I
El gobierno de Dina Boluarte sigue gobernando desde la marginalidad, favoreciendo únicamente a la casta que, durante más de 200 años, ha oprimido al pueblo. Su gestión responde a los intereses de una élite y de aquellos que fueron derrotados en las elecciones de 2021. Mientras tanto, los medios de comunicación, que durante la presidencia de Pedro Castillo dedicaban sus plataformas a criticar constantemente los errores del gobierno y su entorno, hoy guardan silencio y actúan como cómplices de Dina Boluarte y de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori.
II
La distancia de Dina Boluarte y su entorno es notoria a la hora de gestionar el Estado, pues no sintonizan con la realidad. El cambio constante de ministros, los ataques a la prensa y la minimización de los conflictos sociales la alejan aún más del pueblo. A esto se suman los escándalos que la han envuelto desde el 7 de diciembre de 2022, entre ellos no solo la muerte de más de 60 peruanos, sino también el caso Rolex, las cirugías cuestionadas, el crecimiento patrimonial entre 2022 y 2024, los ‘waykis’ en la sombra y su alianza con la perdedora de las últimas elecciones, Keiko Fujimori. Con estas acciones, traiciona descaradamente a los 8 836 380 votantes que confiaron en Pedro Castillo, para pactar con los congresistas de la derecha fascista encabezada por la señora Fujimori.
Luego de la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, la alianza que era un secreto a voces pactada meses antes de la usurpación del poder entre Keiko Fujimori, César Acuña, Vladimir Cerrón y Dina Boluarte se hizo evidente. Tras la destitución de Castillo, los líderes y su influencia en los congresistas respaldaron a Boluarte desde el Parlamento. La dictadura congresal, junto con el Legislativo, aprobó diversas leyes que atentan contra las grandes mayorías, entre ellas la Ley 6951, la Ley 5981 (modificación de la tipificación de organización criminal), la reforma del sistema previsional de las AFP, la Ley 31973 (Ley Antiforestal), la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), la ampliación del Tribunal Constitucional, la reforma de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los cambios en el sistema electoral, la modificación de la Ley de Extinción de Dominio y la eliminación y restitución de la detención en flagrancia.
En las encuestas desde diciembre de 2023, 2024 y 2025, la aprobación del régimen de Dina Boluarte ha caído constantemente. Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), entre enero y junio de 2023, 7 de cada 10 peruanos y peruanas desaprobaban su gestión. A finales de ese mismo año, la cifra aumentó a 8 de cada 10. Esta desaprobación se agudizó debido a las más de 60 muertes provocadas por el régimen y las fuerzas armadas. En ese momento, cerca de 477 protestas exigían la salida de Dina Boluarte, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2024, la desaprobación alcanzó el 95 % a nivel nacional. A finales del mismo año, a pesar de que la cumbre de APEC se consideraba una oportunidad para mejorar su imagen, su aprobación solo llegó al 3 %, mientras que la desaprobación superó el 95 %. Es decir, 9 de cada 10 peruanos rechazan al gobierno usurpador. Según Datum, Dina Boluarte alcanzó un récord de desaprobación en 2025 con un 94 %. Además, hay un malestar generalizado con el Congreso, que tampoco escapa de esta crisis, pues registra un 88 % de desaprobación, según Ipsos. A nivel internacional, la desaprobación de Boluarte es evidente. De acuerdo con la encuesta de CID Gallup, ocupa el último lugar en desempeño presidencial en América Latina, con solo un 6 % de aprobación, ubicándose en el puesto 11 del ranking regional.
III
La dictadura gobierna para una minoría que, a la fuerza y con fuego, se enquista en el poder para manipular las leyes. Han cambiado a los administradores del Estado en todas las esferas para allanar el camino y permitir que el fujimorismo, encabezado por Keiko Fujimori, o quien aplicó el terrorismo de Estado, Vladimiro Montesinos, pueda postular como candidato. Utilizan la criminalidad que acecha a la sociedad como pretexto para aprobar leyes que buscan criminalizar las protestas y garantizar impunidad a la delincuencia, que avanza extorsionando o asesinando a quienes se oponen a pagar cupos o a quienes son contrarios a algún político mafioso.
Se va vislumbrando el alejamiento de los medios de comunicación y de los periodistas que apoyaron y cerraron filas con el fascismo, en una clara intención de limpiar su imagen. Asimismo, los líderes de los partidos que pactaron con la usurpadora, poco a poco, van alejándose de esta alianza con el único objetivo de seguir conviviendo con los gobiernos de turno. La campaña electoral ya ha iniciado, y por ello, diferentes líderes de la derecha radical y de la izquierda parlamentaria buscan en el sur peruano popularidad para presentarse como los nuevos rostros de la política o como quienes están con el campo popular. Es en este contexto que varios candidatos han visitado la festividad de la Virgen de la Candelaria en la región de Puno.
Las encuestas oficiales presentadas por las empresas encuestadoras son más de lo mismo. Cabe recordar que, en la década de los noventa, muchas de estas empresas se vendieron a la dictadura fujimorista. Es bien conocido cómo Vladimiro Montesinos entregaba fardos de dinero a cada dueño de esas encuestadoras. Este es su modus operandi: conviven con el poder y manipulan las encuestas a favor de sus intereses y de quienes están detrás de ellas. La realidad es que existe un descontento generalizado. En una encuesta real, la desaprobación del régimen ejecutivo y legislativo alcanzaría el 99 %. La sociedad peruana está cansada y asqueada de la clase política, que en los últimos años solo ha institucionalizado la corrupción y permitido el avance de los sectores lumpen de la sociedad.
Después de la dictadura fujimontesinista, el pueblo peruano ha sufrido una vasta traición por parte de los mandatarios que se vendieron o se sometieron al poder. Fueron Toledo, Ollanta, Pedro Castillo, Dina Boluarte en la presidencia, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes y políticos que prometieron cambios para un nuevo Perú, pero todos traicionaron al pueblo por apetitos personales. Los actores políticos solo buscan llegar a cargos públicos para enriquecerse, sin beneficiar realmente a la comunidad. Frente a la realidad que se nos presenta, es necesario que los líderes y el pueblo en su conjunto se eduquen y dejen de ser seguidores de caudillos o partidos que no están comprometidos con cambiar la sociedad. Este círculo vicioso debe transformarse, y para ello es indispensable reconstruir una nueva sociedad, una que no beneficie únicamente a un grupo minoritario de empresarios nacionales o internacionales. El arma más poderosa para cambiar esta sociedad está en la educación, acorde a las nuevas exigencias de nuestra patria. Sin educación, no podremos comprender la realidad y seguiremos siendo sumisos, permitiendo que las mafias sigan ganando terreno y busquen llegar al poder para instaurar un narcoestado. Es tiempo de que el pueblo apueste por la educación para su liberación.
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