DIAGONAL analiza el funcionamiento de la Eurocámara y la influencia que grupos de poder y lobbies ejercen sobre diputados y agrupaciones políticas en ella representadas.
Durante la última legislatura, las sedes europeas han albergado un buen número de exposiciones. La más sonada fue una en la que cada país aparecía representado por un tópico: una pelota de fútbol simbolizaba a los italianos, una tableta de chocolate a los belgas, una gran plasta de hormigón definía a España. En el Parlamento Europeo (PE), dos exhibiciones más han reforzado la imagen de este país ante sus 26 socios: una sobre el Real Madrid y otra a mayor gloria de la tauromaquia. Aparte de esas dos significativas muestras, el papel del Estado español en Bruselas ha sido puesto en entredicho con motivo del Informe Auken, precisamente a cuenta de la construcción, y también merced a la Directiva de tiempo de trabajo, ya que éste es uno de los pocos países europeos en los que las excepciones u Opt out legalizan jornadas semanales de hasta 72 horas.
Al margen de esos episodios, el ciclo termina con una constatación, y es que el efecto del «Ya somos europeos» parece haberse diluido: el propio presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durão Barroso, al mostrar su preocupación por los bajos índices de participación en las elecciones, se lamentó de que «hasta España, uno de los Estados miembros más ‘euroentusiastas’, parece haber perdido su favor electoral».
El analista político Gustavo Búster considera que el divorcio entre las élites que dirigen la UE y la ciudadanía «responde al déficit democrático en el que se asienta el actual proceso de construcción europea y su estructura institucional». En el mismo sentido, Attac denuncia que la representatividad del Parlamento cede el papel predominante «a otras instancias europeas que imponen sus criterios, generalmente de manera opaca», instancias no electas como la Comisión, el Consejo Europeo o el Banco Central.
Lo que diga la Comisión
El organismo que preside Durão Barroso, miembro del Partido Popular europeo, se arroga las principales competencias. Ése es el parecer de los promotores de la campaña «UE pa’qué, pa’quién», que subrayan el hecho de que el Consejo Europeo y la Comisión «mantienen la mayoría del poder legislativo y ejecutivo, mientras que el Parlamento sigue cumpliendo un papel subalterno». En esta línea, Antonio Carretero, secretario de Acción Social de CGT, considera que «la toma real de decisiones no es cosa del Parlamento, sino de las instituciones diseñadas específicamente para dirimir las diferencias entre lobbies y bloques políticos dominantes: la Comisión, el Banco Central e incluso los tribunales de justicia de la UE tienen más capacidad real de incidir en las políticas que el Parlamento Europeo, reducido a mero órgano consultivo, informativo y de ratificación de lo pactado en las otras instancias». Erika González, de OMAL-Paz con Dignidad, incide en que el Parlamento cumple sólo un papel de «maquillaje democrático», mientras que la Comisión se ocupa de imponer los intereses comerciales europeos, reconocidos como fundamento de la UE en el Tratado de Lisboa. De este modo, la Comisión, «muy alejada de la población», como denuncia González, es la encargada de defender las políticas de la UE como bloque comercial en las rondas de negociación de acuerdos de libre comercio como el que está a punto de ser rubricado con países de Centroamérica y el Caribe.
Desde Attac, sin embargo, se defiende que la Eurocámara ha servido al menos para «limitar algunos retrocesos sociales» en el caso de la Directiva de servicios (conocida como Directiva Bolkestein), y «oponerse a la Directiva portuaria». No obstante, desde este grupo se reconoce el escaso poder decisorio del Parlamento, toda vez que esta cámara tiene competencias compartidas con el Consejo para la aprobación de reglamentos y directivas, algo que, de hecho, impide que la Eurocámara promulgue leyes. En lugar de eso, el Parlamento dota a los Estados miembros de Métodos Abiertos de Coordinación, considerados «leyes blandas», que marcan las estrategias a los parlamentos nacionales. Erika González recuerda que casi todas las Directivas aprobadas por el Parlamento «han promovido la privatización de servicios públicos, generando ciudadanías de primera y segunda clase». Para Carretero, esperar que un grupo de «políticos profesionales» vaya a mejorar las condiciones de las clases trabajadoras «no sólo es una ilusión, sino una causa cómplice en la creciente pérdida de derechos laborales, sociales e incluso civiles, como se demuestra en el tratamiento discriminador y represivo de la UE para con las poblaciones migrantes». Asimismo, desde la campaña «UE pa’qué, pa’quién» se denuncia que las competencias comunitarias otorgan una coartada a los gobiernos locales que de esta forma «podrán culpar a instancias superiores ‘inalcanzables’ de los desarrollos legislativos claramente contrarios al bienestar ciudadano».
El poder de Lisboa
Vaclav Klaus, presidente de República Checa, señaló en una intervención en la Eurocámara que el Tratado de Lisboa profundizará en «una alienación todavía más grande en las instituciones» y aumentará la distancia «no sólo geográfica» entre los ciudadanos europeos y los políticos de Bruselas y Estrasburgo. Pero Klaus, a pesar de ser un pope del neoliberalismo, es considerado uno de aquellos euroescépticos que, según Durão Barroso y el presidente de la Eurocámara, Hans-Gert Pöttering, se harán fuertes en el Parlamento -junto a «los extremistas»- si la participación en los próximos comicios es escasa. Y es que, pese a la llamada de los presidentes, el barómetro europeo muestra que la intención de voto actual es la menor desde que se elige el Parlamento. No obstante, si se aprueba el citado tratado, algo que depende de Irlanda y de la propia República Checa, aumentarán sustancialmente las políticas que quedarán sometidas a codecisión. El texto aumentará las competencias de un Parlamento que, por número de votos, representa a cada vez menos ciudadanos europeos. Según el eurobarómetro publicado por la cámara el 27 de marzo, el 53% de los encuestados se declaraba no interesados por los comicios y el 47% de los ciudadanos no sabía o creía que los diputados no son elegidos por sufragio universal. Mientras tanto, la Eurocámara sigue haciendo esfuerzos por recortar la distancia que les separa de la población. En los próximos días, una exposición sobre Volvo distraerá a los visitantes que se acerquen a la sede de Bruselas.
LAS ‘GRANDES DECISIONES’ DEL PARLAMENTO EUROPEO
Comercio
En las Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión, el Tratado de Lisboa explica que la UE aboga por «la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional». El objetivo, paralizadas las rondas de negociaciones en la OMC, es avanzar en tratados de libre comercio bilaterales.
Agricultura
La Política Agraria Común supone el 43% del presupuesto de la Unión, aproximadamente 55.000 millones de euros. En 2008, entre el 5% y el 10% de ese presupuesto fue a parar a millonarios como la reina de Inglaterra y las familias Martínez de Irujo o Fitz-James Stuart.
Fronteras
La Directiva de Retorno, aprobada en 2008, estableció cláusulas que, como denunciaron diversos organismos y grupos, vulneran los derechos humanos de las personas migrantes. Esta Directiva ha marcado la línea que han seguido los Gobiernos de la Unión a la hora de redactar y modificar sus Leyes de Extranjería.
Copyright
La defensa de los derechos de autor es una de sus grandes premisas en los últimos años. En abril, el pleno abogaba por ampliar la protección de los derechos de las grabaciones musicales hasta 70 años. También, en octubre de 2008 se aprobaron las «enmiendas Harbour», pese a la oposición de los internautas.
Emisiones C02
En diciembre de 2008 la cámara aprobaba un plan para combatir el calentamiento global, en 2020 se debe reducir un 20% la emisión de CO2. Pero el Parlamento, a cambio, deja abierta la posibilidad de compra de derechos de emisiones a terceros, y se debate la vuelta a la energía nuclear como freno al CO2.