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Las Naciones Unidas critican a Europa

Deuda social de un continente amurallado

Fuentes: Rebelión [Foto: Centro de recepción e identificación de Fylakio, cerca de la frontera grecoturca Foto Achilleas Zavallis ACNUR]

Fracaso en la lucha contra la pobreza

El Viejo Mundo vive semanas tormentosas, encadenado hacia afuera y confinado hacia adentro. Las perspectivas inmediatas no son brillantes. La mirada retrospectiva, mucho menos.

El compromiso continental de resolver la situación social de 20 millones de personas sacándolas de la pobreza, no se ha cumplido. ¿Cómo interpretarlo considerando que la Unión Europea (UE) experimentó un crecimiento económico y de empleo constantes hasta hace muy poco?, se preguntan expertos de las Naciones Unidas.

“La única explicación de este fracaso es que los beneficios no se han distribuido de manera uniforme. Esto supone una derrota para los derechos sociales», constata Olivier De Schutter, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (https://news.un.org/es/story/2021/01/1487302 ).

Casi a fin de enero, el jurista belga y profesor de Derecho Internacional en diversas universidades, presentó ante las autoridades europeas el informe de su misión, que incluyó durante dos meses intercambios con figuras centrales de España, Francia, Italia y Rumania.

Entre fines de noviembre de 2020 y fines de enero 2021 su agenda incluyó, además, múltiples encuentros con representantes de la Comisión Europea, el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo, la Autoridad Laboral Europea, el Comité Económico y Social Europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones. También se reunió con trabajadora-es y agentes sociales. Así como con numerosas organizaciones de la sociedad civil que representan a jóvenes y personas mayores, a la población gitana, a inmigrantes, a niña-os, a personas con discapacidad.

Algunas de las conclusiones que presenta el Relator Especial -cuyo informe será debatido en junio próximo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza- son elocuentes. Más de 92 millones de personas en la región, es decir una de cada cinco -el 21,1% de la población-, estaba en el 2019 en riesgo de pobreza o exclusión social. 19,4 millones de niña-os – el 23,1%-, viven en la pobreza en Europa, y 20,4 millones de trabajadora-es se confrontan al riesgo de pobreza. Las mujeres ocupan un lugar significativo entre la población empobrecida. El 85% de las familias monoparentales del continente están encabezadas por mujeres, y el 40,3% de ellas se confrontan al riesgo de ser víctimas de ese flagelo económico-social.

De Schutter destacó, al presentar su informe, que la incapacidad de la UE para hacer frente a “la carrera cuesta abajo» en materia impositiva y en cuanto a la protección de los trabajadores, socava los esfuerzos para combatir la pobreza.

 «Los Estados miembros compiten entre sí de forma inútil. Compiten en una carrera para bajar impuestos, salarios y protecciones para los trabajadores a niveles mínimos porque creen que así pueden atraer a los inversores y mejorar su competitividad en el mercado. Pero socavar los derechos sociales no sólo viola sus obligaciones internacionales, sino que además es malo tanto para empresas y trabajadores como para las arcas públicas”, enfatizó. Cada año se pierden entre 160.000 y 190.000 millones de euros sólo por la competencia en materia impositiva. El resultado es que se desplaza la carga fiscal de las grandes empresas e individuos ricos hacia los trabajadores y los consumidores.

Todo se agrava con la pandemia

La crisis sanitaria actual ha afectado a muchos europeos que jamás habían experimentado anteriormente la marginalidad. «He hablado con personas que han pasado hambre por primera vez, que se han visto expuestas porque carecen de hogar, y que sufren maltrato y abuso a causa de la pobreza», enfatizó De Schutter, quien cuenta con una biografía desbordante. Experto en derechos económicos y sociales, entre 2004 y 2008 se desempeñó como Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En 2008 fue nombrado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, mandato ejercido durante seis años. Posteriormente, en 2015, fue designado miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y reelegido en 2019. Cargo al que renunció en 2020 para asumir sus actuales funciones.

Su mirada crítica, retrospectiva, es tajante y denuncia, en cierta forma, la debacle continental del “Estado social” que se empezó a intensificar en torno a la crisis financiera anterior. Desde 2009, los Estados miembros no han hecho más que recortar sus inversiones en salud, educación y lo social.

La Unión Europea podría desempeñar un papel importante para impulsar los esfuerzos de los Estados miembros en este combate, especialmente a través de las recomendaciones de país que emite de forma anual, reflexiona. “Pero en lugar de dar prioridad a las inversiones en sanidad, educación y protección social, estas recomendaciones a menudo han impuesto recortes presupuestarios en nombre de la rentabilidad”, enfatiza. 

Programa social y no solo Pacto Verde

En diciembre del 2019, la UE hizo pública su propuesta de nueva estrategia de crecimiento para transformarla “en une economía moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva”. Partiendo de la base que el cambio climático y la degradación ambiental son una amenaza existencial que enfrenta Europa y el mundo, el anunciado Pacto Verde busca construir un continente “climáticamente neutro” (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es ) en la perspectiva de dejar de producir en 2050 emisiones netas de gases de efecto invernadero. Fue definido como la “hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y medioambientales en oportunidades en todos los ámbitos políticos y que logremos una transición justa e integradora para todos.”

En la presentación de sus conclusiones del último viernes de enero, Olivier De Schutter fue implacable. «La lucha contra la pobreza es la pieza que falta en este Pacto Verde”.

En la teoría, el mismo “combina objetivos medioambientales y sociales, pero mientras esta buena voluntad no se traduzca en acciones concretas, millones de personas seguirán luchando por un nivel de vida digno en una sociedad que les abandona”. Y contemporizó: «quedé impresionado por la dedicación de las autoridades con las que me reuní», dijo De Schutter. «Pero la buena voluntad no es suficiente”. Si Europa quiere ser pionera en el camino hacia una sociedad inclusiva, necesita una estrategia anti pobreza a nivel continental que sea audaz. El compromiso debe ser de reducir la pobreza en un 50% por igual, en todos los Estados miembros, de aquí a 2030.

La Unión Europea debe replantearse su modelo de gobernanza socioeconómica con valentía si quiere cumplir con su compromiso de erradicar este terrible flagelo, enfatizó el Relator Especial luego de presentar sus conclusiones a las autoridades de la UE en Bruselas, Y sentenció que «la crisis actual es la oportunidad para que Europa se reinvente situando la justicia social en el centro”.

Espina en la garganta

Solo horas antes que De Schutter presentara las primeras conclusiones de su informe, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) levantaba su voz crítica. Y señalaba con un dedo de advertencia a los países europeos por el irrespeto del derecho de asilo y las devoluciones inmediatas y violentas de candidatos al refugio ( https://news.un.org/es/story/2021/01/1487242 ).

Coincidiendo con el “gran aumento de casos de expulsiones y devoluciones de personas refugiadas y solicitantes de asilo en las fronteras marítimas y terrestres de Europa, el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados llamó a los Estados del viejo continente a suspender e investigar estos hábitos”, enfatizó ACNUR. Advirtiendo que el organismo “ha recibido un flujo continuo de informes según los cuales algunos Estados europeos están restringiendo el acceso al asilo, devolviendo a personas después de haber alcanzado su territorio o sus aguas territoriales y empleando violencia contra ellas en las fronteras”.

No deja de sorprender -e indignar- al organismo de las Naciones Unidas que esta violencia se produzca a pesar de la marcada tendencia al descenso en las llegadas a Europa. En 2020 el número de arribos terrestres y marítimos fue de 95.000 personas, un 23% menos que en 2019 cuando llegaron 123.000, y un declive todavía más pronunciado con respecto a 2018 cuando se contabilizaron 141.500 personas que intentaron ingresar al continente en tanto refugiados.

El Viejo Mundo no solo se confronta a la crisis económico-social producto de la pandemia, sino que parece mirarse poco o nada en el espejo de los valores universales. Europa, una de las locomotoras de la riqueza mundial y polo geopolítico planetario, hoy especialmente amurallada y auto encadenada, diluye su rostro social. Continúa acumulando facturas no pagadas en el desafío humano de erradicar la pobreza y no duda en tirar violentamente al mar o fuera de sus muros a seres humanos desesperados. Esa misma Europa que sin su historia colonial y sus propias y permanentes emigraciones masivas, no hubiera logrado, ni siquiera, existir como continente.