[El Procés Constituent -el movimiento sociopolítico que propugna la apertura de un proceso constituyente en Catalunya- acogió los pasados 19 y 20 de julio en Barcelona el V Congreso Internacional del Poder Constituyente. Acudieron ponentes de muy diversos países, desde Chile hasta Islandia, desde Grecia hasta EE UU, para exponer sus puntos de vista sobre […]
[El Procés Constituent -el movimiento sociopolítico que propugna la apertura de un proceso constituyente en Catalunya- acogió los pasados 19 y 20 de julio en Barcelona el V Congreso Internacional del Poder Constituyente. Acudieron ponentes de muy diversos países, desde Chile hasta Islandia, desde Grecia hasta EE UU, para exponer sus puntos de vista sobre la necesidad de un cambio de régimen, no solo político, sino también económico y social, frente al poder cada vez más concentrado en manos de una exigua minoría de grandes capitalistas y explicar sus experiencias recientes en este terreno. Publicamos a continuación la ponencia de Leonidas Vatikiotis, economista y periodista griego, miembro del Comité de Auditoría de la Deuda de su país.]
Como seguro ya sabéis, las severas medidas de austeridad en Grecia empezaron hace cuatro años, en mayo de 2010. Medio año antes, en octubre de 2009, la Izquierda Griega experimentó una de sus peores sorpresas, cuando vio que el bipartidismo griego obtuvo en las elecciones anticipadas uno de sus mayores porcentajes de las últimas décadas (el 77%, del cual un 44% del partido socialdemócrata PASOK y un 33% del partido de la derecha Nueva Democracia). Pero el punto álgido de su triunfo coincidió con su decadencia. A lo largo de estos cinco años, su influencia política se ha colapsado. En las recientes elecciones al Parlamento Europeo, entre los dos partidos sumaron el 30% y ahora es un secreto a voces que ambos están en proceso de cambio de sus líderes e incluso del nombre de sus partidos. Lo único que nadie sabe es la forma que tomará esta transformación. Por tanto, una conclusión inicial es que Grecia está bajo una doble crisis: económica y también política.
Permitidme presentaros algunos datos que describen las profundas transformaciones económicas durante la crisis actual. A lo largo de estos años, con la ayuda de la Troika (UE y FMI) y con el unánime apoyo de la élite de la clase dominante griega (banqueros y propietarios):
– el desempleo ha llegado al 27%, superando incluso el récord español;
– entre los desempleados, sólo un 10% recibe algún tipo de subsidio;
– los salarios se han reducido en promedio un 40% (nunca antes había ocurrido esto en un período de tiempo tan corto);
– de entre la «gente afortunada» que está trabajando, 1 de cada 3 está cobrando su sueldo con un retraso de más de 6 meses.
– los impuestos a los trabajadores se han disparado (por ejemplo, los impuestos sobre bienes inmuebles se han incrementado un 700% desde 2009).
– el PIB se ha reducido un 21% desde 2008, cuando la crisis empezó, un récord global en tiempos de paz;
– decenas de miles de jóvenes científicos y graduados universitarios han emigrado al norte de Europa, sobre todo a Alemania, y a Oriente Medio;
– más de 250.000 pequeñas, medianas e incluso grandes empresas han cerrado y 200.000 más cerrarán entre este año y el próximo, cambiando radicalmente la típica estructura social esférica del sur de Europa, que fue la dominante a lo largo del período de postguerra, por una estructura piramidal.
Por otro lado, los bancos griegos han sido subvencionados con 211.000 millones de euros desde 2008, lo que equivale al 115% del PIB actual. En otras palabras, fuimos testigos de una transferencia sin precedentes de la riqueza social de la gran mayoría de la población a la burguesía, en concreto a la más parasitaria. En este proceso, la deuda pública se ha convertido en la excusa perfecta, escondiendo la transferencia de los costes de la crisis a la clase trabajadora. Debido a ello, y no por casualidad, desde 2009 la deuda soberana, a pesar del mayor impago de las últimas décadas (con un valor nominal de 105.000 millones de euros en mayo de 2012) se ha incrementado en porcentaje (ha pasado del 129% del PIB al 175%) y también en cifras absolutas (ha pasado de 299.000 a 321.000 millones de euros).
El ya mencionado coste social no fue una evolución indeseada, ni un accidente ni un error, como a menudo afirma el FMI disculpándose, ni tampoco un daño colateral. Fue el objetivo principal. Es una medida de su éxito, la cara oculta del objetivo de la Troika de construir una «economía de la oferta» reemplazando la actual «economía de la demanda«, que -en sus propias palabras- ha alcanzado sus límites y se considera obsoleta. Las economías de la oferta implican la abolición de los derechos de los trabajadores, la seguridad social, la protección medioambiental, la cohesión social, incluso las obligaciones tributarias del gran capital y aún más del capital multinacional.
Si queremos predecir el mañana de forma más exhaustiva, en términos tanto políticos como económicos, debemos describir las raíces de la crisis. En resumen, esta crisis fue una crisis capitalista. Se originó en la crisis financiera de 2008, se exacerbó a causa del descarrilamiento de las finanzas públicas, deterioradas por la participación en la UE y en el euro, pero sus orígenes se encuentran en la caída de la tasa de beneficio que causó la crisis de los setenta, con el fin del próspero período de postguerra, de los «treinta años gloriosos». Teniendo en cuenta el carácter sistémico de las crisis y su persistencia a lo largo de tantas décadas, es obvia la violencia de la solución que proponen las clases dirigentes. A todo esto podemos añadir que la regulación financiera (por ejemplo, la separación entre bancos de inversión y bancos comerciales, o la reducción del endeudamiento) no sirve para resolver nada.
Si hablamos del laboratorio que ha sido la política griega, similar a la periferia de la UE, en la vida política se han promovido soluciones tanto violentas como radicales. En resumen, describiría el plan de futuro como un giro intenso hacia la política más reaccionaria (como lo que está sucediendo en la economía, donde la solución es el reaganismo y el thatcherismo más radicales). Lo que está sucediendo con el partido neonazi Amanecer Dorado (AD) es muy característico. Los esfuerzos del gobierno de ilegalizarlo desde septiembre, cuando AD asesinó a un joven cantante antifascista, han fracasado, puesto que AD ha aumentado su poder en paralelo al aumento del desempleo y la pobreza. En las elecciones de 2009, AD obtuvo un porcentaje marginal del 0,29% (20.000 votos) y tres años después, en mayo de 2012, alcanzó el 6,97% (441.000 votos). En las recientes elecciones al Parlamento Europeo logró un 9,39% (537.000 votos). Por eso podemos decir que AD es una creación original de las políticas de austeridad, del FMI y de la UE.
La pregunta obvia de por qué no tenemos un fenómeno similar en otros países también golpeados por la crisis tiene una doble respuesta. Primero, en ningún otro país se ha impuesto un programa de austeridad tan violento. Segundo, Grecia fue el único país donde los colaboradores del nazismo nunca fueron procesados; sí fueron procesadas las fuerzas de resistencia y la izquierda comunista permaneció fuera de la ley hasta 1974… En otras palabras, la clase dirigente griega tiene una histórica tendencia intrínseca al fascismo y al totalitarismo. Los acontecimientos de Grecia, con el ascenso de la derecha racista, no difieren mucho de otros países. En Francia, Reino Unido y en los países nórdicos también hemos visto en las recientes elecciones al Parlamento Europeo que los partidos racistas han respaldado la indignación de la población por la austeridad. En parte, debido al titubeo de la izquierda a la hora de combatir a la UE y a la plena incorporación de la socialdemocracia a los mecanismos de la UE. Este vacío fue llenado por los partidos de extrema derecha, de intereses nacionalistas y burgueses, no populares.
El giro hacia una política reaccionaria, una tendencia permanente, no sólo surge sobre la base de una realidad económica. Detrás también existen razones políticas que apuntan en la misma dirección. Subrayaré un par de ellas. Primero, la degradación de la actual democracia burguesa por las continuas violaciones constitucionales y la devaluación del parlamento o del poder legislativo a favor del poder ejecutivo, según la clásica división de poderes. Sólo un ejemplo: el primer acuerdo presupuestario de 2010 (110.000 millones de euros) nunca fue ratificado por el Parlamento griego, mientras que el segundo en 2012 (109.000 millones) provocó que los profesores de derecho público se pronunciaran en contra porque mantenían que era una bomba en los cimientos del orden constitucional. La segunda razón política que lleva a una política reaccionaria es la UE. Recordad que en noviembre de 2011, en Grecia y en Italia también, Merkel y Sarkozy provocaron un golpe, depusieron a los primeros ministros electos (Papandreu y Berlusconi). En su lugar designaron a dos tecnócratas de la banca (Papademos y Monti). Para ampliar la base parlamentaria de Papademos, el IV Reich impuso en Grecia un gobierno de coalición, con la participación por primera vez del partido de ultraderecha light (LAOS).
Cuando la UE legitimó la presión de la ultraderecha sobre los estamentos políticos para forzar su participación en el gobierno, ¿por qué no entró en el Parlamento un partido de pura ultraderecha (como la banda criminal AD)? El último ejemplo que muestra la responsabilidad de la UE es el debilitamiento de la soberanía a manos de la UE y concretamente de la Comisión. La transferencia de poderes de los gobiernos elegidos a la UE, el aluvión de leyes de la UE incorporadas a la legislación nacional y el nombramiento en Grecia y en Chipre de un cuerpo de tecnócratas extranjeros (equipo de trabajo) para reformar la administración pública han transformado a los países endeudados en endeudadas colonias postmodernas de Alemania, recordando la ocupación nazi. La futura agenda de la UE es también causa de preocupación. Pongo de relieve las siguientes obligaciones:
– el compromiso en torno al equilibrio presupuestario;
– sanciones a los países que mantengan el déficit;
– la supervisión de aquellos países que estén endeudados con otros países de la UE hasta que hayan amortizado el 75% de su deuda, y muchas más.
Todas ellas han sido introducidas por el Pacto Fiscal y el Pacto Euro Plus (2011), incluso en forma de enmiendas constitucionales. Esto fue una decisión del Consejo Europeo. Las partes cruciales de este arsenal reaccionario (como el paquete de reformas de los Packs 2 y 6) han sido votadas por el Parlamento Europeo, mostrando que incluso el Parlamento Europeo elegido no puede servir de contrapeso a la designada y no democrática Comisión Europea.
En mi opinión, la izquierda europea debería aprender de la izquierda latinoamericana, que ha rechazado cualquier tipo de integración económica con Estados Unidos en forma de proyecto imperialista, y rechazar totalmente la integración de la UE, por el hecho de ser un proyecto alemán y de las grandes empresas. La necesaria integración económica, que conseguiría economías de escala, debe construirse, antes que nada, desde las diferentes bases sociales y políticas, excluyendo países caracterizados por tan altos registros de productividad como Alemania. Al mismo tiempo, incluiría los países del norte de África o de Oriente Medio, que tienen lazos históricos comunes con nuestros propios países.
Teniendo en cuenta la manera furibunda en que el capital impuso modificaciones constitucionales con el fin de asegurar la exclusión de cualquier política de redistribución, hemos de reconocer que nuestra demanda de un cambio constitucional no implica diferencia alguna de por sí. En Grecia, los centros de política más conservadora (la Federación de Empresarios, por ejemplo) piden insistentemente una reforma constitucional con ánimo de abolir los artículos que describen como deber de Estado el pleno empleo o el proveer atención sanitaria y educación públicas a todos los ciudadanos. Su objetivo es transformar el estado de emergencia excepcional, que ha surgido en los últimos años bajo la terapia de choque de los Memorandos, en una especie de orden constitucional. Además, se tratan de penalizar las huelgas y las luchas políticas por el cambio social.
La petición de una Asamblea Constituyente, obviamente, supone… algo más que simples reformas por la discusión en profundidad que implica, definiendo un nuevo principio del sistema político. Incluso en este caso, en mi opinión, la Asamblea Constituyente es necesaria como punto de inflexión, pero no es suficiente para acabar con la crisis y la inestabilidad del sistema político actual, y desde un punto de vista popular ha de permitir y asegurar un cambio radical social y político. Ambos son condiciones determinantes para asegurar que ahondar en las desigualdades sociales y de clase, el aumento de la pobreza y el hambre permanente pertenecerán definitivamente al pasado de las sociedades modernas.
Lo primero es la política. Lo segundo son las luchas sociales y la reaparición de un nuevo movimiento obrero. Ambos comparten la demanda de cambios para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías sociales en detrimento del capital. Una demanda y lucha política es aquella que aspira a cambiar a nivel nacional por oposición a la demanda económica limitada a una región, fábrica o sector industrial. Nuestra ambición debe ser lograr victorias en lo universal, aplicadas a todo el mundo por ley, y no de forma parcial (este es un objetivo opuesto a la tesis de John Holloway de «cambiar el mundo sin tomar el poder«). En esta tesitura debemos esperar una nueva generación de constituciones que contengan los derechos sociales y de los trabajadores y que sean la repuesta de las mayorías sociales a las nuevas políticas agresivas de la Europa del capital. Destaco las siguientes cuestiones cruciales, de entre muchas otras, que deberían estar incluidas en una constitución:
1 – Cancelación unilateral de la deuda pública, empezando por la deuda de la Troika (oficial), que representa la personificación de la deuda inadmisible, ilegal e ilegítima. La auditoría como herramienta puede proveer la documentación necesaria, de acuerdo a las leyes internacionales, para su abolición.
2 – La nacionalización de los bancos y de las empresas de importancia estratégica.
3 – La reducción de las jornadas de trabajo (sin reducción de salarios) como una forma de combatir el desempleo y de facilitar la participación de las personas en los asuntos de interés común.
4 – Abolición de los impuestos indirectos y que gravan a las clases populares (sobre la vivienda habitual, por ejemplo), generosos impuestos sobre el capital, especialmente las multinacionales.
5 – Prohibición de cualquier tipo de privatización, cancelación de las ya realizadas, blindaje constitucional de la propiedad pública.
6 – Educación, sanidad y seguridad social exclusivamente públicas, gratuitas y de alta calidad.
7 – Abolición de cualquier tipo de privilegio para los que se ocupen de lo público. Sus remuneraciones no deberían sobrepasar el salario mínimo (en Grecia se ha reducido a 480 €).
8 – Cese de la representatividad para poner fin a la actual falta total de rendición de cuentas entre dos elecciones.
9 – Castigo de aquellos políticos que hayan votado a favor del rescate de los bancos y de los programas de austeridad que están causando la presente crisis humanitaria.
10 – Salida de la zona euro, de la UE y de la OTAN, que son organizaciones imperialistas que representan los intereses del capital, hostiles a las personas.
Para terminar, quiero remarcar que incluso la constitución más progresista (que refleje el equilibrio de clase en un determinado período) puede ser marginada de la política, no teniendo impacto alguno en la vida diaria. Sólo las luchas sociales, las huelgas combativas contra el capital y los gobiernos pueden garantizar que los trabajadores se puedan apropiar de la riqueza social, construyendo una sociedad sin explotación, pobreza ni alienación.