A escasos cinco días de que cuatro mortíferas bombas estallaran en el metro londinense, las agencias de prensa informaron que Francia y Holanda declaraban temporalmente suspendido en su espacio el acuerdo de Schengen, al tiempo que el ministerio del Interior de España anunciaba también la posibilidad de dejarlo sin aplicación. En otras palabras, la acción […]
A escasos cinco días de que cuatro mortíferas bombas estallaran en el metro londinense, las agencias de prensa informaron que Francia y Holanda declaraban temporalmente suspendido en su espacio el acuerdo de Schengen, al tiempo que el ministerio del Interior de España anunciaba también la posibilidad de dejarlo sin aplicación.
En otras palabras, la acción implica interrumpir el libre tránsito de personas procedentes de otros países de la Unión Europea por el territorio de quienes lo prohíben.
Conocido por el nombre de la ciudad luxemburguesa donde fue rubricado en 1985, el Tratado establece la eliminación de los controles sobre los individuos en las fronteras entre las naciones firmantes (no hay que mostrar pasaporte ni documento de identidad alguno), así como la armonización de la vigilancia en los confines externos de la UE. Está vigente en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia y Suecia, así como en Islandia y Noruega, que no integran el bloque.
En otras ocasiones, el acuerdo había sido suspendido por eventos deportivos de gran magnitud o cumbres del grupo de países más industrializados (G-8). Ahora lo fue por miedo al omnipresente enemigo del siglo XXI: el terrorismo.
Por estos días, en los corrillos políticos de la UE se debate cómo conjugar más efectivamente seguridad con libertad de circulación, y no ha faltado quien aduzca que es hora de restringir un poco más esta última con tal de preservar la primera. Los tiempos han cambiado desde que Schengen comenzó a aplicarse, en 1996, y el aire está un poco más enrarecido desde septiembre de 2001.
La polémica se ha visto atizada por el ministro del Interior galo, Nicolas Sarkozy, al defender la decisión francesa de restablecer los controles fronterizos, pues «si no se hace ahora, que hay 50 muertos (en Londres), ¿cuándo se va a hacer?». De igual modo, su homólogo británico, Charles Clarke, estimó que «los ciudadanos aceptarán algunos sacrificios en su libertad en ciertas circunstancias, si se les asegura transparencia para entender el porqué».
En la orilla opuesta, el comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, arguyó que, aunque respetaba la voluntad de Francia, nadie debería olvidar que «el espacio de seguridad para Europa es una gran conquista, y no lo podemos detener». «Es necesario -añadió- continuar garantizando, por una parte, la libertad de circulación plena en el interior de las fronteras externas de la UE, y reforzar al mismo tiempo la seguridad».
Desde esta perspectiva, la conjunción de ambas parece ser el coctel del éxito, sin embargo, opino que Bruselas se esmera demasiado en vigilar con un par de prismáticos a los villanos de más allá de sus límites, mientras en el interior subsisten los móviles de nuevas acciones.
Es de ver que en la UE viven unos 12 millones de musulmanes, y musulmanes son precisamente aquellos pueblos que como Afganistán, Iraq y Palestina, sufren el embate del «antiterrorismo» occidental, con Washington y Tel Aviv a la cabeza.
La persistencia de la política criminal de EE.UU. y algunos de sus aliados contra las naciones islámicas, es el caldo de cultivo para que en los múltiples centros de enseñanza coránica existentes en Europa, surjan grupos de extremistas dispuestos a retribuir la violencia que reciben las tierras del profeta Mohamed. Y no es necesario un ejército para tomar venganza. De hecho, la acción de un puñado de individuos fue suficiente para hacer saltar las alarmas en toda la UE el 7 de julio.
Los cuatro suicidas que se hicieron estallar en el sistema de transporte londinense eran británicos. Tres de origen paquistaní, y el restante, jamaicano. No necesitaron traspasar frontera alguna, ni les hicieron falta las prerrogativas de Schengen. Vivían allí donde cometieron sus crímenes y sembraron el terror.
Veamos como ejemplo el caso de uno de ellos: Mohammed Sidique Khan. Era profesor en una escuela primaria de Leeds, tenía una niña de ocho meses y esperaba otro hijo. «Un hombre bueno y silencioso», «muy comprensivo», son algunos de los testimonios de quienes lo conocieron. «No parecía un extremista. No era del tipo de los que hablan de religión. En general, era una persona muy agradable», dice un vecino. Nadie sospechaba. Nadie imaginaba.
¿Qué llevó a Khan a detonarse en la estación subterránea de Edgware Road? Los motivos ya los mencionó su célula de Al Qaeda, la red terrorista que acaba de dar un plazo hasta el 15 de agosto para que Gran Bretaña, Holanda y Dinamarca saquen a sus tropas de Iraq. Hasta ahora, son solo amenazas. Pero si quisieran ponerlas por obra, no precisarán exportar nuevos criminales hacia la UE.
Les bastará chasquear los dedos.