La Fiscalía imputa delitos de robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de armas prohibidas y tenencia ilegal de municiones, solicitando penas que fluctúan entre 59 y 71 años de presidio efectivo. El juicio se desarrollará durante 29 jornadas y se encuentra rodeado de un amplio despliegue de seguridad.
Sabemos que la estrategia comunicacional de copamiento de la agenda asumida por J. A. Kast es la versión “chilensis” de la utilizada por Trump: floodthezone, es decir, “inundar la zona”.
Nuestra lucha no se detiene en un calabozo, porque nuestra sangre está amarrada a este territorio mucho antes de que existieran sus leyes y sus fronteras.
No aceptaremos que se utilice la infancia y la vulnerabilidad de nuestra gente para falsas campañas comunicacionales de las instituciones policiales, adjudicándose como un «éxito» la mezcla dos operativos distintos.
En el siguiente podcast audiovisual conversamos con el director de la escuela, Ricardo Camus.
Aquellos –autodenominados socialistas democráticos sin ser lo uno ni lo otro– que hoy rasgan vestiduras y chillan denunciando el despropósito que constituyen las medidas neoliberales del Gobierno de Kast, las practicaron durante décadas con los resultados que constatamos hoy.
Según esa tesis, con Kast y su Gobierno, vamos camino a profundizar la desigualdad y el estancamiento económico.
El eslogan de Kast únicamente revela su visión ideológica en relación a las y los trabajadores, como «colaboradores subalternos» del capital, y encubre el terror de las clases propietarias de los medios de producción ante las posibilidades de revueltas y levantamientos de la mayoría oprimida.
La caminata se desenvolvió sin grandes dificultades, pese al fuerte contingente de carabineros de Fuerzas Especiales presente sin invitación en la actividad conmemorativa.
En un sentido testimonio, el Lonko Guillermo Ñirripil desmonta la acusación de extorsión, explicando cómo el valor sagrado de la palabra mapuche fue utilizado como una trampa por latifundistas. Comunidades denuncian un patrón donde la negociación territorial se criminaliza para beneficiar a empresas forestales.