Este 12 de mayo, en el marco de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, se desarrolló en Tegucigalpa el Foro sobre Derechos Humanos en el Aguán. Durante la actividad se presentaron los principales hallazgos, se formularon recomendaciones y se sentaron las bases para la conformación de un espacio de análisis para la prevención […]
Este 12 de mayo, en el marco de la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos, se desarrolló en Tegucigalpa el Foro sobre Derechos Humanos en el Aguán. Durante la actividad se presentaron los principales hallazgos, se formularon recomendaciones y se sentaron las bases para la conformación de un espacio de análisis para la prevención de riesgo para defensores y defensoras de derechos humanos.
«Estamos viviendo momentos muy difíciles y debemos trabajar para evitar que se profundice la violación a los derechos humanos en Honduras», dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), durante el discurso de apertura del Foro.
«Vamos a poner toda nuestra energía positiva y estamos listos para recoger y transformar la memoria, no en dolor, sino en propuesta colectiva», aseguró la defensora de derechos humanos.
Promovida por el Cofadeh e integrada por delegados y delegadas de organizaciones de Europa, Estados Unidos y América Latina, entre otras la Rel-UITA (1), la Misión informó de sus hallazgos a la comunidad nacional e internacional y formuló recomendaciones al Estado de Honduras.
Modelo extractivista Proyectos de muerte
Según los miembros de la Misión, en el Bajo Aguán «se mantienen las amenazas, ataques e intentos de asesinato» en contra de dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y defensores de los bienes comunes de la naturaleza, «que son amenazados por proyectos extractivistas».
El acelerado concesionamiento de territorios en la zona alta del Valle del Aguán a empresas mineras, se ha venido sumando a la expansión sin control del monocultivo de palma africana, responsable de una ola interminable de asesinatos, en el marco de un conflicto agrario originado por la falta de acceso a la tierra para miles de familias campesinas.
Los efectos de la minería sobre las fuentes de agua podrían profundizar la conflictividad social y la violencia.
La criminalización de la lucha por la defensa de los territorios y los derechos humanos, así como las amenazas sistemáticas, el desplazamiento y desalojos forzados, el exilio, las torturas y los despojos «permanecen en la total y absoluta impunidad», revela una nota de prensa de la Misión.
Judicialización y represión Derechos humanos pisoteados
En esta persecución -cada vez más selectiva- estarían participando «fuerzas de seguridad privada y escuadrones de la muerte, amparados por el Estado que ha militarizado la región con el patrocinio y provecho de poderes económicos regionales», asegura el documento.
«Lamentablemente constatamos que no solamente muchas de las recomendaciones hechas hace unos años no se han cumplido, sino que las cifras de muertes se han disparado y la impunidad es absoluta», dijo Luis Guillermo Pérez, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh).
Una percepción de falta de voluntad y conflagración investigativa que quedó corroborada tras una reunión de la Misión con autoridades locales y regionales, y que continúa reproduciendo y profundizando la criminalización de las organizaciones campesinas.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), explicó que de los dirigentes campesinos que firmaron los acuerdos de 2010 con el gobierno, la inmensa mayoría han sido asesinados o tuvieron que irse al exilio interno o externo.
«Más de 300 compañeros y compañeras están siendo judicializados. Nos están criminalizando y asesinando. Si no nos unimos nos van a diezmar hasta desaparecernos», alertó Banegas.
También recordó que tanto los acuerdos de 2010 como los de 2012 (2) para la compra de miles de hectáreas de tierras nunca se cumplieron.
«Las empresas campesinas se están enfrentando a una grave crisis económica, producto de la caída del precio internacional del aceite de palma y de la falta de voluntad del actual gobierno de consensuar una readecuación de la deuda. De no solucionarse este problema, la situación podría volverse nuevamente explosiva», dijo la dirigente de COPA.
Ante esta situación, como exigencia de la Misión, surgió desde el Foro la propuesta de crear un espacio de análisis para la prevención de riesgo para las y los defensores de derechos humanos.
Justicia para Berta No más violencia contra Copinh
La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos también abordó con fuerza el tema del asesinato de la dirigente indígena Lenca, Berta Cáceres, calificándolo de «crimen político» del cual el Estado es responsable, no solamente porque se ha vinculado con un oficial del Ejército, sino porque «estaba obligado a proteger su vida e integridad física».
La Misión dijo compartir el llamado de la familia y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) de conformar una comisión internacional de investigación autónoma del Estado hondureño, «para que se sancionen todos los autores materiales e intelectuales del crimen».
También condenó la represión policial desatada contra manifestantes del Copinh el pasado 9 de mayo, y exigió al gobierno de Honduras «evitar cualquier forma de criminalización de la protesta social».
Recomendaciones Derecho a la verdad y la justicia es primero
Entre las principales recomendaciones formuladas por la Misión de Observación destaca asegurar la investigación de los crímenes cometidos, «como premisa para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas».
Asimismo, que el gobierno de Honduras asegure que se cumplan los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas del Aguán, que no se siga reprimiendo y estigmatizando a quienes defienden sus derechos, así como que se garantice el estricto cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Finalmente, recomendó crear mecanismos de consulta participativa con las organizaciones campesinas «en cuanto a los proyectos que se implementan en sus territorios».
Notas:
1 http://www.rel-uita.org/index.
2 Sesión especial sobre el conflicto en el Bajo Aguán http://www6.rel-uita.org/