«La demanda no es una maniobra dilatoria ni un recurso desesperado. Es una respuesta jurídica de fondo frente a una deformación institucional grave. No se puede utilizar una sentencia de protección como si fuera un título universal de desalojo contra una comunidad completa».
Cabe destacar que el fiscal Enrique Vásquez estaba altamente cuestionado por haber sido mencionado en informes parlamentarios y por su rol en la Operación Huracán, el bullado caso de manipulación de pruebas e implantación de evidencia por parte de Carabineros. Su figura también ha generado controversia por presuntos nexos con la red de influencias del abogado Luis Hermosilla .
La flexibilización de las leyes de protección ambiental viene avanzando a pasos agigantados. Y se espera que el tratado biestatal iguale los marcos legales reduciendo los obstáculos para la expoliación territorial en ambos países.
Ese es el horizonte de los nadies: de los que no tienen voz pero tienen memoria. De los que han sido expulsados de la historia oficial pero la han tejido con sus manos. De los que, como los pueblos testimonio, han sobrevivido a todo y siguen celebrando la vida.
“Denunciamos que el sistema de compra de tierras de CONADI, regulado por la Ley Indígena, empuja a las autoridades mapuche a negociar directamente con latifundistas y empresarios, exponiéndolas a denuncias por extorsión”
La Concertación y la Nueva Mayoría no sólo administraron la herencia de la dictadura con el pretexto de generar certidumbre a los agentes económicos y “tranquilizar a la derecha y a las Fuerzas Armadas”, sino que además diseñaron tecnologías políticas sofisticadas para legitimar y profundizar la mercantilización de la vida social
Precisamente porque el proceso persigue penas de una magnitud extraordinaria, el estándar probatorio exigido adquiere una relevancia decisiva. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante prueba suficiente que permita al tribunal alcanzar convicción más allá de toda duda razonable respecto de la participación de cada uno de los acusados en los hechos imputados. Esa es la cuestión central que deberá resolver el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco cuando este jueves, a las 11:00 horas, comunique un veredicto cuyo alcance trasciende ampliamente el caso concreto y vuelve a situar en el centro del debate la relación entre persecución penal, conflicto político y garantías fundamentales.
Julia Chuñil plantaba e intercambiaba las semillas antiguas. Le encantaba asistir a trafkintus e iba a comunidades de Loncoche o Río Negro, entre otras localidades, porque según decía “lo que más me gusta es rescatar la semilla nuestra, la que nosotros tenemos que tener”
Y refiriéndose al fondo de la cuestión, la familia del prisionero aseguró que «El móvil de este traslado es político, siendo una venganza y revancha de la extrema derecha en contra de Mauricio. El Presidente Kast lo dejó claro, en forma pública, hace algunos días: es él, directamente, quien ha decidido los traslados de presos. Resulta irrisorio que, mientras a los violadores de derechos humanos se les vuelve a habilitar un centro penitenciario ad-hoc, plagado de privilegios, Mauricio sea sometido a las peores condiciones posibles. Hacemos responsable al Presidente Kast y al Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de la salud y vida de nuestro hermano».
Como familias, nos preocupa mucho que acusaciones tan graves se basen principalmente en declaraciones de testigos protegidos, ya que eso dificulta contrastar sus dichos y evaluar plenamente su credibilidad. Creemos que la justicia debe sustentarse en pruebas objetivas, verificables y sometidas al debido proceso.