Una característica destacada de la industria occidental de los derechos humanos durante mucho tiempo ha sido la forma en que politiza su producción para servir a las necesidades de la política exterior de los gobiernos de sus países.
Para ello, las grandes corporaciones occidentales y los gobiernos que controlan, invierten para financiar a los principales productores de la industria como, entre muchas otras organizaciones, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House o la Federación Internacional de Derechos Humanos. Los informes formales y el contenido de los medios sociales de estas organizaciones productores tienden a minimizar los abusos y las violaciones de los gobiernos apoyados por los gobiernos de la OTAN y sus países aliados. En cambio, estas ONGs occidentales exageran o incluso, cuando sea indicado, inventan abusos de los derechos humanos en países que son blancos de la agresión de los gobiernos norteamericanos y europeos.
En América Latina, los abusos generalizados de derechos humanos bajo regímenes aliados de o controlados por Estados Unidos o la Unión Europea, por ejemplo, Colombia, Honduras, Haití o el Brasil se mencionan con perfil bajo, si es que se mencionan, mientras que las falsas afirmaciones de los grupos de oposición financiados por los Estados Unidos en Cuba, Nicaragua y Venezuela se amplifican y difunden en efecto sin ningún esfuerzo de corroboración responsable. Ni la propia industria proveedor de productos de marca derechos humanos, ni sus principales consumidores que, aparte de las clases políticas, son los medios de comunicación y las entidades académicas, hacen ningún esfuerzo serio de investigación porque también están financiados por los mismos o similares inversores corporativos y gubernamentales.
Por motivo de la estrecha integración entre estas diversas industrias occidentales del conocimiento y la información, les ha sido imposible evitar la complicidad en el apoyo criminal de sus gobiernos al terrorismo y la delincuencia organizada alrededor del mundo. En América Latina, Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua son los paises emblemáticos de esta realidad. En el caso de Nicaragua, el violento intento fallido de golpe de Estado de 2018 implicó el uso tanto del terrorismo como del crimen organizado por apoderados locales, financiados y dirigidos por los gobiernos de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Existe abundante material, por ejemplo aquí y aquí, basado en fuentes fiables, a menudo de primera mano, que narran y documentan crímenes muy graves y atroces violaciones de los derechos humanos en Nicaragua por la violenta oposición financiada por los EE.UU. y sus aliados entre abril y julio de 2018.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha producido material valioso sobre la utilización de la delincuencia organizada con fines políticos en su «Serie de módulos universitarios sobre los vínculos entre la delincuencia organizada y el terrorismo«. Esta Serie de Módulos de la ONUDD en inglés ofrece varias definiciones de terrorismo, por ejemplo:
- el uso ilícito de la violencia y la intimidación, especialmente contra civiles, para lograr objetivos políticos.
- la realización de actos violentos premeditados o la amenaza de violencia perpetrada por miembros de un grupo organizado, con el fin de crear temor en un adversario o en un segmento específico de la sociedad
- la creación y explotación deliberada del miedo a través de la violencia o la amenaza de violencia en la búsqueda del cambio político
- la amenaza o el uso real de la fuerza y la violencia ilegales para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social mediante el miedo, la coacción o la intimidación.
- el uso ilegítimo de la fuerza contra las personas inocentes para lograr un objetivo político
Todas estas definiciones se aplican a las acciones violentas de la oposición política nicaragüense financiada y controlada por los Estados Unidos en 2018. Ellos y sus financiadores y estrategas estadounidenses buscaron derrocar al gobierno democráticamente elegido de Nicaragua. Utilizaron la amenaza de la violencia y los actos de violencia reales para crear miedo y lograr el cambio político que buscaban. Utilizaron la fuerza ilegal, la extorsión violenta y el asesinato para coaccionar e intimidar a personas inocentes para lograr sus objetivos políticos. Además, la serie de módulos de la UNODC en inglés explica que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define la delincuencia organizada como «un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el fin de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material».
En la Convención se define como delito grave todo delito que se castigue con una pena de prisión de cuatro años como mínimo. Asimismo, entre las definiciones de la Convención del Crimen Organizado Transnacional figura cualquier delito cometido en un Estado pero cuando una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tenga lugar en otro Estado. Todas estas definiciones se aplican a los delitos violentos de la oposición nicaragüense financiada por los Estados Unidos en 2018. Entre los delitos enjuiciados por las autoridades nicaragüenses, muchos de los cuales han sido documentados y corroborados independientemente, figuran múltiples casos de incendio provocado, extorsión, toma de rehenes, agresiones graves que causan lesiones corporales graves, robo con violencia, tortura y asesinato.
Cuando en 2018 el Viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentshcke, preguntó al entonces jefe de la delegación de la Comisión Interamericana de Derehos Humanos en Nicaragua, Paulo Abrao, por qué la CIDH se negaba a investigar los asesinatos de la oposición de agentes de policía y trabajadores gubernamentales, Abrao respondió que esos crímenes quedaban fuera del mandato de la CIDH porque la doctrina de la CIDH era que los derechos humanos sólo pueden ser violados por los Estados. Más tarde, cuando las autoridades nicaragüenses derrotaron el intento de golpe de Estado terrorista y aplicaron el debido proceso para enjuiciar a los culpables de los crímenes violentos de la oposición, la CIDH y el resto de la industria occidental de los derechos humanos se levantaron y acusaron al gobierno de Nicaragua de montar juicios políticos.
Por el contrario, el material reunido en la Serie de Módulos de la ONUDD es muy útil para revelar la naturaleza de los incuestionables crímenes sistemáticos cometidos por la oposición política financiada por los Estados Unidos y sus aliados en Nicaragua durante 2018. Por ejemplo, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes de 1979 afirma expresamente que la toma de rehenes es un acto terrorista. En ella se define al secuestrador como «toda persona que se apodere o detenga y amenace con matar, herir o seguir deteniendo a otra persona para obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, una persona física o jurídica o un grupo de personas, a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto como condición explícita o implícita para la liberación del rehén».
En relación con la financiación del terrorismo, la ONUDD observa que «el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 tiene consecuencias de gran alcance para la investigación y el castigo de las actividades financieras delictivas utilizadas para financiar actos de terrorismo. En el marco de este Convenio, una persona comete un delito penal si: Por cualquier medio, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, que proporcione o reúna fondos con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que se van a utilizar, en su totalidad o en parte, para llevar a cabo: […] b) Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe activamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto».
El testimonio de las víctimas y los informes de los medios de comunicación confirman que delincuentes terroristas y violadores de los derechos humanos financiados por los Estados Unidos, como Félix Maradiaga, Eva Coppens, Francisca Ramírez y Medardo Mairena, cometieron delitos de terrorismo en 2018 en Nicaragua. Aun así, ellos y otros criminales terroristas han sido festejados por la industria occidental de los derechos humanos como heroicos defensores de los derechos humanos. Si bien es cierto que este hecho es escandaloso, no es en absoluto sorprendente, ya que las autoridades de los Estados Unidos y sus vasallos de los países de la OTAN durante décadas han sido patrocinadores y financiadores del terrorismo contra varios gobiernos y países alrededor del mundo. De una forma u otra, los gobiernos e intereses corporativos financian a sus cómplices en la industria occidental de los derechos humanos, en la industria del conocimiento de las universidades occidentales y también en la industria de comunicación de los medios corporativos y alternativos occidentales. Más allá de Nicaragua, en sus informes sobre los acontecimientos desde Siria a Venezuela o desde Irán a Ucrania, todos son culpables en un grado u otro de promover el terrorismo y encubrir el crimen organizado.