso nivel universitario. Es más, las dificultades que llevaron a abandonar la idea surgieron más de fuera que de dentro de las universidades y por razones corporativas y poco académicas. Si no funcionan los filtros, nos podemos encontrar con estudios de nombre atractivo pero sin ningún interés.
Se comenta en ocasiones que el Plan y temas afines responde a una estrategia de expansión del capital a terrenos públicos hasta hace poco vetados a su finalidad de maximizar ganancias. ¿Es así? ¿No es ninguna exageración o prejuicio?
Es cierto que Bolonia propugna la obtención de ocupación por parte de la ciudadanía europea y creo que es razonable. Pero de ningún modo promueve una formación de bajo vuelo. La formación universitaria debe ser robusta en el sentido de proporcionar conocimientos generales profundos que permita adaptarse a los profundos cambios que se dan a lo largo de la vida profesional.
Es evidente que el sector empresarial pretende expandirse hacia los servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones. En cuanto a la universidad, creo que no se trata tanto de privatizarlas, lo que requeriría una muy fuerte inversión, como de imponer sus políticas y ejercer el gobierno. Todo ello favorecido por una ofensiva mediática que da por sentado que lo público es ineficiente y lo privado casi perfecto, cuando no es cierto ni lo uno ni lo otro. Lo sabemos bien en Catalunya donde hemos sufrido espectaculares apagones, incendios y cortes del suministro eléctrico en hospitales y accidentes espectaculares en obras públicas sin que parezca que se lleguen a dirimir las responsabilidades de las empresas implicadas. Con una generosidad que deberían reservarse para causas más nobles, los gobiernos se prestan a aguantar todas las velas.
Con todo, sería un grave error caer en la autocomplacencia. Como se afirma en el manifiesto «Por una universidad pública al servicio de toda la sociedad: Contra una campaña para desprestigiarla y mercantilizarla» promovido por profesores de todas las universidades catalanas, son necesarios cambios profundos que acaben con el corporativismo, la burocratización y el parasitismo de los recursos públicos por intereses privados tanto de fuera como de dentro de la universidad. Este es el camino y si la universidad pública no lo sigue quedará al albur de iniciativas que pueden hacerle perder su carácter de servicio público.
Esto no quita que la colaboración entre la universidad y el sector empresarial no sea deseable y, de hecho ya se está dando de forma importante, pero siempre ha de ser para emprender iniciativas de interés común y no para poner a la universidad al servicio de intereses privados inmediatos.
¿Crees que se pretende conseguir de golpe estas finalidades a las que estás haciendo referencia o piensan más bien ir trabajando poco a poco, sin urgencias
De golpe es imposible ya que implica la reforma en profundidad de leyes orgánicas de reciente aprobación.
Creo que la estrategia consiste en crear un estado de opinión favorable a sus tesis a la que hasta ahora han sido sensibles incluso algunas autoridades académicas. Algo de ello puede verse también en el recientemente publicado Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya.
¿Cuándo se elaboró ese Llibre Blanc? ¿Qué se defiende en él?
El Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya se presentó el 12 de junio de este año después de un proceso de elaboración nada transparente. Los universitarios sabíamos que se estaba haciendo pero nada más. Ni siquiera quiénes eran sus autores. Muchos temíamos que representase la adopción de las tesis de las que antes hemos hablado. A la vista del resultado mi impresión personal es que «amaga sin dar». Califica de deseables cambios en una dirección, a mi juicio errónea, pero constata las dificultades para su implantación. Apunta sin dar, pero apunta. Habrá que estar atentos a cómo se desarrollan sus propuestas.
Por cierto, ¿qué opinión te merece el cambio ministerial en el terreno universitario del actual gobierno de Rodríguez Zapatero? ¿Es consistente con estos cambios universitarios?
Los ministerios con responsabilidades sobre la universidad de los gobiernos de Rodríguez Zapatero no han sido modelos de eficacia. En todo el proceso de Bolonia han sido constantes los bandazos y las indecisiones. La duración de los grados, el intento fallido de definir un catálogo de titulaciones, la indecisión ante las constantes y a veces contradictorias presiones de los colegios profesionales son ejemplos de ello. Los titubeos en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Bolonia) ha retraído a los que estaban dispuestos al cambio y dado alas a los que aprovechan la confusión y cierto desánimo para conseguir que nada cambie.
En cuanto a la recién nombrada ministra la prudencia aconseja esperar sus primeras actuaciones aunque su trayectoria profesional no invita al optimismo. De ser una científica destacada ha pasado al mundo empresarial, fundando y dirigiendo una empresa, formando parte de la Junta Directiva de la CEOE y de los consejos asesores de ESADE y de las universidades privadas Francisco de Vitoria y Antonio de Nebrija. Su clara vinculación a la patronal y a las universidades privadas no parece ser un buen augurio.
Hay también sectores que afirman que, en definitiva, con «Bolonia» todo seguirá igual. Son meros cambios de fachada. ¿Es ésa tu opinión?
Es posible. Hay indicios que apuntan en esta dirección. Un cierto cansancio provocado por las indecisiones, las presiones de algunos colegios profesionales, la oposición de parte del colectivo estudiantil que, a mi juicio erróneamente, mete en el saco de Bolonia propuestas claramente mercantilizadoras de la universidad pública, el descontento de sectores del profesorado contrarios a una cierta infantilización de la enseñanza universitaria puede llevar a que todo cambie para que todo quede prácticamente igual.
Si se acaba así, se habrá perdido una oportunidad que tardará en volver a presentarse. Creo que no deberíamos resignarnos a ello.
Hablabas de los estudiantes. Pues bien, algunos sectores estudiantiles afirman cosas como las siguientes: «Las consecuencias de Bolonia son fáciles de comprender. Si no tienes dinero, no podrás estudiar. Pero si no curras, no tendrás dinero. Pero al establecerse la asistencia obligatoria, no podrás currar. Ergo, estás jodido». En tu opinión, ¿éste es un buen silogismo?
Hay que romper la lógica de este silogismo. Bolonia representa que cada estudiante se compromete a dedicar al estudio 1.500 horas por año a los estudios universitarios, lo que representa prácticamente una dedicación completa.
Parece razonable que sea así. De otra forma lo que se aprende en la universidad es banal. Y es cierto que actualmente en algunas titulaciones se requiere un esfuerzo mucho menor lo que plantea graves problemas a los universitarios que simultaneaban estudio y trabajo remunerado.
La solución no debería ser alargar los años de permanencia en la universidad sino dar facilidades a las personas con dificultades económicas con medidas como el aumento substancial del número y cuantía de las becas salario, el incremento del número de plazas en residencias universitarias, las reducciones del coste del transporte público y todas aquellas encaminadas a que no queden fuera de los estudios superiores personas con la valía y voluntad suficiente.
Este es el gran reto y partimos de una situación bastante peor a la de muchos países europeos. Entiendo que más que pedir que se pare la reforma deberían movilizarse para conseguir este objetivo y creo que para ello contarían con el apoyo de la comunidad universitaria y de amplios sectores sociales.
Las becas salario de las que hablas -luego te pregunto sobre ellas- dependen de los gobiernos y éstos cambian, y cuando las crisis económicas se hacen intensas, el grifo se cierra para los más desfavorecidos o los que ejercen menos presión. ¿No ves aquí un peligro y una motivación para la alarma estudiantil?
Claro que hay peligros dado que el estado del bienestar se cuestiona todos los días. Pero si se implanta el sistema de créditos será muy difícil la marcha atrás. Los derechos hay que defenderlos día a día y la historia demuestra que cuesta más conseguirlos que perderlos.
¿Qué opinas de la incursión de empresas privadas en la financiación, dirección y gestión de la institución universitaria a través de los Consejos Sociales? ¿Tiene esto que ver con la lógica de Bolonia o es algo que figura explícitamente en la LOU y el Real Decreto 13/93? Sea como sea, ¿no es un poco chocante, por ejemplo, que el presidente de la primera multinacional española, el señor Alierta, sea al mismo tiempo presidente del consejo social de la UNED?
Hasta donde yo sé, no han sido los Consejos Sociales la principal vía que utiliza cierto sector empresarial para hacerse con el poder en las universidades. Incluso hay casos en que los Consejos Sociales han ejercido sus funciones de manera formal y con poca implicación. A pesar de ello, en los últimos meses algunos de sus presidentes han tenido una participación importante en la campaña que antes comentaba.
La colaboración del sector empresarial con la universidad se hace fundamentalmente en forma de convenios al amparo de la legislación que mencionas. Y esta colaboración, que viene existiendo desde hace muchos años, es positiva si se da bajo ciertas condiciones. Si se promueve la investigación y va más allá de una actividad meramente profesional, si no limita la libertad de pensamiento, de investigación y de proyección a la sociedad, aspectos fundamentales para la universidad, esta colaboración será beneficiosa para ambas partes.
Es un equilibrio difícil y es responsabilidad de los universitarios y del gobierno de la universidad alcanzarlo. Esta dificultad se ha puesto de manifiesto con el clamoroso silencio de algunos expertos universitarios ante hechos con fuerte impacto social ocurridos recientemente.
Acerca del Sr. Alierta te diré que, con los datos de que dispongo de su trayectoria profesional, no me parece que tenga el perfil óptimo para presidir un Consejo Social.
Es cierto que en Catalunya, de media, las universidades retienen el 14% del coste de esos proyectos Universidad-empresa y que, en cambio, gastan en él un 30%? ¿No representa esto financiar públicamente negocios privados?
Cifras del 30% y superiores figuran en varios estudios que se han hecho sobre este tema. Lo que parece claro es que el 14% es insuficiente. Así lo recoge la Llei d’universitats de Catalunya que afirma que se deben cubrir los costes reales y también incide en ello el Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya. Con cierta ironía he oído comentar a más de un alto cargo de la universidad que más investigación se traduce en más déficit.
¿Y qué debería hacerse entonces ante tal paradoja: negocios privados con beneficio, déficit público?
Simplemente, que la universidad cubra con un cierto excedente los gastos de todo tipo que generan estas actividades. Así lo recoge la ley pero hasta el momento no se ha aplicado.
Vuelvo a Bolonia. Tú no crees entonces que la posición política que defiende un NO rotundo a Bolonia sea la más ajustada.
Creo que es un error grave. Como he intentado explicar en la primera pregunta, entiendo que lo que realmente es Bolonia no debería provocar un rechazo frontal y que el rechazo lo provoca lo que no es Bolonia.
Es evidente que hay un claro problema de financiación que, en caso de que no se resuelva, dará al traste con dos aspectos fundamentales: la movilidad del colectivo estudiantil y el aumento de su dedicación al estudio, prácticamente incompatible con una jornada laboral extensa. A estos problemas y a las tesis que bajo el pretexto de Bolonia quieren mercantilizar la universidad es a los que deberíamos enfrentarnos.
Pero el NO rotundo sin alternativa, defender que es mejor seguir con lo actual, lleva al aislamiento y al fracaso. Estoy convencido de que el colectivo estudiantil no cree estar en el mejor de los mundos y tiene deseos de cambio.
¿Qué sectores se oponen a los planes de Bolonia? ¿Son todos ellos sectores que desean una universidad mejor, más democrática?
Nunca la aceptación o el rechazo se dan por las mismas causas y ambas posturas crean alianzas extrañas por contradictorias. No es descartable que haya sectores del profesorado que vean Bolonia como un aumento importante de la dedicación a la docencia a lo que no están dispuestos. No hay que olvidar que un incremento de la cantidad y la calidad del trabajo del estudiante implican una mayor dedicación del profesor.
¿Por qué haces tanto énfasis en algunas de tus intervenciones en el tema de las becas-salario? ¿Es dinero que el estudiante tiene que devolver con intereses? ¿Es esto lo que defiendes?
De ninguna manera. Las becas-salario ayudan a las personas con pocos recursos económicos a superar las dificultades que originan los salarios no percibidos más, si cabe, con la adopción del crédito europeo que exige un alto nivel de dedicación. Pero las entiendo como la gran mayoría de las becas actuales que no conllevan la devolución de la ayuda recibida.
Por el contrario las becas-crédito, que deberíamos de dejar de llamarles becas, suponen que las personas con pocos recursos económicos deban iniciar su vida profesional con un fuerte endeudamiento y esto no me parece justo.
La idea del conseller Huguet de que lo que tiene que hacer los jóvenes es sustituir la hipoteca para la adquisición de su vivienda por una hipoteca para pagar los estudios y vivir en pisos de alquiler la cito como una banalidad que merece pocos comentarios.
Me mantengo en que han de poder acceder a la universidad todas aquellas personas con capacidad y voluntad de trabajo sin que sus condiciones económicas no representen ningún obstáculo.
Algunos sectores apuntan que el hecho de que la universidad pública tenga unas matrículas alejadas del coste real de la enseñanza no se puede mantener. Señalan que, por ello, la matrícula debería estar en función de la renta: que paguen el coste real los familiares del señor Botín, que puede hacerlo sin esfuerzo, pero que no lo hagan familiares de trabajadores mileuristas. ¿Qué te parece este razonamiento?
Este tipo de medidas tienden a dificultar el acceso de los pobres a la universidad. No acabo de entender que se quiera disminuir la subvención a la universidad y no a otros muchos sectores que la exigen y la consiguen como estamos viendo desde que nuestra economía ha entrado, con perdón de la palabra, en una crisis.
La situación actual con un incremento de las becas permitirá que el acceso a la universidad no se frustre por las limitaciones económicas de las personas.
¿Por qué crees que hay una disminución de los universitarios españoles en los últimos años? ¿Es una cuestión meramente demográfica?
Básicamente sí. Como demuestran distintas encuestas, la universidad es una institución bien valorada por la sociedad y los títulos universitarios una buena fuente de prestigio social. No creo que haya un rechazo social.
Tú trabajas en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Habéis elaborado recientemente un manifiesto al que tú mismo has hecho referencia. ¿Qué señaláis en él, qué defendéis?
La asociación UpiC…
¿UpiC? ¿Qué pi es ese?
La verdad es que no recuerdo como se eligió el nombre. Quizás el peso de profesores de Matemáticas en el grupo fundador fuese decisivo a la hora de incorporar el número π al nombre de la asociación.
Prosigue si te parece
La asociación UpiC, decía, formada por profesores y personal de administración de la UPC tuvo la idea inicial de publicar el manifiesto al que te refieres pero el grupo promotor está formado por miembros de todas las universidades públicas catalanas.
El objetivo de este manifiesto es salir al paso de la campaña a la que antes me he referido claramente orientada a desprestigiar a la universidad pública y a modificar radicalmente sus fines y formas de funcionamiento, en la línea de hacerle perder su carácter de servicio público. Una campaña en la que han participado organizaciones como el Círculo de Empresarios, una parte de la prensa, representantes de universidades privadas y, paradójicamente, personas que ocupan cargos de responsabilidad en universidades públicas.
Las tesis que se defienden en esta campaña, que de hecho han sido expuestas y rebatidas en esta misma entrevista, son que los precios de las matrículas deben subir hasta acercarse a los costes reales habiéndose avanzado la cifra de 5.500€ por año, los titulados no resultan lo bastante útiles a las empresas, están «sobreeducados», arrepentidos de haber seguido estudios universitarios y, encima, mal pagados por lo que debe disminuir el número de estudiantes universitarios y el sistema de gobierno de las universidades es asambleario y, por tanto, ineficiente, proponiendo que el gobierno lo ejerza el Consejo Social que actúe a modo de un consejo de administración con capacidad para definir las políticas y nombrar al rector que las ejecutará y rendirá cuentas ante quien lo ha nombrado y no ante la comunidad universitaria.
En el manifiesto se rebaten estas afirmaciones, se hace una valoración positiva del papel de la universidad pública desde la reinstauración de la democracia a la vez que se constata la necesidad de realizar cambios profundos, en un sentido distinto al de los que en la campaña se proponen, que conduzcan a acabar con el corporativismo, la burocratización y el parasitismo de los recursos públicos por intereses privados externos, y también internos, a la universidad.
Acaba haciendo un llamamiento al gobierno de Catalunya y al de las universidades públicas para que inicie un proceso de reflexión orientado a mejorar y fortalecer su contribución a la sociedad, proceso para el que, a buen seguro, encontrarán el apoyo mayoritario de la comunidad universitaria
¿Por qué sólo al gobierno de Catalunya?
Es quien tiene la responsabilidad de las universidades públicas catalanas y quien debería promover este proceso tan necesario en estos momentos.
¿Dónde puede leerse el Manifiesto?
Puede encontrarse en versión catalana y castellana en: repositori.wordpress.com con posibilidad de adherirse.