Costa Rica, la llamada «Suiza centramericana» se encuentra pasando sus días más álgidos desde que dio comienzo la huelga general indefinida que poco a poco empieza a mutar de un movimiento huelguístico a uno social. El gobierno liberal y proempresarial de Carlos Alvarado se mantiene en la cerrazón de filas mientras las aristas del conflicto […]
Costa Rica, la llamada «Suiza centramericana» se encuentra pasando sus días más álgidos desde que dio comienzo la huelga general indefinida que poco a poco empieza a mutar de un movimiento huelguístico a uno social. El gobierno liberal y proempresarial de Carlos Alvarado se mantiene en la cerrazón de filas mientras las aristas del conflicto empiezan a tejer un escenario cada día más dinámico y complejo. El combo fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa cada día que pasa tiene menos adeptos conforme más se demuestra que este proyecto es una imposición de las cámaras empresariales a través de sus representantes gubernamentales.
Para comprender mejor el panorama, es necesario remontarse algunos años atrás. Durante la administración de Abel Pacheco se dio un estancamiento legislativo que, entre otras cosas, provocó que los fondos públicos se mantuvieran estables, llevando a abrir el año 2006 con un superávit fiscal superior al 1% del PIB. Cuando en 2008 se vino la crisis mundial, el entonces presidente Oscar Arias formula el famoso Plan Escudo para tratar de amortiguar el impacto internacional que, si bien en este ámbito fue bastante exitoso, generó internamente una crisis fiscal bastante severa que se acarrea hasta el día de hoy.
Lo que hizo el Plan Escudo fue aumentar el gasto público de un 15% a un 20% en solo dos años, provocando que el déficit fiscal cerrara en 2010 superior al 5% del PIB. Es sabido que este plan de Oscar Arias fue el causante directo de la crisis fiscal actual, pues aumentó el número de plazas de funcionarios públicos en funciones ciertamente desconcertantes e innecesarias, tal es el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social donde las plazas aumentaron en más de un 30% pero no en especialidades médicas o profesionales de la salud, sino en puestos administrativos.
Pero otras aristas develan el problema fiscal y que poco se analizan en el contexto actual. Uno de ellos es la situación acarreada posterior a la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), el cual no solo ha fortalecido las exoneraciones fiscales para los regímenes de zona franca, sino que también las disminuciones arancelarias sostenidas en estos últimos diez años han traído menores ingresos por concepto de importaciones y exportaciones. Esto último se refleja en la disminución de ingresos sobre el impuesto de ventas, lo cual se ha pretendido solventar imponiendo el valor agregado a la cadena productiva para que en última instancia sea el consumidor quien pague los platos rotos del «libre comercio».
Por otro lado, el problema más añejo de todos estos es el de la evasión fiscal que supera el 8% del PIB, existiendo hasta grandes empresas que declaran cero utilidades (25% de las grandes empresas) o las grandes cooperativas que están completamente exoneradas a pesar de tener ingresos sumamente elevados, tal es el caso de la Dos Pinos (productora de leche y derivados). A esto se le deben sumar los capitales que se mueven libremente hacia los llamados paraísos fiscales sin que se tenga certeza de cuanto es el impacto que esto provoca sobre el déficit. Otro factor que destaca en todo esto es la creciendo «concesión de obra pública» a manos privadas. Tales son los casos de la carretera 27 hacia el puerto de Caldera en Puntarenas, el puente sobre el río Virilla, la ampliación del aeropuerto internacional Juan Santamaría o la famosa «Trocha fronteriza». Todos estos casos han sido vergonzosos por cuanto han implicado gastos superiores a los que se habrían llevado a cabo con instituciones públicas y, como en el caso de la carretera 27 (inaugurada sin terminar hasta el día de hoy), con ganancias para la empresa privada que rebasan por mucho el carácter abusivo.
A lo anterior debe sumarse otro rubro importante y es el crecimiento del gasto fijo sin que existan medidas de contención, por ejemplo el aumento de la inversión en educación que pasó del 6% al 8% del PIB para cumplir con el mandato constitucional pero sin prever la fuente del dinero para suplir esa diferencia del 2%. Evidentemente el dinero faltante está en lo descrito en el párrafo anterior, pero ocurre que la Asamblea Legislativa aprueba proyecto tras proyecto sin tener presente la forma de financiamiento para su realización. Todo este conjunto de factores han provocado que el déficit esté hoy por encima del 6%, siendo el más alto de la región centroamericana.
Bajo este panorama sencillo, se puede tener claro por dónde anda el problema fiscal y quiénes lo han provocado. Acá están los responsables del desfalco financiero, quienes trabajan siempre están al día en el pago de impuestos. Costa Rica se dirige a un despeñadero peligroso pues lo previsto de recaudación con este proyecto que ha motivado la huelga general indefinida es de menos del 2% del PIB, lo cual indicaría que dentro de muy pocos años se esté planificando un nuevo paquete fiscal regresivo. El apartado específico de la evasión fiscal fue eliminado del actual proyecto de ley. Todo indica que el objetivo final del equipo económico de los presidentes Carlos Alvarado y Rodolfo Piza es terminar de quebrar a Costa Rica manteniendo la alcahuetería y perjudicando el nivel adquisitivo de las clases media y baja de la sociedad, lo cual puede llevar a estancar aún más la economía al disminuir el consumo de estos sectores y, por tanto, a contraer la producción del mercado interno.
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