El gobierno dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras entre junio de 2009 y diciembre de 2022, como resultado de las exoneraciones fiscales, partidas confidenciales del anterior gobierno, fideicomisos y extraños movimientos financieros procedentes de las arcas estatales, sin seguir el debido proceso que establece la ley, en lo que concierne al desembolso monetario del presupuesto del gobierno.
La corrupción pública privada que se había enraizado en el sistema gubernamental hondureño, cuando la narcodictadura tenía el control estatal, ha construido un sistema tributario que cobra más impuestos a los pobres y que beneficia a una pequeña elite económica, actual protagonista del empobrecimiento en el país, que ha obligado a que miles de compatriotas inmigren al extranjero, sin embargo, en el gobierno del socialismo democrático la administración gubernamental ha iniciado con un ordenamiento estatal conforme a lo que determina la ley.
Por tal motivo, la derogación de los fideicomisos para que pasaran nuevamente a la Tesorería General de la República, fue una acción de soberanía, ya que bajo la anterior figura que representaban los fideicomisos, el dinero del pueblo estaba en manos de la banca privada, lo que irrespetó toda norma de contratación del Estado, situándolo en una etapa de vulnerabilidad, a tal punto que los fondos de las tormentas tropicales de Eta e Iota fueron dilapidados.
Estos hechos históricos oscurecieron la economía nacional, situándola en una de las que menor crecimiento obtuvo en lo que se denomina la década perdida, en el periodo de los años de 2009 al 2022 y donde se aprobaron 40 decretos de gobiernos de factos bajo una lógica corrupta entre élites económicas, diputados del Congreso Nacional y funcionarios públicos, según lo describió en un reciente informe, el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Este accionar privilegió aun más, a una pequeña cúpula de la empresa nacional y debido a ello como lo describe el SAR, el gobierno dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras entre junio de 2009 y diciembre de 2022, como resultado de las exoneraciones fiscales. Esta información oficial proporcionada por el Servicio de Administración, también afirma que en ese periodo se crearon seis regímenes nuevos de exoneraciones a las grandes empresas, como las alianzas público privada o las ZEDE.
De igual forma se crearon y ampliaron once beneficios fiscales en los regímenes de exoneraciones existentes como la ampliación a 49 años para la Zona Libre Honduras (ZOLIH) o las cláusulas de estabilidad fiscal que impiden al Estado cobrar nuevos impuestos a las alianzas publicas privadas (APP), ya que se aprobaron 25 decretos para perdonar deudas tributarias a las grandes empresas por casi toda la década de 2010 a 2020.
Siempre en relación a este tema de evasión de impuestos el SAR señaló que con el código tributario de 2017 se cambió el principio de renta mundial a territorial para permitir que apenas 503 personas y empresas no pagaran impuestos por ingresos del exterior y se instauró el secreto bancario para evitar la fiscalización de grandes capitales, pero al mismo tiempo se crearon 14 nuevos impuestos, para cobrar a los más pobres.
Los hallazgos encontrados por el SAR confirman la operación pública privada de los últimos 12 años, develando la corrupción estructural con la que han operado segmentos de la élite para acumular riqueza y concentrar mercados, sin embargo, con el reciente retorno de la democracia en Honduras con el gobierno que preside la Presidenta, Xiomara Castro, se retornó a la Caja única del Estado hondureño y se dio un alto para aquellos negocios con procedencia fraudulenta.
Es de suma importancia conocer y difundir esta reciente historia en el imaginario colectivo de la ciudadanía hondureña, para que no se repita, ya que enclaustró a la nación centroamericana en todo un aparato de Estado fallido, no obstante, el gobierno del socialismo democrático ha logrado subsanar la economía nacional con estrategias y procedimientos legales que han devuelto la democracia económica al país, pero que aún hace falta sanar mediante medidas equitativas en el pago de los tributos hacía el Estado, como bien lo propone la ley de justicia tributaria.
Con la aprobación de la ley de justicia tributaria el país podrá hacer justicia para con el pueblo hondureño, puesto que este decreto ejecutivo que está próximo a aprobarse en el Congreso Nacional, la clase poderosa económicamente por primera vez en la historia contemporánea de la nación, pagará impuestos conforme a la riqueza que posean, y de esta forma la administración financiera estatal dinamizará aún más la economía nacional que a la fecha ha obtenido una buena resiliencia económica, como lo han descrito organismos de crédito internacional como el Fondo Monetario Internacional.
Según información difundida por la Secretaria de Finanzas, el avance de la refundación del país es tal, que la propia Comisión Económica para América Latina (CEPAL), señaló que Honduras fue el país que más creció en materia de gastos de capital, puesto que se duplico la inversión pública en lo que se denomina formación bruta de capital fijo, que es la inversión que se efectúa en carreteras, hospitales, escuelas, puertos e infraestructura en general.
Es indispensable que la población hondureña aglutinada en la resistencia popular acuerpe las decisiones gubernamentales del socialismo democrático, puesto que en la nueva era del Estado morazanista, es el turno de los pueblos pluriculturales de vivir con dignidad, respeto a los derechos humanos y que el gobierno cumpla con su función suprema de velar por el bienestar de sus habitantes, tal como lo está planteando la refundación que dirige la Jefe de Estado, quien ha recobrado la credibilidad democrática del país, en el plano internacional.
La resistencia vence a los enemigos de clase, sin olvidar la perenne lucha hasta lograr la emancipación de país de la parasitaria clase oligarca.
Ronnie Ezequiel Huete-Salgado es licenciado en periodismo con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos y posee estudios de sociología. Estuvo exiliado durante cinco años en los Estados Unidos de América y ha vivido en Europa y Sudamérica.
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