“El problema de Honduras es que hay demasiados corruptos y corruptores, sirviendo la ideología partidaria, ética empresarial y prensa mediática como escudos protectores” (Danilo Lagos, actor de teatro)
El neoliberalismo en Honduras como modelo de desarrollo o antidesarrollo lleva 35 años de vigencia, aunque durante la década de los 80 se ejecutaron algunas acciones como la víspera del mismo, donde destaca el programa de estabilización económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscrito en el Gobierno de Roberto Suazo Córdova (1982-1985) y ejecución del programa de titulación de tierras financiado por la AID orientado a garantizar derechos de propiedad a productores del sector rural, incluyendo las cooperativas y grupos campesinos de la reforma agraria, aun cuando estaba prohibido según la Ley de Reforma Agraria.
El Presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1993) recibió asesoría de los «Chicago Boys» para poner en marcha un programa de estabilización y ajuste estructural, cuyas bases del modelo económico de desarrollo de Honduras se construyeron en 1989 con apoyo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), siendo su principal promotor el Dr. Benjamín Villanueva, Secretario Ejecutivo del mismo.
Al Gobierno de Callejas se le denominó el gobierno del “cambio”, que en el fondo no era más que dejar atrás el modelo tradicional de intervención del Estado en la economía, con controles de precios, aranceles, subsidios a las tasas de interés y sobrevaluación monetaria y acumulación de déficit fiscales explicado, según la tradición monetarista neoliberal, por exceso de gasto público debido a un aumento sostenido de los factores de expansión monetaria.
A ello se sumó la privatización de las empresas públicas, la desregulación de las actividades económicas y congelamiento de los salarios, conjuntamente con el “entierro” de la reforma agraria, privatización de los recursos forestales y la apertura externa con la promoción de bienes no tradicionales de exportación.
Este discurso del gobierno del “cambio” siguió con los otros gobiernos del Partido Nacional, caso de Ricardo Maduro (2002-2005), Porfirio Lobo Sosa (2010-2013) y Juan Orlando Hernández (2014-2021), e incluso del Partido Liberal, como Carlos Roberto Reina (1994-1997), Carlos Roberto Flores (1998-2001) y Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009), que se salió del libreto básico al prohibir la minería de cielo abierto, ajuste del salario mínimo de más de 60%, control sobre los ingresos por hidrocarburos, y una resistencia visible a la devaluación monetaria en exceso exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otras; pero sin impulsar reformas a la Ley para la Modernización y Desarrollo del Desarrollo Agrícola (LMDSA), o sea el ajuste estructural agrícola.
Los resultados de la ejecución de este modelo no fueron muy favorables para el Gobierno del presidente Callejas. Por el lado de la estabilización económica, destacan los siguientes: la tasa de crecimiento promedio anual de la inflación (1990-1993) de 19.2%, el PIB real 3.8% y del PIB per cápita de 2.8% en 1993, sumado a un déficit en balanza comercial de -232.6 millones de dólares y una deuda externa superior a los 3,600 millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual superior al 100%. (Valladares, E, 1990, Banco Central de Honduras) [1], con montos de Inversión Extranjera Directa (IED) no superiores a 200 millones de dólares anuales como promedio.
La buena nueva del modelo a finales del Gobierno de Callejas, es la visibilidad de la producción y exportación de la industria maquiladora, de 90 millones de dólares en 1993 y el aumento de las exportaciones de rubros como los camarones, langostas, piñas y melones; pero cuya tendencia distaba mucho para un desplazamiento creciente de la producción de bienes tradicionales como los bananos y el café que representaron en conjunto el 37% de las exportaciones totales del país, incluyendo maquila.
En el sector real, hubo un aumento de la pobreza. Calleja cerró en 1993 con un nivel de pobreza de 76% y pobreza extrema de 21.4%. Hoy cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hablan de 62.9% % y 40.1 % respectivamente, lo que demuestra lo poco que se ha avanzado. La baja de la producción de alimentos, además de la contracción del crédito y asistencia técnica para las economías campesinas, se afectó por la vigencia del RD-CAFTA en 2006 que todavía sigue a la espera de una revisión profunda al volverse Honduras un país importador neto de alimentos y territorio de agronegocios tóxicos, desplazamiento de población indígena, migración y muerte de dirigentes ambientalistas.
Este modelo de primacía de los objetivos de estabilización económica promovida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), apertura externa indiscriminada, endeudamiento, aumento de la desigualdad económica y social y el desplazamiento de población rural, se complementa con la atomización de la institucionalidad publica, especial de los gobiernos locales, desvalorización de los partidos políticos y dirigentes, narcotráfico en ascenso y corrupción generalizada.
Curiosamente, un cuestionamiento de fondo al FMI es que, en la búsqueda de garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilización económica, como ejemplo, tasa de crecimiento del PIB positiva, baja inflación y déficit fiscal, devaluación monetaria, endeudamiento y acumulación de reservas para pagar servicio de la deuda, su voz (y de otros organismos internacionales financieros) y condicionalidad no ha sido lo suficientemente fuerte, para no permitir que el país tenga acceso a recursos externos cuando hay plena evidencia de actos de corrupción, clientelismo político, deterioro de la justicia, democracia y derechos humanos, y la regresividad creciente en el sistema tributario.
En todo este periodo, el COHEP, como grupo corporativo privado, ha sido muy favorable a las políticas económicas ejecutadas por el Partido Nacional, acompañando la creación de nuevas leyes, reformas a las existentes y diseño y ejecución de proyectos de inversión; incluso, participante directo en las carteras ministeriales como funcionarios de gobierno. Con el Partido Liberal, hay evidencia de su respaldo a la gestión de los gobiernos, pero han cuestionado políticas de apoyo a sectores gremiales y campesinos, aumento de gasto público para programas de inversión y la mayor participación del Estado en la regulación de la inversión en sectores estratégicos como el agroalimentario, forestal, eléctrico y telecomunicaciones.
El COHEP da a entender para las elecciones de noviembre próximo que los empresarios, en especial los medianos y pequeños sin excepción, simpatizan o tiene más confianza en el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura para la presidencia (47.10%) , por encima de las preferencias al candidato del Partido Liberal Salvador Nasralla (42.40) y pocas simpatías con la candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) Rixi Moncada, demandando como prioridades la generalización de empleos, combate de la corrupción y la atracción de la Inversión Extranjera, con reducción de la carga tributaria.[2]
Los candidatos de los partidos nacional y liberal han manifestado estar en contra de la aprobación de la ley de Justicia Tributaria, a favor de la ley de empleo por hora y atracción de inversión extranjera para seguir apoyando el modelo de apertura indiscriminada y privilegios que dio sustento el programa económico de Gobierno del presidente Callejas. Es más, en la busca de recursos para generar empleos, aunque de mala calidad, no es de extrañar que si la correlación de fuerzas en conjunto es favorable (se obtengan más de 85 votos en el Congreso), las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDES), vuelvan a la vida con todas las de ley.
Es muy importante ampliar el debate entre los candidatos sobre el modelo de desarrollo que ocupa Honduras en la coyuntura actual, más allá de promesas de campaña que no se cumplen. Para el caso, cuáles serían sus estrategias para enfrentar la creciente desigualdad económica y social y persistencia de la pobreza. Acaso siguen pensando que la solución es mantener baja la inflación, mayor deuda, generar empleos de mala calidad, con inversión extranjera de privilegios e inversión nacional apalancada con recursos del Estado y la corrupción; o en políticas de compensación social avaladas desde hace más de 30 años por el FMI.
El COHEP exige elecciones limpias y masivas, pero los ciudadanos deberíamos exigirle aportar alternativas efectivas, evidencia de compromisos y recursos a una estrategia de desarrollo que no sea más de lo mismo, o sea, más de lo que Callejas denominó un Programa Económico para el “cambio” de Honduras.
Notas:
[1] Ver Edmundo Valladares, “Cincuenta Años de Banca Central en Honduras” (1950-2000), Tegucigalpa, Honduras, 2001, Banco Central, pág. 210.
[2] Ver resultados del Barómetro Electoral de COHEP, Tercer Corte, octubre de 2025, Tegucigalpa, DC.
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