Hace unas semanas analizamos el crecimiento de la desigualdad económica, no solo en los llamados países emergentes, donde se ha dado un sostenible crecimiento económico, sino también en los países industrializados. Lo abordamos desde sendos informes de organizaciones de la sociedad civil (Oxfam y TNI) para después situarlos en la realidad peruana, uno de los […]
Hace unas semanas analizamos el crecimiento de la desigualdad económica, no solo en los llamados países emergentes, donde se ha dado un sostenible crecimiento económico, sino también en los países industrializados. Lo abordamos desde sendos informes de organizaciones de la sociedad civil (Oxfam y TNI) para después situarlos en la realidad peruana, uno de los países que más viene ampliando esa brecha de desigualdad económica y social.
Ahora retomamos este análisis desde los recientes informes del conservador Fondo Monetario Internacional FMI [1], el cual reconoce que en los últimos años, se ha observado la agudización de las desigualdades y además plantea la necesidad de redistribuir los ingresos provenientes del «crecimiento económico sostenible» el cual, sugiere debería ser contenido mediante instrumentos fiscales efectivos. De la misma manera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo intergubernamental que actualmente agrupa a 34 países miembros, conocidos también como el «club de los países ricos», acaba de publicar su informe Panorama de la sociedad 2014 [2] donde Chile y México, únicos países miembros latinoamericanos, «destacan» por ser los que mayor brecha de desigualdad presentan, en razón de los ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, medido por el coeficiente de Gini.
Parece que empieza a haber algunos consensos sobre desigualdad económica entre los resultados de los distintos informes. A pesar que irónicamente sean estos mismos organismos los que en su momento se encargaban de dictar recetas económicas que impedían la redistribución de ingresos y afectaban las políticas sociales. Lo cierto es que hasta ahora, no existe ninguna garantía para detener ese abismo que se va ensanchando, donde el 1% de la población disfruta de la mitad de riqueza que se produce, mientras el 99% se disputa la otra.
El debate sobre la desigualdad económica se vino a quedar y uno de los aportes académicos más interesantes se desarrolla en el libro «Capital en el siglo XXI» del economista francés Thomas Piketty [3] quien ha señalado, por ejemplo, que el capitalismo y la democracia son conceptos que no van bien juntos. Piketty va más allá y menciona que el capitalismo en los países modernos como en los emergentes los enfrenta a un dilema con los empresarios, puesto que estos son cada vez más dominantes sobre aquellos que poseen solo su propio trabajo, esa relación de dominio dentro de la lógica capitalista, vuelve a enfrentar algo sencillo y probado históricamente, cuando quienes deciden los salarios establecen su propio sueldo, no hay límite al que no puedan llegar.
Para graficar ello Piketty toma el ejemplo de Eugène Schueller quien en 1909 inventa tintes para cabellos, los que serán la base de su fortuna a través de L’Oréal, en el 2013, su hija Liliane Bettencourt forma parte de las mayores fortunas mundiales, solo entre 1990 y 2010, su patrimonio pasó de 2.000 millones a 25.000 millones de dólares, es decir, una progresión media de 13% anual, a pesar de que ella nunca ha trabajado. La situación es clara, los ricos harán todo lo posible por aumentar su poder económico al menos que se empiecen a cuestionar de raíz esta injusticia y se tomen medidas como construir una autoridad pública adaptada al capitalismo globalizado de nuestro tiempo para controlar este desbarajuste y grabar las ganancias. De lo contrario, según Piketty, el capitalismo seguirá amenazando con generar desigualdades extremas que despierten más aún el descontento y socaven los valores democráticos.
Ahora, el ejercicio es simple, preguntemos quienes finalmente están concentrando ese poder económico y sometiendo las decisiones políticas a intereses mercantiles; quienes son los que ahora mismo van creando una arquitectura jurídica donde las leyes del comercio global están por encima de las normas de los derechos humanos. Parece estar claro, son las empresas transnacionales, sus propietarios, accionistas mayoritarios, técnicos alrededor; los que cada vez más doblegan la frágil soberanía de las naciones.
Esta situación lo podemos comprobar con mayor claridad en Estados con deficiente institucionalidad, como es el caso del Perú donde rápidamente se visibiliza la intervención de poderes económicos en busca de «proteger» las inversiones, y donde es posible incluso, cambiar las reglas de juego, flexibilizar las normas ambientales y precarizar los derechos básicos de la ciudadanía.
No debe sorprender entonces, que el resultado del celebrado crecimiento económico en Latinoamérica beneficie principalmente a los más de 100 latinoamericanos que ahora figuran en la lista de los más ricos del mundo según la revista Forbes [4], ni datos como aquel que refiere que la suma de las fortunas de los diez mexicanos más ricos supere el ingreso de toda la población mexicana [5] o que los ocho peruanos, que también figuran en dicha lista, acumulen más de 10.200 millones de dólares. A la vista de los datos, ¿guardará el capitalismo relación directa con la evolución histórica de la desigualdad económica?
Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Madrid.
Notas
[1] Véase el informe: http://www.imf.org/external/
[2] Véase el informe: http://www.oecd.org/spain/
[3] Véase http://encampoabierto.
[4] Véase http://www.infobae.com/2014/
[5] Véase http://www.jornada.unam.mx/
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