Dice la sabiduría popular que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y muchos quisieran aplicar la sentencia a Nicaragua. Pero ello resulta imposible porque la patria de Sandino tiene muy presente la ignominia y el oprobio vivido. Lo recuerdan muy bien quienes están convocados a emitir su voto en las elecciones de noviembre.
Estas líneas no están destinadas a esos nicaragüenses, sino a los que viven del otro lado de la frontera sur y también para esa izquierda «cultural» que se empeña en ver la realidad con los ojos de sus sponsors y para la otra, la delirante, que como los personajes de Rulfo, ni siquiera sabe el tiempo que lleva muerta.
Y para seguir, no queda más remedio que dar un paso atrás en la historia, hasta finales de los 80′.
En 1986 en La Haya la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leyó la sentencia que daba la razón a Nicaragua y condenaba a USA a terminar su intervención e indemnizar por los cuantiosos daños ocasionados.
Pero el gobierno de Reagan siguió la intervención militar con operaciones como el «Irán-Contras», la intervención diplomática forzando en Contadora la opción de su conveniencia y finalmente la intervención electoral dirigiendo y financiando la campaña de Violeta Barrios de la UNO.
En el 90 cuando el FSLN perdió las elecciones, el juicio de La Haya no estaba aún cerrado. Se había estimado la indemnización en 17 mil millones de dólares y para que ese monto no se perdiera, teniendo en cuenta el apoyo norteamericano a la UNO, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 92.
Casi nadie sabe de la Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en la CIJ, porque nuestra prensa libre había iniciado ya la intoxicación de «la piñata»
Dicha ley establecía la obligación del gobierno de Nicaragua (del de Violeta Barrios) de continuar el juicio hasta la sentencia sobre la indemnización, instituyendo un punto esencial: «La indemnización que Estados Unidos debe a Nicaragua constituye patrimonio inalienable de todos los nicaragüenses, el que deberá emplearse en reparar los daños provocados por la guerra; indemnizar a las víctimas y a sus familiares, desarrollar materialmente el país, combatir el atraso y la dependencia heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza».
En este punto conviene hacer un alto en la narración para con la lupa en la mano enfocarse en la palabra PATRIA y en alguno de sus derivados. Patriotas, antipatriotas, apátridas y vende patrias. Que cada uno le ponga la etiqueta a quien le convenga.
Los nicaragüenses desde los últimos años de la dictadura de Somoza hasta casi los 90 habían vivido en la vorágine bélica. Los muertos, desaparecidos, mutilados, huérfanos y viudas de ambos bandos se contaban por miles y también por miles los nicaragüenses en situación de pobreza extrema precisamente por esa prolongada guerra.
La sentencia de la CIJ lo entendía así y en sus preámbulos decía:
«Ninguna reparación pecuniaria, cualquiera que sea su monto, puede realmente resarcir a Nicaragua por las devastaciones causadas en su territorio por la conducta ilícita de Estados Unidos. Tal reparación no puede resucitar a los seres humanos muertos, ni reparar los daños físicos y psicológicos sufridos por una población que ha soportado una campaña despiadada de ataques armados y estrangulamiento económico durante más de siete años […]. Las consecuencias globales de tal política sobre un pequeño país son simplemente incalculables».
Después de leída la sentencia se habilitó una instancia que llevó a fijar la millonaria cifra.
Rememoremos a Carlos Varela: «Y en eso llegó Violeta, se acabó la reclamación…»
El juicio de La Haya seguía a su ritmo y en el segundo año de su mandato, la presidenta Violeta Barrios decidía poner fin a la reclamación y la Ley 92 fue derogada como otras, porque como decía la prensa que ahora vuelve a decantarse en apoyo unánime a sus hijos, esas leyes fueron hechas para justificar la piñata.
La presidenta justificaba esa renuncia en aras de establecer unas francas relaciones con los Estados Unidos.
Por ningún lado que se mire se puede observar ni una pizca de patriotismo en esa decisión.
A falta de documentos desclasificados el historiador solo puede barajar dos hipótesis: que esa fuera una de las condiciones del apoyo gringo o yanqui a su candidatura o que fuera un arreglo económico posterior a la elección. En ambos casos el patriotismo y también la ética de la viuda de Chamorro queda francamente cuestionado.
Los convertidores económicos indican que hoy, esos 17.000 millones de dólares equivaldrían a unos 56.000. Si comparamos la cifra con los 1.750 millones que Costa Rica está negociando con el FMI para subsanar el caos fiscal del país, uno puede imaginar la cantidad de milagros que se hubieran podido hacer en Nicaragua para reconstruir el país, sacar a tanta gente de la pobreza y evitar que miles de nicas se vieran condenados a aumentar la diáspora y vivir en condiciones degradantes en nuestro país.
Pero no, en aras de mejorar la relación con el imperio o de reafirmar el sometimiento, se le negó a la patria de Darío la posibilidad de soñar con ríos de leche y miel. Y se siguió hablando de la piñata.
Es posible que esos primeros dieciséis años de paz sean los peores de su historia. Por mi condición migratoria que me obligaba a salir del país cada tres meses, fui testigo presencial de ese descenso a los infiernos y si alguien piensa que exagero que busque en las estadísticas de desarrollo humano de la ONU. Los tres gobiernos neoliberales que se sucedieron, esquilmaron al país de todo su patrimonio. Desde las empresas públicas que la revolución había arrebatado a los Somoza y otras creadas con el apoyo de la solidaridad internacional hasta el ferrocarril, incluyendo los sectores más lucrativos como la electricidad, la telefonía, la educación, la salud o las costas.
En una de mis visitas en los últimos años del gobierno de Bolaños acompañé a una chavala al maternal de Rivas, los riesgos del parto desaconsejaban el bus así que buscamos el pickup de un vecino. Aun así, por el mal estado de la carretera tuvimos que bajarnos y hacer tramos andando. En Rivas la ayudé con su gran bulto, casi tres veces mi mochila, porque lo que quedaba de los hospitales públicos era el edificio y el personal. En esa bolsa iba toda la ropa de cama, almohada incluida, sus batas, la ropa de bebe, toallas, alcohol y lo último, la anestesia y las jeringuillas. La última nota de esa jornada particular la puso La Prensa de los Chamorro que ojeé en la terminal y que hablaba de la hambruna declarada en Matagalpa.
Tomemos aire y pensemos que puede pensar un presidente de un país ante esa realidad. Y más un presidente que es culpable o cómplice de aquella condonación.
En el 2006 lo que quedaba del Frente Sandinista después de muchas deserciones volvió a la presidencia encontrándose otra vez con un país devastado. La bandera rojinegra había quedado opacada por el color fucsia de la nueva revolución «cristiana, socialista y solidaria» y todo el país se abocó a la labor de reconstrucción. Fueron años de bonanza económica y las fricciones políticas solo surgían en tiempos de elecciones. La derecha tradicional erró al creer que la buena situación económica correspondía a una coyuntura internacional.
Pero la prosperidad se prolongaba y hasta la COSEP se subió al carro sandinista con la UNAG de los agroexportadores, y es que a la burguesía, no le importa el color del gato si este caza ratones.
Sería muy largo empezar a hablar de los logros, de las estadísticas, de los índices de desarrollo humano con datos sacados del PNUD, de la OMS o incluso del Banco Mundial. Pero no se puede dejar de hacerlo, ni dejar de mencionar la cantidad de escuelas construidas, clínicas y hospitales que incluyen a la medicina tradicional, y la recuperación y el fomento de las parteras. Los miles de kilómetros construidos de carreteras que incluyen el hito de unir por tierra las regiones atlánticas norte y sur. El recuperar el sistema eléctrico y terminar con los apagones de la empresa privada y trasnacional.
¿Y por qué abundar en estos datos sociales y económicos?
Por una sencilla razón, nuestro vecino del norte no ha encontrado oro en sus montañas, ni petróleo en sus mares, ni el litio de moda en sus llanuras. No hay nada extraordinario que explique ese largo periodo de desarrollo sostenido a no ser que uno conjeture el fin de la «robadera» como la causa principal.
El FSLN que hoy gobierna en Nicaragua no es el coco comunista que nos pinta la Nación y otros medios de perversión mediática. No. Es lo que hoy podríamos llamar una socialdemocracia de izquierdas, un gobierno que administra un país capitalista haciendo énfasis en un reparto más justo de la riqueza, reduciendo la desigualdad y la exclusión.
Un gobierno que no ha nacionalizado ni un banco o empresa privada y que ni siquiera se ha aventurado a recuperar las propiedades costeras adquiridas de mala manera y permite que la inversión privada, nacional y extranjera lidere el desarrollo turístico en expansión. Un gobierno que mantiene relaciones respetuosas con los Estados Unidos y ha sido leal a Taiwán. Que desarrolla proyectos de cooperación con la USAID, que atiende las recomendaciones del Banco Mundial y también del FMI
Estamos en el 2018. Se puede pedir algo más.
El mes de marzo fue el de la nueva insurrección, el de los tranques, el de la revolución de color o ciudadana o el del golpe de estado; como cada quien lo quiera llamar. Lo venían ensayando desde hacía meses, no fue lo espontaneo que nos quieren hacer creer. Los actos violentos contra las expropiaciones del canal o por la politización del incendio de la reserva Maíz estaban muy lejos de la capital y el nuevo intento se produjo con una tibia reforma del sistema de pensiones; (creado por los sandinistas) que se trató de realizar siguiendo las recomendaciones del FMI. La desmesurada campaña de intoxicación mediática, sobre todo en las redes que desbordaban de fakesnews, llevaron a los estudiantes a ejecutar actos vandálicos en Managua y a enfrentarse con la policía. El gobierno sandinista y su bancada legislativa se apuraron a retirar el proyecto de reforma, pero la espiral programada ya estaba iniciada y se sumaron nuevas reivindicaciones, extendiéndose la violencia al resto del país haciéndose especial énfasis en los cierres de carreteras en puntos estratégicos.
Y comenzaron los muertos.
Nunca fueron idílicas protestas pacíficas, con los estudiantes se mezclaron jóvenes lumperizados armados que desde los primeros días abrieron fuego contra la policía. Y en los momentos y lugares en que contaron con la superioridad necesaria, atacaron sedes sandinistas, instituciones públicas, alcaldías y hasta clínicas a las que metieron fuego, consiguiendo el clima de caos que exige el manual
Sharp del golpe blando para llevar a negociar a las autoridades desde una posición de poder.
Los medios nacionales y extranjeros, la cúpula católica y la sociedad civil fabricada con cheques del exterior hicieron el resto, como por ejemplo contar todos los muertos como si fueran víctimas «del régimen» sin importar que más de la mitad, incluidos quemados vivos, fueran simpatizantes sandinistas y policías.
Pero pasado el desconcierto inicial y alentados por la extrema violencia, la militancia sandinista en los barrios de Managua primero y en el resto del país también, retomaron el control en las calles apoyando a la policía unas veces y en solitario otras. Como verdaderas fuerzas de autodefensa y no como escuadrones de la muerte, neutralizaron el llamado golpe suave y fueron revirtiendo la situación y poco a poco eliminando los tranques y recuperando las comunicaciones viales que pretendían el colapso económico. Y todo apelando a la violencia necesaria frente a la violencia del enemigo y ante el contubernio de una prensa internacional que solo enfocada el ojo en los excesos del bando gubernamental.
Fueron meses intensos y después de desbaratar la insurrección disfrazada de pacífico movimiento ciudadano, los tribunales iniciaron su trabajo a la par de la diáspora en la que se mezclaban los sediciosos con miles de nicaragüenses que habían perdido sus medios de vida.
Muchos de los participantes y organizadores fueron juzgados y condenados entre ellos periodistas pues el Manual Sharp concede un importante papel a los medios como agitadores imprescindibles. Algunos fueron encarcelados, otros exiliados y pasados los meses, muchos de los protagonistas amnistiados.
Y cuando Nicaragua se encaminaba a un nuevo proceso electoral en el que la oposición no había podido llegar a mínimos acuerdos y mucho menos a postular un único candidato que hiciera peligrar la reelección de Daniel Ortega, tal vez siguiendo instrucciones foráneas, cayeron en la tentación de repetir el intento y todo estaba planeado para la jornada electoral, como allá por tierras bolivianas.
Pero no contaron con la astucia de «régimen» ni con el espertiz de su Fiscalía y sus servicios de inteligencia y descubierta la nueva conspiración con las pruebas de su financiación extranjera (millonarios cheques de la USAID) no tuvieron más remedio las instituciones judiciales que proceder como en cualquier país y ante la gravedad de los hechos a recetar órdenes de detención o casa por cárcel a los implicados a los que la prensa colocaba con premura la etiqueta de candidato opositor.
El presente es la reelección consumada de Daniel Ortega al que se le ha querido minimizar la abrumadora participación y siguiendo las instrucciones de quien le ordena a Mr. Biden, desde la OEA y la Unión Europea han desconocido los resultados unos cuantos presidentes.
Afortunadamente, el péndulo de la política latinoamericana parece dirigirse de nuevo hacia la izquierda, pero los sandinistas saben que no hay que bajar la guardia y no la bajarán.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.