El problema de la vivienda no puede reducirse a una discusión inmobiliaria o financiera. Es una discusión sobre pobreza, desigualdad y condiciones materiales de existencia. Porque cuando una familia debe destinar casi todo su salario a pagar un arriendo, lo que está en crisis no es solamente el acceso a la vivienda: es la posibilidad misma de vivir con dignidad.
Hacemos responsable al Presidente Kast y al Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de la salud y vida de nuestro hermano.
No le expliques esto a Quiroz. No lo entendería. No por falta de inteligencia, sino por descaro. JAK tampoco lo entendería: lo confundiría con una “metáfora”.
Denunciamos que esta acción tiene como objetivo claro la desarticulación total de los voceros y dirigentes del módulo, castigando y separando a quienes cumplen el rol de representar y hacer valer los derechos de todos.
La violencia estatal contra el derecho a la manifestación y expresión no es un fenómeno nuevo en la historia reciente del país. Se inauguró durante la tiranía de Pinochet y continuó a lo largo de los gobiernos civiles hasta el día de hoy.
El presidente Kast anunció en su Cuenta Pública una reforma a la Ley Indígena 19.253 para permitir arriendos e hipotecas sobre tierras bajo protección. La medida generó el amplio y categórico rechazo de diversas expresiones de los movimientos indígenas e Chile, quienes advierten sobre un nuevo despojo territorial.
La Cuenta Pública, en ese sentido, no abre un nuevo ciclo histórico. Más bien marca el momento en que el viejo ciclo deja de fingir que ha terminado. La cancha sigue siendo la misma; lo que cambia es que ahora se juega sin metáforas. Y en esa franqueza reside tanto su fuerza política como su vulnerabilidad democrática.
El encarcelamiento del werken y el hostigamiento a su esposa, Carolina Padilla, son las consecuencias directas de haber desafiado con éxito los títulos de propiedad espurios impuestos por el latifundio y las corporaciones forestales.
Rechazamos una legislación que criminaliza en lugar de actuar, exigimos detener las lógicas punitivas y tomar acción frente a las deficiencias estructurales, las cuales son las verdaderas culpables de la deserción escolar, la violencia sistemática y los problemas de convivencia.
Es ineludible, a más de 565 días de su desaparición, dirigir las pesquisas a quienes sean los verdaderos responsables del hecho. La justicia declara que somos iguales ante la ley y que nadie está por sobre la justicia. ¿Y entonces?