El texto de la nueva ley fundamental, que la Asamblea Constituyente de Ecuador espera tener listo a mediados de junio, establece el Estado Plurinacional Unitario, donde se reconoce la igualdad en la diversidad y sobre el cual coinciden gobierno e indígenas. «La plurinacionalidad significa admitir que dentro de la gran nación ecuatoriana conviven otras nacionalidades, […]
El texto de la nueva ley fundamental, que la Asamblea Constituyente de Ecuador espera tener listo a mediados de junio, establece el Estado Plurinacional Unitario, donde se reconoce la igualdad en la diversidad y sobre el cual coinciden gobierno e indígenas.
«La plurinacionalidad significa admitir que dentro de la gran nación ecuatoriana conviven otras nacionalidades, lo cual es evidente en el país y eso no tiene que asustar a nadie», señaló el presidente Rafael Correa.
«Todos tenemos que tener las mismas oportunidades», apuntó.
«El siguiente paso es definir adecuadamente los alcances de la plurinacionalidad, que básicamente es reconocer los diferentes pueblos, culturas y cosmovisiones existentes y que todas las políticas públicas como educación, salud y vivienda reconozcan esa dimensión plurinacional», explicó.
También para la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie) esta propuesta de Estado Plurinacional refleja la realidad del país.
Ese reconocimiento es un paso más para desterrar el estado colonial, destacó a IPS Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari, la organización que reúne a los pueblos kichwas (quichuas) de la Sierra y que es la más importante de las que integran la Conaie.
Cholango entiende que se vive un momento histórico, en el que se valoran además los más de 500 años de resistencia de los pueblos ancestrales.
Aclaró, empero, que este proyecto no significa que las comunidades indígenas sean dueñas de los recursos naturales existentes en sus territorios, ya que éstos son de toda la sociedad y por lo tantos son propiedad del Estado.
Alrededor de 3,5 millones de los 12,5 millones de los ecuatorianos son indígenas, repartidos en 11 nacionalidades, la mayoría de los cuales viven en áreas rurales.
La principal nacionalidad es la kichwa, que habita en la región de la Sierra y la Amazonia u Oriente, mientras que las comunidades awa, chachi, epera y tsáchila residen en la costa del océano Pacífico y las cofán, siona, secoya, huaorani, achuar, shuar en la Amazonia.
Estos pueblos se basan en valores ancestrales, como el modelo comunitario y solidario, una práctica que choca con postulados individualistas actuales. En ese marco, reivindican la «minga», que es el trabajo conjunto en la cosecha o construcción de carreteras y viviendas.
La declaración de Ecuador como Estado Plurinacional Unitario es apoyada en la Asamblea Constituyente por el gobernante Acuerdo País, el indigenista Movimiento Pachakutik, el marxista Movimiento Popular Democrático y algunos asambleístas de sectores socialdemócratas.
«La revolución democrática, que anima a la Asamblea Constituyente, supone que el derecho a tener derechos, en este caso el de autodeterminarse, permite un pacto social, en el que todos y todas, desde nuestras identidades, acordamos soberanamente ser parte de un Estado democrático, en el que nos sentimos representados», afirma un comunicado conjunto.
«Al no tratarse de definiciones territoriales, ya que el Estado es único e indivisible, cualquier interpretación de autonomías territoriales carecería de sustento y validez jurídica e instrumental», agrega el comunicado.
Los derechos colectivos, que serán parte de la Carta de Derechos, de la nueva Constitución y la ley, establecerán las «formas de administración, funcionamiento y autogobierno de las nacionalidades y pueblos en sus territorios, sin que esto signifique propiedad sobre los recursos no renovables del subsuelo», se añade.
Además, se incorpora el consenso existente para definir al Estado como «promotor de la interculturalidad, en tanto esto permite robustecer a las sociedades y a sus pueblos, favoreciendo el buen vivir entre las culturas y los modos de vida diferentes».
La primera propuesta de cambios constitucionales en este sentido fue presentada en 1986 en el Congreso legislativo de Ecuador, por intermediación del Partido Socialista, e incluía la declaración del Ecuador como Estado Plurinacional.
También incorporaba el quichua como lengua nacional oficial del país, el reconocimiento de las tierras y medicina ancestrales, el nombramiento de autoridades indígenas y la promoción de la educación intercultural bilingüe.
Aunque esa iniciativa no fue aprobada, marcó pautas hacia el futuro en la agenda de trabajo del movimiento indígena.
En junio de 1990, la Conaie lanzó el llamado levantamiento del Inti Raymi, bloqueó carreteras, tomó instalaciones públicas y ocupó pacíficamente la Iglesia de Santo Domingo, en Quito, en demanda de una solución para los conflictos de tierras.
Esa protesta marcó el comienzo de un nuevo momento histórico de los pueblos originarios, que pasaron a ser protagonistas de la realidad social y política de Ecuador.
«Desde allí se fortaleció la tesis de declarar el Estado Plurinacional, que estuvo siempre vinculada a la lucha por la tierra y a la revolución agraria, o sea a la necesidad de una reforma estructural de la agricultura ecuatoriana, que tiene que ver con el acceso al agua, al comercio, y a créditos», dijo a IPS Luis Macas, ex presidente de la Conaie y líder de la rebelión de 1990.
«Cuando nos organizamos para construir la unidad de nuestros pueblos y conseguir los derechos fundamentales para mejorar las condiciones de vida no perdimos de vista que el Estado donde vivimos no responde a las exigencias de la mayoría de la población. Por eso hablamos de la construcción de un Estado distinto, un Estado Plurinacional», recordó.
Para Macas, la plurinacionalidad significa para Ecuador reconocerse a sí mismo y admitir lo diverso que es, un factor importante para lograr la armonía entre los ecuatorianos.
El Estado Plurinacional Unitario asume a la ciudadanía ecuatoriana como vínculo fundamental que une a los y las habitantes de Ecuador, aunque puedan pertenecer a diferentes nacionalidades o pueblos.
Los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, no de las comunidades, pero éstas tienen derecho a ser consultadas si están de acuerdo con la extracción de esos bienes, conociendo los impactos que tendrá esa acción sobre sus vidas.
La Constitución de 1998 reconoció el carácter pluricultural y multiétnico del Estado ecuatoriano y en la definición de los «derechos colectivos» se refirió a los indígenas como «pueblos que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales», pero no aceptó la plurinacionalidad.
El sociólogo Andrés Guerrero, uno de los que más ha investigado la realidad campesino-indígena, define las relaciones de dominación a través de las distintas constituciones.
«Ecuador sigue los modelos de las Revoluciones Francesa y norteamericana, que están basados en el estado de libres ciudadanos que viven en ‘libertad e igualdad’. También se marca la homogeneidad, ya que todos los tienen que ser culturalmente iguales y ahí empieza el problema», indicó.
«Uno sale a la calle y se encuentra con que el ‘ciudadano ecuatoriano, libre, igual y homogéneo’ no existe. El movimiento indígena nos mostró la realidad de que el Estado nacional de ‘libres e iguales’ era una ficción», precisó.
Pero «en el ámbito doméstico, interdoméstico y parcialmente comunal existen relaciones de solidaridad que no son mercantiles y eso crea una solidaridad que tiene un efecto de cohesión política, cultural y simbólica», puntualizó.
Para Guerrero, «el ideal de algunos sería que los indígenas dejen de pensar en eso y se transformen en compradores y vendedores».
«Los indígenas saben manejarse muy bien en dos códigos: el mercantil hacia afuera y el de la reciprocidad y solidaridad comunal hacia adentro. Si se acaba el aspecto comunal se desintegra la solidaridad. Si se desintegran las formas de solidaridad puede haber una situación de violencia generalizada», advirtió Guerrero