“La integración centroamericana, por la ubicación de la región, es un proceso dinámico, no una decisión política de un gobierno sino del conjunto con los actores involucrados, incluyendo los externos” (Eduardo Lizano Fait)
Los países de la región centroamericana, especialmente las llamadas “provincias”, caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, mantienen, después del fallido Mercado Común Centroamericano (MCC), un mayor grado de interdependencia en las actividades comerciales, ya que son exportadores e importadores netos a la vez, unos de otros.
No sucede lo mismo en temas de financiamiento, aun cuando el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se ha fortalecido con la incorporación de socios extrarregionales. Los recursos se canalizan mayormente a proyectos locales en cada uno de los países, muy poco a iniciativas regionales, o sea programas y proyectos que involucren a dos o más países, o a toda la región. La demanda de recursos por cada país es tan grande, que no existe interés en los gobiernos (no importa la ideología) por apoyar la ejecución de programas y proyectos de mayor dimensión que beneficien en forma conjunta a todos o gran parte de ellos.
Los costos del financiamiento son más altos, si se comparan con aquellos de organismos como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que los gobiernos prefieren ejecutar proyectos locales de mayor impacto y menor plazo, donde se tenga, en teoría, control sobre los recursos y resultados obtenidos. Parte de los fondos de estos proyectos alimentan campañas políticas como la entrega de bonos a población en extrema pobreza en periodos electoreros. En Honduras, se denunció por dirigentes del partido Libertad y Refundación (LIBRE) que el BCIE estaba financiando el bono 10,000 de Juan Orlando Hernández (JOH) en plena campaña política y días antes de las elecciones generales de 2021.
Por su parte, la cooperación bilateral no reembolsable hacia Centroamérica ha disminuido y privilegia programas y proyectos de cada país, aunque identifiquen y apoyen sectores (ejemplo agroalimentario) que involucran población carenciada de uno o varios países, caso de la región sur de Honduras donde también se involucra a población de Nicaragua y El Salvador. Estas iniciativas no siempre son acompañadas por la institucionalidad regional y de los gobiernos, por lo que son vistas como iniciativas de países e instituciones de afuera, más organizaciones de sociedad civil y alcaldes locales.
Estas y otras carencias debieron ser corregidas con la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en diciembre de 1991 (¿Falla de origen?), conformado por las cinco (5) provincias centroamericanas más Panamá. Se sumó Belice en el año 2000 y República Dominicana en 2013. Tiene como el BCIE, socios extrarregionales, agrupados en países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Canadá, EEUU, Haití, Perú, México, Chile y Uruguay; países europeos ( España, Alemania, Francia, Australia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Serbia, (Turquía); países asiáticos ( Corea del Sur, Taiwán, Japón, Qatar), países africanos ( Marruecos), Nueva Zelanda (Oceanía) la UE y el Vaticano.
Rusia ha solicitado su incorporación al SICA como socio extrarregional, igual lo han hecho Georgia, Emiratos Árabes y Egipto. En el caso de Rusia, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua ha manifestado que Costa Rica, Belice y Guatemala se han opuesto a ello, aun cuando desde 2018 se inició el proceso de incorporación como Estado o país observador. También solicitó la incorporación de China, donde la mayoría de los países de la región (a excepción de Guatemala) ha establecido relaciones diplomáticas y comerciales bajo el principio de una sola China, lo que deja a Taiwán fuera. Entendemos que la presidenta Xiomara Castro acuerpa esta decisión de Daniel Ortega, pero es importante que se haga visible.
Más allá de los intereses políticos y geoestratégicos de EEUU visibles en la región centroamericana, los países en forma conjunta deberían establecer áreas de cooperación con los socios u observadores intrarregionales, y no tanto seguir pensando en programas y proyectos por compartimiento: Un pedazo o migaja para cada uno de ellos.
Para el caso, las apuestas para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y los apoyos ofrecidos por EEUU y la UE no han podido aun concretarse según los programas, proyectos y metas establecidos en los planes elaborados; el último, con la participación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y México, se ha desfasado y está quedando en papel. Hay un proyecto inconcluso en Nicaragua, con la construcción del nuevo puerto de aguas profundas con fondos de empresas chinas cuestionado por EEUU; las inversiones en generación de energía renovable para la región han resultado insuficientes y muchos de los empresarios locales se han enriquecido en forma poco transparente, usando exoneraciones tributarias del Estado.
En Honduras, con apoyo de China, se habla de la construcción de un “oleoducto” que una el Pacifico con el Atlántico y permita una mayor disponibilidad de hidrocarburos a menores precios y se espera que la maquila tecnológica abarque a toda la región por la instalación de empresas chinas o gringas. INTEL para el caso, tiene un laboratorio en Costa Rica y está invierto mucho en desarrollo de las capacidades tecnológicas locales e infraestructura educativa de Milenio.
La protección ambiental es un tema de agenda regional pendiente, aunque se cuenta con una Estrategia de Desarrollo Ambiental Regional apoyada por la cooperación externa, pero cada gobierno tiene una agenda propia. Lo mismo sucede con la búsqueda de soluciones integrales al problema de la inseguridad alimentaria, apoyando las economías campesinas y no el “facilito” de importaciones masivas de alimentos desde EEUU en el marco del RD-CAFTA.
Una reforma tributaria progresiva a nivel regional, como sueño acariciado por organismos de cooperación externa, se ha truncado. Unos países avanzan más que otros, caso de Nicaragua comparado con Honduras. El gobierno de Xiomara Castro busca que el Congreso Nacional apruebe la Ley de Justicia Tributaria que ponga orden en los regímenes fiscales que permiten a las empresas de mayor tamaño gozar de exoneraciones y excepciones fiscales sin que se visualicen los beneficios económicos y sociales para el país y población. El poder uniformar estos regímenes de incentivos tributarios entre países y empresas demanda de una agenda de trabajo regional entre gobiernos y la revalorización de los mecanismos de apoyo a la competitividad de sus economías.
La Agenda ODS 2030, no avanza con la celeridad debida, aunque se cuente con el apoyo de la CEPAL. El enfoque es una agenda ODS con objetivos, metas e indicadores derivados de la agenda general, ajustados por cada gobierno a las realidades de cada país, donde la funcionabilidad del sistema de planificación económica y social es clave para integrar los niveles de decisión de gobierno, los actores y la cooperación externa (financiamiento y tecnología). En algún momento el presidente Bukele de El Salvador habló de una agenda ODS203O para la región centroamericana, buscando fortalecer las relaciones de cooperación entre gobiernos y actores.
En tal sentido deberían aprovecharse experiencias positivas de los países en ejecución de políticas públicas y programas de combate a la pobreza extrema y el hambre, dos ODS que deben enfrentarse en forma conjunta, integral y regional. En la región centroamericana cerca del 30% de la población se encuentra en pobreza extrema y un 15% sufre hambre, siendo Honduras el país de la “cola”. La Política Agrícola Centroamericana (PACA), se truncó por las denuncias que su enfoque era de tipo neoliberal y avalaba el RD-CAFTA, sin valorar sus méritos como el consenso regional y el apoyo de los gobiernos de la región; debería evaluarse y actualizarse como instrumento de desarrollo agroalimentario y ambiental.
Urge una agenda de programas y proyectos de inversión regional, más allá de aquellos que cada gobierno presenta a la cooperación internacional como demandas que hay que cumplir por ser promesas de campaña. EL SICA y su Secretaria General y demás instituciones y organismos tienen un rol fundamental que cumplir, en una coyuntura donde los socios extrarregionales y observadores están interesados en una Centroamérica de conjunto, no de parchos y “parchera”.
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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