Cerca de 700 denuncias por violaciones de los derechos humanos, en su mayor parte detenciones arbitrarias. Es la cifra facilitada el 24 de mayo por la ONG Cristosal, respecto al caso de víctimas durante la aplicación del Régimen de Excepción en El Salvador; los “victimarios” son –en más del 70% de los casos- integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Es uno de los puntos denunciados -en la siguiente entrevista- por la actual diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en la Asamblea Legislativa de El Salvador, Anabel Belloso. En las redes sociales se define como “mujer de izquierda” y “luchadora social”. Entre las últimas iniciativas que ha defendido, figura el establecimiento de precios de referencia para los insumos agrícolas, de modo que se frenen los abusos en la comercialización.
-La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el pasado 27 de marzo el Régimen de Excepción (durante un mes y después renovado), a propuesta del presidente de la República, el derechista Nayib Bukele. ¿Cuál es el balance en materia de Derechos Humanos?
Para capturar pandilleros y perseguir el crimen, ya existen otras normativas que perfectamente el gobierno puede utilizar, por ejemplo: la ley antipandillas. Teniendo en cuenta eso, la aprobación del régimen de excepción de manera generalizada, y su implementación arbitraria, ha ocasionado violación recurrente de derechos humanos, muchas capturas de personas inocentes, que no tienen vínculos con las pandillas y tampoco han cometido delitos, juicios masivos que hacen imposible aplicar la justicia de forma pronta y cumplida.
-¿Qué derechos fundamentales han quedado suspendidos? ¿Se están respetando los derechos de las personas detenidas?
Los derechos suspendidos son: 1. Libertad de Asociación 2. Inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones 3. Periodo de detención administrativa de 72 horas 4. Detención con derecho a conocer las causas y el de defensa.
Los derechos de las personas detenidas no están garantizados, hay hacinamiento, no se da información oportuna a las familias.
-El ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que los sindicatos y organizaciones sociales que se movilizaran el Primero de Mayo lo harían “en defensa de las pandillas”. ¿De qué modo aplicó la policía el Estado de Excepción en las marchas y concentraciones?
El gobierno a través de sus funcionarios, de manera irresponsable criminalizó la movilización del 01 de mayo, con el objetivo de atemorizar y desmontar una actividad que históricamente se ha desarrollado en exigencia de las reivindicaciones laborales. Al igual que lo han hecho en otras marchas, el día de la movilización, colocaron retenes excesivos en las entradas de la capital, retrasando la llegada de los participantes o en algunos casos haciendo que se regresen a sus lugares de origen.
Pero a pesar de todos esos esfuerzos por desincentivar la movilización, un buen número de personas de movimiento social, sindical e incluso que por cuenta propia se sumaron a la marcha, desafiando el régimen de excepción y las mentiras replicadas por el gobierno.
-¿Compartes la siguiente denuncia de Human Rights Watch (HRW), de noviembre de 2021?: “Los legisladores (partidarios de Bukele) han cooptado la Corte Suprema, nombrado un nuevo fiscal general y aprobado leyes para destituir a cientos de fiscales y jueces de tribunales inferiores”.
Totalmente, desde el 01 de mayo 2021 que se instala la legislatura actual, se inicia el camino de concentración de poder por parte del gobierno de Bukele. Destituyendo de manera ilegal a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, e inmediatamente imponiendo funcionarios a la medida. Luego vía reformas de ley, han jubilado a jueces, magistrados fiscales de tribunales inferiores, para colocar a quienes ellos quieren y que van a cumplir su agenda, principalmente de impunidad.
-Por otra parte, El Salvador fue, en septiembre de 2021, el primer país del mundo en dotar a una criptomoneda –el bitcoin– de curso legal en su territorio. ¿Por qué se adoptó la medida y cuáles son las consecuencias?
A ciencia cierta nunca hubo una explicación de motivos o justificación de la aprobación, a esta fecha el manejo sobre el tema sigue siendo oscuro y de espaldas a la gente.
Se asume por un lado, que los intereses particulares de Bukele y su grupo económico motivaron esa decisión. Además, el creer que con ello se iba a tener financiamiento alterno a lo que tradicionalmente se obtiene con la banca multilateral.
Las consecuencias en un primer momento se vivieron con el desplome del valor de los bonos salvadoreños, el incremento del riesgo país, la imposibilidad de obtener acuerdos financieros en condiciones favorables. Sumado a esto, el destinar millones de dólares a la medida, arriesgando los recursos del pueblo, que bien podrían priorizarse en otros rubros, como salud, educación, etcétera.
-¿Qué impacto tendrán los proyectos de construcción del Tren y Aeropuerto del Pacífico, por los que apuesta la mayoría gubernamental?
Primero un impacto social, generando el desalojo de miles de familias que habitan en la línea férrea, algunas con más de 40 años de vivir en esos terrenos.
Hay estudios ambientales preliminares, que en el caso del aeropuerto señalan los riesgos de su construcción en zonas de alta biodiversidad, que hasta son hogar de especies en peligro de extinción.
Para estos 2 proyectos, el gobierno a través de sus diputados, aprobó leyes especiales, para obviar los procesos de compra y adquisición de bienes o servicios, para evadir controles que la ley vigente establece. También, acortó los tiempos para realizar expropiaciones.
En otras ocasiones han anunciado que estos 2 proyectos se realizarán con asocios públicos privados, es decir, quienes tendrían algún rédito si es que funcionan, serían manos privadas, a costa de los recursos públicos.
-Por último, ¿qué modelo económico representan macroproyectos turísticos como Surf City, defendido por Bukele, en un país con una tasa de pobreza del 32,2% de la población en 2020, según los datos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG)?
Bukele se vendió como una opción progresista en campaña, sin embargo, desde su primer día en el gobierno, ha demostrado representar de la manera más recalcitrante el modelo capitalista y neoliberal, buscando formas para beneficiarse él, su grupo económico e incluso una parte de la oligarquía tradicional del país, que está aliada con él.
Surf city no es un proyecto real. Únicamente una campaña publicitaria, donde han cambiado el nombre a todas las playas del departamento de La Libertad, y están ejecutando un plan que ya había quedado iniciado desde el gobierno anterior.
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