Los cien días Cien días constituyen el tiempo que algunos han llamado tregua y que en el ámbito nacional e internacional se ha concedido a un nuevo gobierno para que consolide su equipo de trabajo y determine la manera en que enrumbará su gestión durante cinco años. Esa tregua parece no cumplirse en esta oportunidad, […]
Los cien días
Cien días constituyen el tiempo que algunos han llamado tregua y que en el ámbito nacional e internacional se ha concedido a un nuevo gobierno para que consolide su equipo de trabajo y determine la manera en que enrumbará su gestión durante cinco años.
Esa tregua parece no cumplirse en esta oportunidad, toda vez que el pueblo ha percibido desde muy temprano que no habrá cambios sustanciales, que estamos ante más de lo mismo y que la promesa de «el pueblo primero» fue otro engaño. Por ello las manifestaciones en las calles a diario por los mismos problemas de siempre, por la falta de agua, de tierra, de vivienda, de transporte o reclamando justicia no se detienen.
Esta percepción ciudadana se consolida ante el hecho de que quien gobierna fue vicepresidente de Ricardo Martinelli, de que unos 50 diputados de la Asamblea fueron reelectos, y que a ellos se suman otros fantasmas del pasado y que ministros y altos funcionarios actuales ocuparon cargos en el gobierno anterior de Martinelli. Además, el actual mandatario, pese a la experiencia que debía denotar en el manejo de las riendas del Estado, muestra lo que para muchos es una especie de tortuguismo: incapacidad o desidia para enfrentar los acuciantes problemas nacionales.
Al cumplirse los cien días del nuevo gobierno, tal como lo habíamos advertido, muchas de las promesas en materia de adecentamiento de la cosa pública no solo indica que no se van a cumplir, sino que muchos de los problemas que supuestamente se atacarían se están profundizando, provocándose mayor desconfianza y falta de credibilidad en el sistema y un deterioro cada vez más marcado de la institucionalidad burguesa.
Toda vez que, al llegar a los cien días, diversos sectores emiten opiniones y hacen balance, ofrecemos este documento como un aporte al debate nacional.
Crisis de la institucionalidad
Ni un solo político de alto nivel se encuentra procesado por los tantos delitos de corrupción y atraco al erario público que se han denunciado (Radares Finmecanicca, Financial Pacific, CSS, sobrecostos en el MOP, MIDES, ampliación del canal) mientras siguen saliendo otros escándalos mayores, como los casos de AMPYME, MEDUCA, jumboferias, Policía Nacional, Lotería Nacional, INADEH, la planilla de la Asamblea de Diputados, las compras millonarias de armamento antidisturbios, etc.
El más sonado de todos, sin duda, es el relacionado con los 1200 millones que manejó el Programa de Ayuda Nacional (PAN), destacándose los cientos de millones que se otorgaron en partidas circuitales a los 71 diputados, de todos los partidos que conformaron la pasada Asamblea Nacional de Diputados, fondos usados en su campaña de reelección, en asuntos personales de varios de ellos y en financiar el clientelismo electoral que al final logra fracturar la voluntad popular y configurar lo que hemos denominado el monumental fraude del 4 de mayo, mediante la entrega descarada de dinero, electrodomésticos, muebles, celulares, bolsas de comida, materiales de construcción, becas, rifas de casa y automóviles.
Estas partidas multimillonarias provenientes de los impuestos de los panameños, a los que se deben agregar las donaciones de empresarios, fundaciones y fuentes de dudosa procedencia; estos fondos públicos arrebatados por quienes prometieron resolver las necesidades básicas de las poblaciones a las que representaban, fueron a su vez administrados por juntas comunales que devengaban un importante porcentaje por ello, contribuyendo así a la reelección de varios alcaldes y representantes de corregimiento.
Esta situación, incluso antes de conocerse su dimensión real, fue el causante de una lluvia de impugnaciones, particularmente contra candidatos oficialistas de ese entonces, del partido Cambio Democrático, lo que ha significado que hasta el momento casi una quinta parte de las curules de la Asamblea sigan vacantes, mientras una importante cantidad de alcaldes y representantes no toman posesión de su cargo, algo que no se sucedía desde las fraudulentas elecciones del 7 de mayo de 1989, las últimas organizadas bajo el régimen militar.
Para intentar enderezar el entuerto, el Tribunal Electoral, en sintonía con sectores del PRD, ha recurrido a una ilegalidad al entregar en circuitos plurinominales curules a candidatos de ese partido que no han sido impugnados (pese a que se ha conocido posteriormente que algunos fueron beneficiados con partidas del PAN), con el agravante de que, al celebrarse nuevas elecciones, quienes votaron por ellos tendrán la opción de votar dos veces, ahora en favor de otro candidato.
De esta manera, los magistrados del Tribunal Electoral, por encima de la voluntad popular, están definiendo de manera unilateral e ilegal la correlación de fuerzas en la Asamblea.
Pero lo sucedido con el PAN, y conocida su gravedad con posterioridad al 4 de mayo, ha puesto en evidencia que no solo los diputados y autoridades procesadas por el Tribunal Electoral incurrieron en delito, sino que tal situación involucra a la inmensa mayoría de la actual Asamblea Nacional de Diputados, así como también a un importante grupo de alcaldes y representantes que, igualmente, merecen ser juzgados. Por ello, insistimos que en tales circunstancias las elecciones del pasado 4 de mayo deben ser desconocidas.
La presencia de autoridades reconocidas oficialmente que llegan a esos cargos de manera espuria ahonda la crisis institucional que arrastra el país desde hace varios años.
Estamos ante la presencia de un Estado en franca descomposición, una institucionalidad maltrecha, que con la presencia de un gobierno sumamente débil nos encamina hacia un tipo de Estado fallido, con una institucionalidad podrida, democracia putrefacta, falta de credibilidad en los poderes del Estado como resultado de corrupción e impunidad desvergonzada de quienes nos gobiernan, a quienes no les importa que se sepa que son ladrones y que se venden a los grupos de poder económico porque tienen la certeza de que nada les va a pasar; que es incapaz de atender las demandas básicas de la población, garantizar justicia y hacer valer la voluntad popular, y donde ninguno de sus principales actores escapa del cuestionamiento público (autoridades, partidos, órganos del Estado, empresarios, medios de comunicación, jerarquías religiosas, Defensoría del Pueblo, Tribunal Electoral, etc.).
Ello quedó claramente demostrado en el fallo sin precedentes de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando, contradiciendo el veredicto de un jurado de conciencia y un fallo previo del pleno de la misma Corte que ratificó la detención, y la solicitud misma de la defensa del condenado de reducción de pena, se otorgó inmediata libertad a Rogelio Ramos, alias Juana Peña, autor intelectual del asesinato del obrero del SUNTRACS Osvaldo Lorenzo, asesinado en Chilibre en el proyecto de Odebrecht de la autopista Panamá-Colón, el 14 de agosto de 2007.
Este reino de la impunidad que existe en Panamá permitió también, mediante otra aberración jurídica, el sobreseimiento del principal responsable del caso CEMIS -uno de los mayores escándalos de corrupción en Panamá-, el expresidente Martín Torrijos quien, a propósito, es el mismo al que se acusó de promover en su gobierno el sicariato como forma de dirimir conflictos laborales y de constituir bandas para ello como la que dirigía Rogelio Ramos, alias Juana Peña.
Es importante resaltar que dos de los tres magistrados que firmaron el descabellado fallo, Luis Mario Carrasco y Víctor Benavides, fueron nombrados durante el Gobierno del PRD de Martín Torrijos. Carrasco es suplente del magistrado Jerónimo Mejía, también nombrado por el PRD. El otro magistrado, Harry Díaz, fue nombrado por el Gobierno de Martinelli-Varela.
Estos fallos aberrantes justifican los señalamientos de amplios sectores de la ciudadanía al respecto de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actúan en función de sobornos millonarios y presiones políticas.
Para ahondar más en este estado de impunidad, está el caso del brutal asesinato de la joven chiricana Vanesa Rodríguez a manos del soldado de nacionalidad norteamericana Omar Vélez quien, con ayuda de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, fue llevado a su país para rehuir la justicia panameña, y hoy la actual procuradora Ana Belfon, cómplice con las autoridades locales de este hecho, tuvo el descaro de declarar que no le competía a ella investigar un crimen ocurrido contra una panameña en territorio panameño.
Pacto de gobernabilidad y elitismo burgués
Para sostenerse, Varela tiene que valerse de un pacto de gobernabilidad con el PRD, cuyo contenido real es desconocido por el pueblo, con el agravante de que su partido aliado hoy es controlado por los mismos que, por su cercanía a Martinelli, se caracterizaron por hacer durante la gestión de este una oposición cariñosa.
En tal sentido, el nuevo Gobierno se ve obligado a ceder al chantaje de sus aliados para poder pasar leyes y lograr nombramientos en puestos claves, a cambio de inimaginables prebendas. Ya se corre la voz de que en los pasillos de la Asamblea, como en el pasado, se subastan los votos para los nombramientos de los futuros Contralor y Procurador General de la nación.
Pero, además, para lograr una mínima gobernabilidad, Juan Carlos Varela y sus aliados del Partido Popular han tenido que pagar las facturas de importantes grupos económicos que los apoyaron en campaña, particularmente de los Motta, como quedó demostrado, por ejemplo, en las designaciones en el aeropuerto de Tocumen y en el nombramiento del nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS), Estivenson Girón, quien viene de la administración de Guillermo Sáez Llorens, forma parte de la estructura de corrupción que rige en esa institución y quien presenta conflictos de intereses toda vez que es parte de empresas proveedoras de la CSS, organismo donde, en una medida de última hora, su junta directiva, constituida ilegalmente, y con el silencio de la representación sindical y gremial, acordó legalizar la impunidad para salvar a su director, Guillermo Sáez Llorens, y a sus secuaces de ser procesados por actos de corrupción, desgreño administrativo, malversación de los fondos de los asegurados y contratos con empresas sin idoneidad.
Además de ello, Varela, por interés propio y de otros, e incurriendo en nepotismo, se ha visto obligado a ceder espacios a clanes familiares y económicos en puestos ministeriales y en el servicio exterior (embajadas y consulados, especialmente los relacionados con marina mercante, que siguen siendo un gran negociado), entre ellos, además de los propios Varela, la familia Alemán Healy, los Motta, el grupo del ex BANISTMO de Alberto Vallarino con Dulcidio de la Guardia, Horacio Montenegro, Luis Cucalón, y otros personajes de la élite burguesa del Club Unión muy bien representada en la Gala del Centenario del Canal, una verdadera afrenta al pueblo panameño, a sus héroes y mártires, y donde el presidente Varela pronunció un humillante discurso de loas al imperio norteamericano.
Esto último indica el marcado alineamiento del nuevo Gobierno con los designios de Washington, al igual que el de sus antecesores, su nula definición en los conflictos de Medio Oriente o de Europa del Este, y su estrecha relación con el gobierno de Santos en Colombia. Algunos han tratado de magnificar como un acto de independencia la invitación a Cuba para la cumbre de presidentes, a realizarse el próximo año en Panamá, pero es que sencillamente sin Cuba no iba a haber dicha cumbre, como ya lo habían advertido la mayoría de los países del área.
Este sometimiento a Washington y a su política de seguridad en la región donde Panamá juega el papel de tercera frontera también se confirma con los nombramientos de figuras claves en los organismos de represión, como el caso de Omar Pinzón, exjefe del DIIP (G-2) y representante de Panamá en la Junta Interamericana de Defensa, y de Frank Abrego, confirmado como jefe de SENAFRONT, lo que plantea claramente el continuismo de una política de seguridad tutelada por Estados Unidos.
La composición oligarca del nuevo gobierno, aunada a la presencia e influencia de propietarios de medios de comunicación que le imponen al país la matriz informativa en su rol de manipuladores de conciencias; de aliados de la denominada sociedad civil (diversas ONG, fundaciones) para hacerse de una imagen social; de la jerarquía católica y de sectas como el Opus Dei, nos plantean el carácter conservador y elitista del nuevo gobierno y de cómo esto ha permitido que se desate la xenofobia (caso Crisol de Razas, por ejemplo, por la ausencia de una política migratoria soberana que dé a otros países el mismo trato que le dan a nuestros connacionales, por ejemplo, Estados Unidos), el racismo, el fanatismo religioso (observar comportamiento de estos grupos en el debate del proyecto de salud sexual reproductiva), el antifeminismo, la homofobia y otras manifestaciones de exclusión social como parte de una ideología fascistoide que pretende influir en políticas públicas y sociales, particularmente, en lo referente a la educación y en la forma en que se deben enfrentar los altos niveles de criminalidad existentes y el pandillerismo, dada la evidente incompetencia gubernamental en el tema, con lo que se pone en entredicho desde ya el programa Barrios Seguros enarbolado por Varela en su campaña.
Esto nos plantea en lo inmediato una agudización de la lucha de clases, un escenario de debate político e ideológico, un campo de batalla para el cual habrá que prepararse adecuadamente. Ello implica, además, la posibilidad inmediata de estallidos sociales ante la incapacidad y desidia gubernamental por atender las reivindicaciones populares.
Constituyente paralela
Conscientes de la fragilidad de la institucionalidad burguesa, grupos de poder político y económico seguirán insistiendo en una salida que les permita apaciguar los ánimos y procurar un nuevo pacto de la partidocracia que les sirva para resguardar el sistema de dominación, recomponerse y reencaucharse y además amoldar al Estado a los objetivos del neoliberalismo, particularmente a las políticas de privatización.
Esta salida es la llamada constituyente paralela, para la cual ya el Tribunal Electoral, cónsono con los planes de estos sectores burgueses en el poder y cada vez más complacientes con sus propósitos, busca reglamentar mediante el mecanismo contemplado en la actual Constitución que consensuó la partidocracia, la recolección de firmas para su convocatoria, la elección de unos 60 constituyentes y el período de debate y elaboración de una nueva Constitución que luego deberá ser sometido a un referéndum.
Este proceso podrá abarcar un período de varios años, lo que significará que las fuerzas patrióticas y populares estarán obligadas a definir el tipo de participación que tendrán en ello, sin sembrar falsas ilusiones en el pueblo y tomando en cuenta que en base a las reglas actuales, al sistema que favorece a la partidocracia y a los pactos interburgueses, la mesa está servida para que la Constituyente paralela se convierta en un espacio para que las distintas facciones del capital diriman sus diferencias políticas, para luego, con el concurso del establishment, imponerle su fórmula al pueblo.
A ello hay que agregarle la crisis de los partidos políticos y las pugnas internas, especialmente en el PRD, que lleva a los grupos a conformar otras reagrupaciones políticas, otros partidos políticos burgueses que se presenten como nuevas y frescas ofertas al país. Allí debemos incluir la discusión de las reformas electorales que se presentaron en 2010, las cuales no fueron aprobadas por la Asamblea, así como el debate que se dará a inicios del próximo año dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
La propuesta económica: Los ricos primero
El Partido Panameñista, encabezado por Juan Carlos Varela logró venderle su propuesta a los panameños, con el claro apoyo de los medios de comunicación, que lograron dirigir la opinión pública para convencer a la población de que cualquiera de las otras alternativas de la partidocracia era mejor que la continuidad de Martinelli a través del candidato del partido Cambio Democrático. La opción de la Embajada gringa por Varela, considerando la reciente historia con el PRD durante el gobierno de Martín Torrijos, además de las pugnas internas del partido y de la victimización que los medios de comunicación hicieron de Varela, terminaron por definir la elección por el panameñismo.
Su propuesta económica de no aumentar los impuestos, continuar «con el modelo de alto crecimiento económico, bajar el costo de la canasta de alimentos, acabar con el monopolio de distribución de alimentos, y darle prioridad al sector agropecuario», tiene un alto contenido demagógico, al igual que su promesa de atacar la corrupción, la impunidad y el nepotismo. Dijo, como buen politiquero, lo que el pueblo quería escuchar y los medios de comunicación le permitieron que divulgara su discurso.
Varela y los grupos económicos que lo impulsaron presentaron la misma propuesta económica del neoliberalismo, por lo que no era diferente a la del PRD o del CD. Solo incluyó algunas cuestiones cosméticas, como lo fue la propaganda de «58 balboas en tu bolsillo», y el supuesto ataque a la corrupción. Las facciones de la partidocracia se disputaron el control del Estado para usufructuar de él. La crítica a Martinelli era que acaparaba todos los negocios y excluía a otros sectores. Esta es la esencia de sus diferencias.
Pero, en verdad, dentro de la perspectiva de la partidocracia, no existe mucho espacio para aumentar los impuestos. A las empresas no les va a aumentar los impuestos después que Martinelli se los disminuyera, con lo cual estuvieron muy contentas. A los sectores profesionales de altos ingresos tampoco, porque Martinelli también se los disminuyó. El otro impuesto que queda, el ITBMS, es muy sensible a los panameños, y Martinelli lo aumentó al 7%. Al Varelismo le queda disminuir el gasto público y endeudarse más, lo cual compartió con Martinelli y el ministro de su partido, Alberto Vallarino, mientras estuvo en el Gobierno, y luego criticó. Esta es su opción. Sin embargo, esta no es sostenible siquiera a mediano plazo, por lo que el aumento de los impuestos no deja de ser una alternativa del panameñismo.
Los gremios empresariales y algunos medios de comunicación han iniciado una campaña contra los subsidios, pero no contra los que reciben los empresarios, sino aquellos destinados a los sectores populares. La primera medida que se perfila en este sentido es la de excluir a una parte de la población de los subsidios de la energía eléctrica, disminuyendo el tope de consumo de energía para ser beneficiario.
La situación fiscal del primer semestre de 2014 muestra un déficit de 1,510.5 millones de balboas y el 3.2% del PIB, lo que supera lo establecido (el 2.7%) en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Cualquier déficit del año 2014 tendrá que atenderse en el 2015, lo que también afectará al desempeño de las finanzas públicas.
El presupuesto que se ha presentado a la Asamblea confirma el continuismo del modelo económico, con el agravante de la situación fiscal. Se proyectan aumentos de los ingresos corrientes del 2.1%, mientras que el gasto corriente aumentará en 14.3%. La situación del Gobierno central es más aguda, ya que es el espacio por excelencia del nombramiento del nuevo Gobierno, con altos salarios. Aquí se estima que los ingresos corrientes disminuirán en 2.1% y los gastos corrientes aumentarán en 19.2%. La situación es más deteriorada, pero bastante similar al primer semestre de 2014, cuando los ingresos totales del Gobierno central habían aumentado en 1.5% y los gastos en 13.6%. La partidocracia ha aprendido a vivir con los desequilibrios fiscales porque quien sale sacrificado siempre es el pueblo panameño, que sigue esperando que le paguen la deuda social, históricamente desatendida.
El endeudamiento, principalmente externo, la venta de tierras, del patrimonio, y los ingresos de las empresas estatales, donde destacan los del canal, serán la fuente de financiamiento del aumento del gasto corriente. En el 2015 se espera contratar más de 4000 millones de dólares de deuda y se tendrán que pagar 1274.4 millones en intereses y 984.7 millones para amortización. El endeudamiento aumentará en 3,075 millones de dólares. Martinelli, Martín Torrijos, Mireya Moscoso, Pérez Balladares y el presidente Endara, con Mario Galindo en el Ministerio de Hacienda, progresivamente le han trasladado a los empresarios los ingresos del canal, al disminuirle cada vez más los impuestos. Este es el «sistema justo, sencillo y neutral» del que habla la propuesta del panameñismo-varelista.
Esta situación fiscal era predecible desde antes de las elecciones. Por ello, el FAD y FRENADESO planteamos que era necesario aumentar los impuestos y que los que más ganan paguen más, y que se hiciera una reestructuración del gasto público, eliminando privilegios y gastos innecesarios, además de disminuir los sueldos de los altos funcionarios del Gobierno. Por ello, la propuesta del panameñismo-varelista y el Partido Popular es simple demagogia, siguen implementando las mismas políticas económicas que sacrifican las necesidades del pueblo panameño.
En estas circunstancias, el apoyo al sector agropecuario es muy limitado. El presupuesto del MIDA representa el 1% del total del Gobierno central. En cuanto a inversión, representa el 3.3%, destinado a proyectos ya desarrollándose, como lo es la cadena de frío. Los recursos otorgados al IMA para compra de la producción a los productores son cosméticos. Para comercialización se le asignan 36.4 MM. Al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) se le asignan 43.5 millones de balboas para crédito agropecuario.
Contrariamente, al MOP se le asignan 868.7 millones de balboas para inversión, esencialmente para la red vial. Aquí está el negocio. Al sector Salud, que corresponde a instalaciones de salud y el saneamiento de la bahía, proyecto al parecer interminable, se le asignan 590 millones. Construcción: también es negocio. Claramente, el presupuesto para 2015 refleja lo que históricamente se le ha asignado al sector agropecuario: casi nada. No hay cambio de la política económica hacia el sector.
La ampliación del canal de Panamá
Los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá siguen haciendo lo que les da la gana sin que haya alguna instancia que los detenga. Son una república aparte.
Además de la desastrosa decisión de otorgarle la licitación al consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), ahora le levantaron la fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, para que el consorcio pudiera utilizar los bienes que sostenían la misma, para pedir préstamos y tratar de terminar el proyecto. Además, la ACP decidió darle 100 millones de dólares más a GUPC, lo cual sumaría 874 millones que le han adelantado, sin que haya mediado entrega de obra correspondiente. Se le ha entregado el 92% del contrato y solo ha entregado el 73% de la obra. Esta es la genialidad de administradores que tenemos en el canal.
No bastando con lo anterior, el acuerdo con GUPC es que la ACP, por su cuenta, sin consultar a los panameños, decide postergarle la entrega del adelanto, que también dio sin consultarle a nadie, hasta el año 2018, sin cobrarle intereses al consorcio. Lo peor es que no hay seguridad de que GUPC pueda terminar la ampliación.
Varela, quien siempre estuvo de acuerdo con el proyecto de ampliación, ha dejado que las cosas sigan igual. Ahora, con el grupo de Alemán Zubieta, que lo respaldó en la campaña, menos hará.
El actual administrador Jorge Quijano, ya ha dado las órdenes, según los funcionarios de la ACP, para realizar los estudios del cuarto juego de esclusas (el cuarto carril), anunciado también por Martinelli al momento de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, junto con un alto ejecutivo de la empresa Betchell, la que quedó segunda en la licitación que se le otorgó a GUPC. No salimos de este hoyo en que nos han metido los directivos de la ACP y ya quieren meternos en otro.
En esta materia, los negocios, la partidocracia no tiene diferencias. Es más de lo mismo.
La política ambiental
La propuesta varelista habló de una política ambiental en el contexto de «economía sostenible». Entre las promesas del presidente Varela estuvo convertir la ANAM en ministerio. La causa de la problemática ambiental en el país no es que la ANAM no sea ministerio. Tenemos el Ministerio de Salud y también el de Obras Públicas, para solo mencionar dos, y los problemas en estos campos son severos. El problema radica en la falta de compromiso real con la política ambiental en correspondencia con la sostenibilidad de la vida humana.
En la ANAM se han designado a ciertos así denominados ambientalistas en los principales cargos. Hasta ahora, han tenido un bajo perfil pese a serios problemas en materia ambiental en áreas específicas. Ante la contaminación del río La Villa, que aún persiste, y de cuyos responsables no se sabe mucho, a la ANAM no se le conoce alguna disposición de investigación. En este caso, además de la empresa Campos de Pesé, S. A., en donde se ha dicho que Ricardo Martinelli tiene intereses, se ha señalado a las empresas licoreras del presidente Varela, pero parece que se le ha echado tierra al asunto.
Sobre el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, que se proyecta como otro foco de conflicto más con los grupos originarios, y del cual son conocedores los actuales directivos de la ANAM, también se guarda silencio. El ministro de Gobierno, Milton Henríquez, les ha dicho a los afectados que tienen que negociar con la empresa, que el Gobierno no puede hacer nada. Esta es la actitud de la partidocracia frente a los proyectos que ven como negocio, sin importarles los afectados.
Las empresas mineras de Petaquilla siguen abusando de los trabajadores y avanzan silenciosamente en la gran minería de cobre, y tampoco se observa ningún cambio de actitud de los directivos de la ANAM. Mientras, los militares de las bases aeronavales, en conjunto con funcionarios de la ANAM, persiguen a los que denominan practicantes de la minería ilegal en el río Petaquilla, decomisándoles los equipos.
El actual gobierno pretende continuar con la interconexión eléctrica para beneficio de poderosos intereses colombianos-panameños. La ANAM tampoco ha dicho nada al respecto.
En la Alcaldía de Panamá, en donde la vicealcaldesa se ha presentado como preocupada por el ordenamiento territorial y urbanístico, se levantó la restricción de construcción que tenía un proyecto en Coco del Mar, en las primeras sesiones del Consejo Municipal. Persisten los cambios de zonificación arbitrarios y la destrucción de manglares para beneficio de grupos de poder económico.
Hasta ahora, aun cuando la dirección de la ANAM está a cargo de supuestos ambientalistas, no se vislumbra un cambio significativo en la política ambiental del país.
La demagogia «el pueblo primero»
Durante su campaña electoral, en su propuesta de gobierno, Varela prometió una «vida buena para todos» (ver eje de desarrollo humano y bienestar). Entre sus proyectos insignias sobresale la campaña publicitaria de «100% agua potable-0 letrinas» y «58 dólares en su bolsillo» (control de precios de emergencia).
En cuanto al costo de vida, la llamada política de control de precios de artículos de primera necesidad no ha sido efectiva. Varela, quien nunca demostró de dónde vendría el ahorro de 58 dólares mensuales que colocaría en el bolsillo de los panameños, ha ido quitándole intensidad a la medida. Los intereses de los grupos de poder económico (a los que responde Varela), la campaña de los medios de presentar problemas de desabastecimiento en supermercados como consecuencia de la misma, además de la poca efectividad en tiendas y abarroterías y las críticas surgidas (y ciertas) de que los precios de algunos productos fueron congelados a los niveles que la especulación aumentó previamente, siendo así que algunos están más caros que en las jumboferias de Martinelli, la mala calidad de algunos productos y que en otros se ha impuesto un racionamiento, no ha dado los beneficios del ahorro que prometió el Gobierno.
Lo cierto es que el costo de la vida sigue aumentando, los 28 artículos fuera del «control de precios de emergencia» han aumentado en un 13.6%, mientras se pierde calidad en los otros 22; los incrementos de precio de los medicamentos superan el 50% (sobre todo en medicamentos de enfermedades crónicas degenerativas); aumentan los precios de los artículos de higiene personal, y para el próximo año ya se anunció el aumento de la tarifa del servicio de energía eléctrica, lo que sin duda aumentará el costo de vida.
Salud y educación sufren recortes, y la crisis del agua
En materia de salud y educación, Varela prometió «garantizar el derecho de todos los panameños a una educación de calidad y a la salud»; no obstante, en sus primeros 100 días, so pretexto del déficit fiscal, las primeras partidas del presupuesto público que sufren recortes son salud y educación (en salud: recorte de 110.6 millones de dólares, 92.2 millones de dólares de las partidas de inversión y 18.4 millones de dólares de las partidas de funcionamiento; en educación: recorte de 8.8 millones de dólares, de los cuales, 836 mil dólares es de funcionamiento y 8 millones de dólares corresponden a inversiones). Mientras tanto, se suspenden citas en la CSS, mueren pacientes por KPC, hay desabastecimiento de medicamentos, algunos planteles educativos han tenido que cerrar dado el deterioro de su infraestructura y existe una gran deuda con los educadores en materia salarial.
En este mismo orden, Varela designó como nuevo director de la CSS a Estivenson Girón, quien está vinculado a empresas proveedoras de la Caja (que poseen más de 50 contratos con la institución), lo cual ya nos indica que, tal como ocurrió con la administración anterior de Guillermo Saéz Llorens, primero estarán los negocios que la salud del pueblo. Es evidente el conflicto de intereses en este caso, pero ya existía cuando, siendo proveedor de la CSS, ocupaba un cargo en el Departamento de Control Financiero de la institución.
Mediáticamente, como ya lo han hecho otros gobiernos, se instalan comisiones de diálogo en salud y educación, buscando frenar el accionar de sus gremios, en los cuales algunos de los dirigentes gremiales han caído. Bajo la administración Varela sigue en vigencia la transformación curricular por competencia, los despidos de la dirigencia gremial se mantienen, se mantiene la deuda con los educadores en concepto de salarios pactados en su última lucha reivindicativa, se insiste en procesos de asociación público-privado (APP) y las acciones de corrupción de la administración anterior (salud, educación y Caja) se mantienen en impunidad.
En vivienda, Techos de Esperanza y Renovación de Colón son sus proyectos insignias. En Colón, plantean construir 5000 viviendas y restaurar 18 edificios de patrimonio histórico, iniciativa que representa una inversión de 500 millones de dólares. La propuesta de vivienda, que no resuelve el déficit habitacional de la ciudad de Colón, se enmarca en su proyecto Colón Puerto Libre, el cual se corresponde con los intereses de los sectores de poder económico de los usuarios de la ZLC.
Varela, que prometió 100% agua potable, en sus primeros 100 días evidenció su falta de propuesta concreta para resolver el problema que enfrentan las 194,232 personas que toman a diario agua sin ningún tipo de tratamiento, o los 227,125 hogares que no reciben agua potable las 24 horas al día (solo tienen acceso al agua entre 2 a 7 horas al día. Continúa igual el desabastecimiento, y a ello se agrega la contaminación de los ríos, sobresaliendo el caso del río La Villa, donde, según se señala, sus empresas han estado relacionadas con el problema. En su viaje a España, Varela se reunió con varias empresas para abordar el tema del agua (España es el país europeo con mayor privatización del servicio de agua potable), lo que prevé la privatización del vital líquido. Igualmente, al IDAAN se le recortó el presupuesto por 79.4 millones de dólares para la vigencia fiscal 2014. En cuanto a la recolección de la basura, el problema persiste y se incrementa, mientras que con la lentitud que parece caracterizar al Gobierno, se prepara el debate para ver si la prestación del servicio regresará a manos de la Alcaldía.
Crece la informalidad laboral y sigue la crisis del transporte
En lo laboral, las contrataciones de trabajo registradas en MITRADEL revelan una disminución, si se compara con el periodo enero-julio del año pasado. De enero a julio del presente año se han registrado un total de 168,217 contratos (5.2% menos respecto al mismo periodo del año 2013). La situación varía en los contratos de tipo definido, que contabilizan 58,575, lo que refleja unos 873 contratos menos en comparación con 2013; en los contratos indefinidos se registran unos 47,710, es decir, 227 menos; en el caso de las obras determinadas, único que presenta aumento, hay un total de 61,705 este año, 8,897 más que el año pasado. Si bien este comportamiento, solo refleja un mes de Varela, lo cierto es que las proyecciones son al descenso en la generación de puestos de trabajo. Para los próximos años, el sector privado plantea mantener o recortar su empleomanía en una relación del 75%, mientras que las obras de construcción (públicas) también prevén una contracción, se acrecienta la informalidad laboral.
Se despiden y congelan nombramientos de funcionarios públicos supuestamente para enfrentar el déficit fiscal; sin embargo, se nombran directores y subdirectores a los cuales se les incrementa su salario/dietas, muchos de los cuales son familiares de las autoridades gubernamentales. Una vez más, se desconoce la eficiencia, experticia y dedicación del funcionariado público que anhela y merece ser promovido a puestos de dirección.
Al igual que en educación y salud, en este nivel también se mantienen mesas de dialogo, que provienen del periodo anterior, ante las denuncias de la clase obrera ante la OIT, pero que hasta la fecha no tienen resultados contundentes.
El pueblo sigue viviendo el trauma del transporte público, largas filas para abordar un Metro Bus pues la frecuencia en el servicio es ineficiente; no obstante, se justifica a la empresa so pretexto de que el contrato firmado con el Estado limitaba su accionar (ver declaraciones de Milton Henríquez, ministro de Gobierno). Ello ha generado la lucha intestina entre transporte pirata contra transporte legal, promovida desde los intereses de diputados que manejan el tema del transporte como verdaderos carteles, mientras la población padece el mal servicio y hasta la muerte. Sin resolver el problema, el Gobierno, a través del director de la ATTT, Julio González, ya anunció que aumentará el subsidio que paga a la empresa Mi Bus (actualmente de 45 centavos por pasajero).
Problemas de seguridad y los subsidios
Es innegable el aumento de la delincuencia común, doscientas pandillas que se toman el país y que son utilizadas mediáticamente para incrementar el pie de fuerza policiaca y para justificar la presencia de SENAFRONT en los barrios. Los robos, asaltos, homicidios y la inseguridad ciudadana en general persisten, lo que evidencia el fracaso de la política represiva para enfrentar el problema.
Varela, al igual que Martinelli, no rompe con el modelo de exclusión social y la concentración de la riqueza en 105 personas que prevalece en el país, mientras las demandas sociales de los sectores marginados siguen sin atenderse. Varela, al igual que sus antecesores, sigue apostando a la utilización mediática de subsidios, política que impulsan los neoliberales para rehuir el debate de la ausencia de democracia económica y la mala distribución de la riqueza. A su arribo al Gobierno anunció el aumento del subsidio 100 a los 70, pasando a 120 a los 65, la Beca Universal, el subsidio del pasaje en el Metro Bus; igualmente, se mantienen el bono de 5000 dólares para las viviendas nuevas de interés social y el subsidio eléctrico, y se crean nuevos subsidios, como el bono para pagar el pasaje en el Metro Bus y en el Metro de Panamá por 60 dólares mensuales para los servidores públicos que devengan 850 dólares o menos, y para trabajadores de la empresa privada, cuyas empresas decidan acogerse al programa y a las cuales les será deducible del impuesto sobre la renta. En el tapete mediático, se plantea el subsidio a embarazadas, obesos y estudiantes nocturnos, cuya propuesta, según voceros del MEF, no cuenta con partidas para el próximo año (2015). No obstante, en la mayoría de los casos se plantea revisar el número de beneficiarios y, en algunos casos, reducirlos (subsidio eléctrico, 120 a los 65, etc.).
En el marco de los subsidios, no es clara la fuente de financiamiento de los mismos. Varela prometió en su campaña electoral que no aumentaría los impuestos, pero nada niega que, al igual que lo hizo Martinelli, terminará justificando el aumento de estos, que afecta fundamentalmente a los asalariados y profesionales, que son los que significativamente pagan impuestos (con lo cual consolidaría la práctica de «sacar más dinero de un bolsillo para meter menos dinero en el otro»). Ello sin negar que muchos de los subsidios no son directos a los consumidores, sino que pasan a manos de las empresas, a quienes se les garantizan máximas ganancias. Además, no son cuestionados los subsidios que reciben las grandes corporaciones empresariales a las cuales se les ha venido reduciendo el pago de impuestos sobre la renta.
Varela, al igual que los gobiernos del PRD y del CD, han rehuido la atención a las causas que generan la necesidad del subsidio estatal, tal como lo es la informalidad laboral, los bajos salarios, la carga impositiva regresiva, la estructura oligopólica del mercado, el abandono del agro, la privatización de los servicios básicos, la mala distribución de la riqueza y la corrupción.
Hasta el BID, organismo impulsador del neoliberalismo, reconoce que, a pesar de los programas directos para ayudar a reducir la pobreza, el nivel de pobreza sigue siendo muy elevado en Panamá. Para el organismo, si el crecimiento económico hubiese tenido un efecto similar sobre la pobreza, como ocurrió para el país promedio de la región, la pobreza total en Panamá hubiese bajado al 10% y la pobreza extrema en zonas urbanas se hubiese prácticamente eliminado. En cuanto a la desigualdad de los ingresos, el BID concluye que la misma genera amplias disparidades en términos de riqueza, geografía y etnicidad en Panamá. Los índices de pobreza en el país son más altos que en otros países de América Latina, con niveles de ingresos similares. El coeficiente de GINI de Panamá (51.9 en 2012) es uno de los más altos de América Latina y el Caribe, señala el organismo.
El pueblo sigue la lucha en las calles
En 100 días del Gobierno de Varela, el pueblo sigue en las calles para que se atiendan sus demandas sociales y se respeten sus derechos humanos. Un medio de comunicación escrito reporta más de 40 movilizaciones del 1 de julio al 30 de septiembre. Las principales movilizaciones sociales han sido contra los desalojos y por el acceso al agua potable (Ciudad de Panamá, Panamá Este, Arraiján, La Chorrera y Chiriquí); por un servicio de transporte público eficiente (Panamá y Panamá Oeste / usuarios, gremios de transportistas); problemas ambientales y ordenamiento urbanístico (Panamá, Azuero, Comarca Ngöbe Buglé); Salud (pacientes con enfermedades crónicas, gremios de la Salud); salario, pensiones y salud ocupacional (pensionados, SUNTRACS, SITRAIBANA, gremios de educadores, entre otros); infraestructura educativa y acreditaciones de títulos (estudiantes, padres de familia, docentes); derogación de indultos (gremios de abogados); contra el femicidio (organizaciones de mujeres).
Por su parte, FRENADESO Noticias registró 17 movilizaciones en el mismo periodo. Causas principales: impunidad, desalojos forzosos, femicidio, imputabilidad de huelga, contra indultos presidenciales, demandas de víctimas de la dictadura, víctimas de dietilenglicol, salud ocupacional, salarios, solidaridad con los pueblos.
Es claro que en materia social el pueblo sigue enfrentando las mismas vicisitudes, incremento de los precios de los bienes y servicios básicos; desatención en los sectores de salud y educación; desalojos y falta de acceso al agua potable; pésimo servicio de transporte público; inseguridad ciudadana dada la inadecuada política de seguridad.
Se mantiene el mismo esquema de confrontar las necesidades sociales de educación, salud, vivienda y transporte, con política asistencialistas que generan clientelismo político, pero que no enfrentan las causas que originan el problema (se ven los efectos pero no se atienden las causas).
Es decir, en el plano social continúa la misma dinámica de las administraciones anteriores: ejecución del neoliberalismo. Se mantiene un modelo económico que prioriza el crecimiento y las ganancias, mas no el desarrollo que camine hacia la justicia y equidad social.
Constituyente originaria y poder popular
FRENADESO insiste en que la única salida real para acabar con la podredumbre moral de las instituciones y lograr una sociedad verdaderamente justa es seguir acumulando fuerza social organizada, construir poder popular y crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria, con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.
En el aspecto táctico debe seguir evaluándose la validez o no del instrumento político electoral del pueblo que representó el Frente Amplio por la Democracia (FAD) para determinar los pasos a seguir en el futuro en torno a mantener o no una alternativa política que se contraponga a los partidos burgueses y al oportunismo político existentes.
Hay que retomar el accionar combativo del pueblo en demandas concretas: La lucha por el carácter público y la eficiencia en Salud, Educación, Agua, Transporte, Seguridad Social; la resistencia contra los proyectos hidroeléctricos y mineros depredadores del ambiente; por aumento general de salarios y rebaja y congelamiento de los precios de los artículos y servicios de primera necesidad; la lucha contra todo tipo de discriminación y exclusión social en todas sus manifestaciones (xenofobia, racismo, homofobia, femicidio, violencia de género, fundamentalismo religioso, ataques por origen social, pensamiento político e ideológico, etc.); contra los abusos y la represión policial y la defensa de los derechos humanos; por una política exterior realmente soberana; contra la impunidad, el nepotismo y la corrupción; por la democratización de los medios de comunicación; contra la inmensa brecha entre ricos y pobres.
Debemos alertar al pueblo sobre las componendas que se pretenden hacer a sus espaldas por parte de elementos oportunistas, siempre proclives a la conciliación de clases, que marchan a la cola de determinadas fracciones burguesas en el conocido Frente Guacho, algunos haciendo parte del Gobierno y otros con deseos de entrar, o haciendo parte de comitivas internacionales oficiales y que buscan crear falsas expectativas en torno al nuevo Gobierno de que Varela es «bueno», es «distinto», ocultando que es el continuismo de las mismas políticas neoliberales, de exclusión y de venta del país ejecutadas por los pasados Gobiernos. La actuación de esta pseudoizquierda y de grupos con alguna influencia en organizaciones populares y gremiales solo contribuye a dividir al pueblo y a frenar o mediatizar sus luchas, haciéndole el juego a las clases dominantes, a las elites, representadas en grado superlativo en el nuevo Gobierno.
El movimiento popular, ante la gran cantidad de demandas sociales sin resolver, no debe bajar la guardia, hay que seguir presionando con la lucha en las calles, elevando los niveles de organización, lucha y concienciación del pueblo, y defendiendo su independencia. Ello conlleva el ensayo de formas de organización y debate desde las mismas bases, cabildos abiertos, discusiones en las distintas estructuras sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, juveniles, estudiantiles, comunales, profesionales, ambientales, culturales, cristianos de base, de mujeres y otros sectores excluidos y explotados y otras fuerzas democráticas a fin de conformar la más amplia unidad del pueblo para enfrentar la situación actual y lograr una solución real, digna y consecuente con los intereses del pueblo.