Carlos Peña, congraciándose con quienes mutilaban impunemente a un pueblo indefenso, aseguró al mundo, hace exactamente un año atrás, que esos seres humanos que exigían dignidad en las calles de Chile no eran más que “pandillas desordenadas”.
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Afortunadamente, el debate sobre el poder popular vuelve a emerger. En realidad, a grandes rasgos, siempre ha estado ahí: en consignas, discusiones, modos de representar la práctica política, formas de organización, etc. Sin embargo, tras las revueltas de octubre de 2019 en Chile, y desde un amplio arco de movilizaciones en América y el mundo, necesariamente la continuidad de la presencia de la idea de poder popular se sitúa entre nuevos significados. No es tarea de este prólogo realizar una caracterización del profundo ciclo político que comenzamos a vivir, pero sí lo es dar cuenta de ciertos contenidos teóricos, históricos y contingentes que permiten problematizar la noción de poder popular, aportando elementos para evaluar el actual momento político y su densidad estratégica.
Un año después del estallido social del 18 de octubre de 2019, decenas de miles de habitantes de Santiago tomaron la Plaza Dignidad y extensos alrededores de la misma en desafío al gobierno derechista de Sebastián Piñera, quien intentó durante toda la semana infundir temores anticipando actos de violencia y presumiendo acerca de los 40 mil carabineros listos para reprimir que, finalmente, no se animaron a salir a las calles.
Si Daniel Jadue tiene buena acogida en el pueblo dispuesto a votar en las presidenciales de noviembre del 2021 es en gran parte a su figura de alcalde combativo de Recoleta.
La yuta, los pacos, los perros. Apelativos y adjetivos se multiplican conforme nuevas generaciones reinterpretamos el hábito del monopolio de la violencia [1]. A raíz de los eventos sufridos en Chile, desde el 18 de octubre de 2019, es necesario inhalar aire –lacrimógeno– y mantener la necesaria compostura para escribir este ensayo políticamente situado, teóricamente […]
“No+AFP tendrá candidatos y candidatas constituyentes en todo Chile”, dijo a Le Monde Diplomatique el líder de esa organización, Luis Mesina, quien eventualmente también postulará a la Convención Constitucional que emane del plebiscito del próximo 25 de octubre.
Mucho antes del denominado “estallido social”, se fue larvando una sensación de que las cosas llegaban a un límite insostenible. Pero esa sensación no tuvo como escenario ni el gobierno, ni el parlamento, ni los grandes malls, ni algunos balnearios elegantes.
Notablemente, el destacado líder histórico de la Concertación, Ignacio Walker (ex presidente del PDC, senador y ministro), ha reconocido, en definitiva, en el artículo “Sobre los 2/3 y la Nueva Constitución” (“El Mostrador”; 9-10-2020) que la mayoría popular de centro-izquierda tradicional en Chile, que naturalmente se expresará en la mayoría de los convencionales a elegir -luego del evidente triunfo del “Apruebo” que tendrá lugar el próximo 25 de octubre- no tendrá la posibilidad de aprobar una Constitución que represente su voluntad.
Si Piñera condensa en su persona, como lo señaláramos una vez —y en raras oportunidades sucede en la historia de la nación—, la esencia del modelo de economía social de mercado (monetarismo, neoliberalismo, convenio de Washington, como quiera llamársele), no tendría por qué el Director General de Carabineros de Chile Mario Alberto Rozas Córdova adolecer en la suya de los vicios y perplejidades de la institución a la que pertenece.
Una de las diferencias entre el Chile 1990-2018 y el de hoy es que el pueblo se da cuenta de alguna manera, y lo expresa, de su condición de explotado. La conciencia social del pueblo ha avanzado con respecto a su existencia social, el pueblo ha ido perdiendo el miedo y ganando confianza en sí mismo.