Si a la democracia le recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las mayorías, queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta, la exclusión como proyecto. Queda el actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado por el debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad); la supeditación de instituciones […]
Si a la democracia le recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las mayorías, queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta, la exclusión como proyecto.
Queda el actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado por el debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad); la supeditación de instituciones y leyes al dictado de las empresas (gobernabilidad empresarial); la estigmatización de la demanda y defensa de derechos; la persecución final (o ustedes o nosotros) de la organización social. La política se vuelve puramente discrecional: incumplimiento de leyes, carencia de procedimientos, vulneración de autonomía de instituciones, supeditación a la arbitrariedad del Presidente y cualquier grupo económico.
La democracia formal es sustituida por un acentuado autoritarismo político. La Constitución de 1985, y el marco legal e institucional de ella derivada, no son hoy totalmente funcionales a las necesidades de acumulación: cada vez más actores coquetean con proyectos políticos formal y marcadamente autoritarios, sin concesiones a la democracia representativa. Se promueven, así, reformas o rupturas constitucionales para la constitucionalización de la soberanía de las minorías (Álvaro Velásquez), con líneas de identidad claras:
reducción de derechos colectivos (subordinación de los Convenios Internacionales, entre otros el Convenio 169, a la legislación nacional);
reducción del papel del Estado a la salvaguarda de la certeza jurídica de las inversiones (para impulsar un modelo determinado de desarrollo);
consideración de todos los bienes naturales como susceptibles de mercantilización:
privatización ilimitada: del subsuelo, propuesta entre otros por el CIEN; del mar, propuesta por la Universidad Marroquín;
ampliación del periodo del actual ejecutivo, para fortalecer el proyecto oligárquico-militar;
control institucional.
Las leyes económicas, aprobadas por el Congreso o en discusión, avanzan en el mismo sentido: amplían exenciones fiscales e impunidad para empresas (propuesta de Ley de inversiones y empleo); subordinan (en su dinámica de aprobación) a las instituciones; tipifican la protesta social como delito (Ley Tigo, propuesta de Ley de servidumbres de transmisión eléctrica). Las leyes construyen por sí mismas un nuevo pacto político y económico, que garantiza el actual modelo de acumulación a costa de la pulverización de derechos, de forma contundente y a veces inadvertida. Por ello las diferentes propuestas de reforma constitucional, incluido el intento de ampliación de periodo presidencial, son estratégicas: van más allá de tácticas de ensayo y error, o distractores.
El nuevo marco constitucional, en construcción, implica acuerdos entre actores: economía criminal, transnacionales, economía emergente, ejército, oligarquía, gobierno (los acuerdos no excluyen disputas por el control de negocios y el poder político). Es a la vez continuidad y adecuación del pacto histórico Oligarquía-Ejército, en momentos en que éste tiene poder económico autónomo y por tanto exige mayores cuotas de decisión. La presencia protagónica del Ejército confiere a este momento una inequívoca identidad autoritaria.
Democracia de los pueblos
Lo que en teoría tenemos: posibilidad de elegir a través de partidos, división de poderes, vigencia formal de derechos. Lo que vivimos: dictadura cívico militar, proyecto neoliberal militarista, gobierno de las corporaciones… Se juega a la decisión electoral mientras se apuesta por la ruptura autoritaria.
La política se empequeñece y nos empequeñece: un Presidente de muy limitados recursos opina de todo y contra todo; los partidos políticos acentúan su identidad de empresas y sus intereses de corto plazo; las instituciones autónomas son el trampolín para el enriquecimiento. La falta de cuidado de la vida (asesinato común de Patricia Samayoa como consecuencia de la crisis política estructural), la homogeneización y simplificación del pensamiento (el Mundial de fútbol como catalizador), la pérdida de valores (multiplicación de la corrupción institucionalizada), la extrema individualización (abandono de proyectos y derechos colectivos), los ataques a mensajeros que portan otros mensajes (expulsión de dos voluntarios de Brigadas de Paz, juicio contra Daniel Pascual) fortalecen este poder autoritario, en medio de la pasividad y la atonía.
El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada descomposición autoritaria y pro militar: la utopía de la construcción y ampliación de una democracia concebida desde los derechos y no desde los negocios; la legitimación de la organización y la participación en vez de la represión; el gobierno de los pueblos y no de los caprichos. La apuesta inequívoca por la transformación pacífica frente a la legitimación de la violencia (por tanto, de la imposición y la exclusión).
El reto es, además, articular de forma plural los espacios de protesta y propuesta (recreados desde pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, movimiento de jóvenes, luchas sociales y otros), a partir de miradas integrales, para un nuevo ejercicio del poder.
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