
Por increíble que parezca, actualmente no existe un marco legal para abordar el ecocidio a nivel internacional y, por lo tanto, no existe un sistema para responsabilizar a quienes toman decisiones en las corporaciones y en los gobiernos, que causan daños y abusos ambientales tales como los derrames de petróleo, la deforestación masiva, los daños a los océanos o la contaminación grave del agua.