Un millar de personas se hacinan en el campo de internamiento próximo a la ciudad griega de Corinto. Según denuncian numerosas organizaciones, las vejaciones y abusos por parte de la policía, las condiciones insalubres y la falta de atención sanitaria son el día a día de los internos, que pueden permanecer detenidos hasta un año […]
Un millar de personas se hacinan en el campo de internamiento próximo a la ciudad griega de Corinto. Según denuncian numerosas organizaciones, las vejaciones y abusos por parte de la policía, las condiciones insalubres y la falta de atención sanitaria son el día a día de los internos, que pueden permanecer detenidos hasta un año y medio en virtud de las directivas de la UE.
Azadi llegó a Grecia en agosto de 2012, procedente del Kurdistán sirio. Los ruegos de su padre y la muerte de uno de sus amigos le convencieron para abandonar su tierra. Sin haber podido registrar su solicitud de asilo, fue detenido en Atenas por poseer documentación falsa (un pasaporte italiano que le había permitido cruzar la frontera). Tras dos interminables meses rebotando por distintas comisarías fue internado en el centro de Corinto a la espera de su supuesta deportación. En la práctica, no se repatría a los inmigrantes encarcelados debido a la situación de conflicto en la que se encuentran sus países de origen o a la imposibilidad de establecer con certeza su nacionalidad.
Las condiciones de vida en Corinto son mucho peores que las de cualquier cárcel siria, cuenta el joven de 21 años que obtuvo la libertad hace un mes. Y los policías no dejaban de amenazarnos diciendo que pertenecían a Amanecer Dorado. Su caso, documentado por Amnistía Internacional, comenzó con una trifulca entre detenidos reprimida a golpes por la policía. Azadi grababa lo ocurrido cuando fue descubierto por uno de los policías. Me atraparon, me retorcieron un brazo y me apretaron el cuello contra la pared, hasta que no pude respirar. «¿Por qué estabas grabando, acaso eres periodista?», me decían. Ante las protestas del resto de detenidos, se lo llevaron a una parte más alejada de las instalaciones en donde entre varios agentes le pegaron patadas en el pecho y en la cara. No lo resistía más; conseguí soltarme y empecé a darme cabezazos contra la pared. Cuando iba a lanzarme contra un espejo consiguieron sujetarme y pararon, relata visiblemente afectado por la experiencia.
A pesar de las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, el caso de Azadi no ha sido investigado. Por cautela, los agresores desaparecieron del centro. Dos semanas después se reincorporaban y volvían a hacerle la vida imposible. No dejaban pasar a sus visitas y le sometían a presiones psicológicas. Incluso cuando, conforme a la decisión del Gobierno, los demás migrantes sirios fueron puestos en libertad, Azadi continuó encarcelado ilegalmente pese a haber aportado una documentación en regla. A ti no te vamos a soltar nunca, afirma haber escuchado de boca de Vassilios Stavrópulos, el máximo responsable del centro. La policía ha declinado ofrecer su versión de los hechos.
Sin atención médica
El centro de Corinto volvió a ser noticia el pasado 27 de julio, día de la muerte de Mohamed Hasán. Mohamed, refugiado afgano, llevaba once meses recluido allí. A pesar de haber requerido en numerosas ocasiones atención médica para una grave infección respiratoria no fue transferido hasta principios de julio a un hospital. Sin embargo el traslado, conseguido gracias a las protestas de sus compañeros, llegó demasiado tarde. Y éste no es un hecho aislado. Según relata Azadi, él mismo no fue atendido por ningún médico después de sufrir la brutal agresión policial cuyas secuelas sufre aún. Tampoco le fueron suministrados desinfectantes ni vendas para las heridas. En otra ocasión, se le formó una piedra en el riñón debido a la mala calidad del agua y cuando tras 15 días de ruegos fue trasladado al hospital, únicamente recibió un supositorio.
A pesar de que sobre el papel un facultativo de Médicos del Mundo visita las instalaciones una vez a la semana, en la práctica los internos no reciben asistencia médica de ningún tipo. Otro refugiado sirio relata cómo sufriendo una inflamación pulmonar que ponía en peligro su vida no le llevaron al hospital ni dejaron a unos amigos llevarle los antibióticos que necesitaba. J. también recuerda otros casos como el de un paquistaní que pasó varias noches sin dormir por los dolores que le producía una piedra en el riñón o el de un afgano que con varias fracturas por los golpes de la policía fue abandonado en el patio a la espera de la ambulancia durante tres horas.
A esto se le suman las condiciones insalubres en que se encuentran estas antiguas instalaciones del ejército que no disponen de calefacción ni agua caliente. La mala calidad de la comida ha provocado varias huelgas de hambre de los internos.
También a la orden del día están los intentos de suicidio, reflejados en periódicos como Avyí, Eleftherotipia o Efsyn. Hasta tal punto han llegado los datos (desde marzo, se habrían producido un mínimo de 50 intentos de suicidio) que las autoridades han tenido que talar árboles y quitar tuberías para evitar los saltos al vacío, cuentan quienes han estado en el centro.
Denuncias
La flagrante situación en que se encuentran los internos fue reconocida en enero por un grupo de expertos del Comité de Prevención de la Tortura Naciones Unidas, que señaló que las instalaciones se encontraban «muy por debajo del estándar internacional de derechos humanos». Amnistía Internacional, por su parte, instó en marzo a las autoridades griegas a investigar con urgencia las alegaciones de malos tratos y a establecer mecanismos preventivos, así como a ratificar lo antes posible el OPCAT (Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura).
Aitima es otra de las organizaciones que tratan de sacar a la luz la situación. Según cuenta Spyros Rizakos, su director, en la actualidad son unas 5.000 personas las que se encuentran detenidas en este tipo de centros aunque, a corto plazo, los planes del Gobierno pasan por aumentar su capacidad hasta las 10.000 plazas. Pero, ¿cuál es el objetivo de mantener a estas personas encerradas hasta 18 meses sin que pese contra ellas ningún cargo? Estas personas no van a ser deportadas señala Rizakos. De manera que el propósito es disuasorio. La mentalidad es atormentar a la gente para que los nuevos refugiados se lo piensen dos veces antes de venir.
¿Un sistema efectivo? Ahora que está en libertad, Azadi únicamente quiere salir cuanto antes de «éste país de mierda» y alcanzar Alemania u Holanda para llevar consigo a sus padres y a sus tres hermanas. Entretanto, todas las noches sueña con que aún sigue en Corinto.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/19396-campos-internamiento-parecen-exterminio.html