Uruguay ha atravesado, en la última década, un período de logros sociales indiscutibles: mientras que en 2002 uno de cada cuatro hogares uruguayos (25,8%) se encontraba en situación de pobreza y en 2004 la proporción había aumentado a 29,9%, casi diez años después (2013) la pobreza alcanzaba a 8% de los hogares. También la proporción […]
Uruguay ha atravesado, en la última década, un período de logros sociales indiscutibles: mientras que en 2002 uno de cada cuatro hogares uruguayos (25,8%) se encontraba en situación de pobreza y en 2004 la proporción había aumentado a 29,9%, casi diez años después (2013) la pobreza alcanzaba a 8% de los hogares. También la proporción de hogares en situación de indigencia, que se ubicaba en 1,2% en 2002 y alcanzó a 2,5% en 2004, descendió a 0,3% en 2013. Adicionalmente, aunque la meta de reducción de la desigualdad está aún lejos de ser alcanzada, la concentración del ingreso pasó de 0,45 en 2006 a 0,38 en 2013.(1)
Sin embargo, y aunque ya nos hemos ido acostumbrando a las buenas noticias, existe todavía incertidumbre respecto de la profundidad de estos cambios y la posibilidad de sostener estas tendencias en contextos menos favorables del ciclo económico. En otras palabras, ¿indican los logros recientes que las fuentes originales de la pobreza y la desigualdad están siendo desactivadas? ¿Son solamente un alivio de los síntomas o pueden ser considerados un debilitamiento de las causas que están detrás de los déficits de bienestar que enfrenta el país?
Lo cierto es que hay varias señales que obligan, al menos, a ser escépticos.
Por un lado, en Uruguay todavía persiste una distribución desigual de las ganancias de la productividad. El estrato de menor productividad (con menor cobertura de seguridad social, más feminizado, con mayor incidencia de pobreza) ha sido el que concentra la mayor proporción del empleo y, en contraste, el estrato de mayor productividad (con mayor cobertura de seguridad social, de altos ingresos) ocupa a una proporción minoritaria de los trabajadores(2). Y pese a que en los últimos años ha existido cierta modificación de la estructura de la ocupación por nivel de productividad -básicamente, por un trasvase de empleo desde los sectores de baja productividad a los de productividad media(3)-, la sostenibilidad de este cambio es todavía incierta, y es difícil que la desigualdad en la distribución primaria del ingreso pueda modificarse si no se activa un círculo virtuoso de cambios en la estructura productiva, que contribuya a reducir los niveles de estratificación laboral. Si esta lógica virtuosa tiene lugar, ciertos parámetros de igualación estarían dados, por lo que la meta de avanzar hacia modelos universales de protección social, con beneficios y prestaciones más densos, no sólo no parece descabellada sino viable. Pero sin reducción de desigualdades productivas y laborales, la meta de la igualdad queda comprometida. Y la envergadura de la inversión fiscal que se requiere para avanzar hacia la reducción de la desigualdad no puede ser desconocida.
Por otro lado, el sistema de protección social uruguayo tiene constreñimientos que limitan su posibilidad de ser una pieza clave en la reducción duradera de las desigualdades en Uruguay. En efecto, aunque con señales recientes por modificar el rumbo, en la arquitectura de protección social uruguaya persiste el desajuste respecto de una estructura de riesgos sociales que ha experimentado profundas transformaciones en las últimas décadas(4). En particular, y por poner sólo algunos ejemplos: la relación entre pobreza en adultos y pobreza en niños ha empeorado en detrimento de estos últimos(5); las desigualdades de género en la distribución del trabajo remunerado y no remunerado casi no han variado y, como resultado, las distancias entre mujeres de más y menos ingresos en los indicadores laborales han aumentado(6); la concentración de vulnerabilidades en la adolescencia y la juventud permanecen incambiadas; la segregación residencial ha aumentado; la desafiliación educativa en el nivel medio continúa en niveles altísimos, y las distancias entre sectores de más y menos ingresos en esta dimensión nos colocan por detrás de los países menos desarrollados de la región.
Estas señales ponen de relieve la vigencia que, pese a la buena racha que atraviesa el país, parecen tener todavía las fábricas y correas transmisoras de reproducción de pobreza y desigualdad en Uruguay, aunque las cifras agregadas de los principales indicadores en materia social y laboral no lo estén reflejando.
A la preocupación de que, con vientos menos favorables, los viejos mecanismos de la pobreza y la desigualdad reaparezcan, hay que agregarle un dato adicional: en los últimos 15 años, los consensos que el país parecía tener en relación a la necesidad de corregir desigualdades, saldar las deudas sociales y redistribuir parecen empezar a debilitarse. Según un estudio de Equipos Mori(7), la proporción de personas que considera que los pobres están en esa condición «por flojos y falta de voluntad» pasó de 12% en 1996, a 26% en 2006 y a 45% en 2011. En contraste, ha disminuido significativamente la proporción de quienes piensan que los pobres están en esa situación «porque la sociedad los trata injustamente». Otro estudio indica que la proporción de personas que creen que el Estado debe implementar políticas fuertes para reducir la desigualdad entre ricos y pobres pasó de 58% en 2008 a 45% en 2014(8).
Los datos son elocuentes de que algo está cambiando en las percepciones de la población uruguaya, algo que indicaría que las deudas sociales que el país tenía parecen estar saldadas y es hora de dejar de preocuparnos por ellas. Y, sin embargo…
* Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y Personas: http://www.razonesypersonas.
Notas
1) INE. (2014). Estimación de la pobreza por el método del ingreso.
2) Ver Amarante, V. y Tenenbaum, V. (2016) «Mercado laboral y heterogeneidad productiva en el Uruguay». En: Amarante, V. e Infante, R. Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de Uruguay. Santiago de Chile: OIT/CEPAL.
3) Ibidem
4) Ver entre otros, Filgueira, F., & Filgueira, C. (1994). El largo adiós al país modelo. Políticas sociales y pobreza en Uruguay. Montevideo: Arca; Kaztman, R., & Filgueira, F. (2001). Panorama de la infancia y la familia en Uruguay. IPES-UCUDAL; Filgueira, F., Rodríguez, F., Rafaniello, C., Lijtenstein, S., & Alegre, P. (2005). «Estructura de riesgo y arquitectura de protección social en el Uruguay actual: crónica de un divorcio anunciado.» Revista Prisma, (21), 7-42.
5) Ver Rossel, C. (2013) «Desbalance etario del bienestar. El lugar de la infancia en la protección social en América Latina». Serie Políticas sociales N° 176. CEPAL
6) Ver Rossel, C., Salvador, S., & Monteiro, L. (2015). Protección social y género. Cuaderno de Desarrollo Humano, PNUD.
7) Ver http://www.elpais.com.uy/
8) Datos del Barómetro de las Américas (LAPOP).