“Los aranceles de Trump son ilegales” (Jeffrey Sachs)
La economía no es lo que une a Donald Trump con Javier Milei, es la ideología. Mientras el primero revisa planteamientos mercantilistas para lograr y mantener por todos los medios posibles una balanza comercial positiva o superavitaria, el segundo sigue hablando de la liberalización total, incluso buscando eliminar el Banco Central y toda forma institucional de Estado social.
En el caso de los países de la región centroamericana, derivado de los aranceles impuestos por Trump a México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, lidera una lucha de amplia base social contra estas políticas comerciales del Gobierno norteamericano, abriendo un espacio para el respeto mutuo y la renegociación para minimizar los impactos negativos en la producción y empleo, se espera que las amenazas de los controles al comercio sean complementarias a las decisiones ( ¿mandatos?) tomadas para que estos países no pongan obstáculos a las deportaciones de migrantes y, a lo interno, controlen sus fronteras. Todos los países, incluyendo Nicaragua, han aceptado estas políticas de deportaciones masivas, incluso, caso de El Salvador, han ofrecido su territorio-cárcel para recibir a los deportados.
Recién el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel de 10% a los países de la región centroamericana, a excepción de Nicaragua que fue de 18%, atribuido al efecto Murillo-Ortega. Hay deportaciones masivas de centroamericanos que disminuye el monto de remesas familiares y se agregan aranceles a las principales exportaciones de los países a EEUU, principal social comercial, donde requieren un nicho de divisas para garantizar un nivel mínimo de importaciones y evitar mayores presiones sobre la tasa de cambio. Esta política arancelaria, tiene un impacto múltiple, que afecta a productores, exportadores, migrantes, trabajadores, población y Gobierno.
Hay que reconocer que esta medida arbitraria y unilateral de controles al comercio, es violatoria de los tratados firmados, caso del RD-CAFTA, aunque se argumente que EEUU puede recurrir a escudarse en objetivos de seguridad nacional y situación de “lipidia” por el creciente endeudamiento de su economía. Guatemala y Nicaragua se han pronunciado sobre esta violación, pero están conscientes de su impacto negativo que afectará la inversión y empleo interno, al movilizarse empresas a otros países con aranceles menores, tal como lo sugieren economistas nicaragüenses.
En el caso de Honduras se espera que los productos afectados no incluyan a los bienes del Tratado Comercial, pero se reconoce que afectará a productos como el café, uno de los mayores generadores de divisas. Algunos empresarios y políticos hablan de un beneficio para el país del arancel del 10%, ya que exportadores de café de otros países, dentro y fuera de la región, tendrán que pagar una tasa mayor.
Con todo, los países de la región en el marco del RD-CAFTA y a través de la Secretaria de Integración Económica Centroamericana, deben analizar el impacto de esta medida en conjunto y la urgente necesidad de proponer un reforma al Tratado, cuando la mayor parte de los bienes “sensibles” están entrando libre a los países (no pagan aranceles), afectando a los medianos, pequeños productores y los pocos grupos campesinos que quedan de la reforma agraria hondureña.
Los aranceles impuestos por Donald Trump buscan cerrar el déficit comercial que tiene EEUU con el país “perjudicado”, como un condicionamiento para que las autoridades del Gobierno se acerquen a Washington y negocien suavizar el impacto de estas medidas de política comercial, posponerla o eliminarla, entregando algo a cambio. En el caso de Honduras, hay intereses por que se convierta en un país “seguro” con todas las de ley, y actuar con represa de contención de migrantes procedentes del Caribe y Suramérica, asumiendo los costos con fondos públicos. Esta se valora como carta de negociación, pero no hay consenso entre funcionarios del Gobierno.
La presión aumenta cuando el déficit comercial de EEUU con el país perjudicado es mayor (México por ejemplo), pero también cuando el déficit es menor o existe incluso un superávit por aumentar. En el caso de Honduras, se estima un déficit comercial de mercaderías en general con EEUU para 2024 mayor de 3.000 millones de dólares, por lo que el arancel de 10% se considera un mecanismo de presión de Trump para que ceda en temas políticos, narcotráfico seguridad regional, siendo pocas las empresas que se pueden movilizar al país del norte.
En productos como café, bananos, mariscos y frutas, Honduras puede aumentar su oferta exportable a EEUU, al hacerse evidente los costos de exportación por otros países con aranceles mayores de 30%. Puede, incluso, reactivar mecanismos de coinversión entre empresas con medianos y pequeños productores, complementado con acciones directas del Gobierno para apoyar a las cooperativas de producción con base social amplia, donde se involucran comunidades étnicas en la producción de café de altura, hecho a mano y sin químicos.
Estas restricciones al comercio por el presidente Donald Trump coinciden con la celebración de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Tegucigalpa, los días 8 y 9 de abril de 2025, que se considera el espacio para poder fijar una posición regional sobre estas políticas que afectan el comercio. Puede valorarse también como una oportunidad para que los países y los bloques regionales definan estrategias conjuntas para abrir espacios de comercio con otros países como la UE y los países asiáticos. En el modelo de sustitución de importaciones de la década de los años 60, los aranceles a las importaciones se miraban como un instrumento de desarrollo para promover la industrialización y las economías rurales, ampliando el mercado interno.
La reunión de la CELAC tendrá gran audiencia, al confirmarse la participación de Lucho Arce de Bolivia, Miguel Diaz-Canel de Cuba, Yamandú Orsi de Uruguay, Luiz Ignacio Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México, Bernardo Arévalo de Guatemala y Gustavo Petro de Colombia, entre otros. Hay temas críticos de agenda como la migraciones, inseguridad alimentaria y hambre, cambio climático y narcotráfico, por lo que la entrega de la presidencia pro tempore de Xiomara Castro a Gustavo Petro debe dar vida a una agenda de base amplia que involucre también a los actores reales en los países.
Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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