En virtud de la Ley 20.357 de Chile, la denuncia califica la presunta conducta como crímenes de lesa humanidad por participar en un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, incluyendo someter a civiles a condiciones de existencia que les causan la muerte o daños graves; como genocidio por contribuir a la imposición deliberada de condiciones de vida que tengan por objeto la destrucción física, total o parcial, de un grupo nacional protegido; y como crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles, ataques contra instalaciones médicas protegidas y la destrucción de bienes civiles no justificada por necesidades militares.