Los casos de Colombia y de México en cuanto a su violencia crónica, son reveladores de las situaciones a las cuales se exponen naciones erigidas como seguidoras continentales de los intereses del gobierno de Washington y por ende del modelo neocolonial de sociedad establecida en América Latina por el imperio. Sus guerras de Baja Intensidad […]
Los casos de Colombia y de México en cuanto a su violencia crónica, son reveladores de las situaciones a las cuales se exponen naciones erigidas como seguidoras continentales de los intereses del gobierno de Washington y por ende del modelo neocolonial de sociedad establecida en América Latina por el imperio. Sus guerras de Baja Intensidad y consecuentes padecimientos resultan elocuentes en cuanto a destrucción y muerte en una región tan ambicionada por sus recursos. Los resultados sociales, económicos y políticos en estas naciones han sido elocuentes respecto a la negación de los intereses de las mayorías a través de políticas contrarias de lo que conocemos como soberanía, independencia, autonomía, bienestar. El saqueo de los recursos se encuentra al orden del día.
Las situaciones de violencia extrema y desgobierno dependiente que cada día nos asombran en los países citados, desgraciadamente se han ido extendiendo a las naciones centroamericanas que se encuentran en medio. A la vez al mirar el pasado reciente observamos la existencia en esta zona de diversos tratados de libre comercio, junto con otros de asistencia (injerencia) militar y policial, etc., que se articulan indistintamente, pero que tienen como común denominador la imposición del gobierno de los EE.UU. desde los años noventa: NAFTA, Iniciativa Mérida (Plan México), CAFTA, Plan Mesoamérica (Puebla-Panamá), Plan Colombia, TLCs binacionales, etc.
México es elocuente en estas materias de crímenes, calamidades económicas de las mayorías, y forzadas distorsiones de las realidades sociales. El más reciente y atroz hecho conocido en Ayotzinapa y sus 43 desaparecidos y las directas acusaciones al gobierno federal, se presenta en medio de una cadena de masacres y violencia generalizada destinadas a sembrar un ambiente de terror, sin duda contrainsurgente, con la injerencia directa del gobierno de EE.UU. a través de sus agentes ya en el propio territorio mexicano por lo menos desde el año 2006, con el pretexto de la manida y cruel ‘Guerra contra el Narco’. Cuarenta mil desapariciones forzadas son una muestra elocuente de la estructuración de un terrorismo de estado en tierra azteca.
En Guatemala, una nación gobernada por un antiguo represor de las dictaduras sangrientas de los años 80 respaldadas por Washington, los presentes desordenes sociales son protuberantes, ocurriendo continuas acciones criminales de diversa clase así como destacadísimas e inoperantes capturas de traficantes ilegales [1]; como en el resto de Nuestramérica, las bandas nunca terminan de ser desarticuladas completamente. En tal contexto son implementados rimbombantes planes denominados de ‘seguridad’ con base en aportes del gobierno de la Casa Blanca (asunto común a toda la región), empero el extendido influjo delincuencial no disminuye sino que paradójicamente se acrecienta. El diagnóstico es elocuente: El crecimiento constante del crimen en Guatemala — y el fracaso del estado y la policía para llevar a perpetradores ante la justicia — ha vuelto corrupto el estándar de vida, estado de derecho, y aun más significativo, la legitimidad del estado ante los ojos de los ciudadanos. [2] A la sazón, como en toda Centroamérica, los vehículos de carga no pueden circular en la noche por las carreteras debido a la acción permanente de bandas del crimen organizado [3], y esto se va haciendo parte de la normalidad guatemalteca.
En la vecina Honduras con idénticos aspectos de dependencia las cosas van mucho peor: «El índice de homicidios, que aumentó consistentemente en la última década, fue el más alto a nivel mundial durante 2013. Los responsables de asesinatos y otros delitos violentos pocas veces son llevados ante la justicia. La actuación de las instituciones a cargo de la seguridad pública sigue siendo en gran medida ineficaz y ha estado asociada con numerosos señalamientos de corrupción y abusos, mientras que las iniciativas que procuran reformar estas fuerzas no han conseguido avances importantes.« [4] Nada más y nada menos que el índice de homicidios de Honduras es el más alto del mundo [5].
De su parte, en El Salvador, la re militarización de las tareas de seguridad instaurada en el gobierno de Mauricio Funes [6], marca el mismo derrotero que siguen las naciones vecinas y hermanas. Las llamadas maras y demás violencia alrededor son ya legendarias, con su agresividad explicada insuficientemente y su consecuente terror. La asesoría imperial en materia policial no ha de faltar; a pesar de ello la inseguridad sorprendentemente es permanente en la sociedad salvadoreña.
El discurso securitario en la región puede sintetizarse en las retóricas frases del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, pero que han sido idénticamente repetidas de una u otra forma por mandatarios vecinos justificando el gasto en la materia y la militarización: «El problema es enorme y no se va a resolver de la noche a la mañana, pero no vamos a dar ningún milímetro de paso para atrás, ya que es irreversible porque Honduras debe de convertirse en un territorio de paz». [7]
Costa Rica, otrora pacífica y civilista, arroja un paisaje tendiendo a ser idéntico a los de sus hermanos: «… Costa Rica es actualmente un país más inseguro y, peor aún, no existe evidencia de que esa realidad tienda a mejorar» [8] Y como cosa rara en la región bandas de traficantes de sustancias ilegales han empezado a operar en territorio tico generando múltiples homicidios [9].
En el istmo de Panamá y del pasado gobierno pro estadounidense de Martinelli, la situación social tampoco fue la excepción. «La inseguridad ciudadana sigue alta en Panamá al registrar un aumento de 60 por ciento de la victimización entre 2010 y 2013, según una encuesta del Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) que destaca este viernes la prensa. [10]» Los crímenes atroces han aumentado, así como los asaltos en vía pública y en restaurantes. [11] Desde la violenta invasión de EE.UU. de 1989 y a instancias de estos, no existe ejército, no obstante, la policía adopta prácticas marciales a la par que el miedo se mantiene.
En todas estas naciones podemos encontrar pruebas y elementos de juicio en general en los cuales, se demuestra una situación de emergencia en el tema tratado. Crimen organizado, pandillas, traficantes ilegales, delincuentes de hambre, se tornan sorprendentemente irrefrenables, generando cuando teóricamente son desarticulados, un nunca explicado renacimiento sin fin. Se habla de que estos países son de alguna forma o tienden a ser, lo que ha denominado en el argot imperial ‘estados fallidos‘. Las desigualdades sociales ocultadas tienden a aumentar. A groso modo, las estadísticas de violencia en toda la región mesoamericana se asemejan a los de naciones con conflicto bélico en pleno desarrollo [12]. Por tanto a ser sujeto pasivo de intervención del poder hegemónico vecino.
A su vez la díscola Nicaragua, es independiente del coloso del norte dentro de sus posibilidades, y sin ser un paraíso, curiosamente registra el menor índice de homicidios y de inseguridad ciudadana de Centroamérica [13]. Hecho a tener en cuenta.
Llegando al extremo sur de Centroamérica donde se contacta con Suramérica, Colombia con su tratado de libre comercio (TLC) con EE.UU., sus bases pentagonales por todo su territorio enmarcadas por una militarización ostensible, vive una gran extensión de una criminalidad omnipresente, gaseosa e incontrolable de acuerdo con las autoridades, las cuales actúan bajo la dirección y el patrocinio de las homólogas de Washington, e incluso intercambian ‘conocimientos’, justamente, con las de México en estas materias a nivel de Secretaría de Seguridad Nacional mexicana y Ministerio de Defensa colombiano ¡Qué se podrá esperar de esto! En Colombia existe actualmente un caso aberrante, brutal y sintomático; el estratégico puerto sobre el pacífico llamado Buenaventura padece una criminalidad que rememora el más atroz terror contrainsurgente y no la mera delincuencia común de mafias y bandas [14]. El trasfondo nacional del control de la población es subrepticiamente la paramilitarización.
Se dirá que Venezuela no se encuentra en esta situación de dependencia e injerencia estadounidense y a sí mismo tiene unos extraordinarios niveles delincuenciales y de violencia, generadores de un verdadero ambiente de temor colectivo por todo su territorio, algo bastante paradójico con la disminución de la desigualdad económica en este país en los últimos años, notoria en continente [15]. Sin embargo, esto requiere una matización. Debemos tener en cuenta que ha sido denunciado por autoridades de Caracas, la intromisión desde Colombia de diversos grupos irregulares (paramilitares) con fines de subvertir con violencia y diversas formas delincuenciales, el proceso político venezolano [16], enemistado desde hace más de una década con los propósitos imperiales. Además, existen múltiples cuerpos policiales locales frecuentemente corruptibles y alienados con planes desestabilizadores del gobierno nacional al estar al servicio de las fuerzas opositoras impulsadas en todo sentido por el gobierno de la Casa Blanca. Con un panorama de tales características, cualquier proyecto social autónomo en Venezuela debe enfrentar a enemigos legalmente armados en su propio seno, prohijando o tolerando cualquier actividad que desprestigie al gobierno central.
De su parte el gigante Brasil, destacado miembro de este hemisferio de los BRICS, con sus complejidades y enormes desigualdades (por lo cual ocurren muchos delitos contra la propiedad), tiene una tasa nacional de homicidios estable en los últimos 30 años, bajando en los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo, pero no así en las regiones del norte y noreste [17], justamente las más empobrecidas y donde no se han visto del todo los planes de capitalismo dirigido del estado federal brasileño en manos de Lula y Dilma Rousseff. Empero, es evidente el crecimiento de un ambiente de luchas sociales tendiente a la disminución de las desigualdades sociales, bajo un gobierno marcadamente soberanista frente a la hegemonía de Washington, empero que a su vez no olvida en muchos casos antiguas prácticas represivas locales violatorias de los Derechos Humanos. Tenemos también el caso de la Argentina, al menos distanciada, de alguna forma, de las políticas de los centros capitalistas y rebelde frente a ciertos intereses económicos del mismo tenor como los de los fondos buitres, donde opera una percepción de su criminalidad la cual no se compadece con las estadísticas en la materia que hablan de una estabilidad en la materia [18], un tema por demás reconocido en las más altas instancias judiciales. [19] Las diversas policías provinciales autónomas así mismo, configuran un panorama que obstruye políticas prácticas de contención coordinada del crimen organizado y al por menor.
A pesar de ello, el discurso de histerismo securitario en la Argentina es prolijo del pensamiento proclive a la dependencia y la militarización de la sociedad, pudiendo ser el dispuesto como el modélico de su clase en el continente: «La inseguridad está cada vez peor, nos están matando. Cuando salimos de casa no sabemos si vamos a volver. Tu vida no vale nada, te matan por una zapatilla o un celular. En este país nadie va preso por nada. Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Los menores te matan y al otro día salen libres porque no son imputables. Hay que bajar la edad de imputabilidad. Debido al narcotráfico te matan por nada: ya estamos como Colombia o México. Nadie hace nada, ¿dónde está la «década ganada» y la inclusión si hay cada vez más inseguridad? Es por eso que la gente que puede se va a vivir a Uruguay o Brasil. [20]»
En el semblante de toda esta zona de América Latina se va revelando, que en naciones con mayor injerencia de las autoridades civiles y militares de los EE.UU. se presenta en forma proporcional, una ascendente criminalidad y graves violencias de variado tipo. Incluyendo las características de un conflicto de baja intensidad enmarcando las del inmortal crimen organizado o las de delincuencia cotidiana, paradójicamente a la par con los más modernos métodos y recursos económicos abundantes puestos a disposición, buscando inútilmente reprimir dichas acciones. Por ejemplo ¿Cómo explicar el incesante tráfico ilegal circulando a través de países militarizados por el Pentágono y con la Drug Enforcement Administration (DEA) presente, dirigiendo y adiestrando por doquier?
En otros casos, los de gobiernos más o menos desafectos a poderes foráneos, la criminalidad es importada o cohonestada al interior mediante intensa venalidad y/o factores políticos, o se manipula mediáticamente a la población con extrapolaciones o simples exageraciones a fin de generar agitación colectiva contra el gobierno respectivo, a causa de los problemas en la materia. Muchos de estos de cuerpos policiales han sido inmersos en el influjo represivo estadounidense produciendo o recrudeciendo invariablemente represión a la protesta social, como fundamental parte de su gestión y a la vez con ningún resultado en disminuir los álgidos delitos comunes y qué decir de los de bandas o pandillas. Por ejemplo, la policía costarricense civil hasta no hace mucho, hoy es entrenada por el comando sur de los Estados Unidos [21], lo cual implica indudablemente su militarización pentagonal con sus lamentables consecuencias; un fenómeno con similares consecuencias y ya muy extendido en otras policías militarizadas como Carabineros de Chile, la Nacional de Colombia, ciertas policías mexicanas estadales como la de Nuevo León, e igual caso ocurre en Brasil en el caso de Bahía.
De una u otra forma las fuerzas policiales han sido adiestradas por las correspondientes de los Estados Unidos (Academia de Policía de Washington, FBI, Pentágono, DEA, etc.) y frecuentemente en sus propias academias, con una ideología por supuesto leal a sus propósitos, lo cual pone de presente la proclividad a la injerencia; en su país de origen el trato a la población a manera de enemigo interno a vigilar, manipular, coaccionar, y/o castigar, algo claramente visto por estas semanas en la represión a las protestas por el racismo rampante, no es una posibilidad sino algo real. Dicha visión de la población como sujeto irredimible de sospecha siendo objeto a penalizaciones legales o no, es la imperante los poderes en el norte Atlántico.
La urgente desvinculación de todos los asuntos policiales de cualquier autoridad de los Estados Unidos y sus afanosos esfuerzos de mantenimiento de su dominio, facilitando la desmilitarización de aquellos, es una meta que razonablemente puede llegar a evitar este doloroso, distorsionado y contradictorio panorama social en Latinoamérica, logrando evitar futuros daños y dar una idea real de su situación social. Sin ello, todo son conjeturas frecuentemente amañadas en favor de intereses foráneos al subcontinente y primordialmente penalidades sufridas por sus habitantes.
NOTAS
[1] Gobierno de Guatemala. http://mingob.gob.gt/
[2] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. http://www.cicig.org/index.
[3] CentralaméricaData.com. http://www.centralamericadata.
[4] HRW Informe mundial Honduras 2013 http://www.hrw.org/es/world-
[5] índice de Seguridad Pública en América Latina. http://origin.fticonsulting-
[6] Situación de la Seguridad y la justicia 2009-2014. Instituto Universitario de Opinión Pública. Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas». San Salvador 2014. http://www.uca.edu.sv/iudop/
[7] El Heraldo. Honduras. http://www.elheraldo.hn/
[8] Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica .» Universidad Central. 2014. http://www.universidadcentral.
[9] http://internacional.elpais.
[10] De acuerdo al PNUD de las ONU. http://www.radiolaprimerisima.
[11] Telemetro.com. Preocupación por Inseguridad en Panamá y Aumento de Crímenes Atroces. http://www.telemetro.com/
[12] Prensa libre. http://www.prensalibre.com/
[13] Américaeconomía. http://www.americaeconomia.
[14] Buenaventura un infierno en el Pacífico. DW. http://www.dw.de/buenaventura-
[15] Finanzas y Tributos. http://www.finanzasytributos.
[16] http://actualidad.rt.com/
[17] BBC. Mundo. http://www.bbc.co.uk/mundo/
[18] Infobae América. http://www.infobae.com/2012/
[19] «La República Argentina ha pasado por situaciones gravísimas de violencia institucional y social, pero en la actualidad no registra cifras alarmantes de criminalidad en relación con las de la región » Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema Argentina. http://www.chequeado.com/
[20] Artepolítica. http://artepolitica.com/
[21] Semanario Universidad. http://semanariouniversidad.
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