«Como familia tenemos una gran inquietud en esta nueva acusación, ya que no entendemos el porqué se realizó otro juicio y con la misma incriminación de la primera condena»
«Como familia tenemos una gran inquietud en esta nueva acusación, ya que no entendemos el porqué se realizó otro juicio y con la misma incriminación de la primera condena»
Estas expresiones públicas conformadas principalmente por jóvenes de sectores populares, irrumpen con su modo de ser, con su cultura, en el quehacer cotidiano de una ciudad que rige su orden por los tiempos del trabajo y busca un orden tal que respete esa temporalidad institucional, en la que cada ciudadano se integre o a través del consumo, a través del endeudamiento o mediante la pasividad ante el sistema. Pero, ¿qué pasa con ese modo de ser de las barras que irrumpe en la ciudad, que altera el cotidiano y el orden público?
Las sociedades no reaccionan únicamente frente a los hechos. Reaccionan frente a la interpretación de esos hechos.
El problema de la vivienda no puede reducirse a una discusión inmobiliaria o financiera. Es una discusión sobre pobreza, desigualdad y condiciones materiales de existencia. Porque cuando una familia debe destinar casi todo su salario a pagar un arriendo, lo que está en crisis no es solamente el acceso a la vivienda: es la posibilidad misma de vivir con dignidad.
Hacemos responsable al Presidente Kast y al Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de la salud y vida de nuestro hermano.
No le expliques esto a Quiroz. No lo entendería. No por falta de inteligencia, sino por descaro. JAK tampoco lo entendería: lo confundiría con una “metáfora”.
Denunciamos que esta acción tiene como objetivo claro la desarticulación total de los voceros y dirigentes del módulo, castigando y separando a quienes cumplen el rol de representar y hacer valer los derechos de todos.
La violencia estatal contra el derecho a la manifestación y expresión no es un fenómeno nuevo en la historia reciente del país. Se inauguró durante la tiranía de Pinochet y continuó a lo largo de los gobiernos civiles hasta el día de hoy.
El presidente Kast anunció en su Cuenta Pública una reforma a la Ley Indígena 19.253 para permitir arriendos e hipotecas sobre tierras bajo protección. La medida generó el amplio y categórico rechazo de diversas expresiones de los movimientos indígenas e Chile, quienes advierten sobre un nuevo despojo territorial.