Solo los pueblos organizados desde abajo, podrán enfrentar al régimen dictatorial.
Cada cien años recrudece la lucha indígena anticolonial, así lo expresan (según Genaro Ledesma) las Actas del Patronato de la Raza Indígena. Según ellas, entre 1922 y 1930 estallaron en Perú 697 rebeliones; ¡697 alzamientos en ocho años, es decir, un promedio de 70 anuales! ¡Un alzamiento cada cinco días! ¡Miles de muertos! ¡Cientos de miles de muertos! Alzamientos sucedidos en silencio, combatidos en silencio, aplastados en silencio”. (La guerra de Perú / Pedro Salmerón Sanginés, La Jornada, 28-12-2022)
LA SOBERANÍA RADICA EN EL PUEBLO
Este artículo fue escrito hace casi cinco meses y lo ponemos a vuestra disposición revisado, considerando que las tendencias autoritarias de la dictadura se han reafirmado y expandido. No es casual que casi todas las autoridades principales están asociadas al narcotráfico, a la corrupción y/o al extractivismo saqueador. La pregunta es ¿hasta dónde puede degenerar la política en el Perú?. ¿Cómo es que Keiko, con sus redes mafiosas, sigue siendo la madrina de la confederación de mafias gobernantes?. Otarola que no es más que un sicario de las mineras, hoy es quien manda en las instituciones; el soldado William Zapata, los marino-congresistas terminaron de mandamases de las FFAA y del Congreso. Dina Boluarte y Patricia Benavides, ignorantes abogadas, de las Universidades San Martín y Alas Peruanas, sin ningún mérito, son las máximas autoridades de los poderes ejecutivo y judicial. Y podemos seguir. Ocurre que hay un Estado profundo, de la lumpen oligarquía, la embajada norteamericana, defensores del neoliberalismo, del despojo e impunidad, que ordenan a las FFAA, a Keiko y las instituciones bajo su control, sobre cada paso a dar en la política del país. Toda la estructura institucional ha sido convertida en un gran mercado: se venden decretos leyes, leyes, licitaciones, impunidades, títulos académicos, concesiones, juicios, impuestos, multas, cargos, ascensos, salud, derramas, narco indultos, control de puertos, etc. No existe nada que no tenga precio y así el Estado colonial ha llegado a su actual estado de podredumbre, en el que la moral, los principios, las ideologías terminaron contaminados.
Sin embargo, existe una memoria, imaginarios y cultura populares de resistencia, un respaldo de honestidad, solidaridad, lucha, que solo hay que activar dejando al margen a partidos institucionalizados y líderes envilecidos. La organización de estas potencialidades, el debate de ideas desde los problemas locales y regionales, la investigación popular y la invitación a gentes honestas para que colaboren, debe ser un inicio para una convocatoria nacional de rebeldías. Estamos en el límite y sabemos que las rupturas políticas ocurren cuando las élites desafían abiertamente al pueblo, clausurando el discurso de los desposeídos. En esta lucha se crean un nuevo ethos, se disputan significados en el campo de la cultura, dando lugar a la creación de reidentificaciones basadas en la memoria por la justicia, la dignidad y la autonomía entre los subordinados.1 Detrás de ella está la apropiación de sus últimos territorios, la violencia policial, la ruptura del orden comunitario basado en la reciprocidad, el agravio moral y la represalia a la reafirmación de la dignidad y el valor humanos. Es posible que la construcción de poderes societales –no estatales- sea la salida a este orden infrahumano. La derecha global no acepta que la soberanía es un principio político que establece que el poder supremo y la autoridad de gobierno recaen en el pueblo; para ella la soberanía radica en el poder político, en el Estado, el pueblo solo debe obedecer. Ese es el meollo del debate actual.
Otárola y Dina ya no hablan más de las elecciones, han decidido quedarse y cumplir con sus objetivos de continuar con el despojo y saqueo del país. La lumpen oligarquía a través del Congreso, con la presencia cada vez menos disimulada del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se han constituido en el verdadero gobierno que da órdenes al gabinete y al sistema judicial. Pretenden poseer el poder absoluto otorgando la soberanía al poder político en desmedro del titular democrático que es el pueblo. Su odio y desprecio racista al pueblo los conduce a cerrar toda expresión de descontento, bajo amenaza de enfrentar a su Ministerio Público. La Fiscal no oculta su actividad en pro de la impunidad en el genocidio, los traficantes de Alas Peruanas, el juicio a Keiko, los Cuellos Blancos, etc. y procesa abiertamente a sus mejores fiscales -José D. Pérez y Rafael Vela- y continúa haciendo cambios estratégicos en su administración. El Congreso prosigue con el entreguismo, perdonando impuestos, entregando concesiones, aumentando sus privilegios y actuando como policía política, determinando que las protestas sociales no se van a permitir, acordando ejercicios militares con los Estados Unidos. Dina y el Gabinete reparten condecoraciones a los antiguos y nuevos asesinos y quieren confrontar su deslegitimación global a balazos, como matones de cuarta; deciden imponer la minería en lugares que la población ha rechazado. Estas acciones solo están consiguiendo que el repudio a todo el sistema aumente, que más del 90% pida el cierre del Congreso y más de 80% repudie a todos los políticos, pero especialmente a Dina y a Otárola.
Sacar el proyecto de Tía María es declarar la guerra a Arequipa, especular con el litio ofreciéndola a Estados Unidos a cambio de estabilidad, es un desafío a Puno, entregar el petróleo y los bosques amazónicos, es una guerra contra varias regiones del Oriente, seguir concesionando los andes y la costa completan el panorama bélico que se viene configurando. De hecho, en el último trimestre han aumentado los conflictos, principalmente ambientales o en respuesta a los voraces mineros, en Andes y Amazonía. En lo político, apoderarse de la defensoría del pueblo, del poder electoral es echar más leña al fuego. Enfrentarse a la ONU y otros organismos internacionales será suicida. El aumento de la pobreza, la inflación descontrolada, la ineficacia en salud, la falta de agua o permitir su contaminación, la precarización laboral, la inseguridad pública asociada a las migraciones internacionales. Parece inconcebible que los cinco magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema hayan prohibido el derecho a la protesta; calificando como delito incluso la protesta pacífica.
Las ilegalidades son un rasgo de las dictaduras, más todavía si se mezclan con la ignorancia disciplinaria de los abogados de cuarta que gobiernan, incluyendo a la Fiscal, la JNJ, el TC, la Corte Suprema. En este gobierno de abogados, desde la acusación de fraude, la destitución de Castillo
No podemos dejar de decir que el proceso analizado esa lleno de misterios por ambos lados, que nadie quiere tocarlos más. Por el lado de Pedro Castillo no sabemos aún por qué se rodeó de parientes, paisanos, amigos de Perú Libre, desde gente radical de izquierda hasta ex fujimoristas. ¿de dónde salieron los lobystas?, ¿Tuvo que pagar favores?, ¿con qué criterios seleccionó asesores, consultores y funcionarios?, ¿Que lo hizo abandonar el programa inicial? Quien tomaba las decisiones?. Porque no optó por cerrar el Congreso?, ¿Si fue imposición de Torres, por qué este actuó así?. ¿Quién escribió la proclama y por qué la leyó?. Y por el lado opuesto: ¿quiénes y como colocaron a la JNJ, TC, Fiscal de la Nación?, ¿cómo lograron unificar a la derecha conservadora con Perú Libre y la izquierda magisterial en el Congreso?, ¿que negoció Cerrón con el fujimorismo?, ¿por qué tantos errores procesales para destituir y apresar a Castillo?, ¿fue incapacidad, apresuramiento?, ¿quiénes coordinan la coalición en el poder?, ¿quién da las órdenes?, ¿por qué decidieron el genocidio?, ¿Por qué aceptan a Otarola como jefe de la coalición?, ¿qué tiene que ver todo esto con Keiko y FP?, ¿Cómo impone sus objetivos el Estado profundo de la lumpen oligarquía?
Han transcurrido cuatro meses desde aquel 4 de enero, cuando el pueblo convocó desde la Macroregión Sur a un paro nacional. Luego de la violenta represión que dejo más de 60 asesinados, muchos esperaban que llegaban tiempos de sumisión y paz; sin embargo, los días de fiesta de fin de año solo fueron una tregua. «Y es que sobre la gran diversidad de acciones autoconvocadas en cada pueblo o ciudad hay una unidad muy clara: la movilización social en el Perú es contra el poder económico que tiene tomado el Estado.» (“Lucha Indígena: “El estado es el problema” | Servindi – Servicios de Comunicación Intercultural, 12/2022”) Recordemos que no son nada nuevos los asesinatos a sangre fría, los estados de emergencia, la pérdida de derechos, los infiltrados, los allanamientos, ocurren sin pausa, desde hace décadas en los territorios ocupados por las mineras, petroleras, agroindustrias, madereras, etc. Todo critico, contestatario o rebelde es señalado de “terruco” y debe ser eliminado. El imaginario terrorista está instalado y es considerado un arma de estabilización.2
Conseguido el objetivo de controlar el ejecutivo por los beneficiarios del despojo colonial, del capital financiero y los dueños de los derivados (gran minería y agroindustria), por la oligarquía rentista coludida con la oligarquía comercial y agroindustrial chilena, por las mafias del narcotrafico instaladas en el sistema judicial y en las Fuerzas armadas y policiales (FFAA y PP) enlazadas a la DEA, por las políticas parasitarias encabezadas por la derecha bruta y achorada (DBA) acuerpada en la organización criminal Fuerza Popular, hoy sus medios pretenden mostrar normalidad y que sigan llegando los capitales, asegurando satisfacer su codicia. Después de la masacre, apresamiento y persecución de líderes sociales de la resistencia, se va configurando una verdadera dictadura militar con faz civil encarnada en la marioneta presidenta Dina Boluarte.
Si desde el año 2000, los militares actuaban bajo las sombras y su presencia aparecía en el Congreso a través de ex almirantes de la marina que dirigieron la criminal guerra antisubversiva en los 80-90, ashora se suman miembros del ejército pasivos y activos, también con antecedentes represivos. Ahora, el poder institucional esta en manos de los comandantes generales de las FFAA y PP y su gabinete militarizado, los fiscales supremos y la ultraderecha en el Congreso. El 18 de diciembre el Poder Ejecutivo designó a Juan Carlos Liendo O’ Connor como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en reemplazo de Wilson Barrantes nombrado por Castillo, hecho relevante, pues este señor con su diploma internacional de Oficial de Estado Mayor en el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation de los Estados Unidos y enlace con el Comando Sur, se asegura la subordinación del país a esta potencia imperial y nos trae a la memoria que Vladimiro Montesinos cuando aún era agente de la CIA se convirtió en jefe de inteligencia y principal asesor de Fujimori (1990-2000). Luego reordenan sus relaciones con la policía y otras fuerzas represivas, paralelamente a la coordinación con el congreso liderado por el criminal de guerra Williams Zapata, con el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio público harán los cambios jurídicos necesarios para consolidar la dictadura. Exactamente, lo que hicieron Montesinos y Fujimori hace 30 años.3 Ejército y marina unidos por Dina: almirantes Cueto-Montoya-y coronel retirado (r) Liendo decididos a imponer la dictadura fujimorista ante una inventada revolución senderista. De hecho, acaban de proponer que se legalice el reemplazo de la Presidenta en caso de ausencia por el presidente del Congreso.
Retrocedemos a una política medieval, con un país militarizado, 15 provincias con toque de queda y territorios en estado de emergencia, muchos presos y perseguidos políticos y un Presidente condenado a prisión preventiva por 18 meses sin proceso y sin sentencia. Se mantiene la potencialidad de la rebelión, de los andes frente a la costa, de las múltiples nacionalidades en renovada autoidentificación contra los criollos, respuesta pacífica y de crítica anticolonial, una demanda democrática, que no se puede enfrentar con la violencia de las armas, defensora de una política de mercado, sin república, sin democracia, una Constitución producto de una dictadura y, por tanto, con un extremadamente precario estado de derecho y con instituciones cotidianamente cuestionadas por la corrupción y el dominio del interés privado y un sistema electoral mercantilizado y privatizado. Para una supuesta mejor gobernabilidad y crecimiento, se busca mayor inversión privada con 40 grandes proyectos por aprobar y otros tantos por prorrogar (los contratos ley), el aumento de las reducciones tributarias y las devoluciones de impuestos, mientras crecen las concesiones a los dueños del país.
Cuentan con el respaldo de sus fieles servidores públicos y privados, encerrados en castas y estamentos privilegiados en los que, para entrar a ellas, hay que ser al menos de clase media, ser neoliberal, conservador, sumiso, consumista, racista y de preferencia tener un doctorado aunque sea falso o comprado. Se admiten marginalmente a los “emprendedores”, a los que tienen capacidad política, a la izquierda contaminada que fácilmente se extravía. Es un momento más de retorno a la vieja política colonial. Fuera de ese Perú está el otro, el de los nadie, los otros, los sin patria, los destinados a trabajar y sobrevivir. Están los pobres (70%), los informales (80%), los pobladores de provincias y distritos, los campesinos minifundistas, los que carecen de agua, energía o sistema de pensiones, las comunidades, los pueblos amazónicos, las víctimas de la minería y las nuevas grandes haciendas, y muchos de los que pensaban que en el siglo XXI con su voto identitario podían tener un presidente que cambie las cosas. Por lo contrario, se configura así, otra sociedad sin derechos sociales y tampoco sin los mínimos derechos humanos. Donde la salud está cada vez más en manos privadas y médicos precarizados, una salud pública de la mendicidad, de la espera perpetua hasta que llegue la muerte; una educación embrutecedora muy alejada de la cuarta revolución industrial y de ampliar la conciencia social, de la incultura y la sumisión, que apenas sirve al extractivismo (con escuelas derruidas, niños desnutridos y cercanas a ser escombros) y una política estatal sin proyecto de vivienda.
Momento histórico de progresivo quiebre, contra la limeñidad y la desidentidad en auge, contra el racismo y el centralismo (que ya es parte de una clase media plebeya que odia sus raíces y de la que nadie quiere hablar), contra las castas políticas, que sobrepasa a las organizaciones de izquierda y al caudillismo, que tiene nuevos líderes desde abajo, que ya no admite ser terruqueada y que aunque vota por sus candidatos se equivoca al pensar que con ello pueden cambiar al país, que defiende a su candidato indígena a pesar de sus graves errores, de su ineptitud tecnocrática y abandono del programa. Perú vive una ruptura cultural, una reidentificación indígena y afroperuana, un reinicio de la lucha anticolonial, anticorrupción y antipolítica oficial. Se reinicia un movimiento con demandas políticas por encima de otras reivindicaciones, la cínica ¨ teoría de los dos demonios (sendero y los militares), conveniente a los sectores que fueron cómplices y herederos de la dictadura, que plantea que tanto la represión militar como los movimientos revolucionarios -que representaban la amenaza del comunismo de la que pretendían proteger los militares al país – eran igualmente siniestros
Castillo, según Héctor Béjar, traiciono al país y a sus electores4. Durante 14 meses retrocedió defensivamente y en su pragmatismo fue política e ideológicamente ambiguo, concilio con la derecha congresal. No rompió con las instituciones que lo limitaban. Si ya era casi imposible un cambio de izquierdas del país, en un sistema político sustentado y sostenido por corporaciones y blindado por la violencia real y potencial en pro y para las élites de la oligarquía plutocratica; con la fusión cívico-militar, sin la barrera entre el estado y lo privado, se acaba de instalar un Centro de monitoreo de la sociedad por el Ministerio de Defensa que prácticamente configura un Estado fascista. Está claro: se configura un estado fascista que va con todo contra los pueblos, el eje es la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) y los Ministerios de Defensa e Interior Ante ello, la resistencia necesita ser muy creativa sin dejar de ser permanente, cada vez mas organizada, autodeterminada y autosustentable.
III. SE CONFIGURA UN ESTADO FASCISTA COLONIAL?
Las derechas peruanas: …exigen más mano dura, piden persecución a la izquierda y organizaciones sociales, y demandan romper con gobiernos progresistas. La derecha acusa a supuestos “azuzadores” internos y externos por las protestas, negando una realidad de indignación popular por el descrédito de una clase política corrupta, incapaz y alineada con los poderosos. Ese rechazo se concentra contra el Congreso que representa todo eso y la exclusión, la pobreza y el racismo que sufren los sectores populares, especialmente las poblaciones andinas. (Carlos Noriega, Pág. 12. 8 de enero 2023),
Otarola, el Premier asesino, no llego por casualidad, es un sicario con corbata de las mineras que siembra el país de muertos para imponer una minería ecocida que se lleve todo mineral sin pagar impuestos. Lo mismo que la Fiscal de la nación, que con su familia representa a las mafias del narcotráfico, también a mineros, incluyendo a “los cuellos blancos” que controlan el sistema judicial y, tampoco, las FFAA y PP masacran a los pueblos por diversión, ellos protegen al estado profundo, a las corporaciones y a los grandes monopolios, financieras, agroindustriales, grandes constructores. Buscan aterrorizar a los pueblos originarios que viven en esos territorios para imponer la política colonial. Esto debe quedar bien claro.
La violencia represiva en Perú no es más que la continuación de 500 años de una historia colonial y los varios ciclos de recolonización, perfeccionada desde 1980 en adelante como respuesta a una rebelión armada anticolonial; a 30 años de neoliberalismo inaugurado por Fujimori la respuesta a la rebeldía popular es la misma. Larga experiencia de las Fuerzas Armadas en la que se forja una cultura del “terruqueo” que califica a toda resistencia como terrorista, culpándola de ser el origen de su salvajismo genocida.5 Este ethos del exterminio indígena se traduce en mirar al indígena como subhumano, como soldado y no como ciudadano; el pueblo debe obedecer y si no lo hace debe ser escarmentado por sus propios hermanos vestidos de policías o soldados. El exterminio en el imaginario oligárquico surge de su visión de que el mayor obstáculo al saqueo minero son los pueblos indígenas, pero como no pueden hacerlo, pues son millones, hay que escarmentarlos periódicamente mostrando la fuerza del Estado recolonizador. No es casual que individuos como Otárola se conviertan en expertos en contención con un prontuario criminal de imponer la minería a sangre y fuego (estuvo en las minas de Conga y en Tía María, que termino con masacres). Quien preside el Congreso es otro asesino masivo graduado con la masacre de Accomarca con decenas de muertos en sus espaldas. Los exmarines fujimoristas, hoy congresistas, Cueto y Montoya son los enlaces de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el gabinete genocida.
Decenas de muertos y cientos de heridos en Juliaca-región Puno, Cusco, Andahuaylas, en zonas quechua aimaras enfrentando un escenario de guerra, aviones antonov, helicópteros artillados, armas de guerra contra un pueblo rebelde pero indefenso. Siendo parte de nacionalidades plurinacionales recibieron el respaldo de pueblos de países vecinos. Tras estos crímenes masivos, nuevamente, como en la vieja colonia, reaparecen las luchas anticoloniales, ahora contra el despojo y saqueo neocolonial de mineras (cobre, litio, tierras raras, minerales estratégicos), hidrocarburíferas, agroindustriales, etc. sobre territorios sumidos en la miseria. Se juegan inversiones, reinversiones, exoneraciones tributarias, licencias de funcionamiento de grandes corporaciones que temen un retroceso en su política colonizadora. Es una guerra declarada de la dictadura contra los pueblos humildes e indefensos que solo buscan su sobrevivencia y por ello exigen la salida de la espuria presidenta, el cierre del Congreso entreguista y corrupto, una nueva Constitución y en muchos casos la libertad de su presidente Castillo.
La rebelión popular bajo la coordinación de organizaciones de base indígena y mayormente de izquierda (trabajadores, campesinos, estudiantes, informales, desempleados, etc.) continúa en rebelión (paro macrorregional, en tregua, extensivo a todo el país) exigiendo la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, la libertad del presidente Castillo y una asamblea constituyente. Hay que destacar que se trata del pueblo organizado, critico de la sucia política neoliberal compartida por políticos y caudillos, por partidos de derecha e izquierda contaminada. Por ello, el Gobierno y los poderes represivos no encuentran responsables y se creen sus mentiras acusando al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), a Evo Morales, a la economía ilegal, al incomunicado Castillo, a los medios alternativos y a quienes se le ocurre imaginar. Entre los bárbaros de arriba no hay quien cierre el Congreso ni que destituya a los criminales y menos aún quien acepte convocar a un referéndum. La defensa del neoliberalismo une a una derecha que sin oposición institucional recurre al dominio neofascista y al saqueo.
El segundo objetivo estratégico de la derecha es buscar la impunidad de los grandes corruptos. Las investigaciones a los expresidentes Toledo, Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra y la excandidata keiko Fujimori continúan en el sueño de los justos, esperando la impunidad. Se agregan las denuncias a la Fiscal de la Nación, a la JNJ, entre otros. La congresista por el Cusco Ruth Luque denunció ante la Sub-Comisión de acusaciones constitucionales por infracciones constitucionales a la presidenta DINA BOLUARTE y a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves (artículos 108 y 121 del Código Penal). La DBA y sus mafias, bajo la dirección de Keiko-Montesinos buscan controlar todos los eslabones institucionales que le faltan para controlar todo el Estado, lo que los hace internamente inmunes a todo y continúan su escalada. Tienen el dominio total del sistema judicial (JNJ, MP, TC, MJ, PJ), del Congreso, FFAA, Sistema de Inteligencia. Han creado una oficina de coordinación territorial de todo el país y ahora pretenden modificar más de 50 artículos de la constitución y sacar de sus cargos a los titulares del JNE, la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE). Acaban de conseguir el control de la Defensoría del Pueblo.
En el nuevo gobierno cambian los lugares de dirección política, el mando pasa del Congreso y sistema judicial al Gabinete, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estrecha coordinación con el Congreso y los magistrados. Desde una perspectiva de clase, sus líderes son civiles y militares de clase media o alta mestiza, des identificada y desclasada, se funden la lumpen burguesía con el lumpenproletariado, los beneficiados por las políticas neoliberales y los que reciben las limosnas del “goteo”, los parásitos del Estado (funcionarios, asesores, consultores, militares, curas) y los privilegiados, los que controlan poderes institucionalizados y muchos profesionales con títulos fraguados o no merecidos, los religiosos y las barras bravas del futbol. En ellos de modo natural se configura una ideología y una práctica autoritaria potencialmente fascista en el sentido de ser de extrema derecha, militarista, criminalizante, religiosa (católica o evangélica), por crear enemigos ficticios, defender la patria criolla y del despojo, racista y antidemocrática. La narrativa demagógica de los medios se modifica un poco, cuando agotan los apelativos de anticomunistas o anti terrucos, usan un discurso anticorrupción y anti narcos siempre ligado al terruqueo; cuando en realidad muchos de sus dirigentes están acusados de corruptos y/o de estar ligados al narcotráfico.
Pocos atienden a la relación entre los macro poderes, los intermedios y los micro. El siglo XXI el Estado no solo es producto de las relaciones internas de poder, sino también de la presencia de las enormes transformaciones debido a la interpenetración e integración transfronteriza de capitales de grandes potencias, en una red entrecruzada de capitales trasnacionales. En 2018, apenas 17 conglomerados financieros globales administraron colectivamente 41.1 billones de dólares, más de la mitad del PIB del planeta.
Piensa Robinson que esta masa de capital concentrado y centralizado a escala mundial no tiene identidad nacional, nosotros agregaríamos que, sin embargo, está enraizado y se expande desde las grandes potencias imperialistas. Es cierto que corresponde a una nueva clase capitalista trasnacional que ha promovido desde los estados, los intereses del capital trasnacional genocida y ecocida, la apropiación territorial a través de las políticas neoliberales, las políticas de saqueo colonial, el despojo a través de constituciones, tratados de libre comercio, contratos ley y otros mecanismos, el surgimiento un nuevo sistema globalizado de producción, finanzas y servicios que incorpora a todo el mundo y que elimina cualquier desafió de clase o estatal. Y como sostiene Raúl Zibechi,
…el poder, el verdadero poder, no nace de las urnas ni está en los parlamentos ni en los gobiernos, sino lejos de la visibilidad pública, en el capital financiero ultra concentrado, en el 1% invisible que controla medios de comunicación, fuerzas armadas y policiales, gobiernos de cualquier nivel y, sobre todo, a los grupos ilegales narcos paramilitares que rediseñan el mundo.
El Perú es un territorio en disputa, lugar de guerra contra los pueblos indígenas (que poseen bajo su territorio minerales estratégicos, gas, tierras raras, litio, etc.), al estar históricamente asociado a los intereses del imperio norteamericano y en el presente siglo cada vez más conectado a China por la Ruta Marítima de la Seda, a través de la infraestructura ya creada y otra en construcción, reforzando aún más su condición de periferia regional a cargo de las grandes trasnacionales de varias potencias y a la lumpen oligarquía interna que la comunica con el sistema internacional de saqueo, aumentando la dependencia colonial, la violencia por el despojo de los recursos naturales, la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, el avance de los arrendamientos para monocultivos y la agroindustria, y el despojo de la propiedad de tierras mal-habidas y minería en zonas de reforma agraria y territorios indígenas. Vale aclarar que
Mientras la oligarquía especula considerando al Estado como su feudo; los intelectuales “caviares” imaginan ilusoriamente que el Perú es un país democrático, con estado de derecho, democracia y ciudadanía que hay que defender; y los nuevos políticos plebeyos creen que el poder es para repartir cargos, recursos públicos y licitaciones. Es curioso que quien entiende bien, desde la práctica, al Estado peruano neoliberal, recolonizado y burocrático, son una elite de abogados y militares (como Montesinos y algunos de sus pragmáticos discípulos), a quienes les basta saber lo que teoriza Bobbio acerca de la definición formal e instrumental más elemental del Estado: “La condición necesaria y suficiente para que exista un estado es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir mandatos correspondientes obligatorios”.
Finalmente, despierta curiosidad el conflicto en la elección de abogados defensores de Castillo. Existe una diferencia entre Olivera y Torres. Castillo opta por el segundo. Por otro lado, Castillo deja a un lado a su abogado Benji Espinoza y acepta un equipo integrado por Eduardo Pachas, Jorge Díaz Campos y José Palomino Manchego. Además acepta la integración de Eugenio Zaffaroni y Guido Croxatto.
El concepto del derecho de resistencia está en debate desde el momento que los bárbaros gobernantes no permiten un nivel argumental, en lo político y jurídico. No entienden lo que es la soberanía popular, menos aún que el ejercicio de la resistencia política, posee un carácter liberador, legítimo y absolutamente democrático. Su sentido conservador proviene del feudalismo, no entienden siquiera el sentido clásico del republicanismo y la democracia. Si la democracia nace del pueblo, no hay forma de restringir jurídicamente la capacidad de un pueblo a la manifestación de su resistencia política. Además de que de acuerdo a su voluntad democrática, podrá expresar la intención de salvaguardar o trascender el sistema político y jurídico del Estado. El pueblo, en su condición de soberano, posea la capacidad legítima y latente de cuestionar al sistema político y jurídico del Estado opresor, con independencia de cualquier norma inferior.5
La actual dictadura, con su violencia, ha quebrado los restos de democracia, al cerrar el diálogo y bloquear los canales de participación. Polariza las posturas más allá de la negociación y al suprimir cualquier capacidad de entendimiento está convocando a la violencia. La participación es un derecho colectivo de los pueblos, principalmente indígenas.
Notas:
1 Scott, James, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000 .
2 La historia republicana es una de recolonización y anticolonialismo, de rebeliones indigenas, golpes militares, dictaduras, caudillos. “Porque son muchos, tanto líderes autoproclamados como golpes de Estado (y autogolpes, marca registrada peruana), los que han llevado la batuta de nuestro país, donde casi siempre han gobernado para sí, y cuando no pasaba esto, han metido la pata hasta el fondo. Nuestra historia republicana (de 1821 para adelante, siendo generosos) es un despropósito de ingobernabilidad, de rateros y de asesinos varios, que, a fin de cuentas, nos han ido hundiendo en la miseria a gran parte de la población de nuestro país. (JOMRA, Golpes de Estado exitosos y líderes «autoproclamados» en Perú… Un brevísimo repaso. https://bitacora.jomra.es/2006/07/actualidad/peru/golpes-de-estado-exitosos-y-lideres-autoproclamados-en-peru-un-brevisimo-repaso/
3 Este nombramiento es relevante por que de acuerdo a su errada concepción para legitimar la represión masiva y selectiva : “El Perú no está ante simples manifestaciones, se encuentra baje ataque coordinado, organizado, planeado y conducido desde la clandestinidad por una organización clandestina que cuenta con apoyo internacional” (Revista Caretas, 19-12-2022)
4 (Perú, ¿punto de quiebre? Pueblos en Red Entrevista a Héctor Béjar, 22-12-2022)
5 Luis Alberto Pérez Llody, La resistencia política como derecho fundamental. Reflexiones a propósito de los cien años de la Constitución mexicana*Revista Jus No38, Puebla, 2018.
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