El parlamento de Polonia se apresta a consagrar la castración química como castigo a los pedófilos, para escándalo de la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los críticos del proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara de Representantes, advierten que resultará ineficaz para atacar los delitos de carácter sexual. Se prevé que el Senado y el presidente derechista Lech Kaczinski consagrarán la vigencia de la iniciativa en las próximas semanas.
La iniciativa tiene el objetivo de mejorar la imagen del gobierno ante el público polaco, predominantemente conservador y católico, más que reprimir los delitos sexuales, según activistas.
Funcionarios de la UE anunciaron que la ley podría, de ser aprobada, ser recurrida ante tribunales internacionales de derechos humanos, pero no en el bloque.
«Nos oponemos a la propuesta de castración química formulada por un gobierno que pretende mostrar una imagen ‘ruda’ en respuesta a casos de violencia sexual particularmente notorios», dijo a IPS el portavoz de la oficina en Polonia de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Andrzej Jaroszkiewicz.
Los gobiernos deben hacer todo a su alcance para frenar los crímenes sexuales cometidos contra mujeres y menores, pero imponer tratamiento médico compulsivo a los violadores es un camino equivocado, evaluó Jaroszkiewicz.
«Esta propuesta convierte el tratamiento médico en una forma de castigo. No nos oponemos a las terapias hormonales para controlar el impulso de quienes tienen antecedentes de violencia sexual, pero lo apoyamos como tratamiento y no como pena, y debería requerirse el consentimiento de quien se someterá a él», añadió.
De aprobarse el proyecto, Polonia sería el único país de la UE que impone la castración química a los condenados por pedofilia. El castigo se implementaría luego de cumplida la pena de cárcel de quienes sean hallados culpables de violar a menores de 15 años o a familiares cercanos.
La iniciativa oficialista integra un paquete de leyes pergeñadas para endurecer el castigo a los crímenes sexuales. Fue presentada luego de un destacado caso de incesto, trascendido hace más de un año, en el cual un hombre de 45 años sometió a una hija menor de edad durante seis años y tuvo con ella dos hijos.
Una encuesta exhibida por el primer ministro Donald Tusk cuando presentó el proyecto indicaba que 84 por ciento de los polacos entrevistados lo apoyarían. Los pedófilos son «degenerados» y no pueden calificarse de «humanos», sostuvo el jefe del gobierno.
«No creo que la protección de los derechos humanos deba extenderse» a los condenados por delitos sexuales, dijo en otra ocasión.
«La mayoría del público cree que estas personas deben ser duramente castigadas», dijo a IPS Barbara Grabowksa, de la oficina en Varsovia de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos.
No está claro el efecto de la denominada castración clínica en los crímenes sexuales. El procedimiento implica la administración de grandes dosis de sustancias para suprimir el deseo sexual, y usualmente es acompañado por terapia psicológica.
El procedimiento no es 100 por ciento exitoso en el intento de impedir que los agresores sexuales recaigan y vuelvan al ataque, según estudios estadounidenses citados por el diario polaco Gazeta Wyborca.
«La castración química no resuelve el problema. La causa del comportamiento de los violadores es su estado físico, no su tendencia sexual. El tratamiento no puede controlar el cerebro» de estos delincuentes, dijo a IPS el abogado Piotr Kladoczny, de la Fundación Helsinki.
Miembros del Parlamento Europeo indicaron que, a pesar de las críticas desde Bruselas, el bloque no puede impedir la aprobación de esta ley nacional, pues los convenios regionales sólo prohíben completamente la pena de muerte.
Países como Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca prevén programas de castración química para condenados por delitos sexuales, pero sólo de manera voluntaria. En República Checa, incluso, hay un programa voluntario de castración quirúrgica.
El Consejo de Europa, que reúne a países de todo el continente e incluso ajenos a la UE, condenó la práctica checa. El bloque advirtió el año pasado que se dispuso el tratamiento a retardados mentales y que algunos acusados lo aceptaron porque los amenazaron con aumentarles la condena.
La naturaleza compulsiva del proyecto de ley en debate en Polonia también deja sin contestar preguntas sobre su implementación.
«Cualquier decisión obligatoria al respecto puede ser una fuente de abuso», advirtió Kladoczny.