El caso de los pasaportes rusos en Uruguay empieza a perderse en el horizonte ante la filtración de los chats de Alejandro Astesiano, el excustodio del presidente Luis Lacalle.
Los pasaportes fraguados son una perla más en el collar de servicios que ofrecía el custodio, como la data para desacreditar a dos senadores frenteamplistas que se oponen a la entrega de las operaciones portuarias a una trasnacional belga, solicitada por una empresa estadounidense, propiedad de exmilitares uruguayos.
Los chats publicados por algunos medios, apenas la punta del iceberg de lo que queda por descubrir e investigar, demuestra cómo se usan las cloacas del Estado para realizar negocios, espiar, extorsionar y también la connivencia del sector privado con el sector público para sacar ventaja.
Las implicancias de este caso parecen no tener fin. Son muchas las aristas, varias las consecuencias y nulos los fusibles que ha hecho saltar en el gobierno. Altos mandos de la policía e inteligencia están implicados y estos mismos son los que debieran colaborar con la investigación.
Por ejemplo Claudio Correa, Director de Inteligencia, detuvo a Astesiano e incautó su celular. En acuerdo con la Fiscalía eliminó chats de Lacalle antes de entregar lo recuperado. Correa luego fue citado como indagado por chats de Astesiano y se sospecha que haya eliminado otros chats.
Incluso hubo versiones distintas en la prensa. Primero que la Fiscalía había aceptado no investigar los chats de Lacalle a cambio de la entrega del celular de Astesiano. Lacalle luego salió a desmentir este hecho. “No hubo un acuerdo con la fiscal, ni hablé antes ni ahora. Sé que el ministro del Interior transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas, familiares, personales del celular. Y sé aceptó de tal manera”.
Luego la propia fiscalía lanzó un comunicado oficial desmintiendo al propio mandatario. Días antes, el presidente Lacalle había declarado que “se le ha brindado (a la fiscal) toda la información que requiere y se le va a dar todavía más. O sea, toda la que se pida hay que hacerlo porque no puede quedar la duda.” Y remató: “el gobierno no tiene cola de paja”
La fiscal Gabriela Fosatti citó a declarar, en calidad de indagados, al número 2 de la Policía, Héctor Ferreira, al 3, Jorge Berrie y al director de Agencias de Seguridad Privadas, Henry de León.
El lobbista
Cuando parecía que el escándalo de los pasaportes había mermado, apareció en escena una nueva solicitante de los “servicios” de Astesiano: Vertical Skies, una empresa con sede en Estados Unidos pero cuyo director fundador es un exmilitar uruguayo, que declara operaciones en medio centenar de países y una gama tan amplia como vaga de rubros de actividad, pero el que surge de los chats con el exencargado de la seguridad presidencial es básicamente la obtención ilegal de datos.
Vertical Skies se presenta en su sitio web como una “consultora global” con más 30 años de “sólida reputación y experiencia” y operaciones en más de 50 países. Dice estar dedicada a los rubros “seguridad, investigación, prevención, gestión de riesgos, negocios, inversiones, tecnología aplicada al crecimiento y rendimiento empresarial”, mediante el uso de “inteligencia artificial, nanotecnología y sensores operados remotamente”.
Entre sus clientes aparecen (en su portal) firmas y organizaciones como Microsoft, Naciones Unidas, US Army, Interpol, Unión Europea, Organización de Estados Americanos (OEA), gobiernos y “más de 1.000 clientes del sector privado”.
El requerimiento de esta empresa era para mejorar su capacidad de lobby en beneficio de clientes empresariales (lo que se llama “espionaje industrial”); pero en otros, con la intención declarada de desactivar la denuncia de los senadores uruguayos Mario Bergara y Charles Carrera sobre el acuerdo del Poder Ejecutivo con la trasnacional belga Katoen Natie, que opera el puerto de Montevideo.
Vertical Skies es una empresa de “seguridad e investigaciones” que opera desde Estados Unidos y que le encomendó (¿ordenó?) a Alejandro Astesiano el armado de “fichas” con “información personal” sobre los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera, según consta en uno de los chats de Whatsapp (el 798) que la Policía Científica logró recuperar del celular del exjefe de la seguridad presidencial.
“Los quieren atar para que retiren la denuncia”, fundamentó su pedido el exoficial del Ejército, en una comunicación con Astesiano del 18 de marzo. “Necesito todos los datos personales y vinculaciones que me puedas conseguir”, profundizó dos días después. En la primera semana de agosto, según revela otro de los chats, Astesiano recibió una transferencia de dinero por Western Union desde la compañía ubicada en Boca Ratón, unos 70 kilómetros al norte de Miami.
Los ex militares que controlan Vertical Skies tienen vínculos con Juan Sartori, senador del Partido Nacional, y la seguridad del World Trade Center de Montevideo. El director ejecutivo de la firma, en tanto, es hermano de un coronel –experto en el campo de la energía– que asesora al representante del ultraderechista Cabildo Abierto en el directorio de la estatal energética ANCAP. Asimismo, estuvo casado con una hija del represor Mario Julio Aguerrondo en sus inicios de carrera como oficial del Ejército.
La filial uruguaya de Vertical Skies, que opera desde 2020, fue beneficiada en al menos cuatro licitaciones para abastecer al Estado de equipamiento militar, entre 2021 y 2022. La firma ganó una licitación por 740 mil dólares para proveer a la estatal eléctrica UTE de un dron. La compra, que no pasó por el directorio del organismo, contó con el aval técnico de Raúl Feijo, esposo de la presidenta del ente, Silvia Emaldi.
El CEO de la empresa estadounidense es Mario Panizza: 27 años en el ejército, trabajó para la ONU en Mozambique, Sierra Leona, Congo y Costa de Marfíl. A su vez trabajó en la reforma de la seguridad social en Guinea Bissau y Congo. Es ex director de seguridad, protección y defensa de Microsoft, con 30 años en el rubro. Cuenta con reconocimientos de los gobiernos de Estados Unidos y Brasil. Por último y no menos importante, tiene vínculos cercanos con Martín Lema, Ministro de Desarrollo Social y hombre de confianza y círculo cercano de Lacalle.
El Gerente General es Marcelo Acuña, experto en contrainsurgencia, explosivos y seguridad avanzada en el terreno. Es exoficial de Operaciones Especiales senior con 20 años de servicio. Trabajó en Colombia, Paraguay, México y África. Walter Perez es director del departamento ocupacional y prevención de incendios en Vertical Skies.
Es técnico preventivo y ex oficial de bomberos. Claudio Dominguez, es director de operaciones; oficial al mando del comando de operaciones especiales del Ejército de Uruguay. Realizó operaciones de inteligencia humana, seguridad y militares de mantenimiento de paz.
El 4 de agosto de este año le giraron dinero a Astesiano para “atar” a Charles Carrera y el 7 de ese mismo mes el Ministro del Interior Heber lo denunció. Cinco meses después, Astesiano recibió una transferencia de dinero de esa compañía, también interesada en la compra de dos patrulleros para la Armada.
Entre febrero y setiembre, la empresa de represores uruguayos afincada en EEUU le pidió a Astesiano información sobre varios asuntos vinculados a la Torre Ejecutiva, como la compra de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional -un negocio millonario en el que tenía interés uno de sus clientes, la coreana Hyundai Heavy Industries-, y la adquisición de aviones para la Fuerza Aérea Uruguaya.
Y también detalles de una reunión que mantuvo en marzo el presidente Luis Lacalle con el chino-canadiense Changpenz Zhao, fundador y CEO de Binance, uno de los sitios de compraventa de criptomonedas más importantes a nivel global.
Astesiano recibió un documento de esta empresa, el cual era una presentación en la búsqueda de financiamiento para hacerlos circular entre probables inversores, financiamiento destinado a la venta de armas e insumos para las fuerzas armadas a Uruguay, Paraguay y Colombia. El mismo llevaba como asunto: «Fondo capital – Proyectos del sector energía y seguridad en Uruguay y Paraguay».
Buscaban 200 mil dólares como capital de giro. Según explicaban, esos fondos eran para compras de muestras para licitaciones, viajes, licencias de exportación, servicios de abogados y escribanos, entre otros.
Dentro de los negocios que ya tenían concretados (según el documento), en el caso de Uruguay se señalaba la venta de drones de gran porte para la Fuerza Aérea ONU, por 25,9 millones de dólares con ejecución en octubre de 2021, drones de gran porte para UTE por 750 mil dólares (ejecución noviembre de 2021) mochilas para el ejército por 82 mil dólares (diciembre 2021) y carpas para el ejército ONU por 98 mil dólares con entrega a febrero de 2022.
En el documento se asegura que estos negocios están en el 99% de ser concretados.
Se indican «otras licitaciones ganadas pendientes de recepción oficial», por 53 mil dólares en la Armada Nacional y el Ejército por máscaras de buceo, cámara de video, equipos de comunicación y botas para el frío.
También habla de otras «compras a ejecutarse» de medias y carpas para el ejército y «otras compras a ejecutarse propuestas por Vertical Skies en 120 días». La nota de presentación lleva la firma del CEO de la empresa Mario J. Panizza y Marcelo Acuña.
Esto es solo la punta de una madeja que aparece cada vez más anudada. Una de las preguntas que surge es, ¿por qué empresas privadas que pretenden hacer lobby buscan a Astesiano como intermediario? ¿Cómo acceden a que el custodio del presidente sea la llave para dichos negocios? ¿Quizá por su ascendencia sobre Lacalle?
La del avestruz
El intendente de Canelones por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, declaró públicamente sobre enviar una señal política al respecto y el presidente le contestó: “Que Orsi saque número… él es uno de los tantos que ha dado manija”.
Ese es el temple y la estrategia del gobierno. Primero pasaron por el estadío de negar lo de los pasaportes y decir que Astesiano era un “charlatán”, un “vende humo”, “un perejil”. Luego ante la abundancia de servicios/delitos, se quiso poner el foco sólo en los pasaportes y querer arrastrar al Frente Amplio al barro, equiparando responsabilidades en una especie de teoría de los dos demonios de la corrupción.
Ahora el gobierno se victimiza y acusa a la oposición de querer desestabilizar al gobierno. Los chats todavía tienen mucho para contar y las balas cada vez pican más cerca del presidente.
A pesar de toda esta catarata de delitos, tráfico de influencias y un funcionar más que irregular de un funcionario de confianza del Presidente en altas esferas estatales, el Prosecretario de presidencia Álvaro Delgado optó por seguir con la estrategia habitual del gobierno y la que realiza el avestruz: esconder la cabeza en la arena y declaró “el gobierno se está comiendo un garrón con esto”.
Lacalle Pou se muestra nervioso, ofuscado y confrontativo ante la prensa. Del presidente chistoso que pretendía mostrarse cercano a los periodistas, ahora aparece un Lacalle irónico, reacio a la repregunta y con gesto adusto ante las cámaras.
En materia nacional e internacional Lacalle transita el peor momento en ambas esferas desde que asumió como presidente en marzo de 2020. Al caso Astesiano se le suma la carta que enviaron los miembros del Mercosur ante la iniciativa del gobierno uruguayo de sumarse al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico de manera unilateral.
¿Lacalle tendrá espalda para soportar estos dos frentes a la vez? Al presidente surfista lo está tapando el agua.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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