Traducido del francés para Rebelión por Juan Vivanco
No es solo por miedo a un proceso mediático de totalitarismo por lo que la izquierda que gobierna en Occidente ha enterrado la «información de pueblo a pueblo» que proponían desde los años setenta Sartre, Bourdieu y Mattelart. La democratización de la propiedad de los medios ya no le interesa, porque se ha convertido al mercado libre y ha involucionado a la gerencia de «modas individuales» y a un neocolonialismo con disfraz «humanitario» y «laico». De modo que si en la Libia de hoy se cometen tantas o más violaciones de los derechos humanos que en la de Gadafi, el apagón mediático dispensa a socialistas y «verdes» (que en su día no quisieron saber nada de los esfuerzos diplomáticos africanos y latinoamericanos y votaron a favor de la guerra) de explicar por qué los derechos humanos de la población libia han dejado de apasionarles. Al haber aceptado como algo natural que los grandes grupos económicos se hayan apropiado de los medios y hayan sometido una pálida copia de lo que sería un servicio público, lo que queda de la verdadera izquierda está condenada a rodar con la piedra de Sísifo por la montaña cotidiana de la desinformación.
Mientras tanto, la izquierda latinoamericana mueve la montaña.
El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (1). Aunque era una exigencia de la Constitución de 2008, la votación tuvo que esperar cuatro años hasta alcanzar la mayoría parlamentaria. Por fin, con la victoria electoral de Rafael Correa y su partido (Alianza País) en febrero de 2013, la ley pudo ser aprobada con 108 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Así Ecuador se sumaba a la revolución democrática de Argentina, repartiendo la propiedad de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios: 33 % para las empresas privadas, 33 % para el servicio público y 34 % para los medios comunitarios (= asociativos).
La ley, que consta de 119 artículos y 22 disposiciones transitorias, define la comunicación social como «un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad», prohíbe la censura previa y establece la «responsabilidad ulterior de los medios de comunicación» sobre sus publicaciones; asimismo defiende los intereses de los trabajadores de la prensa y elimina los monopolios audiovisuales (una persona física o jurídica no puede recibir más de una concesión de frecuencia de radio en AM y FM, o de televisión). En Ecuador el 85 % de las frecuencias audiovisuales corresponden a concesiones comerciales que en muchos casos fueron atribuidas de forma fraudulenta. La revisión de las frecuencias realizada hace tres años puso al descubierto la situación irregular de cerca de un tercio de las concesiones, lo que le permitirá al estado liberarlas para los otros sectores.
El texto, además, ha recogido otras propuestas de los movimientos por la democratización de las comunicaciones, como la obligación de dedicar el 60 % de la programación diaria a la difusión de obras para todo público o las cuotas de creaciones cinematográficas y musicales nacionales (artículos 102 y 103) para fomentar la producción independiente al margen de los circuitos comerciales.
Varios días después, en Guayaquil, durante la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable, el presidente Correa explicó que «el problema de fondo es el modelo comunicacional capitalista, la información como mercancía. Todo gira en torno al capital y la comunicación no es una excepción: una poderosa corporación puede hacer creer al público casi cualquier cosa (…) ¿Qué pasaría en cualquier ‘mercado’ ―entre comillas― donde existieran pocas empresas proveyendo un bien indispensable, que además constituye un bien público generador de efectos sobre toda la sociedad; y que, por añadidura, dichas empresas pudieran coludir, es decir, ponerse de acuerdo entre ellas en beneficio de sus negocios y en perjuicio de los consumidores? (…) La información no puede proveerse con lógica privada, peor con lógica de mercado. No es una mercancía, es un derecho y debe suministrarse con lógica de servicio público, con lógica de derechos, lo cual significa que como derecho nadie te lo puede quitar, no que alguien te lo puede conceder en función de sus intereses. (…) Cuando existe esta clase de bienes, bienes públicos, la fuente de lucro no es el precio del bien ―el pago por el periódico o cuánto le pago yo a un canal de televisión de señal abierta― sino básicamente el ingreso proveniente de los patrocinadores. (…) El negocio consiste no en la calidad de la información, sino en la cantidad de ciudadanos a los que lleguen. (…) Hoy, la mala fe de cierta prensa hace daño, pero ya no pone y saca presidentes como antaño. (…) Se busca democratizar la propiedad de los medios de comunicación e impulsar medios fuera de la lógica de mercado, esto es, medios públicos y comunitarios. (…) Antes de nuestro gobierno en Ecuador no existía ni prensa, ni radio ni televisión pública. Hoy existen las tres. (…) Que se enteren que América Latina vive una nueva época, que ya no están aquí las dictaduras a las cuales sí apoyaron esos medios de comunicación, sino gobiernos progresistas, inmensamente democráticos, que están cambiando la realidad de nuestros pueblos y que seguiremos luchando contra todo poder fáctico que trate de mantenernos en el pasado.»
Como de costumbre, este nuevo paso hacia la revolución del campo simbólico puso en guardia al aparato mediático mundial, al Departamento de Estado, a la CIDH (OEA), a algunas ONG y a la SIP (asociación de dueños de medios), quienes denunciaron al unísono «el ataque a la libertad de expresión» del «dictador Correa». En 1973, cuando el gobierno chileno de Unidad Popular descubrió las irregularidades fiscales de medios privados como El Mercurio, la SIP lanzó una campaña idéntica para desestabilizar a Salvador Allende.
Pero hoy la internacional del «Partido de la Prensa y el Dinero» lo tiene más difícil para interferir en las elecciones y oponerse al despertar ciudadano de América Latina. Después de Argentina y Ecuador, los movimientos de jóvenes, sindicatos, campesinos sin tierra y universitarios de Brasil reclaman a su vez la democratización de las ondas (2).
Incluso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan ocho meses negociando la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, acaban de añadir un apartado sobre el pluralismo de los medios monopolizados por el sector privado que, como en Brasil, transmiten una imagen racista y socialmente denigrante de la población.
En Brasil los grandes medios criminalizan a diario a los movimientos sociales. Militantes del Movimiento Sin Tierra firman la petición para la democratización de los medios en el campamento de apoyo a la reforma agraria «Hugo Chávez» de Brasilia, mayo de 2013.
En Venezuela la mayoría de las ondas de radio y televisión (3), desde el ámbito internacional hasta el local, también siguen en manos de la empresa privada. La historia de un país que debido al boom petrolero ha pasado sin transición de la radio rural a la televisión comercial como modelo único ―el de Cisneros y Miss Mundo―, explican por qué los medios públicos y comunitarios todavía tienden a imitar la forma comercial, lo cual frena la construcción popular de los programas fundamentales del proyecto bolivariano. Ya se han publicado varias leyes para legalizar los medios ciudadanos o para apoyar la producción independiente (4). Antes de ser llevada al parlamento, la Ley de Comunicación Popular, dirigida a equilibrar la propiedad de las frecuencias, se ha sometido a debate entre los movimientos sociales; algunos quieren ir más allá del reparto por tercios (5).
Aquí, como en otros países, la tarea principal de los movimientos sociales es llevar la delantera. Porque una vez alcanzado el equilibrio democrático de la propiedad de los medios habrá que dar el salto cualitativo: superar el paradigma dominante. Si en el momento en que se liberen las nuevas frecuencias los movimientos sociales aún no han formado comunicadores de nuevo tipo, familiarizados con la herencia mundial de las estéticas revolucionarias ―como la del Nuevo Cine Latinoamericano y las experiencias descolonizadoras de la «televisión fuera de la televisión»―, formados en las técnicas de encuesta participativa, la teoría crítica de los medios y las prácticas emancipadoras de la formación de formadores, como la de Paulo Freire, entonces el potencial de los nuevos espacios se marchitaría en manos de los soldaditos de siempre salidos de las escuelas de «periodismo» para servirnos chorizos de «news», «live» y otros «vivos y directos» en un «plató».
Notas:
(1) Texto íntegro de la ley ecuatoriana: http://alainet.org/images/Ley%20Org%C3%A1nica%20Comunicaci%C3%B3n.pdf
(2) Sobre la democratización de los medios en Brasil puede consultarse el sitio de la campaña: http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/index.php/2013-04-30-15-58-11 Y – http://mouvementsansterre.wordpress.com/2013/05/12/le-mouvement-des-sans-terre-entre-dans-la-campagne-pour-la-democratisation-des-medias-au-bresil/
(3) Sobre el dominio de los medios privados en Venezuela, ver http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-12-14-Medias-et-Venezuela
(4) Sobre la ley de fomento de la producción independiente en Venezuela, http://venezuelainfos.wordpress.com/2012/12/06/alvaro-caceres-de-lombre-a-la-lumiere-venezuelienne/
(5) Sobre La marcha hacia la democratización de los medios en Venezuela : la marche vers la démocratisation des médias au Venezuela : http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/03/04/au-venezuela-la-marche-vers-la-democratisation-des-medias/
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