Traducido para Rebelión por Christine Lewis Carroll y revisado por Caty R.
El 17 de noviembre de 2000 dos adultos con dificultades de aprendizaje se encontraban en su casa cuando una pandilla de adolescentes entró por la fuerza en su domicilio. Los adolescentes los retuvieron durante tres días y abusaron de ellos física y sexualmente. El Ayuntamiento había visitado previamente a las víctimas en su casa y dictaminó que no estaban seguros. Pero no hizo nada y los dejó sin protección.
Los tribunales rechazaron su reclamación de compensación. Pero el verano pasado las víctimas obligaron al Ayuntamiento a llegar a un acuerdo. Sólo fue gracias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo consiguieron.
Para mucha gente en Gran Bretaña esto sería una sorpresa. A consecuencia de una campaña ininterrumpida de los medios de comunicación de la derecha, el término ‘derechos humanos’ ha llegado a ser maldito. Retratados como arcanos, ilógicos y burocráticos, se les considera enemigos del sentido común y sólo amigos de los inmigrantes ilegales y los pedófilos.
El ataque a la Ley de Derechos Humanos ha sido una prioridad personal de David Cameron, que ha prometido repetidamente reemplazarla por una ‘carta británica de derechos’. El gobierno formó una comisión independiente en marzo del año pasado con el fin de investigar cómo funcionaría esta carta en la práctica.
Antes de abrazar la propuesta de Cameron, estudiemos cómo funciona la actual Ley de Derechos Humanos.
Revolución legal
La Ley de Derechos Humanos de 1998 representó una revolución legal. Incorporó directamente la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR por sus siglas en inglés) al derecho británico. Por primera vez se discutían casos de derechos humanos en los tribunales británicos y si se aprobaba una ley que infringía la ECHR, los jueces podían emitir una ‘declaración de incompatibilidad’.
Desde entonces los límites de la Ley se han puesto a prueba regularmente con motivo de la ‘guerra contra el terror’: órdenes de control [restricción de la libertad individual], pruebas conseguidas mediante la tortura, detención sin cargos, juicios sin cargos claros contra el imputado. En muchos de estos casos se llegó a un compromiso confuso que no satisfacía ni a los defensores de las medidas de seguridad del gobierno ni a sus adversarios. Pero la única manera de rebatir las medidas gubernamentales, cada vez más autoritarias, fue la Ley de Derechos Humanos.
Su impacto no se limita a los casos de terrorismo. El efecto de la ECHR se extiende mucho más allá de lo que se pueden considerar sus atribuciones originales. Por ejemplo, el Artículo 2 garantiza el derecho a la vida, lo que significa que los familiares de los detenidos también tienen derechos cuando se investigan las muertes que suceden bajo custodia. El Artículo 5 (el derecho a la libertad) obliga a la policía a explicar la razón de la detención en un idioma comprensible para el sospechoso. Y el Artículo 3 (el derecho a no recibir trato inhumano ni degradante) significa que un Ayuntamiento debe pagar una indemnización cuando no protege a adultos vulnerables de las agresiones de una pandilla.
Desde 2000, cuando la Ley entró en vigor, nuestro derecho doméstico se ha desarrollado de acuerdo con los principios de los derechos humanos. En el derecho referido a la vivienda ha evitado desahucios. En el derecho laboral ha ampliado de manera importante la protección ante la discriminación. Hasta la libertad de la prensa para informar de asuntos de interés público se basa en los derechos humanos.
Años de progreso
Quizá se protejan estos derechos en una carta británica de derechos. Pero la ECHR representa un documento que se ha analizado durante años de debate legal y escrutinio judicial para permitir que todas las implicaciones de cada artículo puedan implementarse. Y muchas de estas implicaciones son muy inconvenientes para el poder. No es infrecuente que Gran Bretaña infrinja la convención.
Si se limpia la pizarra con una nueva carta de derechos hay que volver a empezar. Se perderán años de progreso.
Quizá más importante es que la Ley de Derechos Humanos da poder a los tribunales. Respaldados por los jueces de Estrasburgo, por primera vez en la historia británica, han tenido autoridad para cuestionar al Parlamento y al gobierno de turno. Y en la última década, ante los recortes cada vez mayores de las libertades civiles del gobierno, esta autoridad ha sido más importante que nunca.
La Ley de Derechos Humanos es de hecho una carta británica de derechos. Y al contrario de las propuestas de Cameron da a personas independientes del gobierno el poder de implementarla.
Ésta es la verdadera razón de por qué la Ley de Derechos Humanos le incomoda: limita lo que puede hacer. Una nueva carta de derechos le daría vía libre para volver a definir los límites. Y ésta no es la clase de libertad que necesitamos que la ley defienda.
Fuente: Nº 182 Red Pepper
Peter Apps es corresponsal de riesgo soberano para Europa, el Oriente Próximo y África de Thomson Reuters